Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo

La Moncloa, Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Disculpen el retraso. Hay una letra de una zarzuela que dice: "Hoy las ciencias se adelantan que es una barbaridad", pero de vez en cuando, el powerpoint se nos estropea y no ha llegado a todavía (¡ah!, ya ha llegado). Perdonen ustedes el retraso.

Comparecemos ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la sesión celebrada en el día de hoy, 27 de marzo, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

Como saben ustedes, hoy hemos dado el visto bueno para que inicie su tramitación parlamentaria en las Cortes al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que detallará el ministro de Hacienda y Función Pública, que también hará referencia a otro de los asuntos acordados hoy en Consejo de Ministros, el Real Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público en los ámbitos de Personal Docente No Universitario, de la Administración del Estado. En este caso, se trata de Ceuta y Melilla (que a mí me concierne como ministro de Educación), con 162 docentes. De la Administración del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de Estabilización de Personal Docente No Universitario de la Administración del Estado para el año 2018.

Asimismo, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, a quien quiero dar la bienvenida, por primera vez a esta rueda de prensa, presentará el cuadro macroeconómico y las previsiones de crecimiento que acompañan a este Presupuesto.
Antes de dar la palabra a los ministros, y aunque el pasado viernes, hace sólo cuatro días, comparecí en rueda de prensa ante ustedes, permítanme hacer una breve referencia a los acontecimientos políticos de estos últimos días, y a la importancia que el Gobierno concede al Proyecto de Presupuestos que hoy hemos aprobado y que hoy vamos a presentar.

En estos últimos días, parte de la actualidad política ha estado centrada en Cataluña. Como saben ustedes, después de que el pasado jueves se celebrara una sesión de investidura fallida en el Parlamento de Cataluña, el Tribunal Supremo dictó un auto de procesamiento contra 13 dirigentes, incluido el expresidente Carles Puigdemont. A su vez, reactivó la orden europea de detención y entrega contra los investigados que se encontraban huidos de la Justicia fuera del territorio nacional.

Como consecuencia de esa euroorden, el pasado domingo el señor Puigdemont fue detenido al Norte de Alemania por la Policía del Land de Schleswig-Holstein, puesto a disposición judicial, y posteriormente se decretó su ingreso en prisión.

Sobre esta cuestión, el Gobierno mantiene la posición conocida, y que ha expresado una y otra vez: la situación del señor Puigdemont, como la del resto de personas procesadas está exclusivamente en manos de la Justicia. Las personas procesadas, tanto las que están huidas de la Justicia, como las que se encuentran en prisión preventiva, no están siendo investigadas ni privadas de libertad, por sus ideas, sino por sus graves actuaciones contrarias al Estado de derecho. Antes de ser procesadas por el Tribunal Supremo, todos ellos fueron advertidos de forma reiterada de que sus actuaciones eran delictivas, y que podrían tener consecuencia ante los tribunales.

En cuanto a los partidos políticos o las agrupaciones de electores a las que pertenecen, los presentaron como candidatos a las elecciones del pasado del 21 de diciembre a sabiendas de su situación procesal. Por tanto, no pueden presentarse ahora como víctimas de una situación que ellos mismos conocían y propiciaron.

Del mismo modo, hay que recordar que ninguna circunstancia judicial tiene que ver con la situación política que en estos momentos atraviesa Cataluña, donde tres meses después de las elecciones autonómicas no se ha elegido un nuevo Gobierno. Siguen a cargo del Gobierno central, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía.

En estos tres meses sólo ha habido un candidato que se haya presentado a la investidura y no ha sido capaza de reunir los votos necesarios para ser investido como presidente.
A lo largo de estos meses de estancamiento político en Cataluña, la Justicia en España es igual para todos, la Justicia ha seguido actuando, y nadie, nadie, recalco, puede pretender situarse por encima de la ley. Y lo mismo que decimos para España puede decirse del conjunto de la Unión Europea, de la que forma parte nuestro país, donde además existen mecanismos de cooperación judicial internacional específicos que configuran un espacio jurídico y judicial común.

De este modo, la cooperación judicial dentro de la Unión Europea, por estar basada en la confianza mutua, ha eliminado el control político, y ha procurado el entendimiento directo entre las autoridades judiciales.

Ya en el Tratado de Amsterdam en 1997, y merced a la iniciativa del entonces presidente del Gobierno, señor Aznar, se suprimió el asilo entre países miembros de la Unión Europea, en un protocolo anexo, que se llama, además, el 'protocolo español anexo al Tratado de Amsterdam'.

El segundo paso fue la euroorden de detención y entrega, que también es una iniciativa española, que contó y quiero recalcarlo aquí, con la ayuda de la Comisión Europea, especialmente, el comisario Antonio Vitorino, y que fraguamos, también, en el Parlamento Europeo los partidos nacionales españoles. Especialmente quiero recordar al Partido Socialista, y a su entonces dirigente Rosa Díez, y a quienes entonces participamos en el Parlamento Europeo en su tramitación. Fue aprobada, también, siendo ministro del Interior, don Mariano Rajoy, en el Consejo de junio del año 2002.
Esta figura de la euroorden suprime la extradición y facilita que la decisión de detener, integrar a un reclamado, se ejecute entre autoridades judiciales sin intervención de los Gobiernos. Insisto, se ejecute entre autoridades judiciales sin intervención de los Gobiernos.

Para la emisión de una euroorden es preciso que en el país emisor del delito, el delito esté castigado con una pena superior a los 12 meses de prisión, condición que se cumple sobradamente en el caso del señor Puigdemont en Alemania.
La ley prevé que el detenido pueda consentir su entrega inmediata, en cuyo caso, el plazo sería de 10 días, como es el caso del señor Puigdemont. En caso de que no lo consienta, (el señor Puigdemont no lo ha consentido), el plazo máximo para la resolución será de 60 días tras la detención. Se prevé también, en su caso, un plazo extraordinario de 30 días adicionales.

La Ley alemana parte de la presunción de ejecución. Es decir, la norma general es la entrega, la no entrega es excepcional. Alemania fue, de hecho, el país europeo que más procesos de entrega de personas reclamadas inició en el año 2015, el último año del que se tienen datos, con 1.610 entregas.

En cuanto a los delitos por los que se investiga al señor Puigdemont, Alemania castiga el equivalente a rebelión, o alta traición, con pena privativa de libertad no inferior a 10 años. Puede ser incluso, reclusión de por vida. Alemania considera que comete alta traición quien subordina su libertad, la libertad de la República Federal de Alemania, al dominio foráneo, elimine su unidad nacional o separe una región que le pertenezca. Por tanto, no se trata de una cuestión española: saltarse la ley, y atacar los cimientos es también atentar contra la Unión Europea de la que forma parte.

Europa no es solo un espacio económico sino que está fundada sobre unos principios básicos que incluyen la libertad, el respeto a los derechos de todos, para salvaguardarlos, la ley, la democracia y el Estado de derecho.
Déjeme en este punto y cambiando de asunto, que felicite a los Mossos d'Esquadra por la detención de la señora Varela, que era la mujer más buscada por Europol, fugada desde el año 2011 por blanqueo y tráfico de drogas, y, también haga extensiva esta felicitación a la Policía Nacional por el arresto en Alicante del llamado 'Carbanak', un ciudadano ucraniano considerado el ciberladrón más importante del mundo.

Al margen de estas consideraciones que se circunscriben al ámbito de la justicia, esta semana la actualidad política pasa por los Presupuestos Generales del Estado, cuyo Proyecto de Ley hemos aprobado en la reunión del Consejo de Ministros celebrada esta mañana. Con este Proyecto, cuyo contenido detallará el ministro Montoro, el Gobierno cumple su compromiso, y también añado su deber constitucional de presentar unas Cuentas Públicas. Además, da continuidad a la política económica que ha venido desarrollando el Gobierno desde que Mariano Rajoy llegó a la Presidencia del mismo, a finales del año 2011.

Se trata del séptimo Presupuesto de ciclo de Gobierno, y como en las ocasiones anteriores, se trata de un Presupuesto realista basado en el equilibrio financiero y creíble, que cumple, además, con nuestros compromisos con la Unión Europa. Unas Cuentas para continuar la recuperación económica y la creación de empleo. Unas Cuentas para alcanzar nuestro objetivo estratégico de déficit público para que llegue al 2,2 por 100 del PIB, de acuerdo con nuestros compromisos europeos.

Las previsiones, que explicará el ministro de Economía, son que el crecimiento económico continúe, una tendencia que sólo podría verse quebrada por una situación de inestabilidad en España o en el ámbito internacional.
Al crecer la actividad económica, se producirá un aumento de la recaudación fiscal, lo que hará posibles toda una serie de medidas y mejora de las condiciones de vida de las personas que no pudieron adoptarse durante la crisis económica.

El Gobierno tiene como objetivo que la recuperación llegue a todos los españoles, que nadie se quede al margen, manteniendo y mejorando nuestra sociedad del bienestar. Los Presupuestos Generales del Estado son un claro exponente de lo que hemos denominado, el crecimiento integrador. Integrador porque descansa sobre firmes bases presupuestaria para la creación de empleo, en primer lugar.

El primer objetivo, lo repite siempre la ministra Báñez, es que 20 millones de personas estén trabajando en el año 2020. Y quiero recordar aquí, como en los últimos años, han sido un millón y medio de puestos de trabajo los creados.

En segundo lugar, el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos: la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y las pensiones. A propuesta del presidente del Gobierno, tal y como anunció en el Congreso, los Presupuestos de 2018 incluirán una subida de las pensiones más bajas y de las de viudedad. El ministro de Hacienda lo explicará.

Y también la cohesión territorial. Estos Presupuestos vienen aumentando y van a aumentar la financiación de las Comunidades Autónomas, para que estas puedan prestar con mayor eficacia los servicios públicos esenciales.

Y, también, como aprobamos el pasado viernes, con el Real Decreto-Ley, las Corporaciones Locales también podrán contribuir a ese crecimiento integrador y a que nadie quede apartado de la mejora de las condiciones económicas.

En definitiva, el gran esfuerzo nacional que los españoles hemos desarrollado en los últimos años está dando sus frutos, y el Gobierno quiere que la mejora de la situación económica revierta en todos los ciudadanos. Por ello, aprobar los Presupuestos beneficia a todos, y no perjudica a nadie. A sensu contrario, no aprobarlos, perjudica a todos y no beneficia a nadie.

Aprobar los Presupuestos Generales del Estado fortalecerá la confianza en la economía española, y, por lo tanto, acelerará la recuperación económica; impulsará la creciente credibilidad internacional de España (recordemos que la Agencia de Calificación de Riesgos Standars & Poor's acaba de subir la nota de España hasta A -. Y, también, la prima de riesgo de esta mañana se movía en torno a los 71 puntos básicos, muy lejos de aquellos 600 y pico que conocimos hace unos años).

Fortalecerá además, esta aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, nuestra estabilidad. Ello significa que mejorarán las expectativas de crecimiento, de creación de empleo, de reducción del déficit. Porque el primer fruto de la estabilidad es el incremento de la confianza.
Por todo ello, en consecuencia de lo expuesto, el Gobierno apela a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas, de cara al debate parlamentario y pide expresamente que por encima de cualquier otra consideración defendamos todos el interés general. No es el momento ni de renunciar al diálogo -renunciar al diálogo es renunciar a la política-, ni de mantener contra toda lógica, posiciones preconcebidas e inamovibles.

La aprobación de los Presupuestos es hoy una responsabilidad compartida en unos Presupuestos que lo son, del empleo, de los pensionistas, de los jóvenes y de las familias.

Por tanto, este debate sobre los Presupuestos es una buena oportunidad para pensar en España, dejando atrás oportunismos y electoralismos. Todas las fuerzas políticas van a tener la oportunidad de ser útiles a la ciudadanía sirviendo a los intereses de todos. Porque como hemos dicho en más de una ocasión, y lo reitera el presidente del Gobierno, el proyecto del Gobierno es mejorar día a día las condiciones de vida de todos los españoles.

Dichas estas consideraciones, cedo la palabra al ministro de Economía para que nos explique el cuadro macroeconómico.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)