Intervención de Teresa Ribera

Pues muchas gracias y buenas tardes a todos.

Me sumo a mis compañeras en la explicación, en el detalle de las medidas tan importantes que hemos adoptado hoy en un contexto extraordinariamente complejo.

En particular, en el ámbito de los precios energéticos, no solo en los precios energéticos, pero sin duda es uno de los cauces a través de los cuales se produce un impacto mayor en nuestra economía y en el bienestar social de nuestros hogares. Por eso, hemos considerado imprescindible sacar adelante medidas adicionales que se suman a las que, desde hace meses, venimos impulsando desde el Gobierno para facilitar la reducción del impacto del precio de la energía en hogares y en la industria, aplicando cuatro premisas básicas, fundamentales, a las que ha aludido la vicepresidenta primera.

Nuestro objetivo es reducir o contener precios de la energía y evitar, por tanto, que se produzca una espiral inflacionista.

Nuestro objetivo es consolidar la capacidad para asegurar el suministro y una autonomía estratégica, que nos permita vivir de una manera mucho más tranquila, mucho menos sometida a la volatilidad de los mercados internacionales, y para eso es capital impulsar, acelerar, la transición energética.

Nuestro objetivo es la protección, en particular, de los más vulnerables. Evidentemente, la dimensión del impacto del precio de la energía, más allá de los colectivos más vulnerables, hacen que estas disposiciones estén pensadas también para las clases medias, los trabajadores, las PYMEs y los autónomos.

Creemos que es capital extender nuestra capacidad desde el Gobierno para que todos los instrumentos, todos los mecanismos, permitan favorecer el confort, la tranquilidad, del conjunto de los ciudadanos.

Es cierto que la respuesta estructural, decía antes, es la transición energética, es cierto, también, que en este esfuerzo es capital repartir el esfuerzo de forma equitativa entre los distintos actores. El Gobierno hacía una muy buena parte de aquello que tenemos que poner en marcha, pero también, a la hora de diseñar las medidas, procura que se produzca un reparto equitativo de estos esfuerzos.

Hay muchas medidas que debemos adoptarlas a nivel nacional, pero otras requieren cobertura comunitaria. Quiero compartir con ustedes algunas ideas en torno a esa idea de la cobertura comunitaria.

En primer lugar, para destacar la satisfacción del Gobierno, tras la celebración de la reunión del Consejo Europeo los pasados 24 y 25 de marzo, hemos conseguido una respuesta unida, entre todos los Estados miembros, una respuesta que refuerza la construcción de una política energética europea, tanto en el ámbito doméstico, dentro de nuestras fronteras, como en la dimensión exterior, y una respuesta que en esa construcción, consolidación, de una política energética europea, vemos reconocidas algunas de las medidas más importantes que España venía reclamando desde el pasado verano.

La primera, la que quizá ha tenido una mayor repercusión pública, es la de contar con una excepción que nos permita adoptar, urgentemente, medidas que nos faciliten preservar la competitividad de nuestro tejido productivo y el bienestar económico, a través de una minoración del impacto del precio del gas natural, en la configuración del mercado mayorista de la electricidad para España y Portugal.

Pero junto a esto, hay otras medidas importantes que también aparecen reflejadas en el Decreto Ley que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Un mandato, un empoderamiento a la Comisión para facilitar las compras conjuntas, que activen nuestra capacidad colectiva de compra, y que refuerza la coordinación entre los distintos operadores, en el ámbito europeo, la conciliación, la complementariedad de nuestras infraestructuras entre los distintos Estados miembros y, en segundo lugar, la posibilidad de adoptar medidas para actuar sobre los beneficios extraordinarios derivados de los altos precios del gas, revirtiendo esa parte de los beneficios minorados entre los consumidores.

Las tres cuestiones, la posibilidad de aplicar un mecanismo temporal y extraordinario en el mercado eléctrico para evitar el contagio del precio del gas, la minoración, la concertación de nuestras infraestructuras y capacidad de almacenamiento, están presentes en el Decreto Ley que hemos aprobado.

Quisiera hacer un repaso rápido de las medidas más significativas, quizá las que más impacto directo, automático, tienen para el conjunto de la sociedad, ya introducidas por la vicepresidenta primera, tiene que ver con la extensión del tratamiento fiscal extraordinario que recibe la electricidad en nuestro país desde el pasado verano, con una reducción del 10% del IVA, la suspensión del 7% del impuesto a la generación, una reducción del 0,5 de un impuesto especial de electricidad, medida que estará extendida hasta el 30 de junio.

Junto a esto, un acompañamiento, una ayuda especial para el consumo de combustibles que presentó el presidente del Gobierno ayer, 20 céntimos por litro, 15 de los cuales proceden de los presupuestos públicos, 5 céntimos adicionales que deberán aportar las petroleras, si bien, en el supuesto de que haya compromisos firmes, comprobables, de ofertas equivalentes o superiores, podrán verse eximidas de esa prestación, siempre que tengan una aplicación de, al menos, hasta el 30 de junio.

No son las únicas medidas, hay otra serie de medidas sumamente importantes, permítanme que introduzca las más llamativas, las más relevantes.

En primer lugar, introducimos unas actualizaciones en el régimen especial que disfrutan las plantas que producen energía renovable, que cogeneran o utilizan residuos, y que, hasta la fecha, se han visto retribuidas, se han visto financiadas, a través del precio del mercado mayorista, por tanto, han visto como estaban recibiendo muchos más recursos de aquellos que les correspondía, con arreglo a la legislación vigente, con arreglo a lo que se determina, cuál es su rentabilidad razonable durante toda su vida útil.

El Gobierno ha decidido, por tanto, después de meses de conversaciones con estos sectores, el adelantar, el anticipar, el momento en el que se produce la liquidación para valorar si la rentabilidad asegurada se ha visto superada por los ingresos que han tenido, o si, por el contrario, están por debajo de esa rentabilidad. Esto nos permite liberar 1800 millones de euros, que serán destinados, directamente, a reducir los cargos, la parte fija de nuestra factura en nuestros hogares.

Además, junto a esta circunstancia, habilitamos la posibilidad de que, desde el 1 de enero del año 2023, estas plantas de generación renovable puedan vender su electricidad al margen del mercado mayorista, a través de contratación bilateral, por tanto, facilitando una mayor liquidez de electricidad a precios baratos, a precios razonables para operadores industriales o para comercializadores que tenga por destino el vender electricidad a los hogares.

Junto a esto hemos introducido otra medida importante que es extender, como señalaba la vicepresidenta segunda, esa regla de reducción de aquellos beneficios extraordinarios que se puedan producir como consecuencia del incremento del precio del gas, cada vez que con ocasión de una renovación de un contrato, o cada vez que con ocasión de la firma de un nuevo contrato, el precio ofertado al particular, o firmado en el contrato, esté por encima de aquellos umbrales que fijamos en octubre de 2021, es decir, alrededor de entre 67 y 70 euros de precio de la electricidad firmado en el contrato, será el tope a partir del cual se producirá una reducción de los beneficios obtenidos por considerarse que están por encima de aquello que es razonable y que puede ser imputado al desorbitado crecimiento del precio del gas.

Solamente tiene lugar en aquellas ocasiones en la que se producen actualizaciones de contratos o nuevos contratos, en la medida en que la propia comisión y las conclusiones del Consejo se determina que no puede haber retroactividad, ni propia ni impropia, y por tanto, debe aplicarse, solamente, con ocasión de revisiones, renovaciones o nuevos contratos.

Otras medidas importantes tienen que ver con el impacto de los precios de la energía en la industria, tanto de la electricidad como del gas, y por ello hemos incorporado varias medidas muy significativas.

En primer lugar, una reducción del 80% de los peajes que paga la industria electrointensiva por el uso de las redes de transporte y distribución de electricidad, por un importe equivalente a 250 millones de euros.

En segundo lugar, un incremento de la dotación destinada a compensar costes indirectos de CO2 a las industrias que se pueden beneficiar de esta compensación, hasta el máximo de lo que permite la Unión Europea para las anualidades.

En tercer lugar, ayudas específicas para sectores cuyo consumo de gas, cuya intensidad en el consumo de gas, por producto final, es particularmente alta y por tanto se han visto tremendamente afectados por la espiral tan alcista, tan grande, tan importante, que están viviendo los precios del gas en los mercados internacionales.

Uno de los bloques más importantes en este Decreto Ley en el ámbito de la energía, tiene que ver, como decía antes, con la aceleración de la transición energética. Se trata, como bien señalaba la vicepresidenta primera, de impulsar el empleo de los recursos del Plan de Recuperación en acelerar los procesos de transición energética, más eficiencia, más ahorro, más renovables, más inteligencia en nuestros consumos.

Pero también hay algunas medidas regulatorias que nos permiten que esto sea así.

Por ejemplo, hemos introducido una modificación extraordinaria que permitirá un procedimiento súper acelerado de la tramitación de los proyectos de hasta 75 megavatios de eólica, hasta 150 megavatios de fotovoltaica, siempre que tenga lugar en suelos que no cuenten con una especial protección ambiental, suelos con baja afección, que tenga baja afección ambiental, y que no incorporen sistemas de evacuación, cables, hasta más allá de 15 kilómetros.

Es decir, proyectos que se beneficiarán de un procedimiento más ágil, garantista, un escrutinio concentrado en la autoridad ambiental, un escrutinio concentrado, también, en la competencia sustantiva de la autorización de la nueva planta, los responsables en materia de energía, y, evidentemente, si de allí se redujera que es necesario pasar por la tramitación completa, pasarían por la tramitación completa. Un procedimiento con todas las garantías, que ha sido trabajado con la Comisión Europea.

En segundo lugar, se modifica la Ley de Aguas, para permitir el despliegue de fotovoltaica flotante en las masas de agua, dominio público hidráulico, gestionado por las confederaciones hidrográficas, y que será inmediatamente desarrollado en una norma reglamentaria que saldrá a información pública esta misma semana.

En tercer lugar, facilidades adicionales en materia de autoconsumo, reservando hasta el 10% de la capacidad en los nudos de evacuación de alta tensión, para que sea utilizada, para que pueda ser empleada, para poder incrementar el autoconsumo en nuestros hogares, en nuestras pequeñas instalaciones, en nuestros pueblos o en nuestros centros comerciales, en nuestras cubiertas.

Junto a esto, una obligación de los propietarios de los titulares de las redes de distribución, que es donde a veces, se producían los cuellos de botella, para que faciliten el acceso a las redes de distribución de la evacuación de este bio consumo.

Incorporamos, asimismo, dos cuestiones importantes, una que tiene que ver con facilitar el uso, el empleo, el transporte, la canalización de gases renovables, biometano, biogás o hidrógeno verde. Es decir, el poder garantizar que, de manera anticipada a lo que hubiéramos probablemente previsto en un escenario normal, parte de nuestro consumo de gases esté asociada a estas soluciones.

Y, por último, la posibilidad de instalar plantas dedicadas al almacenamiento eléctrico, funcionando solas, de forma aislada, dando flexibilidad y cobertura a nuestro sistema.

Quizá uno de los cambios más importantes y al que tenemos particular cariño desde el Gobierno, por el que tenemos particular cariño en el Gobierno, es el fortalecimiento del bono social, bono Social eléctrico y bono social térmico, con varias cuestiones importantes.

Primero, ampliando aquellas empresas, aquellos titulares de actividades en el ámbito de la energía, que están obligados a aportar, a contribuir a la financiación del bono social, ejecutando, por tanto, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 31 de enero de este mismo año.

En segundo lugar, haciendo un cambio, que es simbólico, pero es importante, dejamos de hablar de familias, y pasamos a hablar de personas convivientes, por tanto, facilitando una flexibilidad mayor que hasta la fecha podía estar generando limitaciones o dificultades para personas que convivían bajo el mismo techo, y por tanto, consumían en condiciones parecidas, estaban asociadas a un mismo tipo de contrato.

En tercer lugar, incrementando las referencias para poder ponderar quienes son los hogares que pueden verse beneficiados por este bono, incrementando hasta 0,3 por adulto y 0,5 por niño, la valoración del IPREM a la hora de calcular quienes pueden beneficiarse de este bono.

Y luego, algo muy importante y muy demandado por los colectivos que defienden a las personas vulnerables y los colectivos vulnerables, y es, en primer lugar, la extensión automática de este bono para todos aquellos que son hoy beneficiarios, para los próximos dos años, y, en segundo lugar, la aplicación automática para todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Esto, asimismo, lleva aparejado un incremento de un crédito extraordinario para poder satisfacer, en ese incremento de personas beneficiarias en una situación especial, con incrementos de las facturas de usos térmicos, un crédito extraordinario, decía, para poder distribuir el bono social térmico el próximo invierno.

Hemos introducido dos medidas adicionales que también quisiera indicar, y con esto acabo, y son algunas medidas incorporadas, asociadas, al sector del gas.

En el sector del gas prorrogamos esa prohibición de incrementar la factura del gas más de un 5% por trimestre, para aquellos que tienen contratada la tarifa de último recurso de gas, es decir, seguimos manteniendo una laminación del incremento de la factura en la mayor parte de los hogares, así como mantenemos una flexibilidad para los contratos de suministro de gas de los industriales. Nos parece importante que en estas circunstancias se pueda contar con estas medidas, en un contexto en el que, difícilmente, podemos establecer el precio del gas en los mercados internacionales, pero sí debemos facilitar el que sea llevadero este impacto en nuestra economía.

Y también, en línea con lo aprobado por el Consejo Europeo, como decía antes, hemos incorporado, hemos traspuesto ya, lo que resultaría de las obligaciones de almacenamiento de gas a nivel europeo, acordadas por el Consejo la semana pasada. ¿Por qué? Porque la preocupación con respecto al próximo invierno, hizo que los jefes de Estado y de Gobierno reunidos el jueves y el viernes en Bruselas, establecieran un calendario muy exigente, para asegurar que la capacidad de almacenamiento de gas en almacenes subterráneos o en almacenes de centrales de regasificación, en cada uno de los Estados miembros, alcanzara el 90%, como tarde para el 1 de octubre.

Por tanto, hemos incorporado las obligaciones que esto representa para nuestros gestores de almacenamientos, y hemos dispuesto de un crédito extraordinario para financiar ese servicio de almacenamiento, a sabiendas de que, si no, el pago de ese servicio de almacenamiento, impondría inmediatamente un incremento de la factura de gas en nuestros hogares.

Junto a esto, y junto con el compromiso de seguir impulsando medidas de ahorro y eficiencia energética, yo creo que damos cumplida cuenta de un elenco de medidas muy, muy variado, donde, en sectores muy distintos, estamos intentando activar palancas para poder tener respuestas completas para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias.