Intervención de Diana Morant

El Consejo de Ministros que acabamos de celebrar ha aprobado el anteproyecto de Reforma de Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011, un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad.

Por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de nuestro país y, por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+i, alineada con los requisitos de la Unión Europea.

Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación agravados durante una década de recortes, que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores e investigadoras.

Con esta reforma de ley, España ha dado un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país.

Para ello, antes, es necesario saldar la deuda histórica de este país con las personas que investigan e innovan, que son esenciales, a quienes esta nueva Ley dota de más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras, basados también en una financiación estable y creciente.

Esta reforma mejora sistema, incorporando medidas para reducir las cargas administrativas que desbordan a los científicos, combatir la brecha de género que lastra las carreras de las mujeres, incentivar la transferencia de conocimiento a la sociedad y a las empresas y establecer un sistema de gobernanza más ágil, participativo y abierto a todos los territorios. La cohesión social y territorial pasará también por la ciencia y la innovación, alineándonos con los modelos de cogestión científica más avanzados de la Unión Europea.

Y, además, contempla la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.

Esta es la Ley que nuestro sistema necesita, es fruto del diálogo con la comunidad científica e innovadora y de soluciones reales a sus principales demandas.

La nueva Ley se cumple por fin con la gran reivindicación histórica de la ciencia, garantizar una financiación pública en I+D+i, creciente y estable, que no esté sometida a vaivenes políticos.

Por primera vez incorporamos, por ley, el compromiso de alcanzar una inversión pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030, que con el apoyo del sector privado, nos permitirá llegar al compromiso del 3% que establece la Unión Europea y que, también consensuó, esta, en consenso con el objetivo del Pacto por la Ciencia, Tecnología e Innovación de España, que está firmado y apoyado por más de 80 organizaciones científicas, universitarias, empresariales y sindicales de nuestro país.

Con esta garantía blindamos, como digo por ley, que nuestro sistema público de ciencia e innovación disponga de los recursos suficientes para seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y equipamientos y creando más y mejores oportunidades para nuestros científicos y científicas.

Lo blindamos para el futuro porque el Gobierno ya está cumpliendo ahora mismo, estamos ya en la senda marcada por Europa. Quiero recordar que los dos últimos presupuestos aprobados por este Gobierno, los dos únicos presupuestos aprobados por este Gobierno, supusieron, el del año 2021, un aumento de un 60% en la inversión en ciencia e innovación, solo en el Ministerio de Ciencia e Innovación, y el 2022, prácticamente, dobla el que encontramos heredado.

Y quiero recordar que no solo el Ministerio de Ciencia e Innovación hace Ciencia e Innovación ahora mismo desde el Gobierno de España.

Por tanto, estamos ya cumpliendo con la senda de Europa y lo que hacemos es blindar ese compromiso, por ley, de cara a las planificaciones presupuestarias del Gobierno de España y de nuestro país, de cara al futuro.

Esta reforma de ley mejora la vida de las personas que mejoran la nuestra, a través de la investigación y de la innovación, con la definición de una carrera científica más clara, más estable, se pone fin a la precariedad endémica en el sector público de la I+D+i.

Lo hace, por una parte, con la creación de un nuevo contrato indefinido, en línea con la Reforma Laboral, para dar estabilidad al personal de investigación técnico y a los grupos de investigación. Hasta ahora, el contrato más usado en la ciencia era un contrato de obra y servicio, que tenía una duración máxima de cuatro años, de manera que los grupos de investigación se veían obligados a romper el grupo cada cuatro años, y los investigadores a los cuatro años quedaban sin contrato y teniendo que buscar un nuevo grupo de investigación en el que trabajar.

Pasamos, por tanto, a la estabilidad, con contratos indefinidos, y por tanto, este modelo acaba con la precariedad y recoge también las singularidades del sistema de ciencia, de manera que este contrato indefinido no consume tasa de reposición. De manera que, tanto las universidades como los centros de investigación, tendrán, por un lado, las tasas de reposición expansivas que están aprobándose también con las leyes de acompañamiento de los presupuestos de los últimos años, que, como sabéis, han sido tasas del 110% en el 2011, del 120% en el 2021 y del 120% en el 2022, considerando al personal científico como esencial y prioritario a efectos de tasa de reposición en la misma categoría que el personal sanitario, educativo, o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Ley también dibuja un nuevo itinerario más estable para transitar con seguridad hacia una plaza pública en universidades y organismos de investigación.

Los investigadores e investigadoras ya no estarán sometidos a este estresante e inseguro trayecto por la ciencia. Creamos una senda más segura con un nuevo contrato de seis años, 3+3, con una evaluación intermedia, que conllevará a la promoción y la capacidad de que los investigadores pasen de formar parte de un grupo de investigación a liderarlo. Serán certificados con el certificado R3, que facilitará su consolidación en una plaza pública.

Para ello, lo que hacemos es una reserva para estos investigadores de itinerario estable, de un 25% de las plazas en los organismos públicos de investigación y de un 15% en las universidades. Esto es el mínimo que los organismos públicos y las universidades tendrán que reservar para estos investigadores e investigadoras.

Tanto para estos investigadores post doctorales, como para los pre doctorales, que empiezan sus primeros pasos, es la primera puerta a aquellos que están todavía trabajando para presentar la tesis doctoral, se reconoce y se crea un nuevo derecho, que es el de la percepción de una indemnización por finalización de contrato.

Quiero recordar que los investigadores pre doctorales, hasta el año 2006, eran considerados becarios. A partir del 2006 tenían un reconocimiento de dos años como becarios y dos años como contratados. En 2011 ya pasaron a ser contratados y por tanto, se reconocían los derechos a paro, etc., y ahora reconocemos un nuevo derecho, no solo para los pre doctorales, también para los post doctorales, y es para todos los contratos vigentes y los que se firmen a partir de la entrada en vigor de la Ley.

El texto recoge también una batería de medidas para estimular la tracción y la movilidad del talento, entre ellas la redefinición de los quinquenios. Sabéis que los investigadores, igual que los profesores universitarios, parte de su retribución depende del reconocimiento del trabajo investigador realizado en los años anteriores. Ahora ampliamos la capacidad de ese reconocimiento, de la experiencia de los quinquenios, que ahora mismo solo se restringía a las OPIs (Organismos Públicos de Investigación) de nuestro país, y abrimos las fronteras, reconocemos los méritos de investigación realizados, tanto en España como en el extranjero, en la totalidad del sector público y también en todas las universidades.

Esta medida se suma al plan de recuperación y atracción de talento que estamos diseñando con el objetivo de hacer de España un país para la ciencia, con condiciones y salarios atractivos, donde quienes se fueron puedan regresar y las mentes más brillantes se quieran incorporar a nuestro país.

Esta reforma ha escuchado y atendido a todos los colectivos del sistema.

Por primera vez se menciona de manera explícita la figura de tecnólogo o tecnóloga, en nuestro sistema público de ciencia, tecnología e innovación, de manera que en la última oferta de empleo público aparecen, por primera vez, plazas para tecnólogos y también, por primera vez, dejamos de hablar de investigadores para hablar del personal de investigación, incluyendo así al personal técnico, posibilitando su movilidad profesional y estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas.

Con esta reforma, también, por primera vez, se reconoce al personal investigador sanitario, aquel que dedica el 50% de su tiempo investigando en hospitales y en centros de salud.

Se mandata las administraciones públicas, comunidades autónomas, que incorporen de forma estable investigadores al Sistema Nacional de Salud con categorías específicas, y también se mandata para que el personal laboral investigador pueda tener una carrera profesional en función de los méritos.

La reforma de la ley es un instrumento transformador que, sumada a las otras políticas que ya tiene en marcha el Gobierno, crea más y mejores oportunidades para las personas que hacen ciencia y que innovan.

Este Gobierno, además, ha dado condición de prioritario al personal científico y técnico, aprobando así la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años, pasando de tasas de reposición cero a tasas de reposición del 120% y todo ello, junto al relevo generacional y las nuevas convocatorias, permitirán que en los próximos tres años, incorporemos de manera estable a 12 mil personas en el sistema público de ciencia, y deshagamos así el tapón que han sufrido los jóvenes investigadores en nuestro país.

La ley también resuelve otro problema que atormenta a la comunidad científica, que es la excesiva carga administrativa, será reducida considerablemente, ya que un investigador ya no tendrá que estar justificando, por ejemplo, el ticket de un taxi o facturas de hace 10 años, sino que con esta reforma la justificación de subvenciones se realizará en forma de cuenta simplificada y la comprobación será por muestreo.

Además, la concesión de ayudas a proyectos será directa si estos ya han sido evaluados por otros agentes del sistema público español y, entre otras medidas, en este capítulo, se incluye también un mandato claro al nuevo director y a la nueva etapa que abre la Agencia Española de Investigación, de reducir plazos de convocatoria, establecer calendarios más estables y, en definitiva, tonificar el músculo del principal instrumento financiador de investigación de nuestro país, que ha de ser fuente de soluciones y no de creación de problemas.

Las mujeres también son protagonistas en este texto, que por primera vez da seguridad jurídica a la igualdad de género en el sistema de I+D+i. Lo hace con medidas concretas, como la obligatoriedad de todos los agentes públicos de disponer y evaluar anualmente de planes de igualdad de género. El compromiso con la igualdad será exigido, pero también fomentado y recompensado con un distintivo especial para los centros de investigación e innovación y universidades. Queremos una ciencia de excelencia y no hay excelencia científica si no garantizamos la no discriminación por cuestión de género.

Por otra parte, la Ley obliga a establecer mecanismos para eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación, que además tendrán en cuenta los permisos por conciliación tanto de mujeres como de hombres.

Aquí quiero explicar muy claramente a qué me estoy refiriendo.

La Ley garantiza que las personas podamos disponer de permisos por excedencia y por tanto, de que por cuestiones de, por ejemplo, maternidad, paternidad o cuidado de familiares, podamos interrumpir nuestras carreras en un determinado momento.

La evaluación de los méritos científicos siempre mira hacia atrás, los últimos años y, por tanto, los méritos en las últimas etapas de los investigadores y las investigadoras. Por tanto, hasta ahora, esas interrupciones de las carreras científicas por excedencia o por permisos, penalizada en la evaluación de estos méritos. A partir de esta Ley, ese tiempo no se tendrá en cuenta en la evaluación de los méritos de los científicos y de las científicas.

Y no hay ciencia excelente si la ciencia tampoco es justa, y si los ensayos clínicos no tienen en cuenta las distintas repercusiones que tienen la vida en los hombres y en las mujeres.

Aquí poner un ejemplo: es más difícil prever un infarto en una mujer que en un hombre, porque la ciencia no contemplaba, en los ensayos clínicos, la misma proporción de hombres y mujeres, y porque no se tienen tan identificados los síntomas de un infarto de mujer como el de los hombres.

Por tanto, vamos a corregir también este sesgo de género social que vivimos en los resultados científicos por no haber tenido en cuenta a los hombres y a las mujeres por igual.

La reforma de Ley también aborda la asignatura pendiente de España en la transferencia de conocimiento.

Vamos a crear nuevos mecanismos para reforzarla. Uno de ellos es el sexenio de transferencia, que va a reconocer e incentivar el traslado directo del conocimiento desde la esfera de las universidades y los centros donde se crea conocimiento, a las empresas y su traslación en soluciones para la sociedad.

Por tanto, se reconoce, se incentiva ese traslado directo del conocimiento y la innovación, precisamente también, para incentivar la innovación empresarial en nuestro país, para que todos conozcamos los estándares europeos. En aquellos países donde más ciencia e innovación se hace, y más se invierte en ciencia e innovación, la proporción de lo público y lo privado está en un 30% de inversión pública, 70% de inversión privada. En este país estamos en un 50% de las dos partes. Por tanto, es importante, y el mayor margen de mejora de nuestro país para esa apuesta por la ciencia y la innovación, está en incrementar la innovación de nuestras empresas.

Por tanto, todas las políticas y los instrumentos y también la Ley, va dirigido a incentivar y a introducir esta cultura de la ciencia y la innovación en nuestras empresas como motor de transformación.

Otros mecanismos que regula la ley en este sentido, es la compra pública de innovación, o el permiso a las administraciones públicas de invertir y coinvertir en sociedades mercantiles, convirtiéndonos, por tanto, en un Estado emprendedor.

Todas las políticas de inversión del Gobierno de España están encaminadas, ahora mismo, a traccionar a esa inversión privada y a que aumente la huella de I+D en nuestro país.

Estoy hablándoles de los planes estratégicos del vehículo eléctrico, de la salud de vanguardia, de las energías renovables, del sector agroalimentario.

Y les quiero dar solo un dato, el sector de la ciencia y la tecnología es uno de los que más está creciendo en número de afiliaciones en los dos últimos años. Ahora mismo estamos en 65 mil afiliaciones a la Seguridad Social más en este sector que antes de la pandemia, y eso se debe a la inversión, a las tasas de reposición expansivas, a esos planes estratégicos que traccionan la inversión privada. Eso está produciendo que seamos uno de los sectores más crecientes en nuestro país, a un nivel de un 0,5% mensual.

Y destacar que esta reforma está prevista dentro de los compromisos que hemos adquirido con Europa, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Y la comparativa con el Partido Popular y su gestión de la crisis del 2008: frente a los recortes que planteaba el Partido Popular, nosotros, nuestras reformas, las del Gobierno de España, son reformas de apoyo y de políticas expansivas.

Esta, por tanto, es la Ley que beneficia a las personas, que define la ciencia como bien común y que añade algo relevante, los valores en la I+D+i, la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad.

Esperamos que el texto acabe enriqueciéndose con las aportaciones de los partidos políticos ahora en su tramitación parlamentaria, porque es la Ley que España necesita para transformarse en un país más próspero, justo y verde, a través de un progreso colectivo asentado en el conocimiento y la innovación.

El éxito de esta nueva Ley será un éxito de país, el de las casi 400 mil personas que trabajan en la I+D+i de España, de todas las universidades, empresas, fundaciones, organismos y centros tecnológicos y de investigación.

Este será el éxito de los jóvenes y las jóvenes, a quienes abrirá nuevas y mejores oportunidades laborales, y el de las empresas y los territorios, a quienes ayudará a crecer aportando valor.

En definitiva, una nueva ley para una forma más sostenible e inteligente de construir nuestro futuro. Gracias.