Autorregulación del sector del aceite de oliva

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios de la Unión Europea para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva.

El desarrollo de esta medida ha sido posible tras la aprobación del reglamento transitorio que incluye la extensión del mecanismo previsto en el sector del vino al del aceite de oliva, como había sido solicitado por España en el transcurso de las negociaciones de este reglamento y de la futura Política Agraria Común.

La norma nacional, largamente demandada por los representantes del sector, posibilita la autorregulación en un cultivo cuya producción se encuentra caracterizada por el fenómeno de la vecería, con campañas de producciones muy altas alternadas con otras de rendimientos bajos. Esta es una de las causas de la gran volatilidad de los precios, que tiene a su vez una clara incidencia en la viabilidad económica de muchas de las explotaciones oleícolas, en particular las más tradicionales.

Este Real Decreto permitirá que el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado pueda, previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector, determinar a través de una orden una retirada temporal de producto de manera obligatoria para todos los operadores del sector, hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario.

De esta forma se pretende favorecer la recuperación de los precios percibidos por los agricultores en situaciones de crisis como las que se han padecido en las dos campañas anteriores.

Un sector estratégico

La norma, que forma parte de las 10 medidas de la hoja de ruta para el sector oleícola presentada el pasado mes de junio, permitirá mejorar y estabilizar un mercado fundamental en la producción agroalimentaria española, con un marcado carácter social, que desempeña un papel clave para la economía de las zonas rurales.

El decálogo se articula en torno a tres ejes principales: favorecer el ajuste de la oferta y la demanda (en la que se enmarca el real decreto aprobado); mejorar la trazabilidad, la información al consumidor y la segmentación del mercado; y aprovechar los mecanismos de la nueva política agraria de la Unión Europea.

Esta batería de medidas se complementa y crea sinergias con otras iniciativas del Gobierno, como la modificación de la ley de la cadena alimentaria, que se lleva a cabo en dos fases, la última de las cuales se tramita ahora en el Congreso de los Diputados.

España es líder mundial en producción y exportación de aceite de oliva. De los 2,7 millones de hectáreas de cultivo se obtiene una media anual de 1,4 millones de toneladas de aceite, que es el tercer producto agroalimentario más exportado y llega a más de 100 países. El valor de estas ventas supera los 2.800 millones de euros.

El olivo lo cultivan en 15 de las 17 comunidades autónomas más de 350.000 agricultores, con cuya actividad y producto se generan, además, más de 32 millones de jornales y más de 15.000 empleos en la industria transformadora.

Existen 31 figuras de calidad diferenciada (indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas) que amparan a un producto clave de la Dieta Mediterránea.

Como parte del patrimonio paisajístico y medioambiental, el olivar es también un cultivo estratégico y muy bien posicionado para dar una respuesta satisfactoria a las demandas sociales en el ámbito de la ecología, la sostenibilidad, la economía circular y la bioeconomía.