Portavoz.- Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa.
Permítanme comenzarla con una necesaria referencia al drama humano que conlleva la migración.
Estos días, como saben, de nuevo tenemos que lamentar la muerte de, al menos, 13 personas que intentaban llegar a nuestras costas en patera y, desgraciadamente, han perdido la vida. Y estas cifras, como ustedes bien saben, puede aumentar, pues, hay veintitantas personas desaparecidas en lo que consta en nuestro conocimiento.
Este Gobierno quiere poner el acento, una vez más, en la necesidad de prestar atención a los flujos migratorios, sobre todo, por los países de origen y tránsito, y en incorporar esta preocupación a Europa, en su conjunto, y al resto de la humanidad.
Lamentamos estas muertes, por lo tanto, y queremos dar el pésame a familiares y amigos. Es una cuestión muy seria que merece el abordaje de todos los que sentimos legítima y solidariamente este drama humano.
Me acompañan en la mesa, como ustedes ven, la ministra de Hacienda, y el ministro de Fomento. Ambos tomarán la palabra para explicar sus respectivos temas, y, además, para todas aquellas consideraciones que ustedes quieran dirigirles.
Este Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para modificar el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de la Ley del año 1993, para afirmar con toda contundencia y con toda claridad que este impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales lo abonara la entidad bancaria.
Como saben ustedes, incluso antes de producirse la sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, la controvertida sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, ya este Gobierno manifestó su voluntad de estar junto a los ciudadanos y de prestar el apoyo que fuera necesario a las Comunidades Autónomas que son depositarias de este impuesto. Así, esta mañana, con todo respeto a la autoridad judicial que emitió su veredicto en el día de anteayer, el Gobierno ha procedido a cumplir con su deber en su capacidad ejecutiva modificando a través de un Real Decreto-ley, que entrará en vigor el mismo día que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, ese artículo 29 para precisar con toda claridad quién ha de financiar impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que, como ustedes saben, será la banca.
En esto, el Gobierno muestra, una vez más, su responsabilidad y su rapidez en la actuación en el momento de estar junto a los problemas de los ciudadanos. Este es un tema que afecta, como ustedes saben, a millones de personas que es un tema en el que millones de personas ponen probablemente la ilusión de su vida, es un proyecto vital, y el Gobierno ha mostrado su responsabilidad, su rapidez en la respuesta, actuando en 24 horas.
Asimismo, seguimos haciendo una llamada importante a las fuerzas políticas para que entren a negociar los Presupuestos. La negociación presupuestaria avanza -la ministra de Hacienda nos dará cuenta a continuación- pero, ciertamente, queremos hacer una llamada a la política y a la responsabilidad de aquellas fuerzas independentistas catalanas que acompañaron la moción de censura y, en cuya moción de censura, obviamente, gravitaban dos elementos: Uno, efectivamente, trabajar contra la corrupción del Partido Popular, que era el partido que sustentaba el Gobierno encabezado, por Mariano Rajoy.
Y la otra cuestión era hacer un cambio, un cambio para España, un cambio de agenda; agenda del cambio, con un despliegue de la agenda social. Un despliegue que permitiera que España dispusiera de más recursos. El problema de España no es un problema de gastos, es un problema de ingresos, que dispusiera de más recursos para que después de cinco años de crecimiento sostenido que habían afectado a las cifras macroeconómicas esos recursos pasarán a las familias, pasarán a las casas, pasarán a la vida de las personas.
Y, por eso, este Proyecto de Presupuestos recoge, precisamente, ese blindaje del Estado de Bienestar pasando a las familias la recuperación de derechos que habían perdido durante la crisis. Así que, efectivamente, lo que nosotros venimos a decir es ¿qué tiene que ver el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros para todas las familias, para todas las personas, que estén en esa situación en España -Cataluña incluida-, con la suerte que pueda correr el 'procés'? que, como sabemos está en manos del Tribunal Supremo que tiene independencia judicial para poderlo llevar a cabo.
Por tanto, pedimos a todas las fuerzas políticas, a las fuerzas independentistas, en primer lugar, pero al resto de fuerzas políticas, también, que entren a hacer política; que entren a debatir y a negociar los Presupuestos, porque esos Presupuestos, que afectan a pensiones, que afectan a subsidios de desempleo, que afectan a la ciencia, y la ciencia es creación de conocimiento, que afectan a la educación merecen la pena para mejorar la vida de las personas.
Tenemos agenda nacional e internacional. Asimismo, en la agenda nacional, el presidente ha recibido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y ambos coincidieron en que la principal prioridad de Extremadura es el ferrocarril, como ustedes conocen bien, y las inversiones en este ámbito. Así que, el presidente del Gobierno se comprometió con el presidente de Extremadura a que los trenes de Alta Velocidad entre Plasencia y Badajoz comiencen a circular en 2020.
Y ya entrando en asuntos del Consejo de Ministros pues empiezo por hablarles de la exhumación de Franco.
Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos acordado continuar con el procedimiento. Es decir, hemos concluido -ustedes saben que estamos abordando un acto administrativo- el proceso de alegaciones y el Consejo de Ministros ha acordado la continuación del procedimiento de exhumación de Franco. Con lo cual, el Consejo de Ministros ha encargado a la ministra de Justicia que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación cuya redacción ha de encargarse a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional. Porque ustedes saben que la tramitación ha de hacerse con arreglo a lo previsto en la Disposición Adicional Décima del texto refundido de la Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana.
Asimismo, la ministra de Justicia habrá de solicitar a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, como órgano de la Comunidad Autónoma de Madrid competente en materia de sanidad mortuoria, informe no vinculante sobre el proyecto de exhumación que deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes.
Por tanto, ahora nos encontramos ya con esta segunda fase, que habrá de ser completada en el plazo máximo de un mes. Y, a continuación, habida cuenta de que este procedimiento, como ustedes saben, es muy garantista, habrá de nuevo 10 días que se concederán a las partes interesadas para alegaciones. Y así, ya se concluirá, finalmente, el procedimiento.
Tenemos también un Real Decreto sobre carreteras en el que quiero ceder la palabra a mi compañero el ministro de Fomento, que seguro que apasionadamente lo explicará. Así que, José Luis tienes la palabra, ministro.
(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)