Intervención de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón

La Moncloa, Madrid

Sra. Montón.- Muchas gracias. Buenos días. Hoy el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones en España en el Sistema Nacional de Salud. La norma aprobada representa un cambio en la atención sanitaria en España. A partir de hoy, la titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y, por tanto, se desliga de la condición de asegurado. De este modo, el acceso a la atención sanitaria en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho básico de toda persona, como así también lo reconocen los tratados internacionales y la Constitución Española.

España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la cual nos sentimos muy orgullosos que, hoy, se fortalece recuperando su carácter universal. Esto implica alcanzar la meta marcada por el ministro Ernest Lluch en 1986 con la Ley General de Sanidad, la norma que sentó las bases de uno de los pilares del Estado de bienestar. El concepto de atención sanitaria integral, la universalidad en el acceso y la planificación de los centros y los servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial, que impulsó la ley de 1996, y que hoy estamos fortaleciendo, se ha revelado como uno de los grandes logros de nuestra democracia.

La norma define como titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España. También aquellas que no teniendo su residencia habitual en el territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores transfronterizos. Y además, corrige la exclusión de la atención sanitaria integral provocada a los colectivos que quedaron fuera por el Real Decreto 16/2012, que ejecutó el anterior Gobierno; es decir, contempla como titulares del derecho a la salud y a la atención sanitaria a los colectivos no registrados, ni autorizados, como residentes en España en las mismas condiciones de atención que las personas con nacionalidad española. En el caso de los colectivos no registrados y no autorizados como residentes en España se ha establecido criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria. En este caso, la asistencia correrá a cargo de fondos públicos cuando no exista un tercero obligado al pago, o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen. La universalidad no supone un sobrecoste para el Sistema Nacional de Salud, al contrario, favorece la sostenibilidad del sistema. La asistencia normalizada en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven, y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o ser hospitalizados, procesos éstos que implican un mayor gasto sanitario. De hecho, la exclusión sanitaria que puso en marcha el anterior Gobierno, ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron excluidas del sistema.

Por otra parte, la fragmentación del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria ha provocado situaciones de inequidad y de desigualdad, que todas las Comunidades Autónomas han ido solucionando, asumiendo la prestación de manera desigual y sin la seguridad jurídica adecuada. También quiero recordar que estamos atendiendo a las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea, el Consejo Europeo de Naciones Unidas, o la Organización Mundial de la Salud, además de sociedades científicas y movimientos y organizaciones sociales que han censurado la exclusión sanitaria y los perjuicios que esta ha producido.

Pero, lo esencial de esta norma, lo que justifica la urgencia de la recuperación de la asistencia sanitaria universal es la mejora en la salud individual de las personas que han quedado fuera del sistema y también la mejora de la salud colectiva de toda la población que está en España. Una sociedad justa no deja a nadie atrás.

Hoy en España se recupera la universalidad en el derecho a la salud gracias a una norma que viene a armonizar y a dar cohesión al sistema nacional de salud, que genera igualdad y equidad en el acceso y da seguridad jurídica a las personas, a los profesionales sanitarios, y a las administraciones públicas. Hace seis semanas el Consejo de Ministros anunció el inicio de un proceso dialogado para la recuperación del derecho a la salud en España para todas las personas y, hoy, esto se cumple.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)