Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

16.2.2018

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Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy. Asimismo, como ya es habitual, el Consejo de Ministros se ha reunido posteriormente, en sesión extraordinaria, como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordada por el Senado en la reunión de 27 de octubre.

En la rueda de prensa de hoy me gustaría compartir con ustedes una reflexión en torno a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y enmarcarla en el contexto de la situación político-económica de nuestro país.

Como saben ustedes, estamos en estos momentos en una situación de prórroga de los Presupuestos del año 2017 como consecuencia de no haberse cumplido con las previsiones de los artículos 134.3 y 134.4 de la Constitución. Estar a mediados de febrero sin Presupuestos no es una situación inédita. En esta misma Legislatura ya se prorrogaron los Presupuestos de 2016 en el año 2017. Por lo tanto, es la segunda vez que se produce en esta Legislatura. No hay, por lo tanto, vacío presupuestario alguno, ya que gozamos de la cobertura presupuestaria que nos otorga esa prórroga automática de los Presupuestos de 2017. Además, también en el mes de julio del pasado año, el Congreso aprobó el límite de gasto no financiero para el año 2018 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el período 2018-2020.

Conviene recordar que el objetivo de déficit queda fijado, para este año 2018, en el 2,2 por 100 del PIB, meta que queda distribuida, como saben ustedes, en el 0,7 por 100 para la Administración General del Estado; el 1,1 por 100 para Seguridad Social y el 0,4 por 100 para las Comunidades Autónomas. Con ello quiero decir que contamos en vigor con un marco general de actuación en el que se debe mover cualquier actuación presupuestaria.

Pero aprobar los Presupuestos Generales del Estado es importante, en primer lugar, porque constituye una obligación del Gobierno y este Gobierno es serio y responsable, y no quiere hacer dejación de esa responsabilidad que le otorga el artículo 134.1 de la Constitución; en segundo lugar, porque los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento básico de la política del Gobierno y en ellos se incluye la totalidad de los gastos e ingresos del sector público.

Asimismo, aprobar los Presupuestos Generales del Estado beneficia a todos los españoles, sirve a los intereses generales y quiero destacar que aportaría a España la estabilidad política, económica y social necesaria. Además, incrementaría y permitiría acentuar la visión a largo plazo de España, cercanos al cumplimiento de los objetivos nacionales que se han traducido en esos pactos de Estado que el Presidente explicó en la sesión de investidura hace quince meses. Impulsaría también el crecimiento económico y sería un espaldarazo a ese objetivo nacional de acercarnos a un crecimiento del PIB en el año 2018 cercano al 3 por 100. Saben ustedes que la previsión está en el 2,5 por 100 en estos momentos y ya he visto que la Comisión Europea hablaba del 2,6 por 100; he visto que hay alguna institución que habla del 2,7 por 100.

Por tanto, estamos en la buena línea para acercarnos a nuestras previsiones para crear 450.000 puestos de trabajo y con ello llegaríamos a los 19,5 millones de españoles trabajando, y acercándonos al objetivo nacional que nos hemos marcado en esta Legislatura de tener a veinte millones de personas trabajando en el año 2020.

Daría certidumbre; daría confianza; daría seguridad a todos los agentes económicos, y fortalecería también la credibilidad institucional de nuestro país en el ámbito nacional e internacional con otros Gobiernos y también con los mercados. Y favorecería, en primer lugar, a las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea su color político, pues verían incrementada su financiación en 4.300 millones de euros; y beneficiaría a los asalariados, con rebajas en el IRPF, a los funcionarios, que verían incrementado su poder adquisitivo, y a los jóvenes y sus familias. Como hemos anunciado repetidamente, en estos Presupuestos Generales del Estado habrá un aumento en la partida de becas de cincuenta millones de euros hasta llegar a los 1.470 millones, récord histórico. ¿Objetivo? Que en España nadie deje de estudiar por falta de recursos económicos.

Además, estos Presupuestos Generales del Estado van a atender reivindicaciones fundadas de distintos colectivos e iríamos a la progresiva equiparación, que sería el primer paso, salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los autonómicos, o está prevista también la bajada del tipo del IVA en el cine.

También, otro factor importante en los Presupuestos Generales del Estado es la capacidad de inversión, las infraestructuras. En España hemos hecho un grandísimo esfuerzo en estos años y hemos vertebrado social y territorialmente el país. La industria turística, de la que es responsable el ministro Nadal, se ha beneficiado enormemente de eso. Esos 82 millones de personas que han venido en el último año a nuestro país vienen también porque las infraestructuras españolas son superiores.

En suma, estos Presupuestos contribuyen a la modernización del país, a la educación, a la cultura, a la investigación, al I+D, a la adaptación de las nuevas tecnologías digitales --el ministro nos hablará de ello cuando acabe esta exposición-- y a la adecuada lucha contra la sequía o a la ayuda a los agricultores.

Por tanto, son todos los ciudadanos los que se ven beneficiados por los Presupuestos y creemos también desde el Gobierno que la aprobación de los Presupuestos beneficia a las fuerzas políticas, porque pone énfasis en su sentido de la responsabilidad y en su credibilidad. Rechazar los Presupuestos sin conocerlos, como estamos viendo por parte de determinadas fuerzas políticas, no es una posición política, es una manía. En el momento en que no conoces los Presupuestos que va a presentar el Gobierno, decir de antemano "los voy a rechazar" creemos que, conceptualmente e intelectualmente, no tiene sentido alguno.

Ese es el objetivo del Gobierno. Pero el Gobierno también es consciente de los números, de la aritmética parlamentaria: el Gobierno tiene 135 diputados. En el año 2017 los Presupuestos de 2017 contaron con el apoyo de siete partidos políticos (PP, C´s, UPN, FA, CC, PNV y NC), y, además, también conseguimos aprobar, como he dicho antes, el techo de gasto y los objetivos de déficit. Por lo tanto, creemos que debía ser necesario articular esa mayoría u otra mayoría para aprobar estos Presupuestos Generales del Estado que, por las razones que he manifestado, creemos que son positivos para todos los españoles. En todo caso, el Gobierno está dispuesto a dialogar, dispuesto a negociar, dispuesto a llegar a acuerdos, y aquellos que no quieran llegar a acuerdos, aquellos que no quieran unos Presupuestos Generales del Estado que estimamos que son positivos para la gente, tendrán que explicar a los ciudadanos cómo es posible que se nieguen a ello cuando sería muy positivo, por las razones que acabo de mencionar, que haya esos Presupuestos Generales del Estado.

Ese es el primer punto al que quería hacer referencia y me voy a referir ahora a los acuerdos del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha tomado siete Acuerdos para que las autopistas de peaje en quiebra pasen a manos del Estado, ha tomado razón --es la fórmula que se ha utilizado-- de la incoación del expediente de resolución de siete contratos de concesión de autopistas y ha autorizado al delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que dicte las medidas provisionales encaminadas a determinar la fecha en que la empresa pública SEITTSA, que depende del Ministerio de Fomento, se haga cargo de la gestión de cada una de estas autopistas de peaje. Se trata de las Radiales 2; 3 y 5; 4; M12; AP-36, tramo Ocaña-La Roda; AP-7, circunvalación de Alicante, y AP-7, Cartagena-Vera.

El motivo de resolución de estos contratos es la situación de insolvencia y el inicio de liquidación de las sociedades concesionarias. Por tanto, para continuar la prestación del servicio, que es lo que le importa al Gobierno, que los ciudadanos puedan seguir beneficiándose de las autopistas, el Consejo de Ministros aprobó un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y esta empresa, SEITTSA, para que se haga cargo de la gestión. Hoy, con el acuerdo adoptado, el Gobierno continúa trabajando para garantizar su prioridad, que es la continuidad del servicio. Está previsto, según ha explicado el ministro de Fomento, que la relicitación de estas autopistas se realice, una vez acabados todos estos trámites, en los próximos meses.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado un Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción de nuevas salidas de emergencia en los túneles de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, que corresponden al tramo Vitoria-Bilbao; inversión que alcanza los 29,8 millones de euros y que se engarza en el compromiso de concluir las obras del tren de alta velocidad al País Vasco en el horizonte del año 2023.

También, y a propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia jurídica gratuita y la asistencia a las víctimas de delitos en este ejercicio 2018. Son razones de carácter excepcional y de interés general, que tienen como destinatarios a beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que son atendidos por abogados y por procuradores, y a los psicólogos en la prestación de atención psicológica y social a las víctimas de todo tipo de delitos: víctimas de terrorismo, víctimas de delitos violentos, contra la libertad sexual, violencia de género, etcétera.

El importe máximo que ha acordado el Consejo de Ministros será el siguiente: 33,89 millones de euros, al Consejo General de la Abogacía Española; 2,79 millones de euros, al Consejo General de los Procuradores y 914.000 euros, al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. El ministro de Justicia ha señalado cómo, a partir de ahora, el pago de estas subvenciones se efectuará a mes vencido en los colegios del ámbito territorial del Ministerio de Justicia, en lugar de una vez finalizado cada trimestre, con lo que beneficiamos tanto a abogados, como a procuradores, como a psicólogos.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción español contra el tráfico legal y el furtivismo internacional de especies silvestres. Este es un plan pionero en Europa para mejorar la conservación de las especies de fauna y flora silvestres amenazadas. Ha sido elaborado por distintos ministerios y también por la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado, y este plan --insisto, pionero en Europa-- contempla veintiséis medidas específicas, agrupadas en tres líneas de actuación: prevenir el tráfico ilegal y el furtivismo internacional, aplicar y hacer cumplir las normas existentes, y reforzar la cooperación mundial de los países de origen, consumo y tránsito para luchar de forma eficaz contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe del ministro de Asuntos Exteriores relativo a la situación en Europa en relación con la posible reforma del sistema electoral en las elecciones al Parlamento Europeo y las próximas elecciones europeas del año 2019. Nos ha dado cuenta de la situación de esa posible reforma de la legislación electoral a consecuencia de la salida de Gran Bretaña en el año 2019 y de cómo el Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta favorable para España, puesto que otorga a nuestro país cinco eurodiputados más sobre la cuota que tenía anteriormente. Aunque es una propuesta que apoyaba el Gobierno y que apoyaban los diputados españoles --creo que la mayoría de los diputados españoles--, las listas transnacionales, no pasó adelante en el trámite del Parlamento Europeo.

Además, hemos estado analizando las consecuencias del "Brexit" en los Presupuestos Generales de la Unión Europea. Se inicia, como saben ustedes, ahora el debate sobre el marco financiero plurianual. El ministro Nadal y yo, cuando teníamos otras responsabilidades anteriores, tuvimos una implicación muy directa en ello y sabemos que es una batalla muy difícil porque son los presupuestos de siete años de la Unión Europea. Creo que la vivimos entonces y el resultado fue muy satisfactorio y lo hemos visto en todos estos años.

Comienza ahora la batalla de los próximos Presupuestos de la Unión Europea para el período 2020-2027 y lo que se ha acordado es constituir en el seno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos un grupo de trabajo que, como en la Legislatura anterior, estudie, prepare y analice este tema; tema que será difícil, puesto que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea supone una retirada de noventa mil millones de euros del presupuesto de la Unión Europea, pero, en todo caso, el proyecto español pasa, como saben ustedes, por defender aquello que importa a la vertebración de nuestro país; fundamentalmente, la agricultura y el mundo rural. El Gobierno siempre ha tenido una especial atención a la agricultura y al mundo rural, y también a la cohesión económica y social.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe del ministro del Interior sobre las indemnizaciones, ayudas y medidas de apoyo a víctimas del terrorismo, concedidas en aplicación de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del terrorismo, donde nos ha explicado cuáles son las mejoras de los derechos económicos y asistenciales --más de 148 millones de euros-- que han recibido las víctimas del terrorismo. Nos ha explicado otro tipo de consideraciones sobre las mismas y nos ha hablado también de los aspectos educativos en las escuelas, de cómo se está enseñando, se está explicando, lo que ha sido el terrorismo en España y la forma de sensibilizar a las nuevas generaciones. Hay proyectos piloto en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de La Rioja sobre el tema y también sobre la inserción laboral de las víctimas.

El Consejo de Ministros ha procedido al nombramiento de don Román Oyarzun como embajador de España en el Reino de Dinamarca y también el ministro de Justicia nos ha hablado del concurso de traslados para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.

Finalmente, en lo que respecta a Cataluña, el Consejo de Ministros ha tomado dos acuerdos. Ha escuchado al ministro de Hacienda que ha explicado que va a proceder a la paga del 20 por 100 de la paga extra correspondiente al año 2012. Recordarán ustedes que en el año 2012 los funcionarios no recibieron paga extra, porque hubo que tomar medidas extraordinarias, precisamente, para hacer frente al déficit desbocado del Gobierno anterior. Quedamos entonces en que revertiríamos esa situación en cuanto fuera posible, hemos ido revertiéndola en otros muchos campos, también aquí, y quedaba en varias Comunidades, también en Cataluña, el pago del 20 por 100, y se ha autorizado al ministro de Hacienda y Función Pública para que lo lleve a cabo.

Asimismo, en algo que me afecta directamente, se ha dado cuenta de cómo se van a renovar 1.956 conciertos educativos para las etapas de Infantil y Secundaria que vencían en estos días. Por tanto, el Gobierno va a renovar 1.956, 987 en Infantil y 969 en Secundaria, por un período de cuatro años y esperamos que esté en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma el próximo 15 de marzo.

Y el único tema que he dejado es el que corresponde al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, y a él le cedo la palabra.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)