El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado, un proyecto basado en la colaboración público-privada y centrado en el fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria de automoción español, un sector estratégico para España. El objetivo es crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el Hub Europeo de electromovilidad.
El desarrollo de este proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de 19.700 millones de euros.
El PERTE va dirigido a uno de los sectores estratégicos de la economía española, con un efecto tractor por su peso en el PIB nacional y el empleo directo e indirecto y su aportación a la balanza comercial. España es el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno a nivel mundial. Representa el 11% de la cifra de negocios del total industrial. La automoción supone el cuarto sector exportador y representa el 15% del total de las exportaciones españolas.
La creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. Otros impactos esperados serían alcanzar en 2023 los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.
Desarrollo del PERTE
El PERTE se compondrá de dos ámbitos de actuación complementaria:
1.-Medidas transformadoras de impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, enfocadas a los segmentos centrales de la cadena de valor industrial que garanticen la fabricación de estos vehículos.
2.- Medidas facilitadoras, que coadyuven tanto a la creación de una nueva
Dentro de las medidas transformadoras, se recogen las actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico, un plan tecnológico de automoción sostenible, un programa de espacios de datos sectoriales y un programa para integrar la inteligencia artificial en procesos productivos.
En cuanto a medidas facilitadoras, se incluyen el Plan Moves III, el Moves singulares, la ley de Cambio Climático, la regulación de servicios de recarga de vehículos eléctricos, la hoja de ruta del 5G y su despliegue, y un plan de formación profesional.
La estructura del PERTE cuenta con bloques obligatorios como la fabricación de equipos originales y ensamblaje, la fabricación de baterías y equipos de hidrógeno, y la fabricación de otros componentes del vehículo eléctrico. Además, habrá otras actuaciones específicas que incluyan conectividad, microprocesadores, componentes del vehículo eléctrico inteligente, y fabricación de sistemas de recarga. También hay procesos transversales relacionados con la economía circular, la digitalización y la formación de trabajadores.
Para el desarrollo del PERTE y su actuación integral sobre toda la cadena de valor se debe constituir una agrupación de empresas con al menos, cinco empresas, que afecte al menos a dos comunidades autónomas (CCAA), que el 40% de las empresas sean pymes, que haya una entidad proveedora de conocimiento (I+D+i) y las empresas acrediten inversión propia y compromiso con el empleo.
El PERTE ofrece al sector y a otros operadores económicos el entorno adecuado para llevar a cabo las importantes inversiones que implica esta nueva movilidad mediante acuerdos de colaboración entre empresas de toda la cadena de valor.
Está prevista la creación de una Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado para contar con la participación de todos los actores relevantes y garantizar un dialogo permanente y donde estarán representados los ministerios implicados y la mesa de automoción donde están presentes las asociaciones representativas del sector de la automoción, los sindicatos y las CCAA.