Intervención de María Jesús Montero

Antes de entrar sobre este tema y sobre los asuntos que se han abordado en el día de hoy, el Gobierno de España quiere trasladar una vez más la condena más rotunda a la violencia machista que se ha cobrado en nuestro país la vida de seis mujeres y del hijo de una de ellas, en apenas una semana. Ha sido realmente, podríamos decir, una semana negra, que obliga a replantearnos como sociedad si estamos, desde luego, poniendo todas las medidas necesarias para combatir este terrorismo, esta lacra, y para ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia machista protegiéndolas de sus agresores.

Podemos compartir que ninguna sociedad avanzada puede permitirse protagonizar estos hechos tan lamentables, ni tampoco que haya quienes lo justifiquen o los amparen, argumentando que no existe la violencia de género. La muerte de estas seis mujeres a manos de sus expareja y el hijo de una de ellas, realmente creo que a todos nos conmueve, es muy real, es muy dolorosa y está ahí.

Por eso queremos hacer un llamamiento desde esta mesa al conjunto de la sociedad española, a todas las fuerzas políticas y a todos los poderes públicos, para que podamos trabajar desde la unidad, reforzando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género e identificando las áreas en las que tenemos que seguir avanzando para acabar con esta injusticia.

Solo recordarles que la semana pasada convocamos de urgencia justamente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y se decidió impulsar un plan de modernización, de mejora, de todas las herramientas y de las acciones que tienen las administraciones para la protección de estas personas. Y, por tanto, esperemos que sigamos avanzando en esa coordinación y en ese trabajo todos a una, para que no tengamos que volver a trasladar ninguna información respecto a que alguna mujer haya podido, por el simple hecho de serlo, estar amenazada o directamente asesinada de mano de su expareja.

En relación ya con la agenda de la semana, el presidente del Gobierno, saben que está participando en el Consejo Europeo Extraordinario que se está celebrando justamente hoy en Bruselas y desde el día de ayer, una agenda de reencuentro que se centra, sobre todo, en relaciones exteriores, en el cambio climático y básicamente, lo más importante, en la coordinación para dar respuesta a la pandemia.

También en este mismo sentido, ayer mismo los Estados miembros condenaron de forma unánime el aterrizaje forzoso que ordenó Bielorrusia cuando atravesaba un vuelo, uno de los vuelos estaba atravesando su espacio, y que supuso la detención de un periodista y también de su pareja. La Unión Europea, como ha transmitido, está estudiando en este momento endurecer las sanciones económicas y de momento ya ha prohibido que las aerolíneas bielorrusas sobrevuelen nuestro cielo comunitario.

En cualquier caso, también les puedo decir que el presidente del Gobierno comparecerá tras la reunión del Consejo Europeo, cuando termine la sesión en torno a las 18:30 horas de la tarde, para dar también cuenta de los avances más importantes conseguidos en esta siempre importante reunión.

Sobre la situación de la pandemia en nuestro país, tal como la ministra de Sanidad viene comunicando, los datos siguen mostrando buena evolución en general, tanto en la incidencia acumulada como en todos los indicadores relativos a la asistencia hospitalaria. Tenemos que seguir advirtiendo, en cualquier caso, que la población más joven es la que ahora está llegando a nuestros centros hospitalarios, un grupo que todavía no se encuentra inmunizado, y es importante volver a recordar que no podemos bajar la guardia en estas pocas semanas que todavía nos quedan para garantizar la inmunidad de grupo y también para que estas personas puedan recibir su dosis de vacunación.

De hecho, ya hemos superado, con los buenos datos de evolución de la vacunación, España se ha colocado a la cabeza de los países europeos en ritmo de vacunación, y ya hemos superado los ocho millones de españoles que están totalmente vacunados, es decir, con la pauta completa, con las dos dosis, y el 35% ya de la población española al menos se encuentra ya inmunizado con una dosis. Este dato es muy importante y por tanto esta velocidad de crucero que tiene la vacunación se va a mantener para llegar al objetivo fijado por el presidente del Gobierno y que en el entorno del mes de agosto el 70% de la población se encuentre ya inmunizada y por tanto adquiramos la llamada inmunidad de grupo que permite protegernos a todos.

En otro orden de cosas, decir también, que desde ayer hemos recuperado los viajes sin restricciones de países no comunitarios que se consideran por su incidencia acumulada seguros, entre los que se encuentran Reino Unido, Australia, Israel, Japón o Nueva Zelanda.

Esto, junto con la próxima implantación del certificado digital para el COVID del conjunto de la Unión Europea, yo creo que nos acerca, de una forma segura, a una situación muy favorable para que el sector del turismo y el de la hostelería, fundamentales en la economía de nuestro país, puedan seguir trabajando para la reactivación y, por tanto, tengan, para este verano, un horizonte de buena perspectiva.

De hecho, un dato significativo que pone de manifiesto esta incipiente recuperación económica es que en el día de ayer se alcanzó ya la cifra de 19,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, por tanto, superamos, por primera vez, el nivel previo a la llegada de esta pandemia. Yo creo que es un magnífico dato que alimenta el optimismo, aunque ello no nos puede relajar, ni puede hacer que bajemos la guardia ante una situación, la del desempleo, que, como saben, ocupa bajo todos las perspectivas y todas las políticas, al Consejo de Ministros.

Ahora, entrando en el detalle de los acuerdos adoptados en el día de hoy, les tengo que informar que han sido 10 los asuntos que se han abordado con especial significación. El resto lo tendrán ustedes en la reseña del Consejo de Ministros, por lo que voy a intentar hacer un repaso, lo más breve posible, y por tanto, para que puedan tomar nota de materias tan importantes como, por ejemplo, el primer tema que quiero llevar a su consideración, la aprobación del anteproyecto de ley de Convivencia Universitaria a propuesta del Ministerio de Universidades, una nueva ley que deroga la que actualmente estaba vigente, que era una norma que fechaba del año 1954, y que regulaba el Reglamento de Disciplina Académica en los Centros Oficiales de Enseñanza Superior. Incluso la nomenclatura, verán ustedes que está algo obsoleta. Se está refiriendo a la disciplina en las universidades. Una norma que a todas luces era ya anacrónica y que se encuentra en clara contradicción con los principios democráticos que inspiran la legislación actual. El objetivo, por tanto, del Ministerio es dotar a las universidades públicas de un marco homogéneo y común de resolución de conflictos, en un enfoque democrático y adaptado plenamente al ordenamiento constitucional. Ponemos el acento en la ley, en las libertades, en los derechos fundamentales y en la convivencia activa de todas las personas que integran esta comunidad universitaria, y también sentamos las bases para un posterior desarrollo por las comunidades autónomas y también por las propias universidades en su ámbito de autonomía. Quiero señalar que esta ley da una respuesta amplia a una demanda, tanto de la comunidad universitaria como también de otros actores, como el Defensor del Pueblo, que en varias ocasiones han indicado al Gobierno la necesidad de derogar una norma preconstitucional que todavía seguía vigente. Hay que saber que la comunidad docente, el profesorado, abandonó esta norma ya en el año 1985, con un régimen propio que se aplicó, pero no así a la comunidad estudiantil, a la comunidad de alumnos, que en este momento seguía bajo el paraguas de una norma desarrollada en la dictadura.

El principal elemento que yo destacaría de esta nueva regulación es que la mediación se establece como la esencia de la convivencia y también como la vía más importante en la resolución de conflictos. Igualmente se adapta el régimen disciplinario bajo los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad o prescripción, y por tanto, se modifica la norma vigente de este año 54, en donde entrará la norma en vigor solamente para aquellos casos en los que no haya posibilidad de superar la situación de tensión bajo la figura de mediación. Como digo, a partir de ahora, las universidades harán una transposición de esta norma a su propio ordenamiento, con el respeto a la diversidad, la tolerancia, la igualdad y la inclusión de colectivos vulnerables, todos ellos valores superiores, que tenemos que llevar a toda la capilaridad de nuestra educación y por tanto, también hacia las universidades. Se deberá garantizar, desde luego, según esta norma, el principio de libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, y también la libertad de enseñanza y de cátedra, y se tendrá que asegurar la eliminación de toda violencia, de la discriminación o del acoso, o del desarrollo transparente de la actividad académica, para que se respeten los espacios comunes y para que toda la comunidad universitaria pueda tener una regla razonable sobre las que soportar esa convivencia. Se crea, por último, una comisión de convivencia que va a tener representación paritaria de estudiantes y también del profesorado. Una nueva ley para un impulso a la universidad española.

La segunda de las cuestiones que también se han aprobado en el día de hoy, ha sido la convocatoria de 4.419 plazas para Policía Nacional y para la Guardia Civil. Se trata de 2.328 para la Policía Nacional 2.091 para el otro cuerpo, para la Guardia Civil, aplicándose para ambos una tasa de reposición del 115%, por tanto, por encima de otros colectivos, tal como preveía la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Estas ofertas de empleo se van a recoger en los dos reales decretos que se elevan al Consejo de Ministros, y quiero además decir que esta convocatoria se hace en régimen de oposición libre, en la Policía Nacional se reservan solo 110 plazas de promoción interna para el acceso a la escala ejecutiva desde la categoría de subinspector y 250 para el acceso a la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil y 80 para la Escala de Oficiales.

También es importante poner de manifiesto que con estas ofertas de empleo ya son 13.880 las plazas que se han convocado para Policía Nacional y Guardia Civil desde la llegada del presidente Sánchez al Gobierno, algo que desde luego contrasta con las 13.077 plazas que se perdieron, en este caso, durante los años de gobierno del Partido Popular entre 2011 y 2017.

A este Gobierno es evidente que la seguridad y el orden público no es una frase retórica, sino que realmente se traduce en hechos y, por tanto, casi prácticamente hemos, en tres años, repuesto las plazas perdidas, en torno a 8.000, que se habían ido progresivamente desapareciendo con motivo de los gobiernos del Partido Popular.

El tercer tema es también la aprobación de un Real Decreto de medida de acción positiva para el acceso al empleo de personas que tengan capacidad intelectual límite. Se adapta la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lo importante es que fija los valores para que se pueda acceder a este programa de empleo. Van a beneficiarse del mismo personas que tengan discapacidad intelectual entre el 20 y el 33%, es decir, más del 20 y menos de ese 33%, y también personas sordas y con discapacidad auditiva con grado de discapacidad igual o superior al 33%. Los empleadores tendrán la posibilidad de solicitar ayudas con cargo a los servicios públicos de empleo competente, es decir, al SEPE, para introducir las adaptaciones que sean imprescindibles para el puesto de trabajo, básicamente, la eliminación de barreras o de obstáculos que dificulten el trabajo de personas con capacidad intelectual límite. Para promover este acceso al empleo, los empleadores van a poder acceder a la subvención de 2.000 euros por cada contrato de trabajo indefinido celebrado a tiempo completo, y por tanto, creemos que es una medida de ayuda para que este colectivo pueda conseguir, de forma progresiva, una plena integración.

El cuarto tema, que también quería trasladarles, es justamente la aprobación de un acuerdo de actuaciones urgentes en lo que hemos llamado, en materia de ciberseguridad. Se trata de reforzar, de forma inmediata, las capacidades de defensa frente a las ciberamenazas que puedan ser objeto del sector público diana de sus ataques, y sobre entidades que están suministrando tecnología, información o servicios también a este mismo sector público. Por eso hay diferentes cuestiones que se aplican o al sector privado, en la conexión que tienen con la administración, o al propio sector público, pero simplemente voy a resaltar dos de ellas.

Primero, un plan de choque que se va a poner en marcha de ciberseguridad, en donde, tanto el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como el Ministerio de Defensa, van a adaptar a la normativa, a la evolución social y a la tecnológica, todo el Esquema Nacional de Seguridad, teniendo en cuenta estos nuevos paradigmas, que son imprescindible para mantener nuestra integridad, tanto física como completa. La protección, por ejemplo, frente a códigos maliciosos, detección de amenazas en equipos, o refuerzo de capacidades de recuperación, son las líneas prioritaria sobre las que va a trabajar el Gobierno.

Y en segundo lugar, también pondremos en marcha un paquete de medidas y actuaciones urgentes a través de la implantación de un centro de operación de ciberseguridad que abarcará tanto a la Administración General del Estado como a sus organismos públicos. Este centro va a reforzar la vigilancia, la prevención y la protección y tendrá carácter reservado, porque como ustedes entenderán, los temas de seguridad, es necesario mantenerlo discretos, para no poner de manifiesto dónde tenemos puesto encima de la mesa los refuerzos y donde, por tanto, pueden vivir las debilidades.

Por último, decirles que hay controles que se van a aplicar, como decía al sector privado, básicamente porque ha habido algunos de los ataques que han entrado en esa relación que mantiene el sector privado con la propia administración a través de las diferentes ventanas que están abierta al conjunto del empresariado y al conjunto de las empresas españolas.

El quinto tema es la aprobación de un nuevo tramo de la línea de avales de inversión, en este caso por importe de 15.000 millones de euros y que básicamente va dirigido a autónomos y a empresas que están entrando en la fase de recuperación. Es el sexto tramo de la línea de avales que pone en marcha el Estado y que, por tanto, viene a completar lo que ya se impulsaron, por ejemplo, el pasado mes de julio por un importe, en aquel caso, de 40.000 millones de euros. Saben que la primera medida fue de 100.000 millones, prácticamente agotada esa línea de financiación, que básicamente iba dirigida a la liquidez, los segundos 40.000 iban dirigido tanto a liquidez como inversión, y este último de 15.000 tiene un objetivo más claro es la inversión, con 10.000 millones para PYMEs y autónomos y el resto para otro tipo de empresas y, por tanto, las de mayor tamaño. Señalar también que está siendo, esta línea de avales, un instrumento muy demandado, esencial para mantener el tejido productivo, sobre todo en estos momentos duros de la pandemia y que ya ha habido 1 millón de préstamos que se han avalado por el Estado, algo que ha permitido canalizar 127.135 millones de euros de financiación al conjunto del sector. También decirles que, respecto a los nuevos préstamos, se van a poder beneficiar de mejoras en los plazos de amortización, de forma que las operaciones avalabas van a tener un período de amortización de hasta diez años. Este sexto tramo mantiene las mismas características que los previos, cobertura de aval o modo de tramitación, y se podrán solicitar hasta el 1 de diciembre de este mismo año 2021, siempre cuando los solicitantes no se encontrarán en situación de morosidad previa a la llegada de la pandemia, es decir, previo al 31 de diciembre de 2019. El mecanismo de estos avales ha permitido que sean, yo diría que de los más utilizados en el conjunto de Europa y por tanto de demostrada eficacia.

El sexto acuerdo es la aprobación del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, un plan que tiene como objetivo primordial aumentar la conciencia de toda la sociedad sobre el carácter imprescindible que tiene, en este momento, la seguridad nacional y de la corresponsabilidad que tiene que acometer a toda la escala, a toda la cadena, en todos los desafíos, en los riesgos y en las amenazas que de forma colectiva enfrentamos como país. Se presenta, por tanto, un documento marco, un documento que integra las actividades de todas las instituciones, de todas las administraciones, tanto del Estado como las administraciones locales y las comunidades autónomas, y en desarrollo de la Ley 36/2015, que estaba pendiente de disposiciones. El Plan dispone diferentes ámbitos prioritarios de actuación, formación, dentro del sistema educativo, quizás el que a mí más me gusta resaltar, comunicación pública o divulgación, en cuestiones entendibles por parte de la ciudadanía, participación activa de la sociedad y también de las organizaciones del entorno civil, en todo lo que sea el fomento de esta cultura de la seguridad nacional. El Plan tiene también la imagen exterior de España como el país seguro, íntegro y comprometido que es, uno de los países más seguros del mundo, y también un país que está siempre alineado con el mantenimiento de la paz y la estabilidad internacional.

El Plan ha sido compartido y ha sido también aportado por todos los ministerios, aunque el peso del Plan lo lleva el Centro Nacional de Inteligencia, también la participación de la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional y el asesoramiento de un grupo de expertos muy nutrido del ámbito académico, del sector privado y de analistas de escenarios estratégicos mundiales. Esa colaboración ha permitido también que la Conferencia Sectorial de Seguridad Nacional enviara diferentes aportaciones que se han recogido, por lo tanto, podemos decir que el Plan cuenta con la unanimidad de todas las comunidades autónomas para su implementación y, por tanto, para ser capaces de ser cada día un país más seguro.

El séptimo tema, ya brevemente, ha sido la aprobación de un crédito extraordinario de cinco millones de euros dirigido a las comunidades autónomas y con cargo al Fondo de Contingencia para que se pudiera destinar a la acogida de niños y de niñas de adolescentes migrantes no acompañados de Ceuta en otras comunidades autónomas, como viene trabajando el Ministerio de Derechos Sociales en los últimos días. De hecho, en paralelo a esta rueda de prensa se está produciendo la reunión de la Conferencia Sectorial, no sé si habrá terminado, pero en dónde se iba a distribuir estas cantidades en función de los parámetros que en la conferencia se acordarán.

Forma parte, por tanto, esta dotación económica adicional dirigida a comunidades, de la respuesta que está dando el Gobierno de forma inminente, de forma muy rápida, para dar respuesta a la situación que se produjo en nuestra frontera con Marruecos los pasados días, en donde, por una parte, se está produciendo un amparo de los menores en base a la legalidad vigente en nuestro país para proteger a este colectivo de personas vulnerables, como son estos niños y estas niñas que vienen no acompañados. El Gobierno ha trabajado desde el primer día con Marruecos para aclarar la situación de los menores que llegaron la semana pasada a Ceuta y se han realizado trámites distinto de reagrupación familiar en aquellos menores migrantes que habían expresado su voluntad de regresar con la familia, así como atender las peticiones de la familia de que sus hijos o sus hijas pudieran regresar. Para hacerlo con la máxima precisión y con las garantías para los menores, el Gobierno acordó con las comunidades autónomas que todas iban a contribuir de forma solidaria a la acogida de unos 200 niños y niñas, adolescentes, que ya estaban previamente en los centros de protección de Ceuta. Ello va a permitir liberar espacio para atender de forma más adecuada a esos menores que acaban de llegar y que todavía están en ese trámite, en esas gestiones que he comentado anteriormente.

Para ello se movilizan estos recursos del Fondo de Contingencia, desde el compromiso de que en cualquier momento y en cualquier situación, los niños y las niñas tienen que tener sus derechos protegidos.

El octavo tema es la aprobación del Primer Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023, que complementa algunas de las medidas en materia de transición ecológica, transición justa, que se aprobaron la semana pasada, recordarán por el Consejo de Ministros. De hecho, se pone en marcha un plan con un presupuesto de 1.529 millones de euros, ni más ni menos que con 116 medidas, que se dirigen a la Administración General del Estado, y que se tendrán que implementar a lo largo de ese trienio para apoyar y para consolidar, de forma progresiva, todo el despliegue de la economía circular y descarbonizada. Estas medidas giran en torno a ocho ejes de actuación que son: la producción, el consumo, la gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua y con carácter transversal, la participación o sensibilización, la investigación, innovación, empleo y formación. La puesta en marcha ya se recogía en la Estrategia España Circular 2030, pero ahora se aterrizan y se materializan cada una de esa medida concretas. Junto a este proyecto de ley de residuos que aprobamos la semana pasada, la estrategia que ahora ponemos encima de la mesa conforman quizás la clave de bóveda de todo lo que va a implicar para el futuro el paquete de acciones en economía circular, siendo esto una de las reformas estructurales más importantes de las que se contienen en los compromisos que se han remitido a Bruselas y concretamente en el componente 12 de este Plan de Recuperación.

El noveno acuerdo ha consistido en la aprobación de la autorización al Ministerio de Sanidad para que se lleve a cabo el tercer acuerdo de adquisición de vacunas de la empresa Pfizer BioNtech.

Saben que esta vacuna fue la primera en ser autorizada en la Unión Europea, de las primeras en demostrar la capacidad de escala para que pudieran incrementar la producción, mostrando también una mayor capacidad de flexibilización en las fechas de entrega previstas para los diferentes países, y en el notable impulso que se está dando a la campaña de vacunación tanto en Europa como en el conjunto de nuestro país. Por ello, en este mes de abril se había iniciado un tercer proceso de negociación para la adquisición de estas vacunas por parte de la Unión Europea, vacunas que tendrían su razón de ser para el año 2022 y 2023, por tanto, es un paquete de encargo para reservar ese volumen de dosis contemplando la obligación de compra de 900 millones de dosis para la Unión Europea en ambos años, y también la capacidad de adquirir 900 millones más, si incluimos tanto la vacuna original como cualquier adaptación que se pueda producir en el futuro para acoger a las nuevas variantes. Tiene además la Unión Europea un derecho prioritario de entrega desde enero del año 2022. ¿Cuántas dosis se han asignado a nuestro país? Pues concretamente vamos a aplicar la cuota poblacional y por tanto serán en torno a 93,96 millones de dosis, con la distribución entre diciembre de 2021 y junio de 2023. Como ven el número es aproximadamente dos veces la población diana que tiene la vacunación, y por eso se secuencia en dos año el 22 y el 23. Para poder ejecutar esta compra ha sido necesaria la modificación presupuestaria que en el día de hoy aprueba el Consejo de Ministros a propuesta de la Dirección General de Salud Pública para que se pueda efectuar este compromiso.

El último de los acuerdos que quería comentarles ha sido justamente, y terminamos por algo tan interesante y tan importante como la cultura, una autorización al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para convocar en el año 2021 ayudas generales a la producción de largometrajes de especial importancia. Se trata de 40 millones de euros que se imputarán al crédito que está disponible para esta cuestión sobre protección a la cinematografía y, por tanto, estaremos hablando de una inversión plurianual en el que, esperemos que la concurrencia competitiva con la que acudirán las diferentes empresas interesadas a la convocatoria del procedimiento de selección, permita seguir elevando la calidad del cine español y, por tanto, un área que ha estado repercutirá negativamente durante la pandemia, pueda resarcirse de alguna de estas cuestiones y podamos nuevamente acudir a las salas de cine y poder disfrutar de todo lo que son los estrenos de largometrajes en los números de sala que están habilitada para tal cuestión. Creo que el sector del cine lo merece, un área de la actividad económica imprescindible también para nuestro país y por tanto, la cantidad de empleos que genera, el volumen de economía que se mueve en torno al mismo lo justificarían por sí solo, pero añadidamente, cuanta más cultura, más democracia, y este Gobierno, como saben, permanentemente está impulsando tareas y labores que permitan que se encuentre en el estatus, la cultura que queremos darles como Gobierno, en uno de los más altos, en la conciencia colectiva de nuestro país.

Muy bien. Estos son los temas y sin más, pasamos ya al turno de preguntas para aclarar alguna cuestión que se haya podido suscitar.