Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

Madrid

Portavoz.- Buenos días a todos. Comparecemos el ministro de Justicia y yo ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 9 de febrero, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Antes que nada, permítanme lamentar el fallecimiento del ministro de Educación de los años 1976 y 1977, don Carlos Robles Piquer, y mandar mi más sentido pésame a su viuda y a sus hijos.

El Consejo de Ministros también hoy se ha reunido en sesión extraordinaria como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, acordada por el Senado en su reunión del 27 de octubre, donde ha tratado una serie de temas, relacionados todos ellos con el Ministerio del Interior. Con esta reunión de hoy relacionada con los asuntos de Cataluña, el Consejo de Ministros ha celebrado dieciocho Consejos extraordinarios y se han tomado más de 154 acuerdos sobre distintas materias. Hoy, por tanto, como decía, los acuerdos son relevantes provenientes del Ministerio del Interior.

Estas decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros han permitido normalizar el pago a los Ayuntamientos, que arrastraban un retraso de más de mil millones. La administración catalana ha regularizado ya el pago con proveedores por un montante superior a los 1.500 millones de euros. Se han convocado en Educación dos mil plazas para maestros y profesores después de siete años sin convocatoria de acceso a la función pública docente en Cataluña; se ha aprobado también una oferta de empleo público a los Mossos, convocándose 455 plazas; y se han activado otras políticas sociales, entre ellas, 10,5 millones de euros en subvenciones para la inserción de discapacitados o 6,2 millones de euros para el programa de activación de parados de larga duración.

Se ha detenido también el desvío de dinero público para la secesión, disolviéndose cuantos entes, consejos y organismos estuvieran dedicados a dicho fin, disolución de las delegaciones de la Generalidad en el exterior y liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña; y hemos impedido el pago indebido por parte de las entidades del sector público catalán a la Agencia Tributaria de Cataluña.

En definitiva, desde la aplicación del artículo 155 se ha recuperado la neutralidad institucional y se ha puesto la Generalidad al servicio de todos los catalanes.

Antes de entrar en la valoración política de esta semana, quiero decirles que este ha sido un Consejo de Ministros, el de hoy, relevante por la densidad de los asuntos que se han debatido. Creo que se trata de una muestra del impulso legislativo que el Gobierno quiere darle después del Plan de Acción Normativo que presentó la vicepresidenta del Gobierno aquí hace unas semanas. Se han debatido hoy cuatro anteproyectos de ley a los que vamos a referirnos próximamente; dos de ellos, del Ministerio de Justicia, a los que va a hacer referencia el ministro.

El pasado miércoles, 7 de febrero, el Gobierno presentó la candidatura de don Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo. El Gobierno ha hecho lo que ha dicho siempre que iba a hacer, que es presentar al mejor candidato posible. El señor De Guindos, al que todos ustedes conocen, ha sido ministro --de Economía y Competitividad, primero, y de Industria también después-- desde el año 2011. Entonces, cuando asumió la cartera, España estaba incursa en un período crítico de su historia, a punto de la bancarrota y de tener que ser rescatada por la Unión Europea. España afrontaba, también en aquella época, un problema de falta de confianza internacional por la evolución decreciente de su economía, lo que motivaba también una ausencia de crédito político y, por ello, las probabilidades de un muy duro ajuste de la economía, a través de los mecanismos de intervención de la Unión Europea, lo que se llamaba en lenguaje coloquial "el rescate", eran muy, muy, favorables a ese rescate.

Hoy los datos son elocuentes. Si en julio del año 2012 la prima de riesgo llegó a alcanzar los 638 puntos básicos con relación al bono alemán, hoy estamos en una situación completamente distinta, a la que me referiré luego. La España de 2009 estaba inmersa en un ciclo económico decreciente hasta 2013, donde perdió el 10 por 100 de su riqueza nacional. La tasa de desempleo de la población activa se acercó al 27 por 100 en el año 2013, seis millones de personas sin puesto de trabajo. El déficit público en diciembre de 2011 cerró en el 9,3 por 100 y parte del sistema bancario español --parte, lo quiero recalcar-- precisaba de una reestructuración urgente y profunda. La desconfianza de los mercados internacionales era enorme y España sufría, por tanto, las consecuencias de esta situación.

Hoy tenemos una España en positivo, una España que ha recuperado la autoestima, que goza de la fortaleza necesaria para afrontar los retos del futuro, y dentro de esta España en positivo, y en clara contraposición con lo que acabo de relatar, hoy la prima de riesgo en España está en torno a los 70 puntos básicos. España es hoy un valor refugio. Fíjense, de 638 puntos básicos a 70.

En este año 2018 vamos a empezar el quinto año de crecimiento económico, con crecimientos superiores al 3 por 100 del PIB. El pasado miércoles, 7 de febrero, esta misma semana también, la Comisión Europea ha aumentado para España la previsión de crecimiento hasta el 2,6 por 100 del PIB. El Gobierno era más prudente. Este año, por tanto, según las previsiones de la Unión Europea, España volverá a crecer por encima de la media de la eurozona y por encima de países como Alemania, Francia e Italia. La tasa de desempleo, según la última EPA, la del último trimestre de 2017, se encuentra en el 16,5 por 100, casi once puntos menos que sus máximos. Detrás de esas cifras están hombres y mujeres que han encontrado un puesto de trabajo en este tiempo. El año pasado fue el año del empleo: 611.146 empleos, 1.674 empleos al día. Y el déficit público desde aquel 9,3 por 100 del año 2011 se ha ido reduciendo hasta el 3,1 por 100 en el año 2017. El sistema financiero hoy en España, y podemos afirmarlo con rotundidad, está reestructurado y es sólido.

Por tanto, España tiene hoy un patrón de crecimiento sano, alejado de excesos de etapas anteriores, basado en la apertura de su economía hacia el exterior y en la inversión. España ha recuperado la confianza de Europa, tiene peso político, crédito y prestigio y, por ello, uno de los activos de esa recuperación española, de eso que algunos que denominan "milagro español", es el señor De Guindos que, por tanto, creemos que tiene todas las condiciones, las mejores condiciones, para aspirar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Ello también porque España es uno de los grandes países económicos por su peso de la zona euro, porque es una referencia, un ejemplo, de buen hacer y porque esta presencia del señor De Guindos es también una buena oportunidad para España para recuperar ese puesto en el Banco Central Europeo en unos tiempos decisivos para Europa donde va a haber progresos en la Unión Bancaria y en la Unión Económica y Monetaria.

En este mes de febrero se cumplen, asimismo, quince meses desde la constitución del Gobierno el pasado 5 de noviembre de 2016. En esta Legislatura que hemos denominado "la Legislatura del diálogo", el Gobierno ha superado, como recuerdan, sin duda, una moción de censura, se ha sometido a 666 preguntas de los grupos y ha enviado al Parlamento cuarenta propuestas legislativas: la Ley de Contratos del Estado; la actualización del Concierto Económico con el País Vasco; la reforma de Radiotelevisión Española; los Presupuestos Generales del Estado de 2017; la reforma de la estiba; la Ley de la copia privada; el Pacto de Estado contra la violencia de género; medidas urgentes contra la sequía; la prórroga del Plan PREPARA, la convalidación del Real Decreto Ley de garantía juvenil; la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, etcétera.

Por tanto, es una legislatura --hablamos de quince meses-- donde ha habido actuación legislativa y política por parte del Gobierno, y eso ha conducido también a que sea una legislatura con estabilidad política. Estabilidad política es lo que necesitamos, lo que necesita España, en un momento en que la economía se ha recuperado gracias a la consolidación presupuestaria, por un lado, y a las reformas que hemos llevado a cabo, por otro.

Por ello, también es importante, e insistimos desde el Gobierno, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018; Presupuestos que incluirán cosas importantes como la rebaja del IRPF, como la subida salarial de los funcionarios, como la progresiva equiparación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un gran aumento de cincuenta millones de euros en becas para estudiantes o la bajada del IVA en el cine. Creemos que los Presupuestos son los que dan más posibilidades a la Administración General del Estado, pero también a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, y van en esa línea de destinar el 56 por 100 del gasto a gastos sociales. Por tanto, creemos, e insistimos en ello, que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sería una buena medida desde el punto de vista político para todos los españoles.

Asimismo, también continúan los pactos de Estado que el presidente del Gobierno propuso en su sesión de investidura. Ya se ha cerrado uno con un gran consenso: el Pacto de Estado contra violencia de género; estamos trabajando en el Pacto Social y Político para la Educación; hay otro pacto también en estudio, el del fortalecimiento del sistema público de pensiones, muy importante; el de la reforma del sistema de financiación autonómica; el pacto por la energía, etcétera.

Por tanto, seguimos trabajando con iniciativas como las que vamos a presentar hoy y con el horizonte de esos pactos que son importantes para España para dotarle de esa estabilidad política, que es lo que requiere el país.

Voy a aparcar, de momento, señor ministro de Justicia, los dos temas suyos para centrarme en el debate que ha tenido el Consejo de Ministros hoy del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Este Anteproyecto de Ley es consecuencia de la cuarta Directiva de blanqueo y de la quinta, que todavía no se ha aprobado, pero cuyo contenido ya conocemos y se publicará a lo largo del primer semestre del año.

En este Anteproyecto de Ley se amplían los colectivos afectados por la misma y se incluyen, tanto aquellas personas que intermedien en alquileres de renta mensual superior a diez mil euros, como las plataformas de financiación participativa, el llamado "crowdfunding". La norma insta también a desarrollar mecanismos para animar a que los particulares denuncien cuando conozcan casos de blanqueo de dinero. Hay distintas obligaciones para bancos, aseguradoras y despachos de abogados, entre otros, que deben crear mecanismos de denuncia interna, mientras que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, la SEPBLAC, contará con un sistema para recibir y canalizar las denuncias.

Igualmente, la norma refuerza los controles para personas con responsabilidad pública, los famosos PEPs, se asimila también a los extranjeros y se crea una serie de registros de prestadores de servicios a sociedades donde hay que dar más datos para que se pueda seguir la pista para el caso de que nos encontremos ante casos de blanqueo de dinero. Hay un fichero de titularidades financieras donde el contenido de las fichas se amplía y se establece también un régimen sancionador más duro por incumplimiento: las multas máximas pasan del 5 por 100 del patrimonio neto de la entidad al 10 por 100 del volumen consolidado del grupo.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley, orgánica en este caso, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, la famosa Directiva PNR (por su nombre en inglés, Passenger Name Record). Está es una vieja Directiva, de la que yo recuerdo, cuando era diputado europeo, sus avatares y su fracaso en el Parlamento Europeo en una primera vuelta. Posteriormente, fue aprobada en el año 2016 y, por tanto, de lo que se trata ahora es de utilizar este instrumento de inteligencia contra el terrorismo y los delitos graves.

Al principio, recordarán ustedes que la Unión Europea comenzó a firmar convenios bilaterales y luego decidió hacer una directiva. Pues bien, de lo que se trata ahora en este Anteproyecto de Ley es de la transposición de esa Directiva cuyos fines son: prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves, e incluir los ficheros de los pasajeros de los vuelos extracomunitarios, intracomunitarios, comerciales o privados para evitar precisamente que el traslado de posibles terroristas o gente que cometa delitos graves no pueda estar fiscalizado.

Por tanto, las compañías aéreas, a tenor de este Anteproyecto de Ley, deberán enviar los datos que recopilen para sus actividades comerciales, que se refieren al nombre, a los apellidos, a datos de contacto, datos de pago, itinerario del viaje, etcétera. Y en España se atribuye al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, el CITCO, la canalización y la centralización de todos esos datos. Después del CITCO hay una serie de autoridades, que establece también el Anteproyecto de Ley, que son las competentes para solicitar esos datos, que van desde las Direcciones Generales de la Policía y Guardia Civil, al CNI, a jueces y tribunales, y también las policías autonómicas de Cataluña y del País Vasco. El Anteproyecto establece que estos datos, despersonalizados, serán enviados al CITCO, que los mantendrá seis meses y serán eliminados a los cinco años. Por tanto, cumpliendo con la trasposición, cumplimos también con una obligación que hemos contraído con la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto de modificación del Reglamento de Planes y Fondos de pensiones en materia de liquidez y reducción de comisiones, que ayer anunció el presidente del Gobierno. Es un Real Decreto que pretende estimular el ahorro. Dos son las ideas principales de ese Real Decreto: dar una mayor liquidez a los fondos que lleven diez años contraídos a partir del año 2025 y yo quería destacar hoy la bajada sustancial en las comisiones de gestión de estos fondos.

Estos fondos no tienen mucha rentabilidad y el Gobierno ya estimó en el año 2014, cuando hizo una primera bajada, que las comisiones de gestión eran demasiados elevadas. Pues bien, este Real Decreto lo que hace es bajarlas y, por lo tanto, insisto, es un estímulo más para contraer estos fondos de pensiones de los que son beneficiarias, en estos momentos, ocho millones de personas, que tienen en esos fondos un ahorro acumulado de más de 106.000 millones de euros. Estos fondos de pensiones son compatibles con las pensiones públicas, derecho irrenunciable de los españoles, que impulsamos desde el Gobierno con políticas que favorecen el crecimiento y la creación de empleo.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Estrategia Nacional sobre Adicciones, la tercera Estrategia, que cubrirá los años 2017-2024, que sustituye a la anterior Estrategia Nacional, llamada entonces "sobre drogas", y que pretende establecer este período con una cantidad de más de mil millones de euros para seguir luchando contra esta lacra para la sociedad que son las drogas.

También se han aprobado hoy los criterios sobre la distribución del Fondo de Bienes Decomisados que se distribuyen luego entre las Comunidades Autónomas, precisamente para la investigación y persecución de estos delitos. Y en relación con este Fondo, el Consejo de Ministros ha dado hoy el visto bueno a un Acuerdo por el que se aprueba la enajenación en subasta pública de uno de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas, que es el bien más valioso que ha enajenado en su historia el Fondo de Bienes decomisados. Se trata de una finca ubicada en Gélida, valorada en 22,4 millones de euros.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado un Acuerdo por el que se aprueba la propuesta inicial conjunta con la Junta de Andalucía de declaración del parque de la Sierra de las Nieves, en Málaga, como futuro Parque Nacional. Será el decimosexto Parque Nacional en una Red de Parques Nacionales que la ministra de Medio Ambiente nos ha animado a visitar, como otros quince millones de personas lo hacen anualmente en nuestro país.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en la que destaca la necesidad de incrementar el papel de la mujer en este sector de la investigación y de la ciencia, puesto que, si hay muchas mujeres que comienzan las tareas de investigación como personal investigador, lo cierto es que apenas alcanza el 21 y el 25 por 100 en la categoría, digamos, máxima universitaria de profesorado catedrático de universidad o profesorado de investigación. A ello van dirigidas muchas de las acciones que estamos llevando a cabo ya, como aquellas que se desarrollan en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, Plan 2017-2020, o en el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

Estos son los temas a los que yo quería referirme pero, inmediatamente, el ministro de Justicia va a hablar de los dos temas que nos ha presentado hoy, los dos Anteproyectos de Ley que se refieren a su Departamento.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)