Intervención de Raquel Sánchez

Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas.

Como apuntaba la ministra portavoz, hoy hemos presentado en el Consejo de Ministros un ambicioso paquete normativo, que abarca gran parte de la actividad que desarrollamos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y se trata, como les decía, de un amplio paquete de medidas, que nos va a servir para impulsar la política de movilidad y de transportes, y también, las políticas de vivienda que estamos desarrollando, con las que cumplimos nuestros compromisos, y con el que avanzamos en el camino hacia la recuperación justa y sólida, que en el ministerio que dirijo tenemos encomendada.

Me refiero, en concreto, al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, también al Real Decreto Ley de Medidas para la Mejora de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera y Cadena Logística, también, en ese mismo Real Decreto, incluimos medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos, presentamos el anteproyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, y de la Ley de Navegación Marítima.

También otro paquete que presentamos es el acuerdo por el que autorizamos la propuesta de distribución entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, del Bono Alquiler Joven y del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022 2025.

Y, por último, también hemos presentado el anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Investigación Técnica de los Accidentes en los modos de transporte.

En primer lugar, me refería a la Ley de Movilidad Sostenible. Supone este un ambicioso marco normativo para adecuar las políticas de transporte y movilidad a las necesidades de los ciudadanos, a la protección del medio ambiente, al desarrollo económico y social, y también a la necesaria equidad territorial.

Es el resultado, este anteproyecto, de un largo y provechoso proceso de consultas, en el que han participado distintas administraciones, sectores profesionales, organizaciones económicas y académicas, y por tanto, la ciudadanía en general.

A partir de este momento, iniciamos el proceso de audiencia pública del articulado, para posteriormente, someterlo al informe del Consejo de Estado, antes de volver a la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.

Esta ley tiene un objetivo, que es promover la sostenibilidad en el transporte y en la movilidad, también promover la digitalización y la innovación en un sector tan esencial y tan fundamental para la vida cotidiana, pero también un sector que es esencial para la economía.

Supone un cambio radical de enfoque en las políticas de transporte, porque se reconoce, por primera vez, la movilidad como un derecho. ¿Y eso, qué significa? Significa garantizar que cualquier ciudadano tiene garantizado el acceso, con las mismas oportunidades de movilidad, con independencia de su nivel de renta, con independencia de su género, con independencia de sus posibles limitaciones físicas, o de si lo hace o no en un vehículo privado, y por lo tanto, cualquier persona, se encuentre en una gran ciudad o en el más pequeño de nuestros pueblos, de nuestros municipios, ha de tener las mismas oportunidades de desplazamiento a sus trabajos, a sus centros de salud, a las escuelas, a los servicios, y por tanto, nos corresponde a los poderes públicos, asegurar el ejercicio de ese derecho.

También la ley aborda retos y grandes desafíos, desafíos económicos, desafíos sociales, medioambientales y de salud pública, a los que se enfrentan el transporte y la movilidad.

Me refiero, o se lo pueden imaginar, a la crisis climática, a la urgencia de descarbonizar el transporte y la contaminación que sufren nuestras ciudades. No en vano, el sector del transporte representa casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, y por modos de transporte, la carretera representa casi el 95% de dichas emisiones.

Por lo tanto, la norma aspira también a canalizar esa transformación que vive el transporte por la incorporación masiva de estos criterios medioambientales, pero también, por la incorporación masiva de la tecnología y de la digitalización.

Damos respuesta y pretendemos dar respuestas a las dos caras de la movilidad en España.

De un lado, la que se deriva de la mayor concentración de población en las áreas urbanas y en las áreas metropolitanas, pero, de otra parte, dar respuesta a las necesidades de las áreas rurales, de las pequeñas ciudades que precisan de soluciones de movilidad y de transporte, que se enfrenten a sus dos grandes problemas, la despoblación y el envejecimiento.

Establecemos también en esta ley criterios para una planificación rigurosa de las inversiones, con los que consigamos un mayor retorno social, de las inversiones que realizamos en infraestructuras, y les adelanto que este proyecto, este anteproyecto, no define ningún modelo de pago por uso de las carreteras, que será fruto en su caso, y hemos insistido muchas veces, del consenso entre los agentes implicados.

En cuanto a los principales contenidos de esta Ley, cabe destacar que a imagen de lo que ocurre con otros sistemas nacionales, como el de salud o el de Protección Civil, y para mejorar la gobernanza, creamos el Sistema Nacional de Movilidad, con dos órganos de coordinación, la Conferencia Territorial de Movilidad y Transportes, y el Consejo Superior de Movilidad y Transporte Sostenible.

Nuestro objetivo es el de crear mecanismos de coordinación y colaboración más robustos entre las distintas administraciones que confluimos y tenemos competencias en esta materia, donde se permita también la colaboración de los distintos actores en el sector, y en el que se pongan en común nuevas ideas, buenas prácticas, y se puedan alinear, de esta manera, con los objetivos de las distintas políticas públicas de movilidad.

Otra novedad es la elaboración del documento de orientaciones para la movilidad sostenible, para contribuir a la reducción de emisiones y a la mejora de la calidad del aire. A través de este documento. que vamos a coordinar con el resto de administraciones, se completarán y se contemplarán directrices, indicadores y buenas prácticas para temáticas concretas.

Y, asimismo, pondremos en marcha otro instrumento. que es el instrumento de planificación estratégica estatal en movilidad, como marco de referencia a 10 años vista, de las políticas estatales, que incorporará escenarios presupuestarios y también orientación de prioridades.

En lo que se refiere a la gestión de los servicios públicos, la futura ley define y facilita el uso de soluciones innovadoras de movilidad diferentes a los servicios tradicionales de transporte y que la tecnología ya nos permite. Hablo, por ejemplo, del transporte a demanda, de los viajes compartidos, del uso temporal de vehículos… Su adaptación a cada territorio nos va a permitir más eficiencia y unos servicios más adaptados y que responden mejor a las necesidades de los ciudadanos.

Anunciarles también que este respecto, en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley y aprovechando la capacidad de licitar al mercado un gran número de concesiones, se va a reordenar el transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal, con un nuevo mapa confesional. Nos dotamos, por lo tanto, de un plazo temporal de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, pero dichas concesiones permitirán prestar, desde luego, un mejor servicio al ciudadano, previendo, además, en determinados tráficos, la cofinanciación de las comunidades autónomas u otras entidades, unas concesiones que se van a someter a revisión cada cinco años, con la correspondiente rendición de cuentas, y, por primera vez, se va a contemplar la posibilidad de que una parte de estos servicios puedan prestarse en régimen de libre concurrencia, si así se alcanza un mayor servicio y un mejor servicio para el ciudadano.

Hablaba también de cómo cambiamos el sistema de planificación de las estructuras y lo vamos a hacer con procesos de evaluación mucho más rigurosos, en los que se dará participación a evaluadores independientes. Va a ser obligatoria una evaluación multimodal antes de construir una nueva infraestructura, que deberá ser sometida al consejo asesor. Pasada esta evolución previa, habrá que realizar un estudio de la rentabilidad socioeconómica, y finalmente, a los cinco años de la puesta en marcha del servicio, se va a exigir otra evaluación pública que será objeto de informe por parte del AIReF.

La norma regula la contribución del Estado a la financiación del sistema de transporte público urbano en condiciones homogéneas en todo el territorio. Crea para ello el Fondo Estatal para el Sostenimiento de la Movilidad Urbana, el FESMU, que va a ser gestionado por este ministerio, y su primer año de aplicación será el año 2023.

Como les decía anteriormente, la Ley adopta medidas para favorecer la innovación y la digitalización. Crea un espacio controlado de pruebas para proyectos innovadores en el ámbito del transporte y la movilidad, que se presentará como una ventanilla única, y serán valorados esos proyectos que se presenten por un comité de expertos. Es lo que viene a constituir un sandbox regulatorio, y que va a posicionar a España como país de vanguardia y potencial receptor de inversiones.

Obviamente, esta Ley hace especial hincapié también en el sector del transporte de mercancías, puesto que se considera un servicio indispensable para la sociedad y para la economía. Mantenemos el régimen de libre concurrencia y la libertad de contratación y entrada a la actividad, pero el Ministerio elaborará un código y un registro de buenas prácticas mercantiles del transporte terrestre de mercancías, para fomentar unas relaciones justas y equilibradas.

Y, finalmente se fortalecerá, también muy necesario, la transparencia y la publicidad activa: los datos de evaluación previa planificación y evaluación expos de las infraestructuras, el proceso de licitación de obra, su desarrollo y avance estarán disponibles en la página web del ministerio.

Por lo tanto, es una Ley con un calado importante, en las medidas que contemplamos en este anteproyecto de ley, entendemos que va a reducir las ineficiencias en el gasto en inversiones públicas, que hemos estimado en torno a los 8000 millones de euros en una década, va a incrementar la productividad de las empresas hasta un 3,3% en un periodo de 10 años, y dentro del respeto al marco competencial, va a tener efectos muy positivos para la unidad del mercado, la competitividad y la competencia.

La Ley de Movilidad también es un hito y una palanca imprescindible para avanzar en las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan en el que prevemos un impacto económico de creación de 180 mil puestos de trabajo, y una aportación al PIB de 20 mil millones de euros. Reportará, en definitiva, grandes beneficios a la economía nacional, y como siempre hemos hecho, en su trámite parlamentario, buscaremos de los máximos consensos posibles de los diferentes grupos, y seremos receptivos a sus aportaciones.

Consenso, y acuerdos, y compromisos, que también ponemos de manifiesto hoy con el siguiente texto que les presento, que es la aprobación del proyecto del Real Decreto de Medidas para la Mejora de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carreteras, y por el que también establecemos normas especiales para el desplazamiento de los conductores.

Estas medidas traen origen en el acuerdo que se alcanzó con el Departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, a raíz del paro patronal anunciado para el pasado mes de diciembre. En esas medidas estábamos trabajando, en el marco de la colaboración con dicho sector, pero a raíz de ese acuerdo que alcanzamos, hemos avanzado en la puesta la marcha de estas medidas a través de este Real Decreto.

Hay todo un conjunto de acuerdos que se alcanzaron en dicho momento, que no tienen una naturaleza regulatoria, y que no verán reflejado en este Real Decreto, en las que sí que se está trabajando, pero insisto, en este Real Decreto se contemplan aquellas que tienen un carácter regulatorio.

Estas medidas, en su conjunto, están encaminadas a reequilibrar las asimetrías existentes entre los actores del sector del transporte de mercancías por carretera, para mejorar la posición y la competitividad de este sector, y también para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y la protección social para los conductores.

Entre estas medidas, recordarán, que una de las más importantes, las más reivindicadas por el sector, era la de prohibir, establecer la prohibición, con carácter general, de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga de la mercancía y soportes, y se actúa, asimismo, sobre los tiempos de espera en estas operaciones, reforzamos la lucha contra la competencia desleal, en la línea de lo establecido en el paquete de movilidad de la Unión Europea, que siempre España ha defendido, y también incluimos, en los contratos, la revisión obligatoria del precio del transporte por variación del precio del combustible, desde el momento de la contratación, hasta el momento en el que se realiza, efectivamente, el transporte.

En definitiva, como les decía, este es un Real Decreto con el que cumplimos nuestro compromiso, les decía que hay otro paquete de medidas en el que ya estamos trabajando, como, por ejemplo, el mantenimiento del régimen actual del gasóleo profesional durante la presente legislatura, como también hacemos posible esa transformación de las áreas de descanso, para lo cual destinaremos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 20 millones de euros, para hacer de esas áreas de servicio mejores áreas y más seguras para los transportistas, cómo convertimos los aparcamientos de vialidad invernal en mejores aparcamientos y aparcamientos más seguros, y también, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se van a incluir 140 millones de euros, se incluyen, de hecho, 140 millones de euros, para la digitalización de las empresas del transporte y la mejora de la capacitación digital de los profesionales.

Por lo tanto, estamos hablando de un acuerdo de extraordinaria relevancia en un sector que, insisto, no me cansaré de repetir, que es esencial para la economía de nuestro país, pero que sobre todo, también nos ha demostrado que momentos complicados, en momentos como el de la pandemia, dio la talla, estuvo ahí y garantizó la cadena de los suministros básicos y de las necesidades de la ciudadanía y también de las de las empresas.

Otra de las medidas que contiene este Real Decreto, que es de otra naturaleza, pero que se contempla en el mismo Real Decreto, son aquellas medidas excepcionales, en materia de revisión de precios en los contratos públicos.

Se trata de un mecanismo excepcional para afrontar la magnitud y el carácter imprevisible que ha tenido el incremento, en el último año, de los precios de unas determinadas materias primas, que son indispensables para la realización de determinadas obras, de las obras públicas. Estamos hablando y me refiero a los materiales bituminoso, los materiales siderúrgicos, el aluminio y el cobre.

Esta regulación también es importante, porque va a servir de base al resto de administraciones para adoptar en sus contratos, en caso de que lo consideren necesario, y es voluntario por parte de las comunidades autónomas y entidades locales, que puedan adoptar una decisión similar, pero que requerirá, en cualquier caso, que se adopte esa decisión por parte del órgano competente de cada comunidad autónoma, pero dijéramos, que abre la vía para que puedan replicar una medida de este alcance.

Esta revisión excepcional de precios se va a reconocer cuando el incremento del coste de estos materiales, que antes he enumerado, estera del 5% del importe certificado del contrato en el año 2021, y que, en cualquier caso, no exceda del valor del 20% del importe adjudicado del contrato, del importe de adjudicación de la obra, y se va a aplicar a todos los contratos del sector público estatal vigentes desde su entrada en vigor.

Por lo tanto, creo que es una muestra más de la sensibilidad de este Gobierno. Somos conscientes que las actuales circunstancias son notablemente perjudiciales en cualquier contrato del sector público, que afecta severamente a los operadores económicos del sector de la obra civil, pero que desde luego, tratándose de contratos de obra pública, también afectan al interés público subyacente en cualquier tipo, en cualquier clase de estos contratos.

Y, además, aprobamos esta medida en un momento clave, en un momento clave por la necesidad de ejecutar, en tiempo, en plazo, los Fondos Europeos.

Por lo tanto, consideramos que es un acuerdo justo, equilibrado, pero insisto, de medidas urgentes, pero también de carácter excepcional.

Seguimos con el paquete de medidas, de leyes, que hemos llevado a aprobación en primera lectura en el Consejo de Ministros, y me refiero ahora a la modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante, y de la Ley de Navegación Marítima, una Ley que va a permitir a mejorar la competitividad de los operadores marítimos y portuarios, y les va a proporcionar seguridad jurídica frente a los nuevos retos, como la ciberseguridad o las situaciones extraordinarias, como por ejemplo, hemos vivido durante la pandemia.

Con ella vamos a conseguir avanzar en medidas como la sostenibilidad marítima y la protección del medio ambiente. Muy importante esta cuestión, mediante el control de la contaminación atmosférica de los buques, y la descarbonización progresiva del transporte marítimo.

Modernizamos y flexibilizamos también la gestión administrativa, tanto de la marina mercante como de la portuaria y anticipamos la navegación del futuro, al regular los denominados buques sin tripulación o buques autónomos, y, por primera vez en este sentido, se incorporan un régimen para el desarrollo de las empresas e iniciativas de I+D+i para este tipo de embarcaciones.

De la misma manera que les hablaba del sandbox regulatorio en la Ley de Movilidad Sostenible, la intención es que en todas aquellas actuaciones, en todos los sectores, en los sectores relacionados con el transporte, las administraciones tengan un papel de impulsor de estos nuevos desarrollos y de estas nuevas iniciativas.

También hoy, como resultado de la reunión de la Conferencia Sectorial que mantuvimos el pasado 2 de febrero, hemos aprobado la propuesta de distribución de 1843 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para el bono del alquiler joven, y también para el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025.

Esta propuesta, como saben, debe ser definitivamente aprobada en la Conferencia Sectorial de Vivienda, que ya hemos convocado para el próximo 9 de marzo, y a partir de ese momento, se procederá a realizar las transferencias a las comunidades y ciudades autónomas, para que procedan a convocar y resolver las ayudas destinadas al Bono de Alquiler Joven que, como saben, tiene efectos desde el 1 de enero de este presente año.

Por lo tanto, seguimos también avanzando y acordando recursos para garantizar el acceso a la vivienda, para garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible para los ciudadanos y las ciudadanas.

Para terminar mi comparecencia, también quiero acabar con el anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de los Accidentes en los Modos de Transporte, que también hemos presentado. La autoridad administrativa va a ejercer las funciones que actualmente desarrollan y realizan las tres comisiones existentes para la investigación de los accidentes e incidentes que se producen en el transporte marítimo, en el transporte ferroviario y en la aviación civil, pero es el resultado, en cualquier caso, de un compromiso adquirido por este Ministerio con la seguridad y la transparencia. También es una muestra de nuestra especial sensibilidad ante la reivindicación de colectivos del sector, especialmente de las víctimas de los accidentes y de los profesionales vinculados con la seguridad.

Se establece un refuerzo de la independencia en las investigaciones técnicas de accidentes, en la línea de los requerimientos que se han efectuado por parte de las distintas instituciones y organismos europeos. Esta autoridad administrativa tendrá personalidad jurídica propia y autonomía financiera, y para que se hagan una idea, se trata de una figura similar a la que tiene, por ejemplo, la AIRef, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, o la Agencia Española de Protección de Datos, los miembros del Consejo van a realizar sus funciones con dedicación exclusiva y estarán sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, y también destacar que las víctimas familiares y las asociaciones de víctimas verán fortalecida su posición jurídica en todo este proceso de investigación técnica. respecto a la situación actual.

Vamos a incorporar al anteproyecto el principio de cultura justa, favoreciendo la protección de la información reservada y el respeto a los derechos de las personas declarantes.

Por tanto, con este anteproyecto de ley creo que avanzamos también en reforzar la seguridad en nuestros transportes, desde una perspectiva multimodal.

Como saben, la investigación técnica de accidentes en ningún caso se ocupa de determinar la culpa o la responsabilidad, sino que tiene que ser independiente de cualquier investigación judicial. Su objetivo principal es analizar el accidente, las causas, poder establecer y aclarar las causas del del accidente, para poder establecer recomendaciones de seguridad oportunas, con el fin de mejorar la prevención de estos accidentes.

Cumplimos, por lo tanto, también así, con nuestro compromiso con la sociedad, con las víctimas y con los familiares de las víctimas, que desgraciadamente un accidente o un incidente ha truncado sus vidas. Muchísimas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra.