Intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La Moncloa, Madrid

Sra. Montero.- Muchas gracias, ministra Portavoz, y buenos días a todos y a todas.

Como ustedes ya saben, hemos llegado a un acuerdo con Unidos Podemos sobre el futuro Proyecto de Presupuestos Generales que presentaremos para el año 2019, y este es quizá uno de los instrumentos más importantes que tiene un gobierno, que tiene este país, para impulsar --como decía la ministra Portavoz-- nuestra agenda del cambio.

Este importante pacto tendrá su reflejo, también, en el Plan Presupuestario que el próximo lunes el Gobierno remitirá a Bruselas. Se trata, por tanto, de un acuerdo que --desde nuestro punto de vista--, posibilita unas cuentas públicas valientes y sostenibles, que cumplen con nuestro compromiso con los ciudadanos y ciudadanas y cumplen, también, con el compromiso que tenemos con nuestros socios europeos y, por tanto, nuestro compromiso con la consolidación fiscal; un proyecto que devuelve los recortes que se habían trasladado a los ciudadanos durante todo el tiempo de crisis, que le había arrebatado derechos y, por tanto, revertimos esos recortes para hacer posible esos derechos y, fundamentalmente, protegiendo a las personas más vulnerables, dando el necesario cambio a nuestro modelo productivo para intentar que tengamos una economía cada vez más competitiva y, por tanto, más emergente y mejorar también nuestra calidad democrática que --como hemos dicho durante todo estos días--, es la base de la convivencia.

Yo diría que, además, es una propuesta que recupera el valor de la igualdad como elemento transformador y de progreso, porque de forma muy especial habilita soluciones urgentes a problemas cotidianos del día a día, que tienen nuestros conciudadano, como son: el precio del alquiler, la factura de la luz, o la tardanza en que le llegue una prestación pública necesaria para su bienestar general. Y, ese, creemos que es el verdadero núcleo sobre el que pivota el acuerdo sobre presupuestos en este país, poner a las personas en el centro de todas las actuaciones, o dicho de otra manera, gobernar con y para la gente.

Por eso, estamos construyendo unas cuentas públicas que buscan, por ejemplo, dignificar a nuestros mayores con las revalorizaciones de las pensiones según el IPC real. Este proyecto contempla las cantidades que corresponden al año 2018, digamos que la paga complementaria en base al IPC real que se producirá a lo largo del año 2018 se pagará en el primer trimestre del año 2019 y, también, la actualización de las pensiones en función del IPC para ese mismo año.

Son unos Presupuestos sociales que, como decía, protegen a las personas más vulnerables con un incremento del 40% en la dotación a la dependencia, cantidad destinada a Comunidades Autónomas o 180 millones dirigidos para una de nuestras principales preocupaciones, como es la pobreza infantil.

Unas cuentas públicas en defensa de la igualdad con un incremento del 10% para financiar de manera completa el Pacto de Estado contra la violencia de género. Unos Presupuestos que apuestan por el empleo de calidad, con la mayor subida de la historia en el salario mínimo interprofesional, alcanzando hasta los 900 euros en 14 pagas, y unos Presupuestos que apuestan por algo fundamental para nuestra economía, como es el cambio del modelo productivo, y una muestra de ello es el aumento de la inversión en I+D+I, que experimentará un crecimiento del 6,7%.

Este Gobierno, como ustedes bien saben, lleva apenas unos 4 meses y creo que en ese escaso tiempo estamos demostrando que tenemos una voluntad firme e inequívoca de cambiar las cosas a través del diálogo, a través del consenso, buscando el apoyo de la mayoría y poniendo --una vez más, también--, a prueba la solvencia técnica de los propios equipos directivos y también de la administración.

Y, créanme que los ciudadanos y ciudadanas de este país no entenderían que no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para poder, en estos escasos cuatro meses, realizar actuaciones, desarrollar iniciativas políticas para recuperar sus derechos, para blindar los servicios públicos fundamentales o para avanzar como país con la inclusión de todos y todas.

Hemos puesto todo nuestro empeño en que, efectivamente, esta propuesta de Presupuestos que hoy se formaliza con este acuerdo, sean verdaderamente ese punto de inflexión, ese cambio claro de tendencia que marque la senda por la que queremos transitar siendo conscientes de que no es posible recuperar en un solo ejercicio presupuestario todo el daño que se ha provocado a la sociedad en los últimos siete años de la crisis; por tanto, el documento pactado con Unidos Podemos incluye numerosas medidas para mejorar la vida de la gente y, permítanme que haga un breve repaso a alguna de esas iniciativas que considero que son más importantes pero, también, les traslado que no todas las que se contemplan dentro del documento forman parte de los Presupuestos Generales del Estado porque algunas de esos impactos presupuestarios tienen que ver con las cuentas de Seguridad Social o son medidas que tendrán que desarrollar las Comunidades Autónomas o que, simplemente, no tienen ningún tipo de impacto porque se trata de iniciativas políticas.

De hecho, el acuerdo, recoge el compromiso del Gobierno de dignificar las pensiones públicas, como llevan meses reclamando nuestros mayores, con razón, en las distintas plazas y calles; por eso, las pensiones se revalorizarán conforme al IPC real y, para ello, se presupuestan -insisto--, las cantidades del diferencial con respecto al IPC real con el que termine el año para el 2018 y se presupuestarán las pensiones del año que viene conforme al IPC que se tenga previsto; es decir, los pensionistas van a recibir una paga compensatoria en caso de que al final del año se produzca una desviación del IPC respecto a la previsión con la que se conformaron los Presupuestos, circunstancia que parece bastante posible en el día de hoy en donde en este momento esa previsión de IPC está en torno al 1,9%.

Asimismo, los Presupuestos de 2019 contemplarán un mayor esfuerzo para lo que consideramos el grupo de pensionistas más vulnerable, que tiene más necesidad de atención, porque se produce un incremento del 3% de las pensiones mínimas y de las pensiones no contributivas que --como saben--, son las más bajas de este país.

Y, en relación con el Estado del Bienestar, como hemos dicho, uno de los objetivos fundamentales de este Gobierno es blindarlo, es decir, que los ciudadanos tengan la garantía de que cuando van a requerir una asistencia sanitaria, cuando sus hijos o nietos acuden a la escuela pública o cuando necesitan de la dependencia, van a tener unos servicios que responden en tiempo y que, además, lo hacen con la mayor calidad posible. Por eso, el acuerdo incluye medidas para revertir los recortes en Educación, aumentando las becas para el estudio en 536 millones en el curso escolar 2019-2020, o para reducir las tasas universitarias revirtiendo las medidas que se adoptaron en los decretos de recortes del año 2012, de manera que el acceso a la universidad pública sea también más favorable, sobre todo, para las personas que tienen más problemas de renta o se produce una dotación de 50 millones para material escolar gratuito dirigido a las familias que tienen más dificultades para poder adquirirlo.

También, hemos acordado eliminar, de forma progresiva, el llamado copago farmacéutico, empezando por las personas que tienen más dificultades. Esta medida --que se incorpora para el año 2019--, afectará a 5 millones de pensionistas que tienen rentas bajas y a 1,8 millones de personas de familias que también cuentan con pocos recursos.

Otro de esos pilares del Estado del Bienestar, como es la dependencia, verá incrementada su dotación con un 40% respecto al año 2018, con una dotación total de 515 millones de euros; un esfuerzo necesario después de años de abandono por parte de los Gobiernos del Partido Popular, en donde saben ustedes que las Comunidades Autónomas, prácticamente a pulmón, han sostenido la Ley de la Dependencia y venían reclamando --como es de justicia--, que el Estado empezara a aportar aquello que le corresponde para poder incorporar un mayor volumen de dependientes a este sistema de prestaciones.

Otra de las medidas, que avanzan en el documento, son las materias relativas a la igualdad y a la conciliación laboral y familiar; y me refiero, de forma expresa, a la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y de maternidad, y considero que se da con esta propuesta un salto de gigante en la conquista de la igualdad efectiva, y esto significará que de forma progresiva hombres y mujeres disfrutarán del mismo permiso de paternidad que será, además, intransferible y que, por tanto, permitirá ser capaces de ir luchando contra esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres y con las dificultades que se encuentran, sobre todo las mujeres en edad fértil, de acceder al mercado laboral.

De otro lado, este Gobierno ha mostrado desde el primer día su compromiso con el empleo, es una cuestión en la que permanentemente todas las iniciativas políticas tienen su mirada, pero con un empleo que tiene que ser digno y un empleo de calidad. Por eso, para luchar contra la precarización de los últimos años, este acuerdo contempla un incremento del salario mínimo para el año 2019 del 22,3%, alcanzando --como les decía--, los 900 € distribuidos en 14 pagas, lo cual significa una retribuciones anuales de 12.600 €. Se trata --como ustedes podrán comprobar--, de la mayor subida de la historia en un periodo interanual respecto a una medida que afecta a miles de trabajadores pero, sobre todo, a miles de mujeres. Se eliminarán, por tanto, los aspectos más lesivos de la reforma laboral que se aprobó por parte del Partido Popular en el año 2012 --como se comprometió el presidente Sánchez--, y alguna de esas medidas queda reflejada en el acuerdo que les presentamos en el día de hoy.

Y poniendo a las personas en el centro de las actuaciones, el acuerdo contempla una batería de medidas para moderar la escalada de precios en el acceso al alquiler. Se trata de una preocupación sentida, percibida, por un volumen importante de ciudadanos y ciudadanas, de manera que hacemos un paquete integral de propuesta que permiten de forma global permitir un mayor acceso y un mejor acceso de las personas a la vivienda en concepto de compra o en concepto de alquiler; en este sentido, se amplía el plazo de prórroga del alquiler de 3 a 5 años y sería prorrogable otros 3 años para que se puedan incorporar y para que pueda ver estabilidad y una mejora de la situación y de tranquilidad de personas que viven atemorizados por si el alquiler al año siguiente se va a incrementar de manera que no se pueda poder pagar y, por tanto, tengan que mudarse de domicilio con las consiguientes molestias y situaciones no deseadas para los hijos en términos de escolarización o para el resto de la familia. Se trata, también, de incorporar al mercado del alquiler unas 20.000 viviendas para que se pueda incrementar esta oferta y, por tanto, podamos proporcionar una mejor garantía habitacional. En total, la dotación presupuestaria para vivienda va a experimentar una subida del 38%, alcanzando los 630 millones y, así mismo, se crean las bases para facilitar la convivencia y el arraigo en los núcleos que están especialmente tensionados por el fenómeno de las viviendas turísticas para que no se disparen estos precios del alquiler y se obligue a estos vecinos a abandonar su lugar habitual de residencia. Hay una serie de medidas que se contemplan, que son un paquete, que están correlacionadas para intentar depositar en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos esa capacidad regulatoria --insisto--, para que no proliferen esas situaciones, no deseadas, de que muchos vecinos se ven obligados a abandonar el centro de la ciudad es porque es más rentable para los propietarios el ponerlas a disposición de los pisos turísticos.

Otro acuerdo importante está relacionado con la lucha contra la pobreza energética, algo que es especialmente importante en estos días en donde ya empieza apreciarse los efectos del otoño y yo diría que dentro de poco los del invierno; por eso, se van a destinar 50 millones para revertir efectos tan negativos que, además, se ceban con las personas más débiles. Se ha acordado en este paquete de medidas reducir la pobreza infantil mediante el aumento de la prestación por hijo a cargo hasta alcanzar los 473 euros al año o, también, 25 millones en ayudas para los para los comedores infantiles.

Y, por último, quiero destacar el impulso definitivo que este acuerdo dará a la universalidad de la educación infantil de 0 a 3 años, yo diría que con un doble motivo; por una parte, para posibilitar aún más la conciliación laboral y familiar, una cuestión --cómo ven ustedes--, siempre presente en las decisiones del Gobierno pero, también, y no es algo menor, para favorecer la lucha contra el fracaso escolar y la búsqueda de la excelencia de nuestros niños y niñas. Los países que tienen universalizado este nivel de atención encuentran mejores rendimientos académicos y, sobre todo, mejores datos en fracaso escolar y, por tanto, es para nosotros una línea prioritaria que empieza a hacerse realidad a lo largo de este acuerdo, pero que se trabajará de forma intensa y de forma expresa el próximo año por la ministra Portavoz, a su vez, ministra de Educación, con las Comunidades Autónomas que son las que ostentan las competencias en esta materia.

Todas estas medidas y otras que no enumero por motivos de tiempo buscan que la recuperación llegue a los colectivos, llegue a las familias, revierta los tiempos de los recortes y, fundamentalmente, que los ciudadanos entiendan que la política se preocupa de ellos para que a su vez la política y las instituciones se puedan legitimar, algo que absolutamente compatible con el cumplimiento de las reglas comunitarias, con nuestro compromiso con los objetivos de consolidación fiscal y se produce gracias a la mejora de los ingresos procedentes del ciclo económico pero, también, de la nueva fiscalidad que estamos planteando para el siglo XXI; y el objetivo en materia fiscal es meridianamente claro, que aquellos que tienen más capacidad económica aporten más para que todos disfrutemos de un Estado de Bienestar que sea fuerte, que proteja a los más vulnerables y que redistribuya la riqueza.

Por ese motivo, la propuesta fiscal no solo no afectará a las clases medias y a las clases trabajadoras, ni a autónomos ni a pymes, sino que todo lo contrario, lo que busca es protegerlo, es consolidarla a través de unos mejores servicios públicos que son una suerte de renta indirecta. En concreto, el acuerdo presupuestario contempla una subida del IRPF para las rentas más altas. Así, se aumentarán 2 puntos el tipo para las rentas superiores a 130.000 euros, y 4 puntos a partir de los 300.000 euros. Como ven, es una propuesta progresiva que incorpora un tramo adicional al Impuesto sobre la Renta a partir de 300.000 euros. Esto significa que esta subida solo afectará al 0,5% del total de los contribuyentes españoles, o dicho de otra forma, el 99,5% de los ciudadanos no pagarán más por el IRPF y, sin embargo, verán mejorado el Estado del Bienestar y, por tanto, el colchón de seguridad que les permite ser más iguales.

También, quiero dejar claro que con esta reforma estamos pidiendo a las grandes rentas que aporten un poco más. Para que se hagan una idea, un contribuyente que gane 200.000 euros pagará unos 1.100 euros más al año por IRPF. En el caso de las rentas de capital se incrementa el tipo impositivo 4 puntos a partir de 140.000 euros. Esta medida solo afecta al 0,1% de los contribuyentes y, como ven, no hay, por tanto, subida de impuestos para la clase media y trabajadora, todo lo contrario, lo que planteamos es su protección.

Pedimos, de otro lado, a las grandes empresas, una mayor contribución a la sociedad. Así, establecemos un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible en el Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones y del 18% para aquellas compañías que cuentan ya con un tipo agravado del 30% en sociedades. En este apartado se incluyen las entidades financieras y las compañías de explotación de hidrocarburos. Por eso, como he dicho antes, el Gobierno no subirá los impuestos a las medianas y pequeñas empresas, todo lo contrario, el acuerdo incluye que el tipo de sociedades baje del 25 al 23% para las empresas que tienen una facturación inferior al millón de euros.

Asimismo, como ustedes ya conocían, se creará el Impuesto sobre Transacciones Financieras en línea con la propuesta de la Comisión Europea para grabar la compraventa de acciones de grandes empresas cotizadas, aquellas que tienen una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. Se trata de un gravamen que ya aplican países vecinos como Francia o como Italia y que, evidentemente, no afectará a las operaciones de las pymes. Y, saben ustedes que veníamos diciendo que está fiscalidad del siglo XXI, tiene también el reto de abordar los nuevos modelos de negocio, las nuevas actividades económicas que hasta ahora no tenía un reflejo adecuado en la fiscalidad tradicional; por eso, se creará el Impuesto sobre determinados servicios digitales que va en la misma dirección que la propuesta de la Comisión Europea y que afectará a grandes empresas con una facturación de 750 millones a nivel mundial y de 3 millones en España. El impuesto contempla un gravamen del 3% sobre los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea, o la venta de datos de usuarios y usuarias.

Además, el acuerdo presupuestario recoge rebajas en el Impuesto de Valor Añadido, en el IVA, para productos de higiene femenina --como hemos comprometido desde el inicio de esta legislatura--, que pasaron del 10 al 4% y, por tanto, serán del tipo súperreducido y, asimismo, los servicios de veterinaria se reducirán al tipo reducido del 10%, que era una petición, también, demandada por sectores de la sociedad que habían visto cómo este tipo de IVA se había incrementado en la reforma anterior provocando algún desajuste también en las rentas familiares.

Por último, en el objetivo de lograr un sistema fiscal más justo, el Gobierno, comprometido con la lucha contra el fraude fiscal incorpora numerosas medidas, también, en este acuerdo. De hecho, se incluye una serie de cuestiones como la actualización de la lista de paraísos fiscales, la prohibición por Ley de las amnistías fiscales, la reducción del pago en efectivo a mil euros entre profesionales, o la inclusión de los responsables solidarios en la lista de morosos con la Agencia Tributaria.

Estas son, como ven, algunas de las muchas medidas acordadas para estos Presupuestos 2019. Creo que tienen ustedes el documento y, por tanto, podrán ustedes desgranarlo, porque es un documento denso, de un conjunto importante de medidas, pero que, evidentemente, a lo largo de los próximos días estaremos también a su disposición para cualquier duda que pueda surgir porque nosotros --mientras tanto--, seguiremos trabajando para lograr que estas cuentas públicas cuenten con el respaldo parlamentario de la mayoría de los Grupos de la Cámara y, por tanto, vamos a hablar con ellos de cómo fortalecer el Estado del Bienestar revertiendo esos recortes o intentando impulsar la igualdad efectiva tanto en materia de género como en intentar combatir esa pobreza y esa desigualdad que nos ha dejado la crisis como consecuencia.

Creemos que España necesita estos presupuestos para mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas que son para quienes trabajamos este Gobierno, y quiero decirle a las formaciones políticas que apoyen estos Presupuestos porque con ellos no están apoyando a este Gobierno, estarán comprometidos con los ciudadanos y con las ciudadanas. Ellos nos han pedido que las formaciones políticas lleguemos a acuerdos, establezcamos consensos para velar por sus intereses y eso es a lo que estamos invitando al conjunto de fuerzas políticas de la Cámara.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)