Madrid
Portavoz.- Lo ha hecho usted de forma muy brillante. Si había que poner el foco, lo ha hecho usted admirablemente bien. Comenzamos la rueda de prensa. Por favor, digan a quién de los dos hacen ustedes la pregunta.
P.- Carina Verdú, de Antena 3. Ayer el Gobierno confirmaba que estaría estudiando esa propuesta que le han hecho diversas asociaciones para que se incluya la casilla en la preinscripción para que las familias catalanas puedan escoger el idioma, si catalán o castellano, en el que estudien sus hijos. Quería saber si eso es un proyecto a largo plazo o si se podría ya empezar a aplicar en el próximo curso, en la próxima preinscripción.
Portavoz.- La aplicación del artículo 155 en Cataluña, que cesó a los consejeros, atribuyó la responsabilidad de la gestión a los diferentes miembros del Gobierno en cada una de las Consejerías; por lo tanto, a quien le habla le correspondió, entre otras, la de Educación. Habrán visto ustedes, en estas comparecencias después del Consejo de Ministros, que dedicamos un Consejo extraordinario cada viernes a Cataluña y hemos traído, si yo no recuerdo mal, medidas de convocatoria de plazas de docentes, hoy mismo 1.956 conciertos con escuelas, etc…
También, en las próximas semanas tendrá lugar la preinscripción, el proceso de admisión, de alumnos que se incorporen por primera vez al sistema educativo, alumnos que cambian de centro y alumnos con traslado. Es una resolución que hace la Consejería de Educación. Con esta resolución, que se ha hecho otros años, el Ministerio de Educación, en otros años, no ha estado de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo, porque ha entendido que no garantizaba de forma suficiente, de forma correcta, el derecho de los padres a garantizar la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos. Se trata de una cuestión técnica, del formulario que se emplea, de cómo se hace, que luego se traduce también en cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia en esta materia.
Por lo tanto, esa resolución es la que estamos estudiando para adecuarla a lo que dice la ley catalana, la LOE-LOMCE de la que trae consecuencia y, también, las sentencias del Tribunal Constitucional, por un lado, y del Tribunal Superior de Justicia, por otro lado. El cómo lo hagamos, estamos estudiándolo pero, sin duda, lo haremos y lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y, dentro de la libertad, es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Por lo tanto, queremos que esa garantía se haga correcta y adecuadamente, y en esa línea, como he dicho, estamos trabajando.
P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Para el portavoz del Gobierno. ¿Este análisis, este estudio, que están haciendo podría interpretarse como una medida de presión a los independentistas para intentar desbloquear la situación política existente actualmente en Cataluña?
Por otra parte, ¿el Gobierno considera que el ministro De Guindos mantiene intactas las posibilidades para ser el vicepresidente del Banco Central Europeo?
Portavoz.- La medida es una medida para favorecer la libertad y garantizar un derecho constitucional, nada más. Y es lógico que todo el mundo favorezca esa interpretación, que desde el Ministerio entendemos que es la correcta y adecuada, como pusimos de relieve en los recursos que hemos presentado en los tres últimos años. Por tanto, estamos viendo de qué modo lo hacemos de la mejor manera posible para garantizar, por un lado, ese derecho fundamental y, por otro también, el mejor funcionamiento del sistema educativo y del modelo educativo en Cataluña. No hay más que eso. Es garantizar, como digo, algo que para nosotros es muy importante, que es la libertad de los padres y la libertad de las familias.
En relación con la candidatura del señor De Guindos, como saben ustedes, esto se va a dilucidar el lunes y el martes que viene. El trámite del Parlamento era un trámite no vinculante. Al Gobierno le ha chocado la actitud de algunos partidos. Le ha chocado la actitud, no de UP, porque de UP sabemos que siempre se opone a todo; pero le ha chocado la actitud del PSOE. Hemos escuchado en un primer momento que la candidatura del señor De Guindos era un insulto, un desprecio, a las mujeres. Nosotros siempre pensamos que lo que había que hacer era elegir al mejor candidato, con independencia de que fuera hombre o mujer. Pero es que, luego, resulta que los que lo interpretaban como un desprecio a las mujeres votan a un señor. Sorprendente. Y, luego, hemos escuchado decir que había que haberlo consensuado con la oposición o con el PSOE. Es la prerrogativa del Gobierno presentar un candidato.
Yo quiero recordar aquí que nosotros no miramos la adscripción ideológica de un candidato cuando nos parece bueno y, para la presidencia del Eurogrupo, el Gobierno español apoyó al candidato socialista, que era del Partido Socialista. No pensó si era socialista, o era popular, o era de otro lado; pensó que era el mejor. Yo quiero recordarles a aquellos que dicen que hay que consensuar las cosas que en el año 2011, después de haberse celebrado las elecciones que habían dado la mayoría absoluta al Partido Popular, el Gobierno del PSOE presentó un candidato a una consejería del Tribunal de Cuentas y en aquel traspaso de poderes, que llevó a cabo la hoy vicepresidenta del Gobierno, le dijimos al Partido Socialista que retirase a ese candidato del trámite de votación en el Parlamento y no lo retiró. Es decir, presentó un candidato habiendo perdido ya las elecciones y sabiendo que al nuevo Gobierno no le parecía esa persona, y lo digo con todo el respeto, la adecuada.
Por lo tanto, yo creo que lecciones, ninguna, y nos parece realmente muy extraño que un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno muy importantes en España prefiera un candidato de otra nacionalidad que un candidato español, al parecer, por el único pecado de no ser mujer y ser del PP. Nos parece extraño. De todas maneras, seguimos confiando. Creemos que el señor De Guindos será elegido y lo creemos por una razón: porque el señor De Guindos goza de un enorme prestigio por la labor que ha llevado a cabo en España. Junto con otros ministros del área económica, ha sido el artífice de eso que se denomina "el milagro español" y, por tanto, creemos que eso avala su candidatura, una candidatura muy importante a un puesto muy importante para España, a la vicepresidencia del Banco Central Europeo.
P.- Adela Molina, de la Cadena SER. Tenía varias preguntas para el ministro de Educación y portavoz sobre la casilla lingüística. Por un lado, distintos colectivos y partidos políticos consideran que incluir esa casilla en la preinscripción excede las competencias que otorga al Gobierno el artículo 155, porque supone un cambio del modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Quería saber qué tiene que decir el Gobierno y también, puesto que ha confirmado usted que lo van a hacer, que van a incluir esa casilla…
Portavoz.- ¿Cuándo me ha oído usted decir que voy a incluir algo? Yo no he dicho nada; he dicho que estoy estudiando lo que voy a hacer y cuál es la fórmula que mejor garantiza, que mejor combina, el derecho a la libertad de los padres con el sistema educativo. Yo no he hablado de casilla para nada, ha hablado usted. Por tanto, no me diga algo que yo no he dicho.
P.- Le he entendido mal y le agradezco que me lo haya aclarado. Quería saber, en cualquier caso, si el Gobierno, ya que lo está estudiando, ha hecho una estimación de cuántos alumnos podían solicitar la enseñanza en castellano como lengua vehicular y también el coste que supondría implantar esta medida.
Portavoz.- Respecto de la primera, ya creo que ha quedado claro. Yo lo que he dicho es que la resolución de preinscripción, tal y como está en los tres últimos cursos, ha sido recurrida por el Gobierno; por tanto, lo coherente es que, de acuerdo con el contenido de ese recurso, queramos, en estos momentos, modificarla en ese sentido. Yo creo que eso no significa ningún cambio en el modelo educativo de Cataluña y, en su caso, de ninguna Comunidad Autónoma. Los modelos educativos están en las leyes: en la ley básica estatal, que es la LOE-LOMCE, y en la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, si no recuerdo mal, que está plenamente vigente. Lo que queremos es que ese derecho de los padres de escoger la lengua vehicular de sus hijos se garantice adecuadamente, que es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia.
En estos momentos ahí hay un formulario con una preinscripción, queremos que se haga, como digo, de forma no individualizada sino colectiva, y eso es lo que estamos estudiando. Sobre el coste y la estimación, lo estamos estudiando también y forma parte de ese estudio que vamos a hacer.
Pero, insisto, esto no es más que cumplir con una obligación, que es garantizar el derecho de los padres a la educación de sus hijos, y queremos hacerlo, además, con la máxima corrección a la hora de no perjudicar en ningún momento al modelo educativo de Cataluña y al funcionamiento normal de los colegios y de los institutos. Estamos estudiándolo y lo haremos, insisto, con estas condiciones, con estos condicionantes, a los que me he referido; pero yo no me he pronunciado, porque, entre otras cosas, estamos estudiándolo, por ningún modelo concreto. Ya sé que algunos han dicho esto o lo otro, pero eso son peticiones de algunos. Veremos cómo lo hacemos, insisto, para garantizar el derecho y también la normalidad y el funcionamiento normal del sistema.
P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Yo también le había entendido mal, entonces, porque había dicho una frase de "el cómo lo hagamos, lo estamos estudiando pero, sin duda, lo haremos". Yo también me he quedado… ¿Introducirán la casilla lingüística?
Portavoz.- Pero, vamos a ver, ¿yo he hablado de casilla?
P.- Es lo que estamos hablando todos y ayer habló su secretario de Estado….
Portavoz.- Lo de "lo estamos estudiando y, sin duda, lo haremos" significa que…
P.- ¿El estudio?
Portavoz.- Se lo voy a aclarar otra vez, a ver si ahora consigo hacerlo bien.
La resolución de la preinscripción para la incorporación al sistema educativo, alumnos que cambian de centro y alumnos por traslado, esa resolución, el Ministerio de Educación la recurrió, porque estimaba que no garantizaba de forma suficiente el derecho de los padres a garantizar, en castellano, la educación que quieren dar a sus hijos; que no la garantizaba suficientemente. La recurrimos, está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión en que tenemos la competencia de la gestión de esa resolución, puesto que esa resolución viene de la Consejería de Educación? La adecuaremos a garantizar ese derecho. ¿Cómo lo haremos? Lo estamos estudiando, no lo sé. Por lo tanto, cualquier especulación sobre cómo se va a hacer es una especulación que creo que no tiene sentido y, desde luego, de mis palabras no puede deducirse que esté a favor de una fórmula o de otra porque, insisto, estamos trabajando sobre ello; pero lo haremos y con "lo haremos" quiero decir que lo haremos porque creemos que es el deber que tenemos de cumplir con la garantía de ese derecho.
¿Ha quedado claro?
P.- Más o menos.
Portavoz.- ¿Cómo más o menos?
P.- Viene mi pregunta ahora. El Gobierno había defendido durante todas estas semanas que estaba aplicando el 155 de manera aséptica. El presidente del Gobierno, cuando anunció el 155, dijo que actuaría como si fuera un presidente de un Gobierno en funciones. ¿Un Gobierno en funciones puede cambiar el modelo lingüístico que se ha visto que ha funcionado en Cataluña? Porque introducir otra línea en castellano, logísticamente, es muy complicado. Quiero que me haga una reflexión sobre esto.
Portavoz.- Se lo he dicho antes, el modelo lingüístico en Cataluña está contenido en una Ley votada en el Parlamento de Cataluña. Las leyes de un parlamento autonómico se modifican por el propio parlamento autonómico. Nadie puede modificar una Ley del Parlamento de Cataluña; pero en la ejecución de esa Ley hay espacio para cumplir correctamente con las obligaciones que derivan de la Ley. Yo creo que es bastante sencillo de entender. Por lo tanto, como ha habido sentencias, insisto, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo diciendo cuál es la línea que hay que seguir, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que estamos estudiando, repito, para combinar la garantía del derecho con el funcionamiento normal del sistema educativo. Pero esto no es un cambio del modelo educativo que, insisto, solamente puede hacerse a través de un cambio de la Ley y el cambio de la Ley solo puede hacerlo el Parlamento de Cataluña.
P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Precisamente esa Ley de 2009 a la que usted se refería establece que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. Cuando usted habla de hacer del castellano lengua vehicular, ¿a qué se refiere entonces? Porque las sentencias hablan de que un 25 por 100 de las asignaturas se den en castellano, aunque siga siendo vehicular el catalán. Es más que nada por aclarar, porque hay mucha confusión, sobre si se quiere modificar esta Ley para hacer también vehicular al castellano. ¿Se refiere a ese 25 por 100? ¿Se refiere a que el castellano sea la lengua vehicular de Cataluña, que iría en contra de la Ley del Parlament de Cataluña?
Por otro lado, sobre otro asunto, sobre los presupuestos sobre los que nos ha hablado antes. La semana pasada nos informaron de que, por ejemplo, presentaban la Ley de reforma de la prisión permanente revisable, a pesar de no tener apoyos garantizados para sacarla adelante. ¿Por qué no se presentan los Presupuestos Generales del Estado ya, dado que no los conocen los grupos y que sean los grupos los que digan, una vez conocidos, "sí" o "no" en el Parlamento?
Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, vuelvo otra vez a insistir en ello. Ningún Gobierno puede modificar, por sí y ante sí, una ley de un parlamento autonómico; por lo tanto, de lo que se trata es de adecuar la aplicación, en este caso de una resolución, a las sentencias judiciales. Usted se ha referido a una sentencia importante del Tribunal Constitucional, que entiende que se cumple con ese requisito dando el 25 por 100 de las clases en castellano. Pues ahí lo tiene usted. Eso es lo que estamos pensando, lo que estamos estudiando y lo que, a nuestro juicio, es la garantía de ese derecho de los padres a garantizar la educación de sus hijos.
Pero, como he dicho desde las primeras intervenciones que me han preguntado ustedes, la Ley 12/2009 sigue en vigor. Lo que ocurre es que la aplicación de esa Ley, a juicio nuestro, no se hacía de forma adecuada o correcta en algún punto concreto. Pues vamos a modificarlo y estoy seguro de que eso, insisto,, es síntoma de libertad, síntoma de más derechos y síntoma de garantías, y eso es lo que está en el ánimo de lo que vamos a hacer.
Respecto a la segunda pregunta, yo creo que los Presupuestos Generales del Estado, como he explicado antes también, son un instrumento de la política del Gobierno y, por lo tanto, tiene que tener el Gobierno una cierta garantía de que van a ser aprobados. Lleva mucho tiempo redactar los Presupuestos Generales del Estado; su tramitación, como sabe usted, es muy larga y, si no hay una garantía de que vamos a llevarlos a buen puerto, aplicaríamos aquella máxima de Ortega de que "el esfuerzo inútil produce melancolía".
Por lo tanto, si no tenemos los apoyos antes, es muy difícil pedir al Gobierno que lo presente, porque perderíamos el tiempo y nosotros no estamos para perder el tiempo; estamos para seguir trabajando por el bienestar de los españoles en la senda económica de creación de riqueza, de creación de empleo, de mejores servicios públicos… Todo eso va en los Presupuestos Generales del Estado, todo eso creemos que es positivo y por eso nos gustaría que el resto de los partidos políticos dieran un apoyo al Gobierno en el sentido de decir: estamos dispuestos a tener amplitud de miras a la hora de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que, insisto, creemos que son importantes para los ciudadanos; no para el Gobierno, sino para los ciudadanos, para la gente.
Nos parece, por las razones que he dicho anteriormente, y no voy a repetirles, que esos Presupuestos tienen muchos beneficios, que son positivos y que van en la línea de garantizar la estabilidad y la credibilidad de nuestro país. Por tanto, aquellos que no quieran tendrán que explicar por qué no quieren. El Gobierno sigue haciendo ese esfuerzo, sigue hablando con los grupos políticos y está, como he dicho hoy, en la voluntad de llevarlo a cabo. También lo estaba en el año 2017 y lo conseguimos. ¿Qué ha cambiado del año 2017 a ahora para que ahora no consigamos hacerlo después de haber aprobado los objetivos de déficit y el límite de gasto? Eso es lo que queremos hacer y en esa batalla estamos y vamos a seguir batallándola en las próximas semanas.
P.- Mariano Calleja, del "Diario ABC". La pregunta es para usted, ministro portavoz. Llevamos más de cien días con el 155 vigente en Cataluña. Yo quería saber por qué no se han estudiado antes, si se trata de cumplir la Ley, estas medidas sobre educación y el castellano; por qué no se tenía estudiado ya y así se dejaba arreglada la resolución en caso de que hubiera gobierno. Y ¿cómo garantiza el Gobierno de la nación que se va a cumplir esto cuando se forme ejecutivo autonómico y recuperen la Generalitat?
Por otra parte, ¿considera positivo, al menos, que esto, que algunos consideran un globo sonda, sirva al menos para presionar y para conseguir que los independentistas formen, por fin, un gobierno en Cataluña?
Portavoz.- Esto no es un globo sonda, es una resolución que hay que tomar en tiempo y forma. Las resoluciones no se toman cuando le apetece a uno, se toma cuando toca tomarlas. Y en estos últimos cursos, esta resolución, que, insisto, es la preinscripción para alumnos de determinadas condiciones, se toma en los meses de febrero o marzo; por lo tanto, se toma cuando hay que tomarla.
Está en el ánimo del Gobierno gestionar siempre con pleno respeto a la Ley, con pleno respeto a las sentencias judiciales y con pleno respeto a aquello en lo que creemos, que es la libertad y los derechos de los padres, y el sistema educativo en el que en estos momentos estamos encargados de su gestión. Por tanto, lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a hacer de la mejor manera que sepamos; pero el cómo, ya les he dicho a ustedes, estamos estudiándolo con el objeto de combinar ambas cosas: por un lado, el derecho de los padres y, por otro lado también, el correcto funcionamiento del sistema educativo.
P.- Daniel Sánchez Ugart, del "Diario Ara". Dos preguntas sobre el mismo tema. La primera, por aclarar en la línea de lo que preguntaba Carmen, entiendo que en ningún caso se busca que el castellano sea lengua vehicular sino, como mucho, llegar a ese 25 por 100; por precisar y ponerlo claro.
Segunda, dicen que están estudiando el encaje legal y no sé si, aparte, en todo ese estudio del encaje, se han reunido o piensan reunirse aparte de con AMES, que no tiene delegado en Cataluña, o con Sociedad Civil Catalana, con los sindicatos que sí tienen representación en Cataluña y que han puesto el grito en el cielo por eso; o, por ejemplo, con las asociaciones de padres y madres.
Portavoz.- Vamos a estudiarlo y, una vez que tengamos pensada una fórmula, hablaremos. Resulta puramente especulativo hablar con nadie sin tener clara cuál es la fórmula al final que vamos a emplear.
Respecto a la primera, ya se lo he dicho anteriormente: insisto, el Gobierno tiene que aprobar una resolución, esa resolución otros años no nos satisfacía y la recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia, y, por tanto, ahora, que es responsabilidad nuestra, vamos a hacerlo en la forma que estimamos que es la correcta.
P.- Albert Calatrava, de Catalunya Radio y TV3. Una pregunta sobre los conciertos. De los 1.956 renovados, me gustaría saber si son todas las peticiones que se han planteado, si se ha rechazado alguna petición y si se han renovado también los conciertos de las escuelas que segregan por sexo en Cataluña.
Portavoz.- Lo que hemos hecho hoy ha sido informar sobre el procedimiento de renovación de los mismos y cuáles son los trámites que se han llevado a cabo. Esos trámites afectan, como he dicho antes, a los grupos de Infantil y de Secundaria, porque los de Primaria, la etapa de Primaria, están en vigor y, por tanto, hasta el año 2020 no hay que renovarlos. Son 987 grupos de Infantil y 969 de Secundaria.
Los trámites que se han hecho son los siguientes: recibir solicitudes de los titulares de los centros; reclamar solicitudes a los centros que no lo presentaron; analizar las solicitudes y realizar la propuesta de grupos; enviar la propuesta a entidades patronales y a los servicios territoriales para que hagan las observaciones oportunas; valorar las observaciones recibidas por entidades patronales y los servicios territoriales, y cerrar la propuesta de grupos, y, luego, preparar el texto y anexos de la resolución. ¿Qué nos queda? Tramitar la propuesta de resolución, enviar la propuesta de resolución a la asesoría jurídica, firmarla e incorporarla.
Eso es lo que puedo decirle. Lo que usted me pregunta son detalles muy particulares que no tengo, pero se los haremos llegar para que usted los tenga.
Permítanme recomendarles la exposición "Sorolla y la moda", en el Museo Thyssen, una exposición realmente magnífica. Si, en cambio, quieren una muestra sobre la cultura del vino en Castilla-La Mancha, no dejen de acudir a Ciudad Real.
En Santander hay nueva edición de "Indifest", festival de teatro y danza independiente, que estará abierta hasta marzo.
En el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IVAM, tenemos a "Miró: orden y desorden", una gran exposición.
Y este fin de semana vamos a aplaudir a Javier Fernández, luchando por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno y también, después de haber resuelto el posible conflicto, la Copa del Rey de Baloncesto en Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)