Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a La Palma

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes para apoyar a los afectados por las erupciones volcánicas en La Palma, reparar los daños y reconstruir económica y socialmente la isla. El Gobierno moviliza así más de 213 millones de euros con el fin de dar una respuesta transversal, específica y suficiente que permita lograr una recuperación sólida, rápida e integral.

En el Real Decreto-Ley han participado 17 ministerios, coordinados por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y su contenido se abordó en la primera reunión de la Comisión Interministerial para la Ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma, celebrada el lunes 4 de octubre.

Se contemplan dos categorías de medidas:

• Subvenciones y ayudas directas para paliar los daños en viviendas, locales, entornos productivos y medio ambiente.
• Actuaciones de apoyo e impulso a la reconstrucción económica, laboral y social de la isla.

Las iniciativas adoptadas se encuadran en diez ámbitos:

1.- Viviendas y establecimientos de negocios

Se contemplan ayudas directas a personas físicas para supuestos de destrucción o daños estructurales en viviendas -de hasta 30.240 euros- y en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. También para que las corporaciones locales puedan afrontar los gastos derivados de la emergencia -con una cobertura de hasta el 100%-.

2.- Empleo, Seguridad Social y planes de pensiones

Se financiará un Plan extraordinario de Formación y Empleo para la isla por un valor de 63 millones de euros. Asimismo, se va a permitir una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cuotas de la Seguridad Social devengadas entre octubre y enero o el aplazamiento del ingreso con un interés reducido del 0,5% -siete veces menor al habitual-. Además, se prevé el rescate anticipado de planes y fondos de pensiones, como también se hizo en la pandemia, con el fin de poder atender necesidades de liquidez de las familias.

3.- Sector agrario y pesquero

Se habilitarán distintas medidas, valoradas en 20,8 millones de euros, para paliar los daños ocasionados por la colada y las cenizas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como ayudas para el sector pesquero afectado por la actividad volcánica. Además, habrá beneficios fiscales -mediante la reducción de los índices de rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)- y subvenciones para la obtención de avales -a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)-. Los afectados podrán así obtener préstamos que aseguren la viabilidad y normal funcionamiento del sector.

4.- Suministros

Las empresas y autónomos podrán suspender de forma temporal los contratos de suministro de electricidad, el pago de las facturas durante medio año y cambiar las potencias contratadas. De igual manera, se permitirá la resolución de los contratos de instalaciones que hayan resultado destruidas.

5.- Infraestructuras y movilidad

Se contempla la concesión de subvenciones a los ayuntamientos y al Cabildo Insular de La Palma para ejecutar proyectos de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, incluyéndose la red viaria y las conducciones para asegurar el suministro de agua para abastecimiento y regadíos.

Asimismo, se prevé la concesión de una subvención al Cabildo de La Palma, por importe de 500.000 euros, que se hará llegar de forma inmediata para financiar las obras de emergencia en la red viaria insular que permitan garantizar la movilidad en la zona afectada.

En referencia a los contratos de navegación, se incluye como prestación las escalas necesarias para conectar La Palma con la Península y con el resto de islas mayores del archipiélago canario.

6.- Medidas tributarias

Quedan exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al 2021 las viviendas y establecimientos dañados. Se reducen también las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas.

Se aplaza el ingreso de la deuda tributaria correspondiente a aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día siguiente de la entrada en vigor de esta norma hasta el 31 de enero de 2022.

Además, se contempla la exención en el pago de la Tasa de Acreditación Catastral, la bonificación extraordinaria en el sistema de incentivos regionales para potenciar las inversiones empresariales en la isla y deducciones por declaración de zona de interés para mecenazgo.

7.- Protección de los consumidores

Se suspenden los plazos para ejercer el derecho de desistimiento de adquisiciones de bienes y servicios y se prevé la exoneración del cumplimiento de contratos de compraventa o prestaciones de servicios y suministros. Además, se suspenden las obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos -con y sin garantía hipotecaria-, independientemente de si están o no al corriente de pago.

8.- Servicios sociales y violencia de género

Se contempla una ayuda de 500.000 euros para la financiación de medidas preventivas y de atención a víctimas de violencia de género, de otras formas de violencia contra las mujeres y para víctimas de delitos de odio afectadas por la catástrofe. Asimismo, se incluye una financiación extraordinaria a la Comunidad Autónoma por importe de 500.000 euros para la prestación básica de servicios sociales.

9.- Recuperación de biodiversidad, espacios naturales e investigación

Se recogen ayudas para recuperar el entorno socioeconómico y ambiental en la Reserva de la Biosfera de La Palma y el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. También se prevén ayudas para la reparación de daños en la biodiversidad y el patrimonio natural y para investigar el volcán y sus erupciones.

Se abre la posibilidad de llevar a cabo las actividades de investigación relacionadas con las erupciones volcánicas, sus riesgos y consecuencias sobre la población, el medio ambiente y la biodiversidad, la geomorfología de los terrenos afectados y la salud pública, desde un punto de vista estrictamente científico. Para ello, se permite conceder ayudas a entidades y organismos, tanto públicos como privados, para la realización de actuaciones de I+D+I en este ámbito; a suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración y cooperación con las Administraciones públicas más cercanas geográficamente al lugar de la erupción y a promover cuantas actuaciones sean precisas para garantizar la continuidad de la actividad científica, técnica e investigadora desarrollada por las administraciones públicas y entidades vinculadas.

10.- Medidas complementarias

Se crean sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial, judicial y de consulta en el registro de la propiedad para ayudar a quienes hayan perdido sus casas.