Preguntas y respuestas a los medios de comunicación

P.- Leonor Mayor Ortega. La Vanguardia. Me gustaría saber si, igual que han puesto recurso contra la resolución del Parlament sobre el Rey, lo pondrán contra el Ayuntamiento de Barcelona de la semana pasada que va en el mismo sentido.

Vicepresidenta.- La diferencia que tenemos que marcar es que los parlamentos autonómicos tienen capacidad normativa, por lo tanto, el Gobierno de España puede recurrir al Tribunal Constitucional sus resoluciones porque tienen forma jurídica como tales, mientras que los ayuntamientos no tienen esa capacidad; las decisiones que toman --aunque sea mediante debate en sus órganos plenarios--, no alcanzan jurídicamente esa calificación para poderla recurrir en el Tribunal Constitucional. El reproche político lo tenemos desde este Gobierno a todos y a cada uno de los órganos constitucionales, tanto en el nivel autonómico, como en el nivel municipal, que utilicen esos espacios comunes de todos para pronunciamientos que no pueden ser alcanzados en sus competencias, pero la diferencia es que los ayuntamientos no tiene la capacidad normativa de los parlamentos. Los parlamentos sí la tienen y pueden ser recurribles mediante este recurso de impugnación en el Tribunal Constitucional. El reproche político es general y para todos, entre otras razones, porque se pretenden plantear o cambiar situaciones que están muy lejos del alcance porque están todas en la reforma de la Constitución en las Cortes Generales por el procedimiento agravado de reforma --como todos sabemos-- en democracia.

P.- Gracias. Buenas tardes. EFE. Jose Miguel Blanco. Para la ministra de Justicia. Yo quería saber si el Gobierno sigue manteniendo que no hay ningún gesto a los independentistas tras conocerse hoy las calificaciones de la abogacía del Estado y el hecho de que no los incluye el delito de rebelión. Y, en todo caso, si confían que esto puede servir para que los partidos independentistas puedan apoyar finalmente los presupuestos del Estado. Gracias.

Sra. Delgado.- Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica, técnico jurídica de valoración de los hechos y aplicación --en su caso-- del Código Penal bajo unos criterios estrictamente profesionales y de Abogacía del Estado. Por lo tanto, no es una cuestión de gestos, es una cuestión de un debate que está jurídicamente entre los operadores jurídicos. Quiero decir, si hay una materia en la que ha habido más estudiosos, más opinadores, y más analistas desde el ámbito jurídico ha sido, desde luego, la sedición, la rebelión, la desobediencia grave. Por lo tanto, no se trata de gestos, se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos, que sirva o no sirva, no tengo ni idea. Realmente, de lo que estamos hablando en este momento es de una fase procesal que se inicia, que es la del juicio oral, con un posicionamiento de los distintos actores, en este caso de las distintas acusaciones, que han hecho una valoración diferente de los hechos, en este caso, y la abogacía general del Estado ha realizado esta valoración en relación a qué ocurrió en Barcelona en los momentos previos y post al referéndum del 1 de octubre.

P.- Buenos días. Víctor Ruiz de Almirón. ABC. A la vicepresidenta del Gobierno. Usted, creo que fue la semana pasada la que hablaba de la conveniencia de reformar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión --algo que también le hemos escuchado al señor Sánchez--, entiendo que es porque el Gobierno considera que no está correctamente tipificado actualmente en el Código Penal el delito de rebelión a los sucesos que hemos podido ver los últimos meses en Cataluña --así lo dijo el señor Sánchez--. Le pregunto ¿qué ha pasado para hacer esta valoración ahora y la que hacía el propio señor Sánchez hace unos meses --hay documentación audiovisual al respecto-- cuando era muy claro al referirse a que lo que había sucedido en Cataluña era un delito de rebelión? Y, en segundo término, hoy ha registrado Ciudadanos una PNL instando a que se debata en el Congreso de los Diputados la prohibición de los indultos por rebelión y por sedición; también hay una ley que está en trámite de ponencia en la Comisión de Justicia en la que el Partido Popular ha introducido estas enmiendas. Me gustaría conocer la opinión del Gobierno. Gracias.

Vicepresidenta.- Yo esta última semana he hablado de la reforma del Código Penal pero para el cambio de prescripción de los delitos contra la libertad y la integridad sexual de los menores, es para lo que recuerdo haber hablado esta última semana y al hilo de muchas circunstancias que cada día abordamos en el debate público. Como decía la Ministra, en nuestro país por los acontecimientos ocurridos, se ha abierto un gran debate, no solamente político, sino también en el ámbito de los expertos, acerca de las calificaciones de algunas tipificaciones en nuestro Código Penal. Pero mire, lo que importa para el Gobierno en estos momentos son dos cosas. Una, esta es la primera vez que la Abogacía General del Estado y el Ministerio Fiscal, por cierto, califican; todo lo que ha ocurrido de aquí para atrás ha podido ser fruto del debate, de las posiciones, de las reflexiones de cualquiera, pero no habido ningún cambio de posición en nada porque es la primera vez que se está calificando, tanto la Abogacía General del Estado como el Ministerio Fiscal, porque es ahora cuando toca el procedimiento.

Nosotros como Gobierno vamos a respetar escrupulosamente el punto en el que ahora este proceso entra, que es un punto muy importante porque es el ámbito del procedimiento donde los testimonios, las pruebas, las defensas, llevarán al juez que definitivamente tenga que dictar sentencia a su propia conclusión, que es la única, al final, que nos tendrá que importar a todo porque las sentencias tienen valor de cumplimiento de ley. Y, no hay más que debatir para el Gobierno en este punto.

Y repito, yo esta última semana he hablado de reformas en el Código Penal, justamente, para este tipo de delito que tenemos que afrontar en una modificación, en una ley integral de protección de la infancia que sí que me preocupa mucho, pero todo el mundo sabe que estos son delitos muy graves, que hay que apreciarlos en las circunstancias en las que se pueden luego, finalmente, sentenciar o no, y ese es un espacio en el que el Gobierno no se va a mover, nos vamos a situar en el lugar en el que respetaremos la fase -repito--, en la que entra ahora el proceso.

Y mire, el indulto es una figura constitucional; es decir, que si se pretende algún tipo de reforma importante, más allá de la ley que está en este momento en trámite y que es una modificación legal en la que estamos hablando todos. Yo creo que Ciudadanos siempre sobreactúa y utiliza elementos de una manera, a veces, bastante precipitada. Estamos hablando de esto en una modificación legal, pues ese es el espacio donde estamos hablando todos. Una proposición no de ley --como usted bien sabe--, no tiene ninguna trascendencia jurídica, entendemos que Ciudadanos donde tiene que estar es en el debate donde estamos ahora mismo todos. Todos los días habla de indultos Ciudadanos y el señor Rivera pero hay que recordarle que es una figura que está en la Constitución y que no implica el perdón del delito, por cierto. Y, que si alguien quiere modificar la Constitución en este punto, pues debe también decirlo porque no es cosa menor y parece que confundir con esto no convenga, y mucho menos, en una situación como esta, en la que tenemos que resolver una crisis importante del Estado en relación a los acontecimientos en Cataluña y donde todo el mundo esperaría que los partidos políticos se comportaran con la lealtad correspondiente a la responsabilidad que tenemos todos de encontrar una vía de salida en la Constitución para lo que está ocurriendo. Unos harán política "pro causa sua", es decir, de sus propios intereses; el Gobierno se va a quedar donde nos corresponde, defendiendo los intereses del Estado y el marco constitucional pero, en fin, es que el indulto está en la Constitución --por si alguien lo pone en cuestión--.

P.- Muchas gracias. Carlos Cué. El País. Como ustedes bien saben, toda la política española está interpretando la decisión que se ha tomado. La oposición dice que es una traición, a los independentistas tampoco les ha gustado; entonces, me gustaría si podemos obtener aquí una interpretación del propio Gobierno, sobre todo, del hecho significativo de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no están de acuerdo en el delito de rebelión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo lo interpreta el Gobierno?

Sobre el asunto de Franco, quería preguntar, si está en condiciones en este momento el Gobierno de garantizar que los restos de Franco en ningún momento irán a La Almudena y cuál es la alternativa. Y, sobre todo, si entre el Valle de Los Caídos y La Almudena, ¿qué preferirían?, si esa es la disyuntiva.

Y, por último, la monarquía. Creo que, con todo esto que ha planteado, el recurso y demás, los ayuntamientos, si usted cree que en España la monarquía se está poniendo en cuestión a través de Podemos y de todo el debate que hay. Gracias.

Vicepresidenta.- El Ministerio Fiscal tiene que trabajar con los criterios de independencia que su propio estatuto contiene. Sobre esto no hay nada que añadir, el Ministerio Fiscal encuentra que esa es la posición en la que tiene que hacer su trabajo en el proceso. La Abogacía del Estado tiene un estatuto distinto, en un procedimiento como éste donde todo el mundo está interviniendo para calificar. Por cierto, algunos partidos califican literalmente con tipos jurídicos, intervienen también y entendemos que también presionan a la propia Justicia. Así que nosotros nos vamos a mover en el espacio en el que el Ministerio Fiscal ha hecho su trabajo de calificación y la Abogacía General del Estado ha presentado al Gobierno estas calificaciones y -repito- sería bueno que todos nos mantuviéramos, a partir de este momento --en una situación, que a nadie se le escapa, es complicada-- en el escrupuloso respeto de donde el proceso entra en este momento, que es en un espacio muy importante en el que le toca finalmente decidir a quién dicte sentencia. Así que, resulta a veces difícil de entender por qué algunos que califican todos los días de delito, incluso, se van con su imaginación hacia espacios muy lejanos en el tiempo, no dejan al Gobierno y al resto de los poderes del Estado trabajar con la independencia y la tranquilidad profesional con la que ahora todo el mundo tiene que trabajar. Estas son las decisiones --que repito-- no son idénticas en un ámbito, que es la Fiscalía, y en otro ámbito, que es la Abogacía del Estado.

Mire, los restos --por lo que la familia dice--, irían a una parroquia, a la parroquia de Santa María de la Almudena, no a la catedral. La cripta está en una parroquia. Nosotros, sin ningún tipo de ambages, hemos dicho que no va a estar en ningún sitio en el que sea enaltecido, porque eso es a lo que nos obligan nuestras normas. Nos preocupa que todo esto pueda tener repercusiones en el orden de tranquilidad que cualquier Estado de derecho tiene que garantizar, y como esto es una parte muy razonable de preocupación de un Gobierno como nosotros, estaremos dispuestos a trabajar en la dirección en la que los restos de Franco estén en un lugar decoroso, en el ámbito de la decisión --como es lógico-- de su propia familia pero, en modo alguno, en un espacio donde no cumplan el objetivo último de la finalidad que la ley traslada, y es en un espacio privado donde no puedan ser enaltecidos. Esto es que nos obliga a todos, absolutamente a todos en este país. Así que lo que nosotros proponemos es encontrar -obviamente-- salidas y soluciones, lo cual está en un ámbito que merece la pena que valoremos: los restos de Franco, por fin, van a salir del Valle de los Caídos y van a dejar de estar en un espacio público responsabilidad del Estado y enaltecido, que es, con mucho, un objetivo loable y digno de esta democracia. Y, por lo demás, estamos en el proceso en el que a cada paso habrá que ir encontrando cada solución, como la de hoy. Hemos decidido estar en contra de una recusación y de un recurso de reposición, a nadie se le escapa que estamos en un procedimiento que tiene sus tiempos y que tiene su complejidades pero, desde luego, al Gobierno no le parece que pueda estar en ningún sitio en el que pueda ser enaltecido y se pueden producir problemas de tranquilidad cívica.

Y mire, el Gobierno no piensa que esté en este momento en ningún tipo de debate la jefatura de Estado, otra cosa muy distinta es que haya partidos políticos que en su ideario mantengan posiciones en ese debate y las activen -como hemos visto--, a lo largo de estos 40 años en muchas ocasiones, pero no hay más, y a esa razón obedece al hilo de la pregunta que usted me acaba de hacer, que el Gobierno decida ir al Tribunal Constitucional. Para que quede absolutamente clara la posición política y también de defensa de la constitucionalidad en relación a un asunto que solo se puede abrir cuando lo decida el conjunto de los españoles por las vías procedimentales, pero en modo alguno en una cadena de situaciones donde no toca y no procede institucionalmente hablando, al margen de lo que cada uno pueda pensar en términos físicos sobre este asunto.

P.- Hola, buenas tardes. A la ministra Delgado. Iñaki Aguado Tele 5. El escrito de la Abogacía del Estado lo firma Consuelo Castro --si no me equivoco--. Me gustaría saber si esto es así porque existen discrepancias con los abogados que se ocupan del caso y, en un segundo punto, es cierto que la vicepresidenta nos está diciendo que invocan ese respeto escrupuloso al momento actual del proceso, pero también es cierto que la Abogacía del Estado se pronunció hace semanas como favorable al delito de rebelión, hablaba del delito de rebelión y ahora habla de sedición. Son dos puntos del proceso diferentes pero me gustaría saber, insistir, en que ha cambiado.

Sra. Delgado.- No ha cambiado nada. El escrito de conclusiones provisionales lo firma la abogada general del Estado porque es una causa que tiene una relevancia extraordinaria y ella ha asumido este escrito de conclusiones provisionales; por lo tanto, debido --y como ustedes entenderán-- a esa relevancia del procedimiento, es firmado por la abogada general del Estado. Esa de una parte, en segundo lugar, esta es la primera ocasión en la que la Abogacía general del Estado se pronuncia sobre el contenido de la causa especial, porque, hasta ahora, no se había abierto este trámite para calificar los hechos, que es lo que ahora ha ocurrido.

En el mes de agosto, cuando concluyó la instrucción, la investigación del procedimiento, se dicta un auto. Es un auto de conclusión de la instrucción. Ese auto recoge determinados hechos, determinados delitos y, sobre todo, abre la puerta a la fase intermedia; la Abogacía General del Estado está de acuerdo con el auto, pero está de acuerdo con el auto en la medida que concluye la investigación, asume el auto como conclusión de la investigación, pero hasta este momento en el que la Abogacía General del Estado ha presentado el escrito de conclusiones conforme al artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta este momento, no se había pronunciado formalmente en modo alguno en cuanto a los hechos, la calificación jurídica de los mismos, la naturaleza de los hechos, o el resultado de la instrucción. Por lo tanto, la abogada general del Estado asume el escrito de conclusiones provisionales --porque se trata de una causa de extraordinaria relevancia--, y dos, hasta este momento en el que se ha presentado esta mañana el escrito de conclusiones provisionales, la Abogacía General del Estado no se había manifestado sobre uno u otro delito. Hasta este momento, hasta hoy, hasta esta mañana.

P.- Hola. Buenas tardes. Irene Castro de Eldiario.es. Yo les quería preguntar sobre el asunto de Franco. A la vicepresidenta, si ¿se ha improvisado en el procedimiento y si la Iglesia le trasladó al Gobierno que la familia disponía de una tumba en la que podía acabar en La Almudena?

Y luego habla de que se está buscando una solución para que no acabe en La Almudena. Quería saber, ¿cómo puede el Gobierno evitarlo? Y, en el caso de que, a lo que están emplazando ahora es a la puesta en marcha de la Ley de Memoria Histórica. Entonces, ¿cómo se puede evitar -en base a esa ley- que se produzcan manifestaciones de enaltecimiento? Y, por último, ¿qué le ha hecho cambiar al presidente del Gobierno para hace unos meses decir que no tenía ninguna duda de que existía un delito de rebelión en Cataluña y ahora no creerlo así? Gracias.

Vicepresidenta.- Empezaré por el final. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del Gobierno no lo ha dicho eso nunca, entre otras razones, porque no compete al Gobierno en ese espacio pronunciarnos sobre nada más y nada menos que calificación de delitos en un procedimiento que ya está en marcha.

Mire, es imposible improvisar, en un procedimiento tan complicado como este, que ha requerido la modificación de una ley y todo un procedimiento administrativo complejísimo, cómo ustedes saben, porque yo di cuenta, aquí, delante de ustedes. Es imposible improvisar en esto. Otra cosa muy distinta --como dije desde el primer día--, es que los escenarios posibles que nos podíamos encontrar fueran diferentes, en relación a la actitud de la familia. Lo recordaran ustedes porque lo dije aquí mismo, en esta sala. Nos podíamos encontrar un escenario, en fin, que sería muy bueno en democracia, y es que la familia que tiene que hacerse cargo de los restos del dictador entendiera también cuál es la necesidad de la democracia española de terminar con esto. Nos podíamos encontrar un escenario en el que esto no ocurriera. Nos podíamos encontrar muchos escenarios, así que es imposible improvisar en esto.

Otra cosa muy distinta es que hemos de afrontar cada día las situaciones que nos vayamos encontrando, entre las cuales está, por lo que sabemos, el deseo de la familia de llevarlo a la parroquia de Santa María de la Almudena, que es donde está la cripta. Bien, pues en ese escenario, y dada las circunstancias de lo que representa tener un lugar en el que no pueda ser enaltecido el dictador, tendremos que seguir trabajando hasta el final del objetivo del Gobierno, que es que los restos de Franco estén en un lugar decoroso y privado en la responsabilidad ya solo de su familia, no del Estado, y terminemos con este capítulo bochornoso de la democracia española, pues cada día afrontamos la situación, y esto fue lo que también trasladé con todo tipo de información al cardenal para que conociera perfectamente que es lo que en este país ocurre en un lugar donde está el dictador con sus víctimas, dónde hay víctimas de los dos bandos que queremos honrar y dejar en paz, y en la memoria de la reconciliación de los españoles, y que entendiera que esto era un asunto importante en el que todos hemos de intentar ayudar. Es decir, que aquí no puede haber improvisaciones porque el objetivo está claro y el camino que teníamos que recoger también estaba claro para nosotros; lo que ocurre es que -repito-- sería muy distinto si la actitud de quienes tienen la responsabilidad de asumir esos restos fuera otra. Y estas son las circunstancias con las que nos encontramos y en las que queremos trabajar.

P.- Juan Ruiz. El Periódico. Varias cuestiones sobre Franco. Le quería preguntar a la vicepresidenta si sigue manteniendo que el Vaticano y el Gobierno van a trabajar de forma conjunta para que Franco no acabe en la parroquia de La Almudena. Luego, por otro lado, usted misma, a mediados de octubre, decía que el Gobierno no podía hacer nada para evitar esa inhumación y ahora, en cambio, dicen que la ley es la que les obliga a evitarlo. Quisiera saber ¿qué es lo que ha cambiado y cómo ha sido este proceso como de descubrimiento de la Ley de Memoria Histórica para cambiar de posición?

A la ministra Delgado, si considera que los distintos pareceres de la Abogacía y de la Fiscalía, de alguna manera, socavan la acusación de la Fiscalía o no. Y, respecto a lo último que ha dicho la vicepresidenta de que el presidente Gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo: "lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre…"
Vicepresidenta.- ¿Pasado mayo?

P.- ¡Ah!, lo dice porque entonces lo decía como líder...

Vicepresidenta.- Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno, pasado mayo.

P.- Bueno, pero es la misma persona, ¿no?

Vicepresidenta.- Perdóneme que le diga, pero nosotros somos Gobierno ahora y respondemos de la posición del Gobierno. Entienda que es que la posición del Gobierno es la que es, institucional y constitucionalmente hablando en un asunto de la complejidad de un proceso como el que hay abierto. Entiéndalo. Entienda, y a mí se me ha preguntado por el presidente del Gobierno.

P.- Entonces, ¿por qué cambió Pedro Sánchez de parecer, en todo caso? Gracias.

Sra. Delgado.- Empiezo yo. Lo que ha ocurrido, supongo, entre la Abogacía General del Estado y la Fiscalía General del Estado es que se ha trasladado el debate jurídico a los operadores jurídicos. Tanto unos como otros tienen y desarrollan su trabajo desde este ámbito de profesionalidad y técnico jurídico; por lo tanto, no se socava la posición de nadie, ni se afecta la posición de nadie. Son dos posiciones perfectamente defendibles por unos y por otros, y lo que se ha trasladado es ese debate jurídico a los operadores jurídicos que están en este momento desarrollando las acusaciones en la causa especial.

Vicepresidenta.- Mire, pues, justamente en ese debate, en el que el anterior Gobierno no veía ningún delito, ¿lo recuerdan ustedes? El anterior Gobierno no vio ningún delito, hubo que recordarle al ministro Montoro que, quizá, habría malversación, ¿lo recuerdan? Pues en este debate el presidente del Gobierno no se ha pronunciado, ni se va a pronunciar, porque le corresponde respetar el ámbito de independencia del Poder Judicial, que es al que vengo aludiendo todo el tiempo, así que, como acaba de decir la ministra de Justicia, en las posiciones públicas, que son las del Ministerio Fiscal y la Abogacía General del Estado, pues estamos en ese proceso, en esas condiciones, defendiendo los intereses del Estado en el ámbito penal y defendiendo, también, la ayuda a la Justicia para que sea la Justicia y no el Gobierno quien se pronuncie en unas sentencias en las que, definitivamente, este país encuentre la justicia de lo que ha ocurrido. Vengo todo el tiempo pidiendo que nos movamos en los terrenos de la seriedad institucional sobre un asunto de esta naturaleza, que es una gran crisis de nuestro país y hemos de abordarla en este espacio. Otros lo podrán hacer en otro espacio --y antes he aludido--, hay algunos que califican todos los días los delitos y parece que cuando ellos lo dicen no se presiona la justicia y se quedan tan tranquilos.

Miren, lo he dicho en varias ocasiones, pero lo vuelvo a repetir porque es importante que lo haga. Hay una parte que está en el ámbito privado en la que el Gobierno no puede tener más margen de maniobra que la familia que recibe los restos de su familiar, que en un primer momento fue que no lo recibirían; lo recuerda usted, ¿no? Luego fue que sí. Ahora es utilizar los instrumentos de los que dispone en un Estado de derecho, respetable --por otro lado--, para obstruir el objetivo de la ley y del Gobierno; es decir, como antes le contestaba a su compañera, vamos día a día viendo los obstáculos para llegar al objetivo, y el objetivo sobre el que nadie puede tener dudas, es que Franco tiene que salir y va a salir del Valle de los Caídos y va a dejar de estar en una tumba de Estado, en un lugar público y enaltecido. Y vamos encontrando a cada obstáculo una respuesta. Obviamente, le pido a quien es responsable de un templo --en este caso de la cripta que está en esta parroquia--, obviamente, por casi sentido común, el Gobierno le pide la colaboración correspondiente.

Dicho esto, el Gobierno tiene que mantener el orden público de cualquier manifestación que lo altere; dos, lo tiene que hacer además cuando el objetivo sea enaltecer a Franco; y, tres, la Ley de la Memoria Histórica está siendo modificada en el trámite del procedimiento de ley y albergará las modificaciones que sean necesarias para que este objetivo se cumpla, independientemente de los instrumentos ordinarios que el Gobierno puede tener para que este objetivo se cumpla, porque lo que no puede ser en modo alguno; en este caso, con el respeto a los derechos a la intimidad con los que estamos siendo respetuosos como corresponde a un Gobierno, es que una familia decida donde parece que la inmensa mayoría de los españoles no quiere que se decida ya nada, más que dejar en un lugar absolutamente decoroso y anónimo a un dictador. Pues ese es el asunto, que a cada obstáculo damos una respuesta de algo que, repito, dije en el minuto uno en esta misma sala, que nos adentramos en un procedimiento complejo que tenía elementos públicos, que tenía elementos privados, que los iríamos transitando y que los iríamos abordando paso a paso. Ahora estamos en este que, repito, es muy importante. Lo que yo recibí el otro día como respuesta del cardenal fue muy importante, porque fue claro y conciso. La Iglesia va a permitir esa exhumación, la Iglesia no va a impedir esa exhumación, lo cual es un recorrido bastante importante el que ya hemos alcanzado.

P.- Buenas tardes. Esther Redondo. La Sexta. Quería preguntarle, en primer lugar, a la ministra de Justicia, directamente si ha habido imposición de criterio por parte del Gobierno a la Abogacía General del Estado y si le consta el malestar que al parecer hay allí con lo que ha resultado finalmente que es el escrito.

Y a la vicepresidenta. Quería saber si en su opinión este escrito va a tener algún coste político para Sánchez y para su Gobierno. Decía anteriormente Dolores Delgado que esto no es una cuestión de gestos. ¿Va a tener algún coste político esta decisión?

Sra. Delgado.- Usted me dice directamente, y yo le respondo directamente: no, no ha habido imposición de criterio. La abogada general del Estado ha estudiado el tema, ha analizado los hechos, ha analizado las pruebas que se han practicado durante la instrucción y ha elaborado el escrito de conclusiones provisionales que ha firmado.

Vicepresidenta.- En relación a la segunda parte de su pregunta, mire, este Gobierno es un Gobierno que tiene convicciones bastante firmes de las que se derivan las decisiones que toma cada día. Somos un Gobierno que ha heredado una circunstancia tremenda, un asunto que tiene un lado importantísimo en el ámbito judicial, es decir, en relación a los delitos y la administración de justicia y otro ámbito enorme de carácter político, que el anterior Gobierno abandonó literalmente a su suerte. Somos un Gobierno que estamos delante de un asunto capital de estos 40 años, así que nosotros no hacemos pronósticos de lo que nos beneficia o de lo que nos perjudica; el único pronóstico, el único objetivo en relación al cual tomamos decisiones es resolver esta crisis constitucional de nuestro país por encima de todo, y hacerlo con criterios democráticos que incluyen dos como mínimo. Uno, el respeto escrupuloso a la acción de la justicia y los poderes del Estado --entre los cuales está el Ejecutivo y el Poder Judicial--; y, dos, trabajar en un espacio de valores democráticos que consiste en encontrarnos con coordinación, diálogo, y lealtad con el Gobierno de Cataluña y con los actores políticos de Cataluña porque no hay otra salida que esta.

Así que para el Gobierno no es un asunto de probabilidades, ni de costes, ni de cálculo. Somos responsables de una crisis enorme y estamos dispuestos a resolverla en el marco de nuestra Constitución, pues esta es la tremenda herencia que hemos recibido de un Gobierno que decidió que todo lo resolvieran los tribunales que, por lo visto, no había nada que hacer desde el ámbito de las competencias enormes que tiene en su responsabilidades el Poder Ejecutivo, y nosotros somos justamente lo contrario de eso.

P.- Beatriz Hernández. Europa Press. Buenas tardes. A la vicepresidenta sobre el tema de Franco. ¿El Gobierno vería aceptable que los restos del dictador fueran a La Almudena pero que estuvieran en un sitio que no fuera accesible para el público? Si la respuesta es no, ustedes van en la tramitación del Real Decreto-Ley y ahora se tramita como proyecto; en esa tramitación ¿ustedes podrían incluir una enmienda para tener la manera de impedir que los restos del dictador vayan a La Almudena aduciendo que lo que quieren es evitar que haya ningún tipo de enaltecimiento? Gracias.

Vicepresidenta.- Lo contestaba antes en otro formado a otro compañero suyo. El Gobierno va a disponer -obviamente-- de todo el instrumental de competencias que tiene, entre las cuales están, las modificaciones de la Ley de Memoria Histórica para alcanzar el objetivo. El objetivo es el que ya he desgranado en varias ocasiones esta tarde aquí, en esta sala, es que el dictador esté un lugar privado, decoroso, sin ningún tipo de enaltecimiento, ni posibilidad de hacerlo, porque se trata de enterrar en paz y en justicia lo que ha significado el capítulo más negro de la historia reciente de este país, que ha sido la dictadura. Utilizaremos los mecanismos competenciales de los que disponemos, pero que no es una novedad, que los venimos utilizando desde el minuto uno que ya advertimos políticamente que íbamos a exhumar los restos de Franco; por lo tanto, no hay ninguna novedad más que la consecuencia causal de todo lo que vamos haciendo.

Mire, yo no puedo entrar en el terreno de las especulaciones. Vamos a exhumar a Franco y vamos a ver la posición última que tiene su familia pero, en cualquier caso, también he de decir que, con todo el respeto a su familia en el ámbito estrictamente privado, no va a imponer al Congreso de los Diputados, a las obligaciones que tenemos contraídas de los informes de Naciones Unidas, a los expertos, y a lo que ha querido la mayoría de la Cámara sin votos en contra en tres ocasiones, a la voluntad que será de los ciudadanos y ciudadanas de este país; así que como usted se podrá imaginar y como decía antes, paso a paso a cada una de las situaciones iremos tomando decisiones en una situación en la que importa, lo que importa es el objetivo final.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)