Intervención de Fernando Grande-Marlaska

Muchas gracias, ministra portavoz. Buenos días a todas y todos.

Como pueden saber, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes varias iniciativas legislativas promovidas por el Ministerio del Interior, y que me gustaría facilitarles en detalle a continuación.

En primer lugar, me gustaría destacar la aprobación, para remisión a las Cortes, del proyecto de ley sobre precursores de explosivos, una norma que regular la comercialización y el uso de sustancias químicas legales, pero que pueden utilizarse para la fabricación casera de artefactos explosivos para perpetrar atentados terroristas, como todos tristemente hemos podido conocer en los últimos años.

El objetivo de la nueva norma es reforzar las limitaciones de acceso de los particulares a los precursores de explosivos.

Para ello ampliamos la lista de compradores de estos productos químicos que deben someterse, en todo caso, a medidas de control. A partir de ahora, los compradores deberán cumplimentar y entregar al vendedor una declaración de cliente con datos particulares y comerciales.

También será obligatorio comunicar al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, del Ministerio de Interior, el CITCO, cada operación que se realice, así como la sustracciones, desapariciones y transacciones sospechosas que hubieran podido producirse. Como saben, el CITCO es el punto focal en la materia, en el control y seguimiento de los precursores.

En segundo lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy los reales decretos, que entiendo son muy importantes para la Guardia Civil.

El primero de ellos establece un nuevo código de conducta de la Guardia Civil.

Se trata de una guía ética que define los valores, los principios y las normas de comportamiento que deben regir la actuación de los miembros del cuerpo, y cuyo antecedente todos conocemos muy bien, es la cartilla de la Guardia Civil, elaborada por el Duque de Ahumada en 1845.

El objetivo de este Código de Conducta es fortalecer, aún más, la confianza de la ciudadanía en el cuerpo, a través del marco de actuación de sus profesionales, porque son ellos, evidentemente, el pilar fundamental que sustenta la institución dedicada, por mandato constitucional, a garantizar la seguridad ciudadana y proteger el ejercicio de los derechos y libertades de todos nosotros.

El segundo real decreto que acabamos de aprobar en lo referente a esta institución, tiene por objeto, también, desarrollar y ampliar los derechos de las asociaciones profesionales de los guardias civiles, otro elemento relevante y de trascendencia, de sus representantes y de los miembros del Consejo de la Guardia Civil, elegidos en representación de los miembros del cuerpo.

El Real Decreto, entre otros aspectos, reconoce a las asociaciones profesionales el derecho a presentar propuestas y dirigir peticiones ante las autoridades competentes, a promover candidaturas para la elección de miembros en el Consejo de la Guardia Civil, a celebrar reuniones en centros oficiales de la Guardia Civil.

Las asociaciones profesionales que obtengan representación tendrán derecho a ser consultadas sobre los proyectos normativos, a participar en comisiones y grupos de trabajo, sobre aspectos profesionales de los miembros del cuerpo, de acceso también a la información que precisen, para poder desarrollar sus funciones, y a presentar, como no podía ser de otro modo, propuestas, peticiones y quejas relacionadas con los fines de dichas asociaciones.

Por otro lado, quiero informarles de que el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a cinco ciudadanos españoles asesinados en atentados terroristas en el extranjero.

Los cinco, las cinco personas reconocidas a título póstumo, con la máxima distinción civil prevista en la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, son las siguientes:

• David Beriain Amatriain y Roberto Fraile Fernández, periodistas, como bien conocéis vosotros, fallecidos como consecuencia del atentado cometido el 26 de abril de 2021 en Burkina Faso, atribuido a la organización terrorista como conocida como grupo de apoyo para el Islam y los musulmanes, filial de Al Qaeda, la JNIM.

• También a Alberto Chávez Gómez y María González Vicente, fallecidos en el atentado terrorista cometido en Sri Lanka el 21 de abril del 19, atribuido a un grupo yihadista local vinculado a la organización terrorista Daesh.
  
• Y, finalmente, a Antonio César Fernández Fernández, sacerdote, fallecido en atentado terrorista cometido en Burkina Faso y perpetrado por miembros de una organización terrorista de índole yihadista.

De todos estos asuntos tendrán ustedes más completa información en la habitual referencia que se distribuye al término de esta rueda de prensa, pero quiero hacer constar como España es de los pocos países que da la protección idéntica a las víctimas, sea el atentado terrorista en suelo español, o fuera de suelo español. La protección, como no podía ser de otro modo, es la misma.

Quiero indicarles también que he presentado ante el Consejo de Ministros el Primer Plan Estratégico en materia de personas desaparecidas para el periodo 2022-2024, un documento que se convertirá, sin duda alguna, en una referencia en la planificación y gestión de un problema tan sensible y de tanta repercusión social como el de las personas desaparecidas sin causa aparente.

Hemos elegido esta fecha para su presentación, ya que la semana que viene, en concreto el próximo día 9 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente.

Es el primer plan, pero no significa, en modo alguno, que sea el primer paso que damos en este ámbito, como seguramente pueden conocer ya.

Este documento de planificación sea elaborado para sistematizar los conocimientos aprendidos y, sobre todo, también para dar un nuevo impulso a la investigación de este dramático fenómeno. Pero saben que la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas es una de las prioridades de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desde hace ya décadas, al menos desde hace 12 años, ocupa una atención especial y un desarrollo específico dentro de la investigación policial.

No quiero extenderme en los detalles, pero sí considero necesario exponerles dos hitos que explican cómo hemos llegado a este Plan, del que en breve seles detallará las principales líneas.

Por un lado, en 2010 se crea la base de datos sobre personas desaparecidas y cadáveres y restos humanos sin identificar, un sistema innovador en Europa, que se ha convertido en una herramienta fundamental en el trabajo policial.

Y en 2008 creamos ya el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior, que coordina desde entonces, el sistema de personas desaparecidas y colabora con las administraciones públicas y otras instituciones y organizaciones públicas y privadas habilitadas, tanto nacionales como internacionales, en la difusión de avisos, alertas o peticiones de colaboración a la población.

Es también el órgano que ha coordinado este primer Plan Estratégico, un Plan transversal, que recoge las aportaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también de las fundaciones y asociaciones representativas de personas desaparecidas.

En los próximos días presentaremos el balance anual correspondiente al año 2021, pero aprovecho esta ocasión para adelantarles algunos datos y contextualizar el fenómeno de las desapariciones en España y en ese sentido, indicarles como a lo largo de 2021, del año pasado, se presentaron un total de 22285 denuncias, una cifra sensiblemente inferior a años precedentes. Debemos destacar, además, que un 94% de ellas ya han sido resueltas, lo que no impide, que al día de hoy, permanezcan activas más de 5400 desapariciones.

El trabajo desarrollado hasta ahora es, sin duda alguna positivo, y también eficaz, pero no es motivo para la relajación y menos para la autocomplacencia.

Detrás de cada número se esconde una historia de tragedias, de angustias, que intentamos mitigar con un Plan como el que hoy he tenido ocasión de presentar al Consejo de Ministros.

El objetivo es contar con los efectivos principales, más sensibilizados, como siempre decimos, más formados y preparados, y dotarles de instrumentos adecuados para la prevención y resolución de los casos que se investiguen, para dar una respuesta todavía más eficaz al fenómeno de la desaparición de personas.

El Plan marca cuatro líneas de acción prioritarias: prevención siempre importante la prevención y la sensibilización; en segundo lugar, la formación, medidas tecnológicas para la investigación y resolución de los casos, y atención a familiares y allegados, en el tercer sector.

De estas grandes líneas derivan 14 objetivos de los que dependen a su vez 93 medidas que deberán implantarse en el periodo de vigencia del Plan 2022-2024.

El Plan se publicará próximamente en la web del Ministerio y estará disponible para su consulta.

No puedo, como entenderán, entrar en el detalle de casi un centenar de medidas avanzadas, pero permítanme que incida, eso sí, en algunas propuestas que entiendo innovadoras.

Quiero destacar dos prioridades bien definidas, como he dicho en el Consejo de Ministros, ambas alineadas con nuestro empeño para atender especialmente a los colectivos más vulnerables.

Por un lado, el Plan pretende profundizar en las causas de las ausencias de los menores tutelados y conocer los motivos de las reincidencias, y, en general, prestará especial atención sobre los menores para preparar campañas de sensibilización, prevención y detección precoz.

Por otro lado, el Plan promoverá estudios para precisar los motivos de desaparición de las personas mayores y otros colectivos de especial vulnerabilidad, que presenten algún tipo de deterioro cognitivo, con el fin de prevenir y elaborar igualmente, planes de búsqueda específicos, en los que se cuenten con más medidas tecnológicas para la prevención, investigación y resolución de los casos.

Tener en cuenta que tan importante como una investigación rápida y eficaz es la anticipación, la capacidad para entender dónde y por qué se producen las desapariciones, para reducir el impacto y evitar, en ese caso, muchos sufrimientos innecesarios.

El documento contempla también el desarrollo de una herramienta predictiva, si hablamos de avances tecnológicos, las herramientas predictivas, en la línea de la que ya existen el Protocolo VioGen, de Violencia de Género, para ayudar a los investigadores a la toma de decisiones, atendiendo a la estimación de riesgo para la integridad física o la vida de la persona desaparecida en el momento en que se recibe la denuncia.

También se promoverá el acceso a todos los ficheros y bases de datos que sean posibles, especialmente aquellos que permitan disponer de información biométrica, para mejorar la capacidad del sistema del que antes les hablaba, el sistema de personas desaparecidas y restos humanos a identificar, que anteriormente hemos aludido.

Queremos impulsar además grupos de trabajo para sacar adelante reformas legislativas, como, por ejemplo, un estatuto de la persona desaparecida sin causa aparente, como el Ministerio de Justicia ya está también trabajando.

Muchas de las medidas están dirigidas a mejorar la atención de las familias afectadas por el drama de una desaparición, y en esa línea, impulsaremos, sin duda alguna, instrumentos de colaboración con instituciones públicas y entidades privadas, para proporcionar atención psicológica gratuita a las víctimas y familiares de las personas desaparecidas.

Termino ya, reconociendo y agradeciendo el esfuerzo, sin duda alguna, de todas las personas e instituciones que han hecho posible la redacción de este Plan transversal, y que pretende dar respuesta a un problema que no olvidemos, es de todos.

Gracias al Centro Nacional de Desaparecidos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las fundaciones y asociaciones de personas desaparecidas, que han participado en este Plan que ve la luz con los objetivos de prevenir las desapariciones, mejorar las investigaciones y siempre ayudar a las familias.

Y como todo Plan, para que esas medidas puedan cumplirse, tiene una dotación económica, y en este caso la dotación económica de ese Plan es de 2250000 euros.