Respuestas a los medios de comunicación

P.- José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Comentaba que el acuerdo tiene una fecha de caducidad de 12 meses, no sé si el Gobierno cree que se podría agotar; o sea, que prácticamente hasta dentro de un año no se podría hacer efectiva esa exhumación. Y, por otro lado, dentro del acuerdo, también, si ¿tienen decidido el lugar en el que se trasladarían los restos de Franco en caso de que la familia no asignara ninguno?

Vicepresidenta.- La caducidad es un tiempo máximo. Yo he dado cuenta de ella para abundar mucho en la información que estaba dando. Nosotros calculamos que con todos los plazos de tiempo que usted podrá casi enumerar y sumar cuando tenga el texto del Real Decreto, nos iremos a final de año.

Y, en relación a esa última decisión que será un último acuerdo que tome el Consejo de Ministros, en principio, no queremos adelantar ningún acontecimiento, la familia tiene que ser escuchada, la familia puede disponer, evidentemente, de hacerse cargo de los restos de su familiar y de llevarlo al lugar que consideren oportuno. En ese sentido, iremos agotando los plazos y los tiempos como la propia realidad vaya hilando.

P.- Carlos Cue, de "El País". Le quería preguntar, usted ha hablado de 40 años; de ellos, 22 gobernó el Partido Socialista --fue usted ministra, incluso--, ¿por qué no se ha podido hacer esto antes y por qué se puede hacer ahora? Y, quería preguntarle algún detalle. ¿Qué garantías tiene de que la Iglesia no se va a oponer?, porque es un lugar de culto y necesita la autorización de la Iglesia y ¿qué otros riesgos ven de que el proceso se alargue muchísimo con demandas?

Y, por último, de otro tema, ¿cuál es la política de inmigración del Gobierno? La que acoge al Aquarius nada más llegar al Gobierno o la que usa una Ley de Corcuera para expulsar a 116 inmigrantes. Parece que hay una contradicción y me gustaría que la explicara.

Vicepresidenta.- Vamos tarde, todos vamos tarde, nosotros también vamos tarde, pero este Gobierno presidido por el presidente Sánchez ya no va a ir tarde. Piense que la ley de Memoria Histórica es de 2007, muy poco tiempo después, ya no se desarrolla la Ley, el Gobierno anterior dejó inane el desarrollo de esa Ley desde todo punto de vista y, desde luego, una vuelta del Partido Socialista al Gobierno ha significado, como hoy estamos aquí compareciendo para contarlo, un retomar el compromiso de la Ley pero, también, de lo que ha ocurrido entre el 2007 y ahora. Naciones Unidas lleva desde el 2014 insistiendo en que no es sostenible para un Estado y para una democracia como la de España tener en estas condiciones la tumba del dictador junto a las víctimas. Hemos tenido, también, los trabajos desde el 2011 de un comité de expertos que indicaron que era preferencial y urgente exhumar los restos de Franco y tenemos, por último, un pronunciamiento del Congreso de los Diputados sin ningún grupo en contra de mayo del 2017. No hay ni una sola razón de fondo para que la democracia española no se sienta digna consigo misma con esta exhumación de los restos de Franco.

Así que, no vamos a poder cumplir un aniversario tan importante como los 40 años de la Constitución y de la estabilidad de una democracia madura, como la nuestra, sin haber hecho antes el trabajo correspondiente a lo que Naciones Unidas y las Cortes Generales le han pedido constantemente al Gobierno. Y este sí lo va a hacer.

La política de inmigración de este Gobierno es la que nace del cumplimiento, estricto, de la legalidad internacional y de nuestras leyes internas. Del compromiso que ha liderado este Gobierno y el presidente Sánchez de una política común europea que dé respuesta segura y también humanitaria a la presión migratoria que tiene Europa y que, particularmente, tiene España.

Una política de inmigración que responde a dos variables: el respeto a los Derechos Humanos y la seguridad de las fronteras de nuestro país que son fronteras de Europa. No hemos variado ni un solo ápice. En cada circunstancia distinta de la llegada a nuestro país o de compartir con otros países europeos --como ha ocurrido a lo largo de estas últimas semanas--, la respuesta adecuada en el binomio respeto de los Derechos Humanos y seguridad.

Lo que se produjo el otro día en la frontera de Ceuta es inaceptable. Las condiciones de violencia y de riesgo para nuestros Cuerpos de Seguridad del Estado es inaceptable y hemos procedido, dentro de la política migratoria de Europa, a un acuerdo bilateral del año 1992 con Marruecos para no consentir de ninguna manera la inseguridad de nuestras fronteras y el riesgo de los hombres y mujeres que como cuerpos de seguridad están allí. Es una situación legal, completamente distinta de los migrantes que a veces tenemos que rescatar y a los que tenemos que responder en acciones de salvamento y de riesgo de sus vidas, que es el espacio donde España, este Gobierno ha dado pruebas más que suficientes, de que está dispuesto a cumplir estrictamente con la legalidad internacional, como no hace falta ni siquiera recordar, en el breve tiempo de gestión de este Gobierno. Y la hemos hecho. No es aceptable el riesgo que corren nuestros Cuerpos de Seguridad en esa circunstancia, a los que este Gobierno agradece y respeta las condiciones en las que en algunas ocasiones tienen que defender la frontera, que es frontera de España y fronteras de Europa y el agradecimiento extraordinario a su profesionalidad.

Nos vamos a mover dónde se tiene que mover un Gobierno, en el respeto a los Acuerdos que hay con la Iglesia Católica, los Acuerdos que tenemos con la Santa Sede, con el Estado Vaticano, que nos permiten perfectamente llevar a cabo una acción de este de este tipo.

P.- (Reuters, nombre de periodista inaudible) Dos cuestiones que no se han tocado mucho en la intervención hasta ahora. ¿No han aprobado ustedes hoy la senda de déficit, el objetivo finalmente?. Me gustaría saber ¿qué planes tiene el Ejecutivo, si es aprobarlo en otro Consejo de Ministros? Porque ya no se cumpliría ese plazo de un mes que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y, si nos aclara también el estado de las negociaciones que parece que está manteniendo ya con otros grupos políticos.

Y, por otro lado, respecto a esta devolución-expulsión de los 116 inmigrantes, si ¿nos puede confirmar que ya se había intentado activar el mecanismo de ese convenio con Marruecos en la llegada del último asalto que hubo de alrededor de 600 inmigrantes? ¿Y qué ha cambiado con Marruecos para que en este momento Marruecos sí haya aceptado a estas 116 personas, que muchas no son procedentes de Marruecos?

Vicepresidenta.- Gracias. El Consejo de Ministros hoy no ha aprobado la senda de déficit, como usted bien dice. La tenemos pospuesta porque, como también usted acaba de indicar, hemos acordado y se ha registrado ya, una Proposición de Ley para modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, ya está registrada la Proposición de Ley para esa modificación en la que nosotros entendemos --junto con otros grupos parlamentarios--, que la situación de veto del Senado, que el anterior Gobierno modificó contra la opinión en el informe fundamentada del Consejo de Estado, coloca al Senado en esta cuestión en una situación excepcional. La tramitación parlamentaria ordinaria a la que nos aboca la Constitución y los reglamentos de la Cámara, de las dos cámaras es que las leyes vuelvan al Congreso.

El Partido Popular hizo una reforma contra la opinión del Consejo de Estado que coloca en una situación excepcional, inentendible, para la configuración constitucional que tenemos de las dos cámaras y para que cualquier Gobierno, éste u otro, puedan sacar adelante una de sus principales obligaciones, que es la Ley General de Presupuestos del Estado cada año. Volveremos a la situación de le Ley del 2007, una Ley que no debió modificar nunca el Partido Popular y que tal vez lo hizo porque le convenía de manera partidaria alterando las propias previsiones constitucionales de la preminencia del Congreso de los Diputados sobre el Senado, porque así lo ha querido la Constitución Española. Así que, cuando se produzca esa reforma que hemos pedido sea de lectura única, es decir, rápida, estaremos en condiciones de aprobar la senda de déficit y estaremos en condiciones de hacer unos Presupuestos Generales. Está aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y volverá al Consejo de Ministros en su momento.

He de decir que las más de 100 personas que entraron de manera irregular y agresiva en la frontera de Ceuta el otro día han sido atendidas jurídicamente, una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho, con la lectura y la información de sus derechos y con la identificación. No se han expulsado a Marruecos los menores, los menores están aquí y les atenderemos como corresponde, y ninguno de ellos nos consta que haya pedido asilo. Nos hemos movido --repito--, estrictamente en el marco de la legalidad y de la política migratoria europea y, en este caso, de los acuerdos con Marruecos. Tenemos unas relaciones cotidianas, particularmente buenas con un vecino como Marruecos, de siempre en la política española, para este Gobierno también.

No, no, nosotros no hemos pedido, nosotros hemos activado en esta oportunidad teniendo en cuenta que al Gobierno le corresponde, a cada caso y a cada día, responder con criterios jurídicos y políticos; en este caso, con criterios de seguridad de nuestras propias fronteras. No va a consentir este Gobierno una situación como la que vivimos y como parecía que íbamos a tener que volver a vivir; no lo vamos a consentir, por muchas razones, porque esta no es una manera aceptable de entrada en nuestro país de forma irregular y violenta y porque, además, tenemos a nuestros Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen que afrontar situaciones muy complejas y que este Gobierno no va --evidentemente--, a mirar para otro lado.

Y, repito, no hemos hecho otra cosa que activar un Acuerdo Bilateral con Marruecos del año 1992 que se ha utilizado en otras ocasiones respetando escrupulosamente la atención jurídica particularizada de uno a uno de cada una de las personas que el otro día asaltaron la frontera en esas condiciones y, naturalmente, en unas condiciones muy distintas a los menores que entraron que sí que están protegidos en nuestro país.

P.- Beatriz Fernandez de Europa Press. ¿Por qué el Gobierno decide abordar con carácter de urgencia la exhumación de Franco, únicamente la exhumación de Franco, cuando la PNL que usted ha mencionado de mayo de 2017, aprobada en el Congreso, también pedía abordar con carácter preferente, no solo la exhumación de Franco sino también la de Primo de Rivera, no para sacarlo del Valle de los Caídos pero si para que estuviera enterrado en un lugar que no fuera destacado como está ahora en el monumento? Y, una segunda cuestión. La decisión de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria ¿quiere decir que el Gobierno asume que ya no podrá presentar un proyecto de presupuestos para 2019 antes del 30 de septiembre? Y, si es así, ¿cuándo estiman que podrían presentar ese proyecto?

Vicepresidenta.- Gracias. Como usted bien dice, y el informe de los expertos también indica, ahí están también los restos de José Antonio Primo de Rivera pero, en el caso de Primo de Rivera, es una víctima de la contienda. Por lo tanto, su permanencia, los restos mortales en el Valle de los Caídos están --evidentemente-- justificados en las mismas condiciones en las que están el resto de las víctimas.

Es verdad que la Ley y el informe indican que no esté en un lugar preminencial. Nosotros vamos a ir a lo urgente, que es, exhumar los restos del dictador, de Franco, que es lo más urgente, y en el debate que abriremos con el resto de los grupos parlamentarios seguiremos tomando el resto de decisiones que nos conduzcan a aplicar, no solamente la Ley de 2007 sino también a mejorarla y, naturalmente, también a aplicar en cada uno de sus extremos la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que se votó, sin la oposición de ningún Grupo Parlamentario, en el mes de mayo.

Dicho de otra manera, hemos ido a lo que es urgente, a lo que Naciones Unidas nos ha pedido en tantas ocasiones y nuestras propias decisiones internas y, después, iremos compartiendo y dialogando con el resto de los grupos de la Cámara una resignificación del lugar y de las otras cuestiones pendientes.

Le querría indicar que este Gobierno en menos de 100 días recibe una herencia del Gobierno saliente en la que, durante todo el tiempo de su mandato, no ha ocurrido nada en relación a la aplicación de esta Ley, al respeto de esta norma, al desarrollo de esta norma, al cumplimiento de las obligaciones internacionales que la democracia española tiene para no mantener este estado de cosas, que han sido muchos años, abandonando una cuestión que sigue siendo muy importante para la dignidad de este país y para la imagen de este país. Así que, vamos rápido pero vamos, también, respetuosos en relación a las opiniones que tengan todos los demás y, fundamentalmente, a respetar a todas las víctimas.

Y, en relación a los plazos, es evidente --como usted pone también de manifiesto--, que iremos con los plazos muy ajustados, llegaremos muy ajustadamente o no; en cualquier caso, lo importante es que este Gobierno quiere que una vez comunicada la senda de gasto a Bruselas y pudiendo disponer de 5 décimas más que nos permitan mejorar nuestro Estado de Bienestar, recuperar derechos, mejorar servicios, restablecer igualdades que se han roto, e injusticias que se han provocado por quienes han tenido que pagar el mayor coste de la crisis para alcanzar ese objetivo que supone para nuestro país un gran alivio para la educación, para la sanidad, para las pensiones, para la dependencia, para las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, para todo aquello que representa el corazón de la democracia, qué es la igualdad y el Estado de Bienestar, no nos importa el trámite y los pasos de los trámites.

Usted sabe que esas cinco décimas las queremos para que dos de ellas garanticen nuestra Seguridad Social, dos de ellas para las Comunidades Autónomas, y una para la Administración General del Estado. Ese objetivo que le permite a este Gobierno, y al conjunto de las administraciones, recuperar derechos, es tan importante para la realidad de este país, para la calidad de los derechos de los hombres y mujeres este país que, desde luego, para este Gobierno merecen la pena todos los tramites previos incluidos --como usted dice-- que no lleguemos algún plazo puntual concreto. El anterior Gobierno hubo años que no hizo Presupuestos Generales del Estado e incumplió directamente la Constitución.

P.- Teresa Fernández, de informativos Telecinco. Quería preguntarle en cuanto la exhumación de Franco, ¿ante qué escenario estaríamos en el caso de que la familia emprenda acciones legales, puesto que ayer, tengo entendido, que el Gobierno recibió un burofax advirtiendo de las mismas? Y, en segundo lugar, si ¿ya tienen en firme el acuerdo de la Iglesia?

Vicepresidenta.- No sé qué parte del Gobierno, no conozco ese burofax que usted me cuenta.

Me consta, a través de la Abadía, de los benedictinos que hay una posición de la familia, nada más, es lo único que nos consta. He contestado antes a alguno de sus compañeros que el Gobierno dispone de instrumentos en el marco de los acuerdos con la Iglesia Católica, con la Santa Sede, para proceder, en términos de estricta legalidad, al final del objetivo de este Real Decreto, que es la exhumación de los restos.

P.- Juanma Lamet, de "Expansión" Yo quería preguntarle sobre dos asuntos. En primer lugar, sobre la urgencia del Decreto. Creo que nos ha quedado claro que es urgente políticamente pero yo quería que nos explicara, por favor, por qué procedimentalmente es urgente. ¿Qué entiende el Gobierno que no se da para poder hacerlo por la vía ordinaria y se tenga que hacer por el Real Decreto? ¿Cuál es la diferencia en plazos y en posibles consecuencias de hacerlo por el Congreso o por, vamos, por una Proposición de Ley, un Proyecto de Ley o por Decreto? Y, en cuanto a la senda de estabilidad y a la Ley de estabilidad, quería preguntarle ¿si estuvo sobre la mesa la posibilidad de cambiar la vía a Decreto, como dijo Podemos, y por qué, si usted acaba de decir hoy que la Constitución no lo permite?

Y, una última cosa en materia económica. Si ¿se ha retirado de la propuesta que se le ha hecho a Podemos el impuesto sobre la banca?

Vicepresidenta.- Mire, el Real Decreto es un instrumento habitual en el funcionamiento constitucional de cualquier Estado como el nuestro. Le voy a dar un dato: en el 2012, la vía de Real Decreto, el Gobierno de aquel momento lo utilizo 29 veces.

Forma parte de una fórmula de legislación desde el Ejecutivo al Legislativo habitual en cualquier democracia, no tiene ninguna excepcionalidad. La circunstancia especial que un Tribunal Constitucional en sus sentencias tiene acreditado es que el Gobierno, a quién corresponde la política, la dirección política del país, aprecia la urgencia en cada caso que considere oportuno, no afectando materia de legislación orgánica y de las cuatro áreas de reserva que la Constitución tiene lo puede hacer como lo hace cualquier Gobierno, repito, el récord en los 40 años está en el 2012 donde hay 29 Reales Decretos-Ley del Gobierno de aquel momento; por lo tanto, estamos hablando de un instrumento habitual que no tiene ninguna excepcionalidad y que es el Gobierno quien aprecia la urgencia de una acción.

Creo que sobre la urgencia de la exhumación de los restos de Franco quien no quiera verlo no lo ve, quién no quiera suscribir el fondo no lo suscribe. Todo lo demás son vueltas formales que puede que le sirvan a quien las utilice para parapetarse en sus últimas posiciones y convicciones sobre el asunto, pero no hay más. ¿Cuándo si no?¿Cuándo este país va a dejar de tener los restos mortales del dictador en una tumba de Estado para su enaltecimiento junto con las víctimas? Es que no hay más vueltas que dar a este asunto, el Gobierno ya no se las quiere dar más cuando, además, tenemos un pronunciamiento sin ningún grupo parlamentario en contra de mayo del año pasado, pues es que no hay más vueltas que dar sobre este asunto.

No ha estado nunca la posibilidad de la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria por la vía de Real Decreto, no ha estado nunca. Vamos a pedir la vía de urgencia, entre otras cosas, porque la vamos a compartir con varios Grupos Parlamentarios, cosa que ya hemos hecho porque la proposición está registrada por parte del Grupo Parlamentario Socialista y otros más. En fin, creo que en ese sentido no ha estado nunca planteado y, en este momento, está en marcha el procedimiento que abarca.

El Gobierno pretende tener la posibilidad legal de aprobar unos Presupuestos con un crecimiento de cinco décimas que antes contaba y comentaba que ustedes ya conocían y, naturalmente, en el diálogo con los grupos de la Cámara para sacarlo adelante, y ahí estaremos en las puntualizaciones concretas. De momento estamos en otro espacio, estamos en la modificación de la Ley Orgánica, estaremos en una senda de gasto después y entraremos a los Presupuestos. Pero, es obvio que este Gobierno desde el primer momento dijo: queremos hablar con todos los Grupos Parlamentarios, con los 350 escaños de esta Cámara porque, mire usted, la política española está cambiando y va a tener que seguir cambiando. Todos vamos a tener que hablar constantemente con todos para gobernar nuestro país y está bien que sea así, porque somos una sociedad plural, así que, en este momento, estamos haciendo algo bastante normal en una democracia que es intentar encontrar acuerdos, repito, para un objetivo que merece la pena: el crecimiento de nuestro Presupuesto para recuperar derechos del Estado de Bienestar.

Quienes se sientan concernidos a esto, desde luego, el Gobierno está dispuesto a escucharles. Quienes piensen que este país no necesita un desarrollo importante con sus presupuestos correspondientes para mejorar servicios públicos y derechos quebrados, está en su derecho y en su responsabilidad política pero, desde luego, el Gobierno va a pelear hasta el último momento que a este país le lleguen unos Presupuestos con los que podamos crecer, repito, en igualdad.

Sí, sí, le he dicho que no vamos a entrar a ningún elemento concreto hasta que nosotros no estemos en condiciones de negociar con todo el mundo unos presupuestos; y cuando digo con todo el mundo, digo con todo el mundo porque, fíjese usted, 40 años después, cualquier partido político tiene instituciones que gobiernan, en los 4 niveles de la Administración. En el nivel general, desde luego, somos nosotros, pero en las Comunidades Autónomas, en los Ayuntamientos, también en las Diputaciones Provinciales, con lo cual es muy difícil tener una posición monolítica y negativa al crecimiento presupuestario de nuestro país que nos permita, evidentemente, restaurar todo lo que se ha llevado por delante en los recortes. Va a ser muy difícil que nadie tenga una posición coherente y monolítica en esto, por eso hablaremos con todo el mundo, obviamente.

P.- Carles Castelnou, de TV3. Quería preguntarle, este decreto de exhumación requiere, creo, un mes para que se convalide en el Congreso de los Diputados y quería preguntarle por los apoyos. Algunas formaciones han condicionado este apoyo a que ustedes también hagan todo lo posible para anular algunas sentencias de muerte del franquismo, como la del presidente Companys. Quería saber ¿de qué manera van a articular esta posibilidad? Gracias.

Vicepresidenta.- Los Reales Decretos se convalidan en un plazo máximo de 30 días. Seguramente, será antes por la propia mecánica ya de trabajo de la Cámara.

La Ley de la Memoria Histórica ya declaró ilegítimos los tribunales de ejecución del franquismo y sus sentencias. En el documento de los expertos y en la Proposición no de Ley que se votó el año pasado ya se trata este asunto y la ministra de Justicia, en su comparecencia, al inicio de esta legislatura como ministra de Justicia, ya dijo cuál era la dirección y el propósito del Gobierno, pero, es más, la posibilidad que vamos a tener con la tramitación como procedimiento de ley del Real Decreto, una vez convalidado, nos va a permitir abrir diálogo con todos los grupos de la Cámara, evidentemente nosotros como Gobierno, como he dicho desde el principio de esta comparecencia a mejorar la Ley de Memoria Histórica, a ampliar lo que la sociedad española vive con absoluta normalidad en relación a la protección de las víctimas y, también, a que el franquismo se convierta en un pasado literal para nosotros. En ese sentido, como usted comprenderá, la decisión de tramitarlo con el procedimiento de ley nos va a permitir el diálogo con otros grupos de la Cámara.

En cualquier caso, como le decía antes a su compañero, en este asunto lo importante es el fondo y cada uno tomará decisiones en relación al fondo de la cuestión. Si quiere o no quiere que Franco siga teniendo un lugar de Estado preminente justo en el lugar donde están las víctimas o no.

P.- Juan Ruiz, "El Periodico". Yo quería preguntarle, dada la importancia que conceden a la votación que se produjo en mayo de 2017, quería preguntarle si ¿el Gobierno se compromete, a partir de ahora, a cumplir con todas las Proposiciones no de Ley que se han aprobado en esta legislatura y las que se aprobarán en el futuro? Y luego, por otro lado, ¿les preocupa el recurso que ha anunciado que planteará el PP ante el Constitucional contra esta medida?

Vicepresidenta.- No es ni de lejos, habitual ni normal, en ningún Gobierno de ninguna democracia del mundo, por la propia dinámica de las competencias distintas que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, y por las competencias del Ejecutivo, asumir, evidentemente, las Proposiciones no de Ley.

Pero sí es competencia del Gobierno decidir la urgencia y el interés que puede tener un pronunciamiento del Parlamento en su propio proyecto de Gobierno, obviamente. Si no, no haría falta el Gobierno, gobernarían los parlamentos con alguna fórmula. Es lo contrario a lo que dice cualquier constitución y, desde luego, lo que dice la nuestra. El Gobierno ha considerado el interés y la urgencia de un asunto como este por las razones que he dado ya en más de una ocasión, porque no es sostenible 40 años después esta situación.

Sobre la segunda pregunta, desde le llegada de este Gobierno a una parte de la oposición solo les hemos escuchado posturas bastante extremas, incluso cambio de posición de sus propios partidos con algunos temas que son importantes para nuestro país y no encontramos la respuesta política que es lo importante en democracia. Qué opina tu adversario político, la oposición, qué opina de lo que propone el Gobierno. Solo hemos escuchado que irán a recurrirlo al Tribunal Constitucional.

La política ha de estar en otro sitio y la decisión de la justicia, la ida a los tribunales, debe reservarse en la política para aquellas cuestiones que verdaderamente lo merezcan y diriman la situación, pero en la política normal lo que esperamos del Partido Popular, de Ciudadanos, de todos los grupos de la Cámara es que contesten al Gobierno con propuestas distintas de las nuestras, discrepando de las nuestras y, en algunos casos, encontrando, evidentemente, acuerdos porque eso sí que va a ser ya la normalidad política de este país; es lo que dice la sociedad y es lo que nos vamos a acostumbrar todos, no va a ser buen método recurrir a los tribunales constantemente en la acción de Gobierno.

P.- Iñigo Aduriz, de Eldiario.es. Quería preguntarle, en primer lugar, si ¿cree que el proceso de exhumación del dictador podría prolongarse hasta finales de año? En todo caso, ¿qué plazos prevé el Gobierno?

Y, respecto a lo ocurrido en Ceuta, usted ha hablado de una violencia inaceptable. Me gustaría saber, en concreto, a qué se refiere, qué datos tiene y si el Gobierno tiene previsto tratar de distinta manera las llegadas por mar o a través de las vallas.

Vicepresidenta.- Se lo he comentado antes a uno de sus compañeros. Yo creo que sí, que antes de final de año habremos culminado todo el procedimiento administrativo que nos permite la exhumación de los restos de Franco, como decía desde el principio, antes de final de año con toda seguridad. Piense que hay unos plazos de 15 días, de 10 días, las autorizaciones de las Administraciones Autonómica y Local. Si reunimos todos esos plazos más la acción en concreto, estaremos rondando, seguramente, en torno al final del año. Trataremos de hacerlo lo más rápidamente posible y dependerá, también, de los plazos que hemos de ir agotando y que son garantías para la propia familia y que, en algún caso, también es el trabajo que tiene que hacer otra administración.

Legalmente es muy diferente cuando se rescata a alguien en una acción humanitaria, por ejemplo, en el mar, es muy distinta legalmente esa situación de la de alguien que asalta una frontera. Son situaciones distintas y, si me pregunta por los hechos violentos, mire usted, el Gobierno los conoce pero yo creo que los han conocido todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Han entrado con algunas condiciones, instrumentos, herramientas, incluso sustancias, que han provocado lesiones a algunos miembros de la Guardia Civil. Esto lo hemos visto todos, no hace falta mayor comentario que esa es una situación que no vamos a consentir.

P.- Itziar Reyero, del diario "ABC". Yo le quería preguntar, bueno, ustedes insisten en que no ven ninguna colisión entre la reforma legal para exhumar a Franco y el acuerdo con la Santa Sede. Mi pregunta es si ¿van a forzar esa exhumación aun no teniendo la autorización de la Iglesia toda vez que la familia se opone y ellos son los custodios, digamos, de los restos?

Y, por otro lado, yo le quería preguntar también si el Gobierno tiene algún tipo de pronunciamiento público ante la situación personal jurídica del juez Llarena en Bélgica, si amparan, aunque sea, políticamente, verbalmente al magistrado. Y, también, a los ciudadanos en Cataluña que están retirando lazos y que han sido identificados por los Mossos si ¿tienen palabras de aliento o de amparo? Y, si ante la anunciada reunión, creo que se ha anunciado, reunión de la Junta de Seguridad con la Generalitat, si ¿van a pedir explicaciones al Govern?

Vicepresidenta.- En relación a lo primero, el ordenamiento jurídico español tiene instrumentos más que suficientes para, en su relación institucional con la Iglesia Católica, proceder a la ejecución del procedimiento administrativo que plantea este Real Decreto. Y, además está planteado ahí.

En segundo lugar, mire, cualquier juez o jueza nuestro país tiene que recibir el amparo legal y el apoyo establecido en el ámbito de su propio poder, que es el poder Judicial. Al poder Ejecutivo no le corresponde esa función, le corresponde a su propio poder, que es otro distinto. Lo que sí le corresponde al Gobierno, al Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, es --llegado el caso--, cuando la demanda que trae causa de su pregunta sea admitida, defender la soberanía jurisdiccional de España. Eso sí le corresponde al Gobierno de España y eso si lo va a hacer el Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia. Nos corresponde indicarle a cualquier otra Justicia de otro Estado que no se puede inmiscuir en los procedimientos de nuestro propio espacio, que tiene que ser inmune desde el punto de vista de la soberanía jurisdiccional de España. Eso sí le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al Gobierno y en ello está el Ministerio de Justicia.

Y, por lo demás, la protección --como se ha denominado--, de cualquier miembro del Poder Judicial le corresponde a su Poder, al Poder Judicial, siendo como somos poderes distintos e independientes.

Y, en relación a su tercera pregunta, al Gobierno no le parece bien en ningún sitio y con ninguna excusa, que haya elementos que no contribuyan a la convivencia y al respeto de esa convivencia, y que los símbolos que nos representan a todos, son símbolos que están reglados en nuestras normas, estatales o autonómicas, que esos sí nos representan a todos y que todos los demás símbolos que con otra intención distinta representan solo a una parte, solo pueden estar en el ámbito privado o público de la utilización individual, pero no institucional.

Esto es lo que opina el Gobierno, como usted se puede imaginar mirando, obviamente, con preocupación, como no puede ser de otra manera, que algunos elementos no sirvan a la convivencia y al respeto, sino todo lo contrario.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)