Conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite por la Mesa del Congreso de dos proposiciones de ley sobre las que el Gobierno había expresado su disconformidad

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que plantean sendos conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como consecuencia de la admisión a trámite por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados de dos proposiciones de Ley sobre las que el Gobierno había expresado su disconformidad.

La expresión de disconformidad es una facultad constitucional y reglamentaria del Gobierno, prevista en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara. El objeto de la misma es impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias por razones estrictamente presupuestarias, al suponer un aumento de gastos o una disminución de ingresos, lo que supone una invasión de la competencia exclusiva del poder ejecutivo de iniciativa legislativa presupuestaria y de defensa de la ejecución de los presupuestos en vigor. El Gobierno ha utilizado esta facultad en lo que va de Legislatura en dieciocho ocasiones.

En relación con dos de las disconformidades expresadas por el Ejecutivo, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó, en su reunión del 18 de octubre de 2016, admitir a trámite la toma en consideración de dos proposiciones de Ley, una relativa al calendario de implantación de la LOMCE y otra referente a las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. En los dos casos la Mesa justificó su decisión con un escueto texto, en el que únicamente argumentaba que "el Gobierno no justifica de forma objetiva y suficiente el aumento de créditos o disminución de ingresos", sin mayores explicaciones.

Acuerdo del Consejo de Ministros

En respuesta a ello, el Consejo de Ministros, en su reunión del 18 de noviembre, adoptó el Acuerdo por el que se requería al Congreso de los Diputados revocar los mencionados acuerdos. El Gobierno subrayó que la expresión del criterio de disconformidad con la tramitación de una Proposición de Ley se ejerce siempre con el objeto de garantizar que no altere el marco presupuestario establecido en la Ley de Presupuestos aprobada por las propias Cortes y en vigor.

Dichos requerimientos fueron rechazados por la Mesa del Congreso mediante sendos escritos fechados el 20 de diciembre. Frente a ello, el Gobierno considera, en los Acuerdos que ha aprobado hoy, que las razones expuestas en la contestación del Congreso suponen una infracción del artículo 134.6 de la Constitución al frustrar el ejercicio de una facultad que la Constitución reconoce expresamente al Gobierno: la de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que supongan un aumento de gastos o disminución de ingresos presupuestarios.

Conviene recordar que en estos momentos el Tribunal Constitucional estudia ya un conflicto de atribución de competencias entre los dos poderes del Estado, interpuesto en ese caso por el Congreso de los Diputados, relativo al control parlamentario ordinario a un Gobierno en funciones.

Trabajadores subcontratados

En lo que se refiere a la Proposición de Ley relativa a los trabajadores subcontratados, el Gobierno acompañó su oficio de disconformidad de un informe en el que el Ministerio de Hacienda señalaba el aumento de gasto en las empresas del sector público estatal en el presupuesto en vigor como consecuencia del incremento del gasto total en sueldos y salarios que causaría la aprobación de la mencionada proposición de ley. Así, las empresas públicas tuvieron un gasto total en sueldos y salarios de 5.963 millones de euros, por lo que el incremento de gasto en las actividades subcontratadas estaría en el entorno de sesenta millones de euros anuales, utilizando valores del año 2013. Esta proposición de ley fue tomada en consideración por el Pleno de la Cámara el pasado día 20 de diciembre.

Calendario de implantación de la LOMCE

Respecto a la Proposición de Ley referente al calendario de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el oficio de disconformidad del Gobierno se acompañó de un informe en el que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuantificaba en unos seiscientos millones de euros la pérdida de ingresos procedentes de fondos comunitarios derivada de la aprobación de la mencionada proposición de ley orgánica, que fue tomada en consideración por el Pleno de la Cámara en su sesión del 15 de noviembre.