Autorizada la extinción de la Sociedad Estatal Rumasa

• La sociedad ha cumplido su objetivo, tras haber reprivatizado todas las empresas del grupo y haber gestionado las reclamaciones de los antiguos accionistas

El Consejo de Ministros ha autorizado la extinción de la Sociedad Mercantil Estatal Rumasa, S.A. Esta sociedad, expropiada por el Gobierno en el año 1983, ha cumplido con su objeto, tras haber reprivatizado todas las empresas del grupo y haber gestionado las reclamaciones de los antiguos accionistas.

Actualmente, el principal activo de la sociedad son inversiones financieras a corto plazo y efectivo, por un importe aproximado de 160 millones de euros. El remanente de fondos que resulte tras la liquidación de la sociedad será ingresado en el Tesoro Público.

El 23 de febrero de 1983, mediante el Real Decreto Ley 2/83, el Gobierno expropió Rumasa, S.A., y las empresas que componían su grupo por razones de utilidad pública e interés social. Así, el 100 por 100 de su capital pasó a ser propiedad del Estado.

Este hecho condicionó toda la actividad de Rumasa puesto que, coherentemente con el contenido de las disposiciones legales expropiatorias, el Gobierno declaró su propósito de reprivatizar, una vez saneadas, las compañías expropiadas. Esa intención fue cumplida en 1990, con la venta del Banco de Expansión Industrial, última empresa con actividad, culminando, así, el proceso privatizador.

Reclamaciones judiciales

La decisión de expropiar originó, entre otras consecuencias jurídicas y económicas, multitud de reclamaciones judiciales. Durante este período, por Rumasa, S.A., se ha mantenido una colaboración directa con la Abogacía del Estado para la defensa en los más de 1.500 pleitos que los antiguos accionistas han mantenido con la Administración del Estado.

En este sentido, hay que destacar el éxito respecto a los fallos obtenidos, todos ellos favorables a la Administración. Tras la desestimación por el Tribunal Supremo de las pretensiones de los antiguos accionistas de retasación de diversas sociedades del grupo, se pone fin a un contencioso de más de treinta años y puede darse por concluido el objeto de la sociedad estatal Rumasa.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo de Ministros ha considerado procedente autorizar la extinción de la sociedad, previa su liquidación, de conformidad con lo previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.