Intervención de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá

Portavoz.- Muchas gracias a todos. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a este conferencia de prensa. Hoy es el día mundial del alzhéimer y el Gobierno quiere transmitir un afectuoso mensaje a las 800.000 personas que viven con esta enfermedad y, también -en España--, y también, muy especialmente, a sus familias porque realizan una importante tarea de apoyo y cuidado luchando día a día con su cariño por ayudarles a mantener su ilusión y sus recuerdos.

Quiero decirles y quiero poner como primer punto del orden del día, como primera comunicación en esta conferencia de prensa que hoy el Gobierno, precisamente hoy, ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de ley, es decir, la primera vista del anteproyecto de ley, por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Es una tarea muy importante realizada por el Ministerio de Justicia donde han atendido, no solamente las reformas del Código Civil sino reformas, también, reglamentarias. Las personas con discapacidad --y esto es importante-- tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida como proclama la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que, como ustedes saben, se aprobó en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, y España firmó en 2008; ha habido distintas modificaciones, distintas adaptaciones en la normativa de la Convención Internacional, en los requerimientos de la Convención Internacional a nuestra legislación vigente pero faltaba, fundamentalmente, todo el tema de las reformas del Código Civil y, este Gobierno las ha realizado, precisamente, con ese enfoque de dar a todas las personas, de atribuir a las personas con discapacidad el derecho que les corresponde, su dignidad humana, y aportarles apoyo y acompañamiento.

Por tanto, la reforma es muy extensa, muy exhaustiva, y ha supuesto reforma del Código Civil, modificación de la Ley Hipotecaria, modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificación de la Ley de Registro Civil, y la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Supone un cambio profundo, supone el cambio de un sistema en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona, de las personas que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones. Esta es una cuestión, señores y señoras, que el Gobierno estima de mucho significado; obviamente, estamos hablando de las personas con discapacidad, estamos hablando de la discapacidad mental, intelectual porque, obviamente, las personas con discapacidad física no tenían, no tienen, en absoluto, este problema.

La semana empezó --como solemos siempre decir, en hacer un breve repaso--, empezó el lunes en la Casa de América con una comunicación del Presidente haciendo balance de los 100 primeros días de gobierno. En ella el presidente mostró toda su determinación con el compromiso de trabajo que tenemos por delante, y afirmó: "No nos van a desviar de nuestro camino, estamos llevando a este país al reencuentro con lo que fue para poder construir un futuro más social para los ciudadanos y ciudadanas". Es la agenda del cambio que queremos para España huyendo de debates y polémicas ficticias que no van a conseguir paralizar la acción de gobierno. Además, ha habido agenda internacional --como ustedes saben--. El presidente ha acudido esta semana a la Cumbre de Salzburgo y está a punto de iniciar un viaje a Estados Unidos y Canadá para participar en la Asamblea General de la ONU, una agenda que contiene importantes contactos bilaterales, entre ellos, con la presidenta de la Asamblea General de la ONU y con el presidente de Canadá, Justin Trudeau. También hará un viaje a California para encontrarse con la comunidad española.

Además, dos breves consideraciones: se ha abierto el programa Moncloa Abierta --como ustedes conocen--, y un apunte cultural por el que se destina 40 millones de euros para ampliar el Museo del Prado, restaurando el Salón de Reinos con un proyecto conjunto de los arquitectos Norman Foster y Carlos Rubio; es un plan ambicioso que, precisamente, sirve para incorporar el antiguo Museo del Ejército al complejo del Museo del Prado con lo que nuestra pinacoteca aumentará obviamente su valor.

Además, esta semana, esta semana que entra, habrá un homenaje, se abre un homenaje a la mujer en la Guardia Civil conmemorando el 30 aniversario de su incorporación, con lo cual habrá puertas abiertas a partir del sábado 22. La primera cuestión, hora voy a entrar ya en los contenidos del Consejo de Ministros, pero primero quiero presentarles a mi compañero, Pedro Duque, que, también, ha atenderá a las preguntas que sobre Ciencia e Innovación hemos aprobado en este Consejo de Ministros, dos importantes propuestas que él las va a explicitar con mucho éxito.

Pero, el primer punto del orden del día que quiero comunicarles es el tema de los aforamientos. El Gobierno ha decidido iniciar el procedimiento para modificar el régimen de los aforamientos políticos en la Constitución en el marco de su política de mejora de la calidad democrática en España y tal y como lo anunció el presidente del Gobierno el pasado lunes. Hemos acordado hoy, en Consejo de Ministros, hacer uso de la previsión contenida en los artículos, en el artículo 2/3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado para encomendarle la elaboración de la propuesta de reforma constitucional de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución que son, precisamente, los relativos a los aforamientos de los diputados, senadores, y miembros del Gobierno. Con este procedimiento lo que hacemos es anticipar la participación del Consejo de Estado que, como ustedes saben, es preceptiva. Como ustedes saben, el Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del Gobierno y como su intervención es preceptiva --en todo caso-- antes o después, lo que hacemos es anticiparnos y pedirles el informe antes, a fin de que desde el inicio pueda contribuir a la calidad normativa del texto, de tan importante texto. Nosotros consideramos que es muy importante, queremos abrir la Constitución por esos artículos, y lo que hacemos es requerir al Consejo de Estado, pedirle al Consejo de Estado que nos indique, que nos acote jurídicamente el procedimiento. En el acuerdo del Consejo de Ministros se incluyen objetivos y las directrices de la reforma constitucional que pretendemos abordar.

Como ustedes conocen, el objetivo es el anunciado. Se trata de reducir el alcance de los aforamientos políticos en España y así asimilar nuestra regulación constitucional a la de los distintos restantes países europeos. En prácticamente todos los estados de la Unión se prevé el aforamiento de los miembros del Gobierno pero solo para el ejercicio de sus funciones, eso es lo que precisamente buscamos ahora. El aforamiento de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones también se prevé en algunos estados europeos, no en todos; así que, la finalidad de la reforma es reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público para que el aforamiento deje de ser un privilegio, o ser considerado un privilegio del cargo público, y operar exclusivamente para garantizar el ejercicio de la función constitucional que se desarrolla.

Además, pretendemos una redacción del precepto constitucional que no permita al legislador que sea ampliar el alcance del aforamiento penal. Actualmente, el régimen de aforamiento del cargo público en España es mucho más amplio, pues se vincula a la condición de cargo público sin otras consideraciones y, además, el régimen puede ser ampliado por ley orgánica. La Constitución ha de remitir a las cuestiones procesales, deberá remitir a la ley -perdón-- las cuestiones procesales; es decir, la Constitución lo marcará y será la ley, después, la que en desarrollo normativo de la Constitución aborde las cuestiones procesales vinculadas a esa nueva redacción del texto constitucional que queremos aportar. Así que, lo que le pedimos al Consejo de Estado es que se pronuncie sobre las situaciones transitorias, disposiciones derogatorias, para incluir en el proyecto de reforma constitucional. La reforma solo se refiere, solo se refiere a los aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno; es decir, las que están residenciados en la Constitución, sin hacer referencia al fuero especial de otros cargos o autoridades a los que no se hace mención, a los que no se hace mención en la Constitución, sí en otras leyes, son objeto de regulación de la ley orgánica, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o de los presidentes de órganos constitucionales, o familiares del Rey.

La solicitud de la propuesta al Consejo de Estado no debe alterar los plazos previstos pues la intervención del Consejo --como les he dicho previamente-- es preceptiva. Entendemos que la elaboración de la propuesta por el Consejo de Estado a partir de las directrices establecidas por el Gobierno --que le manda unas directrices políticas-- puede favorecer el logro del consenso para culminar esta reforma constitucional. Una vez culmine el proceso de elaboración del proyecto, el Consejo de Ministros lo remitirá a las Cortes Generales. Es ahí donde pensamos que si todo va, es decir, si hay posibilidad, voluntad de acuerdo por parte de las fuerzas políticas que han venido demandando esta medida, en 60 días podríamos tener ya el cambio en la reforma constitucional realizada.

Además, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un real decreto relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y de los productos lácteos. Esta es una de las cuestiones, esta es la primera vez que se aborda en España. Hay un 88% de consumidores españoles que estiman que es necesario poder leer de manera clara y fiable en la etiqueta de los productos lácteos que compran de donde procede la leche que contiene; por tanto, acordando, acomodándonos, armonizándonos con las directrices de la Unión Europea y los requisitos que rigen la información alimentaria, y en particular, el etiquetado de los alimentos, hemos aprobado este real decreto en relación a ello. Es una cuestión importante que, obviamente, interesa muchísimo a los que trabajan, a las personas que trabajan en este sector.

Además, hemos aprobado también otro Real Decreto que regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. Es un real decreto que, bueno, que tiene interés también porque mueve 200 millones de euros de fondos europeos y fondos españoles, además.

Hemos acordado, también, un real decreto para adecuar la normativa nacional a las nuevas reglas del aire adoptadas por la Unión Europea. Es lo que se llama la implantación del Proyecto de Cielo Único Europeo, acomodando toda la normativa a la Unión Europea.

Y, hemos establecido, también, alguna ayuda del fondo de contingencia en relación a las lluvias temporales habidas en la Comunidad Autónoma de Canarias y en otras comunidades autónomas, por un importe total de 46 millones de euros del fondo de contingencia.

Y, ahora sí, le voy a ceder la palabra al ministro Duque para que él explique sus proyectos.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado)