Intervención de Isabel Celaá

Gracias, ministra. Es un placer volverlos a saludar en esta sala tan querida. Buenas tardes.

Efectivamente, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la distribución entre las comunidades autónomas de 683.249.670 euros, destinados a la formación para profesional para el empleo.

Esta cantidad supone un incremento de casi 80 millones, como ven ustedes en el panel, respecto a 2020, es decir, un 13,18% más.

Estos fondos se van a destinar a acciones formativas en el ámbito de la formación profesional para el Empleo, siempre vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Por lo tanto, es una formación-inversión, es una formación capitalizable, acreditable, reconocible para que cualquier trabajador vaya haciendo su propio menú de formación.

En concreto, a formación de trabajadores desempleados se va a destinar 548 millones, 548,7 millones de euros. Otros 115 millones van destinados a oferta para ocupados y 19,5 millones a programas específicos convocados por las comunidades autónomas, pero que toman un interés contemporáneo importante.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy mismo el Real Decreto, por el que se establecen 14 nuevas cualificaciones profesionales y se actualizan otras 11. Como saben ustedes, desde el año 18 estamos activando profundas transformaciones, tanto en el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, que agrupan unos 686 hoy, 686 cualificaciones profesionales, como en los títulos de formación profesional, con el fin de adaptarlos, actualizarlos y generar nuevos títulos que se correspondan con las demandas contemporáneas. Por tanto, con lo que hemos hecho hoy en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tenemos ya 687 cualificaciones profesionales y prácticamente algo más de la mitad del catálogo ya actualizado.

Como saben, desde el Gobierno de España y en especial desde el ministerio que dirijo, estamos llevando a cabo una gran transformación y modernización de la formación profesional. Se trata de la creación de un único sistema integrado de FP del sistema educativo y la Formación Profesional para el empleo, tal como indicó en el Decreto de Estructura de enero de 2020 el presidente del Gobierno.

Por ello hablamos ya, de un único modelo de formación profesional al servicio de estudiantes y trabajadores, empleados y desempleados. Hemos de lograr que la formación pase a ser una parte natural de la vida de las personas, de la vida profesional de las personas, garantizando una actualización, una cualificación y recualificación constante de las competencias profesionales.

Pero para esto tenemos 3 retos estructurales 4, diría yo, de gran importancia.

El primero es el elevado número de personas conciudadanos y conciudadanas que carecen de acreditación formal de sus propias competencias profesionales. Hablamos del 48% de la población activa, 11 millones de personas sin título de formación profesionalizante que no tienen acreditada su experiencia, su cualificación laboral, están en la vida activa, tienen una experiencia profesional, pero no la tienen acreditada a pesar de desarrollar un trabajo, un empleo a la perfección. Este es uno de los retos que tenemos por delante y que hemos de superar.

El segundo, en estrecha relación con este primero, y como consecuencia de él, es el desequilibrio en los niveles de cualificación en relación con las necesidades del mercado laboral. Es necesario disminuir drásticamente el número de ciudadanos que tienen una cualificación inicial, exclusivamente una cualificación inicial, y hemos de lograr que transiten a una cualificación media, porque en el ámbito europeo, ya para el año 2025, el 50% de los puestos de trabajo que habrán de ofertarse requerirán una cualificación intermedia. Por tanto, ahí tenemos un trabajo claro que hacer. Hemos de lograr que se transite desde esa cualificación inicial a la cualificación intermedia.

En tercer lugar, también nos movemos en un volumen de formación de 17 horas medio, cuando en realidad tendríamos que incrementar el número de horas de formación de cada uno de los trabajadores. Alemania, por poner un ejemplo, tiene 50 horas de formación al año trabajados, y, además hemos de incorporar, aumentar el número de plazas en formación profesional, habida cuenta de que tenemos la mitad de la media europea en número de alumnos matriculados, un 12 frente a un 25.

Y ese es un principal desafío. Son nuestros principales desafíos y por ello, realmente, estamos ampliando la formación de ocupados y desempleados, redimensionando la oferta y ajustándola las necesidades reales del mercado. Estamos trabajando, como sabéis, con más de 300 empresas, grandes, medianas y pequeñas. Estamos trabajando con las Cámaras de Comercio. Estamos trabajando con los interlocutores sociales. Desde luego, hemos ampliado completamente el círculo en una colaboración público-privada que ha suscitado, ha levantado mucha expectativa y que cristalizará en el proyecto de ley, en el anteproyecto de ley que traigamos ya dentro de un mes aproximadamente a primera lectura en el Consejo de Ministros.

Sumamos esfuerzos para garantizar una auténtica integración de todas las personas en las ofertas formativas acreditables de manera formal, y la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional en la que estamos trabajando servirá, efectivamente, para consolidar este nuevo modelo único, sin pasarelas, sin convalidaciones, sin materiales de aluvión que lo que hacen es retrasar en el itinerario de una persona al ámbito de la formación. Queremos dotarlo de agilidad, lo llevamos haciendo desde el año 18, de flexibilidad para ofrecer a todos nuestros conciudadanos y conciudadanas la formación que necesitan en el momento que la precisan, siempre teniendo muy en cuenta que, efectivamente, la formación a lo largo de la vida es nuestra meta y por tanto, esto es lo que va a cristalizarse dentro de la ley.

Yo creo que estamos ya a sus preguntas.