Intervención de Yolanda Díaz

Graciñas, Nadia.

Buenas tardes, gracias por su presencia.

En primer lugar, añadimos en el Real Decreto que les estaba presentando a la vicepresidenta primera, medidas que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que, por supuesto, incrementan o dirigen nuevas acciones de protección en el mercado de trabajo.

En primer lugar, aprobamos un paquete de medidas, por un importe superior a 2700 millones de euros, destinadas a la empleabilidad de dos sectores fundamentales del mercado de trabajo, que son los jóvenes y son las mujeres.

Estas medidas serán tratadas y sustanciadas en el seno de la Conferencia Sectorial, junto con las comunidades autónomas, que se celebrará el próximo 6 de abril en un Ministerio de Trabajo.

Son medidas, como digo, que tienen que ver con la mudanza de las políticas activas de empleo, y en la mejora de la empleabilidad, fundamentalmente, de estos dos sectores, y una de ellas, la que tiene que ver con las mujeres, de la mano, también en varios de los programas, con la vicepresidenta tercera, vinculadas a los procesos de transición justa y también al reto demográfico en nuestro país.

En segundo lugar, hoy mismo también, en Consejo de Ministros, ponemos en marcha el mecanismo RED, para uno de los sectores afectados, con carácter sectorial en nuestro país, que son las agencias de viaje, y en comandita, lo hace la vicepresidenta primera, el ministro de Inclusión y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Quiero ponerlo en valor, porque es un elemento de enorme importancia, para que ustedes conozcan que tenemos todos los mecanismos puestos a disposición para nuestro país, y como ya hemos hecho, efectivamente, para proteger el tejido productivo cuando así sea necesario.

Y, en tercer lugar, mañana es el día de las Trabajadoras Domésticas y les anticipo, más allá de, como saben, el anticipo que teníamos de la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia Europeo, respecto de esta cuestión, el Gobierno de España, con carácter casi inmediato, les anticipo y les anuncio que vamos a ratificar el Convenio 189, toda vez que están todos los trámites culminados, y ahora mismo ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores, para ser dirigido a las Cortes Generales. Es una noticia de gran importancia y de mucho interés, sobre todo porque en este momento sí que el Reino de España tiene la obligación de cumplir con la sentencia que ha dictado el TJUE.

Dicho lo cual, el primer mensaje que quiero mandarles es que el Gobierno de España está con su país, y su país son los agricultores, son las ganaderas, son las pequeñas empresas, son las industrias, son las electrointensivas, son los autónomos, son los jóvenes, son las mujeres, son los trabajadores y las trabajadoras, en general, son los pensionistas, a quienes mandamos un mensaje de tranquilidad, porque a pesar del impacto de la inflación no van a ver mermadas suspensiones, son las familias… en general, todos los sectores productivos de nuestro país, la acuicultura o todas cuantas actividades hemos visto estos días, con razón, dirigirse al Gobierno de España y a los consiguientes gobiernos de las comunidades autónomas.

Si este es el Gobierno de España, y este Real Decreto dirige acciones pormenorizadas a cada uno de estos sectores. Me atrevo a decir que es una de las normas con mayor ambición desplegadas en el conjunto de la historia de nuestro país, a pesar de que ya hemos gestionado una pandemia, y, por tanto, he de ponerlo en valor.

En segundo lugar, transmitir que lo vamos a volver a hacer, y que de esta crisis vamos a salir juntos, no va a ser de otra manera. Por tanto, un mensaje de certidumbre y de tranquilidad, a pesar de los miedos, de las turbulencias, o incluso del rigor de la incertidumbre, que apremia en tiempos de crisis económica, como no hemos conocido en otros momentos.

Por tanto, si, lo vamos a hacer de nuevo, optimismo desde la preocupación, y sabiendo que lo vamos a hacer como solamente se puede hacer estas cosas, que es de la mano, con toda la inteligencia puesta en común y juntas.

En segundo lugar, un bloque de medidas que van dirigidas a la protección social y al mercado de trabajo.

Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país, en las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro. Ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 8/20 y ahora les pido que lo volvamos a hacer.

Y ¿por qué no hay que despedir? No hay que despedir, sencillamente, porque, como he dicho, tenemos todos los mecanismos de protección social, el artículo 47, el de los ERTE ordinarios, y el mecanismo RED del 47 bis, para que esto no se produzca, no tiene sentido recurrir a ERTEs si después la vocación de los empleadores es despedir.

En este sentido, verán como uno de los preceptos, lo que hacemos es incorporar, no una, como habíamos hecho en la crisis y la pandemia, sino que incorporamos dos prohibiciones para despedir, una, que es nueva, establecemos un mandato desde el legislador, que será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tienen que ver con el incremento de los precios de la energía. Obviamente, esto quiere decir que el mensaje del legislador es que en los tribunales, como ya hemos hecho en la pasada crisis, calificaran esa acción como lo que ya ha pasado, y como van a recibir ayudas públicas, como ya hicimos, por cierto, nada nuevo, en la anterior gestión, tendrán que devolver todas las ayudas públicas que han percibido.

En segundo lugar, como ya hicimos en la crisis de la pandemia COVID19, obviamente, no pueden despedir los empleadores que acudan a los mecanismos de ERTE, que usted conoce muy bien, y que saben que todos y cada uno de ellos tienen protección social y ayudas públicas.

Este es el mecanismo que está pensado, no sólo en nuestro país, sino diseñado hace muchos años en toda Europa. Lógicamente, en el ánimo de que no tendría ningún sentido, que destinamos recursos públicos, pagando salarios y pagando cotizaciones sociales, si después les permitimos despedir a esas empresas.

Por tanto, el mecanismo es reforzado en esta ocasión e incorporamos otra causa de prohibición al despido.

En segundo lugar, otro mensaje fuerte a las personas que viven de alquiler en nuestro país y un mensaje también a las personas propietarias en nuestro país. El Gobierno de España tiene el mandato, en esta norma, de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país, personas que necesitan de un derecho fundamental, como es la vivienda, personas para las que, ahora mismo, pagar su renta de arrendamiento no solamente es un obstáculo, sino que a veces, resulta verdaderamente imposible.

La medida que hemos tomado hoy, que tiene, como saben, dos apartados, es la primera vez, en tiempos de democracia que se acomete en nuestro país, y el mandato que le damos a los propietarios y las propietarias de fincas, viviendas y demás, es que tienen que limitar la revalorización de las rentas de arrendamiento en atención a dos criterios, pero siempre con carácter subordinado, a el Índice de Garantía de Competitividad, que, como saben, lo tasan en 2%.

Hacemos dos distinciones. La primera de ellas es para los grandes tenedores. Ahí tendrán que aplicar el índice del 2% y, en el caso de propietarios o propietarias de viviendas físicos, ahí tendrán que hacer dos cosas, una, renegociar su renta, pero siempre, como estoy diciendo, con carácter subordinado, en caso de no alcanzar ese acuerdo, tendrán que fijar la renta en ese límite que hemos establecido del 2%.

En tercer lugar, tomamos medidas de enorme protección social que traen causa, justamente, del impacto que tiene la inflación.

En este sentido, el ingreso mínimo vital, que es dirigido y hemos de ponerlo en valor, como la primera vez que se ha hecho en este Gobierno en democracia, va dirigido a personas con rentas bajas o bien trabajadores y trabajadoras con rentas salariales muy bajas. Estamos hablando, en definitiva, de pobreza laboral, pero si me permiten, estamos hablando también de familias monomarentales. Una vez más, la pobreza tiene rostro de mujer, y en este sentido, por el impacto que está causando la inflación, el ingreso mínimo vital se ve revalorizado en un 15%.

Esta medida la explicará la vicepresidenta tercera, implementamos y mejoramos el bono social hasta alcanzar a 600 mil familias, más allá de las que ya teníamos protegidas en nuestro país.

También tiene que ver con cuestiones, las medidas que aquí abordamos, que son de gran importancia para nuestras democracias, a pesar de vivir asoladas por la guerra de Putin, en el conjunto del mundo.

Son cuestiones fundamentales que tienen impacto de género. Incorporamos dos medidas que son mejoradas, por una parte, por la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de la guerra de Ucrania. En este sentido, lo que hacemos es señalar un procedimiento diferenciado de armonización para aquellas mujeres que sean asoladas por la trata, y buscamos un mecanismo, insisto, armonizado, simplificado, en el que de manera rápida y eficaz, las mujeres víctimas de trata puedan ver paliar esta situación.

Y, en segundo lugar, también entendiendo el enorme trabajo que el Gobierno de España está haciendo en materia de refugiados y de derechos humanos, estamos trabajando con las comunidades autónomas, y verán en la norma, en un sistema de acogimiento privado, por las familias de nuestro país, para que puedan, como hacemos en muchas otras ocasiones, dar cobertura en estos momentos de excepcionalidad absoluta, a las personas víctimas de la guerra de Putin y las consecuencias que están teniendo en el conjunto del mundo.

Finalmente termino, también lo va a explicar la vicepresidenta en tercera, si propiciamos una aminoración de los beneficios de las eléctricas.

Termino como he empezado, diciendo que vamos a salir juntas de esta crisis y dando un mensaje, desde luego, de enorme posibilidad para proteger a las familias, para proteger a los trabajadores y las trabajadoras y para proteger al tejido productivo de nuestro país.

Como he empezado, no es necesario despedir. Tienen ustedes los recursos a su disposición, públicos, para impedirlo, y, como he empezado, y así termino, especialmente, nos dirigimos a los empleadores de nuestro país, para que no despidan a quienes son los más débiles en el mercado de trabajo. Son los jóvenes y las jóvenes de España, por tanto, teniendo el mecanismo de los ERTEs, no es necesario hacerlo.

Nada más, y muchas gracias.

Sra. Calviño.- Adelante.