Intervención de Raquel Sánchez

Muchas gracias, ministra portavoz y también gracias a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 20/30, que nos complementaremos en esta explicación, pero que sin duda hoy celebramos el poder anunciar que el Consejo de Ministros ha acordado, en su reunión de hoy, la remisión inmediata de este proyecto de ley por el derecho a la vivienda, una norma que ha sido esperada con ansiedad por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas.

Y desde luego, ¿por qué?, porque va a garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada, en condiciones de asequibilidad, y, por ello, dada la importancia que hemos solicitado, la tramitación de esta Ley, de este proyecto de ley por urgencia.

El Gobierno, con la aprobación y con la remisión de este proyecto de ley a las Cortes, cumple con un compromiso inaplazable con el conjunto, con la mayoría de este país, puesto que, por una parte, amplía el catálogo de derechos, pero, por otra parte, como bien apuntaba la ministra portavoz, y hemos dicho en reiteradas ocasiones, apuntala y refuerza el Estado del bienestar, al constituir, a través de la vivienda, su quinto pilar.

Desde luego que es una Ley de la que yo, personalmente, me siento muy orgullosa, y quiero reconocer el trabajo que han realizado todos los equipos del Ministerio de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero también del conjunto de ministerios que se han implicado en la aprobación de una Ley que es histórica y una Ley que, por primera vez en la historia de la democracia, insisto, aborda la problemática de la vivienda en toda su dimensión.

En opinión de este Gobierno, esta Ley es una ley que es rigurosa, es una ley sólida, es una ley compacta, y es una ley transversal y que está blindando la función social que debe cumplir la vivienda y que está llamada a tener una vocación de perdurar en el tiempo.

Creo que conocen ya sobradamente cuáles son los contenidos de esta Ley, porque ya hemos tenido ocasión de explicarlos, de todas maneras, luego me referiré a ellos para hacer un breve recordatorio, pero creo que es muy importante volver a señalar, volver a insistir y poner en valor cuál ha sido nuestra motivación a la hora de aprobar esta Ley.

Ha sido responder, como decía antes, a las necesidades del conjunto de ciudadanos y ciudadanas, a muchas personas que demandaban que algo tan básico como tener una vivienda, no se limitase a ser una mera declaración de intenciones que figuraba recogida en la Constitución, sino que, verdaderamente, los poderes públicos articuláramos todos los mecanismos, todos los instrumentos, para hacer de este derecho, desde luego, un derecho realizable.

Nos referimos a todas esas personas que han visto como el poder hacer frente al pago de sus hipotecas, de sus alquileres, ha sido una de sus grandes preocupaciones y que, en muchas ocasiones, les ha limitado poder tener un proyecto de vida, les ha generado angustia, y sobre todo, si nos referimos a los más vulnerables y a los más jóvenes, que hasta ahora se han visto, en gran parte, imitada su capacidad de poder emanciparse, de poder realizar su proyecto de vida, de poder formar sus propias familias, porque no han tenido, porque no tenían un lugar al que llamar hogar.

Lo mismo respecto a esos padres que no podían ofrecer a sus hijos un entorno seguro y un entorno digno en el que educar a sus hijos.

Desde luego, hablamos de esas familias, de esas personas angustiadas y que, desde luego, desde este Gobierno, hemos querido cumplir con ellas, y como decía anteriormente, cumplir con ese compromiso, con esa palabra dada, con el conjunto, con la mayoría de este país.

Por lo tanto, lo que hace el Estado, en este caso, y a través de esta Ley, lo que hace el ministerio, el Gobierno, es corregir estas disfunciones, conseguir viviendas asequibles que garanticen la igualdad de acceso, no sólo la vivienda, sino también que garanticen el acceso a otros derechos, como son la educación, como son la sanidad, como son los empleos decentes.

Este ha sido mi gran preocupación como ministra, pero también responde al encargo que en su día me realizó el presidente del Gobierno.

Por lo tanto, es una Ley imprescindible, porque el mercado, además, se ha demostrado ineficaz para dar respuesta a esta necesidad. Aquellos que pregonan la liberalización, lo único que consiguieron, en su día, fue el lucro de grandes agentes inmobiliarios, de grupos económicos, generando un gran sufrimiento a la mayoría de familias de este país.

Por lo tanto, los poderes públicos también tenemos a la vez que garantizar el acceso al derecho a la vivienda, también evitar la especulación. Es un mandato que viene recogido expresamente en la Constitución, en el artículo 47, y nadie debería ver en ello una colisión con el derecho a la propiedad, que es un derecho que también corresponde proteger, que también esta Ley establece el estatuto básico, dijéramos, del propietario, que reconoce cuáles son los derechos, pero también reconoce cuáles son las obligaciones.

Por lo tanto, es una Ley que no va en contra de los propietarios, sino que va en contra de la especulación.

Otro punto al que resulta necesario referirse es al informe, al informe emitido el pasado viernes por el Consejo General del Poder Judicial, que es un informe preceptivo, un informe no vinculante y con respeto absoluto a las consideraciones de tal informe, sí que me gustaría hacer algunas consideraciones.

La primera es que el Gobierno ha conocido y entiende perfectamente cuáles son las funciones consultivas del Consejo General del Poder Judicial y también, cuál es el ámbito que tienen estos informes, y en el caso concreto, de la Ley de Vivienda, el ámbito de ese informe debía circunscribirse a 3 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la Ley de Vivienda.

En segundo lugar, el Gobierno mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda, en aras a conformar parques públicos de vivienda y también fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables, más débiles, desde luego, no invade ninguna competencia autonómica. Es más, el Estado tiene competencia exclusiva a la hora de garantizar el ejercicio y la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas al ejercicio de sus derechos.

Y, por lo tanto, en base a esa competencia exclusiva del Estado, que se establece en el artículo 149 de la Constitución, también tiene amparo la regulación que el Estado hace en esta materia.

Y finalmente, el Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce, como no puede ser de otra manera, las competencias que tienen las comunidades autónomas en materia de vivienda, y pone a su disposición todos los instrumentos y, evidentemente, reconoce la capacidad de aplicar otros instrumentos que considere necesarios, complementarios y aprobar, así mismo, todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico.

Por tanto, insisto, entendemos que respeta plenamente las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

Dicho esto, decir que, evidentemente, analizamos con detenimiento el informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial, y que se han incorporado algunas de las observaciones y comentarios que consideramos que hacen y que mejoran esta Ley, desde el punto de vista de la técnica normativa, que aclaran ciertos conceptos, que aclaran el entendimiento entre cuáles son las competencias del Estado y cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, y se hace referencia y se clarifica, en determinados preceptos y artículos, donde entra también a jugar, donde entran las la normativa autonómica, en el caso en el que se apruebe por parte de las comunidades autónomas.

De manera muy resumida, también me gustaría volver a recordar, como les decía antes, cuáles son los puntos más destacados de este proyecto recién aprobado.

Recordar que la ley somete a protección permanente el Parque Público de Vivienda Social para que no pueda volver a ser enajenado, como ocurrió en el pasado, y para que los más débiles nunca más se vean expuestos a situaciones de inseguridad material y jurídica.

Por otra parte, también mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, de manera que los servicios sociales se puedan coordinar de una forma más eficaz con los jueces para poder ofrecer, a través de las administraciones competentes, soluciones habitacionales cuando se dan esas situaciones de vulnerabilidad.

Incentivará, del mismo modo, la vivienda protegida a precio limitado y permitirá que la legislación urbanística establezca reservas de suelo urbanizado para estas viviendas.

Facultará a las administraciones competentes para que declaren, por tiempo limitado, zonas de mercado residencial tensionado y formulen, a la vez que proceden a la declaración de estas zonas, formulen un plan de acción para corregir los desequilibrios que se detecten.

Va a establecer también para estas zonas, mecanismos de contención y de bajada de precios de alquiler, ya sea para aumentar la oferta o para impedir, en su caso, incrementos abusivos de la renta.

En estos casos, en los casos en los que se declare una zona tensionada, los arrendatarios podrán acogerse a una prórroga extraordinaria del contrato en vigor con carácter anual y por un periodo de tres años, y para los nuevos arrendamientos de viviendas ya en el mercado, se establece una limitación de la renta del contrato anterior con el incremento del IPC correspondiente y con algunos incrementos, cuando se acrediten que se han realizado obras de mejora, de rehabilitación y de eficiencia energética.

Y de igual manera, yo creo que también eso es muy importante, se introducen incentivos fiscales para que el alquiler, en condiciones y a precios asequibles, resulte interesante, resulte atractivo a los propietarios, con deducciones que pueden ir hasta el 90% cuando aplican rebajas del 5% en los alquileres en esas zonas que se han declarado tensionadas.

Otra cuestión muy importante, esta Ley también ahonda en la transparencia, en la información pública, que debe ofrecerse a través de diferentes instrumentos, la constitución de un registro de contratos, para que, de esta manera, haya más garantías cuando se producen operaciones de compra y de alquiler, que se puedan conocer cuáles son las condiciones del contrato, cuáles son las condiciones del edificio, de la vivienda, y, por lo tanto, no solo las partes en la relación del contrato de compraventa, o de la relación arrendaticia tengan más información, sino que también los poderes públicos tengamos y las administraciones tengamos mayor información a partir de la cual poder ir modulando las políticas públicas de vivienda.

Por tanto, esta Ley conecta con miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, con miles de jóvenes, con miles de familias y sobre todo demostramos que nos preocupamos, nos preocupamos por las personas, pero, sobre todo, nos preocupamos por los más vulnerables y entendemos que la vivienda no puede suponer una condena a la pobreza ni convertirse, tampoco, en una losa, insisto, que impide que los jóvenes puedan realizar sus proyectos, puedan materializar sus sueños.

No se nos ocurre, no se me ocurre mejor manera de contribuir al avance y al progreso de este país que haciendo posible la garantía del ejercicio de un derecho como es el derecho a la vivienda. Por eso insisto nuevamente en solicitar responsabilidad a los distintos partidos políticos, a esta iniciativa legal que, insisto, no va en contra de nadie, sino que favorece a la inmensa mayoría.

Creo que no solo podemos ponernos de acuerdo, sino que debemos ponernos de acuerdo. Y así lo ha hecho el Gobierno de coalición. Somos dos formaciones políticas, partidos diferentes, con puntos de vista distintos que partíamos también de puntos de vista distintos, pero hemos sido capaces de superar los escollos hasta el resultado final que ha dado a luz una Ley que, desde luego, mejora las respectivas posiciones iniciales y de partida. Cuando se trata del interés general tenemos la obligación de entendernos y porque lo que está en juego, desde luego, trasciende a nosotros mismos, impacta muy directamente en la sociedad.

Por lo tanto, insistir que es importante que las formaciones políticas conozcan esta Ley, ahora iniciamos el trámite parlamentario, pero que, desde luego, nos estamos jugando mucho, estamos aprobando, insisto, una Ley histórica, como lo han sido otras leyes en este país, la ley del matrimonio igualitario, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la dependencia…leyes que en principio han contado con la resistencia de la derecha, de los sectores más conservadores, pero que luego también se han sumado a los avances que han significado esta ley.

En esa misma confianza y espero que no tan tarde, la derecha también se sume a una ley que, insisto, es histórica y que beneficia a la inmensa mayoría de este país. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Ministra