Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo

Asimismo, el Consejo de Ministros, como ya viene siendo habitual, se ha reunido posteriormente en sesión extraordinaria como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordado por el Senado en su reunión de 27 de octubre.

Permítanme comenzar diciendo que esta semana política, que concluye, ha sido importante desde el punto de vista parlamentario. El Gobierno se congratula de ello, valora que el debate político se produzca en el seno de las instituciones democráticas, como se corresponde con nuestro sistema político basado en una democracia liberal y representativa. En ella, el Parlamento debe tener el papel esencial en el centro de la vida política nacional.

El Gobierno se congratula también del funcionamiento del diálogo social y, en este sentido, quiero hacer dos menciones específicas: en primer lugar, el acuerdo obtenido el viernes pasado, después de esta rueda de prensa, entre el ministro de Hacienda y la Función Pública y los sindicatos, en el que se recoge un marco plurianual de incremento salarial en tres años, 2018, 2019 y 2020, fijo y otro variable vinculado al crecimiento de la economía, y en 2020 vinculado al cumplimiento, también, del objetivo de la estabilidad. La parte fija del incremento salarial será del 1,75 en este ejercicio, 2,25 por ciento en el 2019 y del 2 por ciento en el 2020 y, además, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5 por ciento en el 2019 y en el 2020, la subida sería, en ese caso del 2,5 por ciento y de un 3 por ciento respectivamente.

Por lo tanto, después de ir logrando, con el esfuerzo de todos, una sustancial reducción del déficit público que llegó a estar en el 11 por ciento, que cerró cuando llegó el Gobierno de Mariano Rajoy el 9,3 por ciento y que este año está previsto que baje hasta el 2,2 por ciento del PIB. El Gobierno impulsa políticas de redistribución para que la recuperación llegue a todo el mundo.

Junto a este acuerdo del viernes pasado, este lunes, el Gobierno formalizó un compromiso para acabar con un asunto que estaba pendiente en los últimos treinta años y al que ningún Gobierno hasta ahora había abordado. Me refiero a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas. Este pasado lunes, el ministro del Interior firmó con los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía y las siete asociaciones más representativas de la Guardia Civil el acuerdo que acabará en tres años con la diferencia salarial con respecto a los cuerpos policiales autonómicos.

Por tanto, estos dos acuerdos permiten decir al Gobierno que el diálogo social está dando sus frutos, y por ello corrobora la política que el Gobierno ha llevado desde el inicio de la legislatura de apelación al diálogo. Apelación al diálogo como factor catalizador del plural intercambio de opiniones, en primer lugar, entre distintas fuerzas políticas, que debe concluir en buena lógica en el establecimiento de acuerdos. Diálogo no por dialogar, sino para llegar a acuerdos que confluyan y que incorporen reformas, las reformas que necesita nuestro país y que afiancen con ello la estabilidad política y social.

España necesita, a juicio del Gobierno, diálogo político y social para proseguir su proceso de modernización, de bienestar social y de cohesión nacional a través de consensos nacionales imprescindibles para poder convertir en oportunidades, oportunidades reales, los retos globales a los que nos enfrentamos, sean estos la globalización, la digitalización, el cambio energético o las migraciones.

Desde el comienzo de esta legislatura me han oído ustedes decir que esta debía ser la legislatura del diálogo. Este es el mandato que nos dieron los electores el 26 de junio cuando el PP fue el partido más votado con más de dos millones y medio de ventaja respecto al siguiente y que le obliga, a ese afianzamiento de la estabilidad para hacer posible la gobernabilidad, pero con esa distribución de fuerzas políticas en el Parlamento, esa gobernabilidad y esa estabilidad es responsabilidad política no solo del Gobierno sino de todas las fuerzas políticas. En este sentido, cuando comenzó la Legislatura, en su discurso de investidura, el presidente del Gobierno ofreció siete grandes Pactos de Estado. Y, a partir de eso, en esta Legislatura en los quince meses que llevamos de ella se han hecho muchas cosas: la aprobación de los techos de gasto correspondiente a los años 2017 y 2018, la aprobación del Presupuesto correspondiente a 2017, la actualización del concierto económico del País Vasco, la Ley de Contratos del Estado, la reforma de RTVE, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la reforma de la estiba, las medidas urgentes contra la sequía, la convalidación del Real Decreto-ley de Garantía Juvenil, la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita, o la regulación de la compensación por copia privada. Todos actos legislativos de especial importancia que están en vigor y, por supuesto, el acuerdo político impulsado por el Gobierno y apoyado por el PSOE y C´s que hizo posible la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y del que el 27 de este mes de marzo se cumplirán 5 meses de vigencia.

Esta semana, he citado antes al Parlamento como sede central del debate, ha habido otro asunto de especial trascendencia, me refiero al debate sobre las pensiones, que era uno de los siete Pactos de Estado que el presidente del Gobierno había propuesto en la sesión de investidura. A petición del presidente del Gobierno, hubo un debate monográfico -como todos ustedes saben- este miércoles. El Gobierno cree que este debate ha demostrado la utilidad de su celebración porque se ha podido abordar esta importante cuestión nacional y todos los que han seguido el debate habrán podido extraer sus propias consecuencias sobre la consistencia de las diferentes propuestas, la viabilidad de las mismas, la madurez de los liderazgos, la experiencia o no de gobierno y la credibilidad y solvencia de los distintos programas políticos.

El debate no ha acabado ayer miércoles o antes de ayer, habrá -que es otra de las propuestas del presidente del Gobierno- la posibilidad de hacer aportaciones y propuestas políticas en el interior de la Comisión del Pacto de Toledo que continúa sus trabajos. Renovar ese gran pacto de pensiones que los españoles hemos ido creando desde el año 1955 es enormemente importante. Enormemente importante cuando el mensaje del presidente del Gobierno también ayer fue claro y neto: este Gobierno garantiza las pensiones.

A los hechos me remito, si en una situación complicada, en una situación que heredamos con muchas dificultades, en ningún año ni los pensionistas anteriores ni aquellos que se han ido incorporando han dejado de cobrar sus pensiones.

Quiero referirme también a una serie de puntos que el presidente del Gobierno quiso poner de manifiesto en ese debate. En primer lugar, el compromiso de este Gobierno con el Sistema Público de Pensiones y con la sociedad del bienestar. En segundo lugar, la importancia de la dimensión económica de lo que estamos hablando. Las pensiones son la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado, representan más del cuarenta por ciento del mismo. Y quiero destacar también su trascendencia social. Las pensiones, -son palabras del presidente del Gobierno-, son un elemento esencial de cohesión y de solidaridad entre ciudadanos, de unos valores, que se han construido con las aportaciones de muchas generaciones a lo largo de nuestra reciente historia.

Por todo ello, y lo resaltó también el presidente del Gobierno, los pensionistas merecen el respeto de todos y ello significa que no deben de ser engañados ni utilizados en la confrontación política partidista sino que es responsabilidad de todos, compartida, encauzar las soluciones.

También, el presidente del Gobierno recordó algo muy importante: cuando el Gobierno de Mariano Rajoy ascendió a sus responsabilidades en el año 2011 y tuvo que hacer los ajustes presupuestarios necesarios de la situación heredada, hubo dos partidas que quedaron fuera de las mismas, hubo dos partidas que el presidente del Gobierno quiso preservar a toda costa: me refiero al gasto público de pensiones y al de gasto público de prestaciones por desempleo, y así ha sido durante los más de seis años de Gobierno del PP.

Por tanto, también en este punto, frente a un déficit que entonces estaba disparado, frente a una sustancial pérdida de cotizantes y una caída en la recaudación de 70.000 millones de euros en dos años, también se ha producido en estos años un aumento del número de pensionistas, por tanto, mayor gasto en los Presupuestos Generales del Estado y un incremento, también, de la pensión media. Estamos hablando de 742.000 pensionistas más que en el año 2011, hemos llegado a la cifra de 10,6 millones. Pues, bien, el Gobierno ha atendido a todos, a los que estaban y a los nuevos, desde el primero hasta el último. Para ello, ha sido importante mantener una serie de reformas, reformas estructurales y la consolidación presupuestaria. Las pensiones se han sostenido -en palabras del Presidente- por dos razones: en primer lugar, porque hemos evitado un rescate de la economía española, que nos hubiera llevado a su drástica reducción como ha sucedido en otros países europeos; y, en segundo lugar, porque hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación de nuestra economía, empezar a crecer y a crear empleo. Por tanto, ese es el punto clave. El Gobierno impidió, gracias a las reformas, gracias a la creación de empleo, que la crisis trasladará sus consecuencias a los pensionistas. Por tanto, -como he dicho antes, me he referido antes a esa cantidad-, 140.000 millones de euros están consignados en los Presupuestos Generales del Estado y afectan a 10.600.000 pensionistas.

La buena noticia de estos años es que en el año 2011 por cada nuevo pensionista que entraba en el sistema, tres personas dejaban de cotizar a la Seguridad Social. Hoy la situación se ha invertido: por cada nuevo pensionista se crean seis empleos y eso es absolutamente capital porque la entrada de nuevos pensionistas supondrá, solamente la entrada de nuevos pensionistas cada año supondrá más de 3.800 millones de euros, por lo tanto, es necesario que se cree empleo, es necesario que haya creación de puestos de trabajo para poder sufragar esos gastos y, por ello, algo de lo que ustedes me han oído hablar muchas veces, porque es el objetivo nacional de esta Legislatura, es el objetivo primero del presidente del Gobierno, la creación de 20 millones de personas trabajando en el año 2020, es el mejor camino para sostener, para fortalecer y para mejorar el sistema de pensiones.

El presidente del Gobierno ofreció en ese debate un acuerdo político para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado porque los Presupuestos Generales del Estado son el marco adecuado para plasmar esas mejoras y habló también de concentrar ahí las mejoras de las ayudas fiscales, en el IRPF para los pensionistas y familias, así como una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad.

También el Congreso de los Diputados ha sido sede, esta semana parlamentaria del debate, de otro debate que preocupa y mucho a los españoles, el de la prisión permanente revisable, donde el pleno del Congreso de los Diputados rechazó dos enmiendas a la totalidad de PP y de C´s, cuyo objetivo era mantener la prisión permanente revisable. Para ser objetivos y para conocer los pasos que se han dado hay que hacer una cronología precisa sobre este asunto. En el año 2015 el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa legislativa del Gobierno, -que llevaba esta medida en su programa en las elecciones del año 2011 y que mereció la confianza mayoritaria de los españoles-, contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana para incorporar esta figura de la prisión permanente revisable, en línea con la práctica totalidad de todos los países europeos, habiendo recibido los informes favorables del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial o su compatibilidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto fue el año 2015 cuando se incorpora a la legislación española.

En octubre del pasado año, en el año 2017, el pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración una Proposición de Ley presentada por el grupo PNV para derogar esa incorporación del año 2015. Distintos grupos votaron a favor de esa proposición de ley, entre ellos, PSOE, UP, PNV y otros se abstuvieron, como C´s. El grupo parlamentario que apoya al Gobierno, coherente con su posición, votó en contra, porque el Gobierno mantiene con convicción que la prisión permanente revisable es necesaria para los casos de delitos especialmente graves. Y aunque en países como Alemania se aplica la prisión permanente revisable a 20 delitos y en Francia a 26, en España en el año 2015 se estableció solamente para 8 supuestos de extrema gravedad, por lo tanto el Gobierno quiso el 9 de febrero -insisto en las fechas porque cuando luego se habla de legislar en caliente. El 9 de febrero. Cuando no había sucedido ninguno de los tristísimos acontecimientos de esta última semana-presentó un Anteproyecto de Ley para ampliar la aplicación de esta pena a supuestos muy graves y concretos en línea con los de otras legislaciones extranjeras. Estos nuevos supuestos son: el asesinato con obstrucción en la recuperación del cadáver a los familiares, el asesinato después de un secuestro, las violaciones en serie, la violación de un menor tras ser privado de libertad o torturado, las muertes en incendios y la liberación de energía nuclear o elementos radioactivos.

Con la prisión permanente revisable, por último, no se renuncia a la reinserción del penado. Una vez cumplida una parte de la condena, un tribunal debe valorar nuevamente las circunstancias del penado y podrá revisar su situación personal. Y si el tribunal considera que no se dan las circunstancias para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un nuevo plazo para llevar a cabo una nueva revisión. Si, por el contrario, el tribunal considera que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como de las propias personas.

Como el presidente del Gobierno tuvo ocasión de manifestar ayer en su encuentro con las víctimas, creemos que esta posible derogación de la prisión permanente revisable no es una buena noticia y eso es lo que marca, lo que marcó ayer en el debate la posición que tuvo el Gobierno.

Tras haber hecho estas referencias a los acontecimientos de la semana quiero referirme a los acuerdos que ha tomado Consejo de Ministros en particular.

Ha acordado la tramitación en las Cortes del nuevo Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, Proyecto de Ley por el que se incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/52 de la Unión Europea por el que se modifica la directiva anterior relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos. Esta trasposición, este acuerdo, en el Proyecto de Ley que hoy hemos aprobado, implica un refuerzo del actual enfoque de la evaluación del impacto ambiental como instrumento preventivo y así como prestar una especial eficiencia en el uso de recursos para el cambio climático y la prevención de riesgos. En segundo lugar, se introduce un proceso de evaluación de impacto ambiental, la consideración de la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves y sobre los efectos adversos que se producen sobre el medio ambiente y se presta especial atención a la transparencia en la consulta e información pública en esa evaluación del impacto ambiental.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Ministros en este Proyecto de Ley modifica otras dos leyes: la Ley de Montes, para regular los caminos naturales de acuerdo con una sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto la 118/2017 de 19 de octubre; y también se modifica la Ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para definir con más precisión las especialidades del régimen sancionador previsto.

Por otro lado, como recordarán ustedes, la semana pasada el ministro de Fomento presentó aquí ante ustedes el Plan Estatal de Vivienda para los próximos cuatro años. Para hacer posibles las ayudas a las que se refirió el ministro De la Serna contempladas en este Plan, hoy el Consejo ha aprobado una autorización que junto con las modificaciones presupuestarias que está gestionando el Ministerio de Fomento para el presupuesto del año 2018 posibilitará el compromiso de 1.443 millones de euros para dichas subvenciones hasta el año 2021. En concreto, las Comunidades Autónomas -que son las competentes en esta materia- recibirán 350 millones de euros en el año 2018, 357 en el año 2019, 364 en el año 2020 y 372 millones en el año 2021. Este importe supone un incremento del 62,46 por ciento con respecto a la última dotación presupuestaria e implica un claro compromiso con el Plan Estatal de Vivienda.

Asimismo, en el día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica un Real Decreto anterior, el 14/87 de 2009 relativo a los complementos alimenticios. Persigue, como principal novedad, permitir el empleo de ingredientes distintos de vitaminas y minerales en la elaboración de los productos considerados complementos alimenticios. Será posible la misma siempre que exista evidencia científica suficiente que avale la seguridad de estos productos con el fin de facilitar el control oficial a las autoridades al tiempo que se protege la salud de los consumidores. Asimismo, se clasifican como complementos alimenticios productos considerados hasta ahora como dietéticos de uso tradicional: germen de trigo, polen, jalea real, levadura de cerveza, lecitina de soja y propoleo. El Real Decreto que hoy se ha aprobado establece el procedimiento para actualizar y ampliar las sustancias contenidas en el listado y, asimismo, se establece la intervención de un Comité Científico para prevenir la salud de los consumidores. Creemos que este Real Decreto redundará en una mejora de la competitividad de las empresas alimentarias nacionales al tiempo que incorpora -como decía antes- mayores garantías para el consumidor.

Finalmente, el Consejo de Ministros, además de tratar los temas propios de la aplicación del artículo 155, ha procedido hoy al nombramiento como director general de Formación Profesional de don Fernando Sánchez-Pascuala Neira y el cese de doña Rosalía Serrano Velasco, agradeciendo los servicios prestados; y la toma de conocimiento del nombramiento de la directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, doña Cristina Rehberger Bescos.

Asimismo, y les informo también de ello, que antes de la reunión del Consejo de Ministros se ha reunido la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que ha acordado esta mañana asignar a las Comunidades Autónomas para el segundo trimestre del año un total de 5.428 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, de ellos 3.934 corresponde a los Fondos de Liquidez Autonómicos y 1.493 a la Facilidad Financiera.

Estos son los acuerdos a los que quería hacer referencia y estoy, por supuesto, a su disposición para contestar aquellas preguntas que tengan por conveniente.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)