Intervención del ministro de Fomento, José Luis Ábalos

Sr. Ábalos.- Gracias, Ministra. Efectivamente, trataré de hacerlo con la mayor pasión que merece el tema. Es un Real Decreto sobre medidas urgentes en materia de carreteras que viene a modificar tres artículos y que añade una disposición. Son cuestiones para conseguir una mayor eficacia en la gestión, una mayor legitimidad de las actuaciones y, también, garantizar la seguridad de la movilidad. De una parte, tiene que ver con que a partir de ahora los proyectos de carreteras que vayamos aprobando y que incorporan efectos expropiatorios adquieran la declaración de utilidad pública y, por lo tanto, la necesidad de ocupación de esos bienes, de tal modo que vaya implícito ya en la propia redacción del proyecto el carácter de utilidad pública, lo que nos permite que a su vez la expropiación tenga un carácter urgente. Nos facilita la actuación, que siempre facilita mucho toda la labor expropiatoria para desarrollar estos proyectos.

De otra parte, regular la obligación en este caso de una práctica que hemos venido teniendo con un resultado muy positivo en la siniestralidad vial y que tiene que ver con la posibilidad de sacar los camiones de las carreteras para derivarlos a las autopistas, algo que hicimos en verano en la AP7 en Cataluña y que está teniendo mucha demanda en otros territorios, el impacto sobre la siniestralidad es total, según la experiencia, y esta modificación nos permite poder proceder a esta obligación y, en su caso, también, aplicar las bonificaciones correspondientes a quienes les obligamos a salir de las carreteras, bonificaciones que -en todo caso- irán a cargo del Ministerio de Fomento.

La otra cuestión tiene que ver con algo que ocurrió el año pasado y que ahora ya, en la época del año en la que estamos es importante contemplar, y es hacer más rigurosas las sanciones a las concesionarias que incurran en negligencias que perjudiquen a los usuarios. Ustedes se acordarán que el año pasado hubo una nevada importante, hubo una imprevisión absoluta y, al final, las sanciones que se aplican en este orden no tienen nada que ver con los daños que se producen; por lo tanto, digamos, es una forma de actualizar y contextualizar ese régimen sancionador a estas situaciones.

Y, finalmente, una disposición adicional que permite que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte, SEITTSA que está ahora gestionando las radiales que rescató el gobierno del Partido Popular, que promovió y luego rescató un gobierno del mismo signo político, que la sociedad que actualmente está gestionando los peajes lo pueda seguir haciendo, es decir, que tenga un título habilitante para poder seguir gestionando estas autopistas.

Dicho esto, y como ha habido algunas dudas -no sé si fundamentadas o intencionadas- acerca de la voluntad de este gobierno con respecto al anuncio que hice al poco de asumir esta Cartera respecto de las concesiones que acababan en esta legislatura. Yo les quiero recordar que en su momento ya comuniqué que la decisión del Gobierno era no proceder a la prórroga de estas concesiones que, por otra parte, llevan en algunos casos 24 años más allá de lo que en su día se previó, consecuencia de reiteradas prórrogas.

Ya lo dije, que no íbamos a prorrogar aquellas concesiones que finalizaran en el ámbito temporal de la presente legislatura, que iban a ser liberadas, que iban a pasar a la red general -ya lo son, de hecho, pero con un uso gratuito- y, paralelamente, también es verdad y acogiéndome a aquellas palabras que invitaba al conjunto de formaciones políticas para proceder a una reflexión sobre la sostenibilidad de la red viaria en general, la red de alta capacidad que son autovías y autopistas. De hecho, ya instamos a través de nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso a la creación de una subcomisión para el estudio de esta sostenibilidad. Lo ideal es que pensemos que tenemos una red de 20.000 kilómetros -aproximadamente- de alta capacidad que exige un mantenimiento y lo exige porque va más allá de la evidencia, es porque los Presupuestos Generales del Estado, año tras año, las partidas de conservación disminuyen y, sin embargo, la red no ha dejado de crecer. Por lo tanto, es curioso que es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita cuando no hay ninguna otra que así es, porque las infraestructuras portuarias tienen un coste, las infraestructuras aéreas -los aeropuertos- tienen un coste, las infraestructuras ferroviarias se paga un canon por el uso de las vías y, curiosamente, salvo las autopistas de peaje, el resto de vías no hay ninguna contribución por parte de ningún tipo de usuario, no ya los vecinos sino los turísticos, los comerciales que producen un deterioro de la vía y, sin embargo, no hay ninguna reversión.

Esto es un elemento de reflexión que aporto pero, ¿qué quiere decir? Que es evidente que para tomar un modelo tiene que ser un modelo igualitario, tiene que ser un modelo que atienda en su integridad el territorio nacional sin establecer diferenciaciones, tiene que aplicarse sobre el principio de la igualdad territorial y lo que ahora mismo nos ofrece el mapa viario es que hay territorios que están penalizados y territorios en donde no hay ningún gravamen en el uso. Eso, evidentemente, constituye una discriminación en el territorio; por lo tanto, es voluntad del Gobierno que se produzca una igualación en las situaciones con independencia de que, efectivamente, en el Congreso se vaya produciendo este trabajo, que lo ideal es que formara parte de un consenso de las formaciones políticas apostando por un modelo de sostenibilidad, como ocurre también en Europa, sea el que sea, pero que tengamos un modelo y no diversos modelos con experiencias diversas según el territorio.

Por tanto, invitamos a esa reflexión y, mientras tanto, la voluntad es cumplir con el compromiso que anunciamos y con el propósito, además, de que estas vías pasen a tener el mismo tratamiento que el resto de vías, y lo digo porque -en este caso- el 30 de noviembre finaliza la concesión de AP1 en Burgos y, por lo tanto, el día 30 de noviembre cesará la concesión y el uso será gratuito de la autopista. Igual suerte correrán, lógicamente, aquellas que -como dije- vencen en la presente legislatura, las demás mantienen -como debe ser, por un principio de seguridad jurídica, también- sus periodos y, en el caso de las radiales, como bien saben, por más que las hayamos rescatado, tienen sus periodos concesionales y también en este caso es importante porque esos periodos concesionales determinan también la posibilidad de amortizar la inversión, que la haga quien la haga hay que amortizarla.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)