Inversión extranjera en Naturgy

El Consejo de Ministros ha autorizado con condiciones la inversión extranjera por parte del fondo australiano IFM en la sociedad española Naturgy Energy Group, S.A. La inversión de IFM en Naturgy necesita esta autorización ex ante en virtud de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

El 26 de enero de 2021, el fondo australiano IFM remitió a la CNMV el anuncio previo de una oferta pública voluntaria parcial de adquisición sobre un máximo del 22,68% de su capital social. La solicitud de autorización presentada a la CNMV fue admitida a trámite el 18 de febrero. El 25 de febrero se recibió la solicitud de autorización extranjera de acuerdo a la normativa de inversiones exteriores. Se inició así un procedimiento, cuyo plazo de resolución, contando con la interrupción para el requerimiento de información, vence el 17 de septiembre de 2021.

IFM GIF es un fondo global de infraestructuras, cuyos principales inversores son fondos de pensiones australianos que gestionan el ahorro de los trabajadores. Tiene participaciones en otras empresas españolas y europeas, que ha venido gestionando con una orientación de largo plazo y unas políticas exigentes en materia de buen gobierno, transparencia y sostenibilidad social y medioambiental.

Naturgy Energy Group, S.A, cuenta con infraestructuras críticas en el aprovisionamiento y distribución de gas natural y realiza actividades reguladas en energía y gas, por lo que la autorización de la operación está sometida a condiciones.

Las condiciones fijadas tienen como objetivo proteger el interés público a través del mantenimiento de la sede y la actividad en España, la garantía de una gestión financiera prudente, el apoyo a las inversiones fundamentales para la transición energética y el mantenimiento de la negociación en Bolsa y las obligaciones de transparencia asociadas.

Por consiguiente, la autorización está sujeta a que el adquiriente, en el ejercicio de sus derechos de voto:

• Apoye la inversión de la sociedad en proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en términos de mercado y perfil de riesgo.

• No apoye ninguna propuesta de desinversión que se presente al Consejo de Administración o a la Junta General de Accionistas de la sociedad que implique que esta última pierda el control de filiales que puedan poner en riesgo el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía y gas natural en España.

• Apoye el mantenimiento del domicilio social y de la sede efectiva de gestión y dirección de los negocios en España.

• Apoye el mantenimiento de una parte significativa de la plantilla del grupo en España.

• Apoye una política de dividendos prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética.

• Apoye una política de endeudamiento externo encaminada a mantener la calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad y permitir que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España no sean superiores a las recomendadas por la CNMC.

• Apoye la difusión al mercado de información financiera anual y semestral que será puesta a disposición de los inversores de manera fácilmente accesible, así como la elaboración y difusión del informe anual de gobierno corporativo y el informe anual sobre remuneraciones del consejo.

• No apoye ninguna propuesta de exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas españolas, salvo que dicha negociación no alcance la difusión, frecuencia o volumen de contratación suficientes para una correcta formación del precio.

La operación ha seguido el proceso legal establecido, habiéndose notificado a la Comisión Europea, en el marco del procedimiento de cooperación sobre escrutinio de inversiones extranjeras, sin que se hayan recibido observaciones. Asimismo, ha recibido el 27 de julio de 2021 el informe favorable de la Junta de Inversiones Extranjeras (JINVEX).

Tras la autorización por parte del Consejo de Ministros, la oferta deberá ser aprobada ahora por la CNMV.

Esta operación es una muestra de la confianza de los inversores internacionales en la economía española y en el marco para la transición energética en España.