Intervención de Manuel Castells
31.8.2021
Como ustedes saben, y como ha dicho la ministra portavoz, nuestras Universidades todavía se rigen por una Ley Orgánica de hace 20 años, siendo así que en estas dos décadas ha habido cambios profundos en el mundo, en nuestra sociedad, y, además dos graves crisis económicas que han golpeado extraordinariamente a las universidades públicas.
Cabe decir, antes de entrar en contenidos, que esta ley, como no puede ser de otra manera, respeta escrupulosamente las competencias autonómicas y además, la autonomía de las Universidades establecidas en el artículo 27.10 de nuestra Constitución.
Para elaborar este anteproyecto hemos procedido durante un año a la consulta de múltiples actores, todos los órganos colegiados competentes en el sector universitario, a los rectores, a los estudiantes, a los agentes sociales y a todos los grupos parlamentarios. Hemos hecho exactamente 70 reuniones en este sentido y hemos recabado las opiniones para justamente poder integrar al máximo posible, teniendo en cuenta la disparidad de opiniones y posiciones e intentar sintetizar en este texto.
Les enumero los objetivos de esta ley o este anteproyecto de ley y al mismo tiempo, las medidas que se incluyen en cada objetivo.
Primero, es la mejora de la calidad de nuestro sistema universitario, en todas sus dimensiones, en docencia, en investigación y en transferencia de conocimiento. Y para ello establecemos criterios de calidad para la creación y reconocimiento de Universidades. Obligamos a que toda universidad pública o privada destine al menos un 5% de su presupuesto para investigación. Para mí, sin investigación no hay Universidad.
Establecemos una vinculación también fuerte al sistema de investigación, reservando 15% de las plazas que se convoquen en la Universidad para investigadores que opten por la carrera universitaria.
Reforzamos el papel de ANECA en las agencias autonómicas de evaluación y acreditación reconocidas por el Sistema Europeo de Agencias de Evaluación.
Establecemos también una extensión de los sistemas internos de evaluación de los programas por parte de las propias Universidades.
Establecemos la docencia como mérito para la carrera académica, junto a la investigación y la transferencia, acabando con la contradicción de que nos pagan por enseñar, pero nos promocionan sin considerar la calidad de la docencia.
Ampliamos el marco para que se puedan producir innovación, distintos tipos de innovación en las enseñanzas y en la docencia. Ejemplos: itinerarios abiertos, mención de títulos interdisciplinarios, la mención dual que nos parece particularmente importante, títulos inter-universitarios, definición de nuevos ámbitos de conocimiento e innovaciones pedagógicas.
Estamos facilitando también la recualificación y la movilidad del personal docente e investigador, así como del personal de gestión y de servicios, y establecemos una nueva figura, la de profesores distinguidos, como método de atracción del talento internacional al más alto nivel.
Segundo objetivo es la vinculación más estrecha con la economía y el empleo, mediante una articulación con la formación superior, con la formación profesional superior, en la que establecemos pasarelas entre la Universidad y la formación profesional superior, una articulación más fuerte con el sistema de ciencia e investigación, con centros mixtos y programas universidades-OPIs y otros centros de investigación.
Un sexenio de transferencia como mérito para todo el personal docente investigador.
La cobertura legal a la mención dual a las prácticas en las empresas y a los doctorados industriales.
Facilitamos la aprobación de nuevos títulos oficiales en respuesta al mercado de trabajo, en su evolución y establecemos las bases para que las Universidades puedan crear y participar en empresas y entidades basadas en el conocimiento generado por la propia Universidad y en ese marco apoyamos el emprendimiento.
En tercer lugar, sentamos las bases para ir acabando con la precariedad del personal docente investigador, para ello establecemos una carrera académica estable para el profesorado permanente con doctorado en tres niveles, profesores ayudantes doctores, titulares y catedráticos, con una evaluación o acreditación para cada nivel.
Las plazas se asignarán siguiendo el sistema actual según méritos por concurso público, pero la novedad está en que las comisiones de selección, la universidad convocante estará en minoría y los miembros que no sean de la universidad se elegirán por sorteo en una base de datos nacional e internacional.
Para los asociados doctores establecemos una reserva de plazas el 15% de las que se convoquen.
Teniendo en cuenta todo esto las jubilaciones masivas de la próxima década, y así planteamos los canales para una absorción ordenada y evaluada de la carrera académica.
Elevamos el nivel mínimo obligatorio de funcionarios al 55% del profesorado permanente, pero mantenemos la posibilidad de carrera laboral mediante contratos permanentes creados por parte de las Universidades con figuras comparables a las académicas, siempre con la aprobación de las comunidades autónomas. Limitamos el tiempo de sustitución de los profesores y establecemos una temporalidad máxima del 20% para el personal docente e investigador.
Para los no doctores precarios, durante tres años establecemos la posibilidad de que haya un contrato temporal limitado para que puedan terminar su tesis.
Afirmamos el principio fundamental de equidad que atraviesa nuestro Gobierno, estableciendo mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres a todos los niveles, carrera académica, órganos de Gobierno, comisiones de selección, equipos de investigación, registro salarial obligatorio para establecer las disparidades de remuneración por género y medidas de conciliación, al tiempo que reafirmamos la importancia de las unidades de igualdad.
Se establecen medidas contra el acoso sexual y el acoso por sexo.
Establecemos medidas contra la discriminación por cualquier causa y reforzamos medidas para corregir la desigualdad por discapacidad.
Afirmamos los derechos de los estudiantes junto con sus deberes, porque, para mí los estudiantes son la razón de ser de la Universidad. Sin estudiantes puede haber muchas cosas, pero no será la Universidad. Son la razón de ser de la Universidad y para ello, el primer derecho de los estudiantes es tener derecho al acceso a la Universidad, si así lo quieren, una vez que hayan superado las pruebas correspondientes y aquí simplemente reafirmamos la política de becas ya establecida el año pasado y ya en práctica con el Ministerio de Educación, así como la política que ya regulamos en 2020 de límites máximos de precios públicos establecidos anualmente por la Conferencia General de Política Universitaria.
Esto es esencial para prevenir el abandono, actualmente 21% de los estudios, y también el que no acaben los estudios en el tiempo impartido para sus estudios, que le ocurre con 36% de los estudiantes.
Incrementamos la participación de los estudiantes en los órganos de Gobierno de departamentos y facultades.
Establecemos la creación de un Consejo de Estudiantes en cada Universidad que sea su órgano propio de intervención en la gobernanza de la Universidad y establecemos un catálogo preciso de derechos y deberes de los estudiantes.
En respuesta a las demandas de la sociedad, establecemos que los objetivos del desarrollo sostenible deben estar presentes en todos los programas, asimismo, como los valores democráticos, en particular de memoria democrática.
Establecemos cómo y de qué forma las Universidades pueden contribuir a la cohesión territorial, cultural y lingüística de sus entornos, en particular, contribuyendo a revertir el despoblamiento.
Establecemos la Universidad como espacio de debate cultural y por primera vez en una ley, planteamos el favorecimiento de prácticas deportivas en la Universidad, en todas las enseñanzas.
En cuanto a la financiación y gestión presupuestaria, establecemos una financiación suficiente para las Universidades públicas para hacer posible la reforma. Esto ya está en línea con lo establecido en la LOMLOE de diciembre de 2020, a saber, mediante acuerdo con las comunidades autónomas, un incremento gradual del gasto público educativo hasta llegar a un mínimo del 5% del PIB en una década, acercándonos así a la media europea y por consiguiente la parte correspondiente al gasto universitario dentro de este 5%.
Medidas de mejora de la gestión presupuestaria, tales como diferenciar financiación estructural por objetivos y singular, rendición de cuentas, y establecemos la obligación para cada Universidad de establecer una contabilidad analítica o equivalente.
Impulsamos el mecenazgo y el patrimonio, y nos referimos a la importancia de los ingresos de los títulos propios de formación permanente para las Universidades, así como las fuentes de ingresos posibles a partir de empresas creadas o participadas por la Universidad, así como de patentes y otros productos de conocimiento generados por la Universidad.
En relación con la gobernanza, estamos estableciendo algunos cambios para asegurar una gobernanza a la vez que eficiente y democrática.
Establecemos dos sistemas de elección del rector que será decidido por el claustro a través de los estatutos de la Universidad, uno, el actual, y otro, el sistema de un comité de selección que designe el claustro, en el que deben participar la mayoría de profesores investigadores, pero al mismo tiempo, un 30% de personas exteriores a la Universidad para que ese comité proceda a la convocatoria abierta y elección del rector.
¿Quién puede ser rector o rectora? Tiene que ser funcionaria o funcionario, pero planteamos que en lugar de rango, lo importante son los méritos académicos y la capacidad de gestión de quién pueda ser rectora o rector. Y para ello se exige tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestor.
Establecemos un mandato no prorrogable de seis años y un nuevo sistema de elección de designación de decanos para reforzar la cohesión entre rectorados y decanatos.
En fin, reforzamos el papel de los consejos sociales, expresión de la sociedad en muchos aspectos, a través de su presencia en el Consejo de Gobierno, en el que deben contar con 10% de los miembros del Consejo, pero cambiamos el sistema de elección de los consejos sociales en los que pasarían a ser designados por los elegidos por las asambleas legislativas autonómicas, a partir de candidaturas abiertas y que presenten sus programas.
Y, en fin, enfatizamos la importancia esencial de la internacionalización de la Universidad y de la integración en el Espacio Europeo, potenciando Erasmus+ y Erasmus Mundus, favoreciendo la movilidad internacional de profesorado y personal de gestión, estableciendo alianzas inter-universitarias con otros países, creando la posibilidad de títulos compartidos con Universidades extranjeras y la participación activa en los programas de cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y para todo ello, simplificamos los trámites administrativos para homologaciones y titulaciones.
El anteproyecto lo haremos público el próximo viernes, pero sin embargo, ahora, aquí me tienen para contestar a todas y cada una de sus preguntas en cuanto detalle quieran solicitar.