Intervención de Teresa Ribera

Pues muchísimas gracias, ministra, y muchísimas gracias por la oportunidad de volver a estar aquí, a reportar los acuerdos del Consejo de Ministros en temas que son sumamente importantes. Para mí es un gran placer el poder compartir con ustedes algunas de las decisiones de hoy que tienen que ver con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, serán las primeras partidas que serán respaldadas por el Consejo de Ministros con respecto a la aplicación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Pero permítanme que les recuerde que la transición ecológica, siendo como es, uno de los elementos más importantes recogidos en el paquete que propone la Comisión Europea, hasta el punto de destacar que al menos el 37% del total de los fondos debe estar destinado precisamente a clima, resiliencia y transición ecológica, y el 100% de los fondos debe estar dedicado a iniciativas que no generen daño para el medio ambiente, nos pide, la Comisión, que trabajemos, no solamente en inversiones, también en reformas, y esto es lo que hemos hecho hoy.

Un primer paquete significativo con respecto a un volumen de recursos muy importante, 581 millones de euros, y medidas importantes desde el punto de vista de las reformas regulatorias, como veremos más adelante, con el reglamento que permiten actuar sobre las instalaciones térmicas de los edificios, pero también para facilitar la capacidad de gestión por parte de la administración del Estado, en una de las líneas más significativas de la transformación que estamos acometiendo, que es la dedicada a la transición justa.

Con respecto a la primera cuestión, como decía, son los primeros fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con respecto de los cuales el Consejo de Ministros acuerda su reparto territorial. Son medidas y reformas importantes en materia ambiental. Son medidas de pequeño alcance diseminadas en todo el territorio, de manera que podamos responder a algunos de los desafíos ambientales más significativos que tenemos por delante.

581 millones de euros destinados a tres grandes partidas, financiar proyectos en materia de saneamiento y depuración en aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes, pequeños municipios, por tanto, que han quedado atrás con respecto al cumplimiento de obligaciones en materia de depuración y saneamiento. Actuaciones en apoyo a la aplicación de la nueva normativa de residuos y medidas de corrección de tendidos eléctricos para evitar la alta mortandad de aves.

Es un primer paquete significativo, que activa proyectos de inversión necesarios para transformar, modernizar y facilitar la resiliencia de forma integral de nuestra economía.

Quisiera destacar, en primer lugar, que es un paquete trabajado con comunidades autónomas, y el acuerdo que hemos adoptado hoy autoriza la propuesta de distribución territorial para la ejecución de estos créditos presupuestarios. Son líneas, componentes del plan de recuperación, en los que la gestión de las comunidades autónomas es fundamental. Tendrán que activar la selección, la convocatoria y la ejecución de proyectos de inversión.

La distribución de los recursos que hoy se ha aprobado se remitirá a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, una conferencia sectorial que ya tuvo ocasión de respaldar los criterios en los que venían trabajando en cada uno de los grupos de directores generales y por tanto, contamos con la información, el análisis y la participación de las comunidades autónomas en este marco, en este acuerdo.

Siguiente comentario importante, la descripción de cada una de estas líneas.

Permítanme describir brevemente, en primer lugar, la línea destinada a saneamiento y depuración. Una línea cuyos fondos pueden distribuirse en los territorios en los que hay aglomeraciones urbanas de menos de 5000 habitantes, aglomeraciones, como decía antes, de pequeño tamaño, que han quedado rezagadas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de tratamiento de aguas residuales, y que tienen difícil poder acometer las inversiones en este tipo de infraestructuras con arreglo al principio de recuperación de costes, dado que el pequeño número de habitantes es complicado el que puedan acometer estas inversiones a través de las tasas municipales.

La dotación de este plan es de 100 millones de euros y complementa y amplía las inversiones que desde la Dirección General del Agua y las confederaciones hidrográficas venían impulsando en materia de saneamiento y depuración.

Creemos que estas actuaciones, cuando intervienen la Dirección General, siempre lo hace en obras, en inversiones declaradas de interés general, requieren ser completadas, como digo, con esas iniciativas por parte de comunidades autónomas, o ayuntamientos y pueden ser completadas con el Fondo de Desarrollo Regional en el tiempo por venir.

Por tanto, continuamos una línea importante que activa el plan de recuperación y los fondos europeos del marco financiero plurianual 2021-2027, con el objetivo de alcanzar la total conformidad con el nuevo marco en materia de tratamiento de aguas residuales.

El segundo paquete es el que tiene por finalidad, en materia de residuos y economía circular, el reparto de fondos del Plan de apoyo a la preparación para la nueva normativa de residuos. Es un paquete que está dotado con 420 millones de euros. Impulsa distintas infraestructuras, destinadas a recoger, a la recogida separada y a las instalaciones para el tratamiento de residuos. Y me gustaría destacar que una de las grandes líneas es aquella que permite una mejor gestión de los bio-residuos que estamos obligados a separar de forma inminente. Y la mejor gestión de los bio-residuos permite, por un lado, reducir emisiones de metano y por otro lado, el que el resto de las fracciones, de residuos, de los flujos de residuos, queden más limpios, es decir, mejor preparados para su reciclabilidad o su utilización.

Estas actuaciones tienen por objeto acelerar inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos. Sabemos que es una competencia fundamentalmente de ayuntamientos, en algunos casos de mancomunidades o comunidades autónomas, en función del tamaño de los términos municipales, y debemos garantizar una temprana inversión que permita el activar el cumplimiento de nuevos objetivos comunitarios que en nuestro caso, serán traspuestos por una ley de inminente remisión al Parlamento.

Son proyectos que deben estar alineados con las necesidades identificadas por el marco comunitario. Son proyectos que nos sitúan en el camino para alcanzar una economía moderna y eficiente en el uso de los recursos, abandonando esa economía lineal y extractiva y favoreciendo la economía circular, el que los recursos puedan ser aprovechados en sucesivas ocasiones.

En tercer lugar, el acuerdo incorpora financiación para invertir en conservación de biodiversidad, 60 millones de euros que tienen por finalidad el activar un plan para evitar la electrocución de avifauna en estructuras de conducción eléctrica. Se convierten en uno de los grandes problemas de conservación de aves en nuestro territorio. Aves, en muchos casos, incluidas en el catálogo español de especies amenazadas. Algunas particularmente simbólicas, como el águila imperial ibérica o el xixón común. La estimación es que, en España, que además es un corredor de aves importante, mueren más de 39 mil ejemplares al año. Por tanto, el intervenir para poder reducir ese impacto en los puntos de apoyo, las líneas de conducción eléctricas es sumamente relevante.

El segundo elemento al que quisiera hacer referencia en esta intervención es la aprobación del Real Decreto que actualiza el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Con ello transponemos dos directivas europeas en materia de eficiencia energética. Se trata de un paso muy importante, porque nos va a facilitar el cumplimiento del objetivo de eficiencia energética incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Permítanme recordarles algunas cifras importantes a este respecto, en un momento en el que se discute cuál debe ser el nivel de ambición de la Unión Europea, debemos recordar que la Unión Europea, cuando se marcaba un objetivo de reducción de emisiones del 40% para el año 2030, ponía como objetivo para el conjunto de los países en materia de eficiencia energética reducir en un 32% el uso, el consumo de energía primaria. Cuando este objetivo ha pasado del menos 40, al menos 55, es muy posible que la Unión Europea marque como objetivo en materia de eficiencia energética, el que los países reduzcamos entre el 36 y el 37% el consumo de energía primaria.

Pues bien, nosotros este Gobierno, desde el primer momento en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, nos marcamos como objetivo nacional de eficiencia energética el conseguir una reducción del 39,5% del consumo de energía primaria en el año 2030. Un objetivo más ambicioso que cualquiera de los contemplados en cualquiera de los dos escenarios por parte de la Unión Europea. Y lo hacemos por convicción. Lo hacemos por convicción, en el sentido de que esto supone inversión que libera recursos, recursos importantes para el conjunto de la economía nacional, para el conjunto de la industria y para el conjunto de las economías domésticas.

Cuando hablamos, además de consumo energético asociado a edificios, hablamos de rehabilitación. Cuando hablamos de consumo energético para las instalaciones térmicas, hablamos de confort en hogares. Hablamos también de pobreza energética, hablamos de reducción de emisiones.

Por lo tanto, sabemos que hoy estamos activando a través de esta reforma del reglamento, una línea de trabajo muy importante, acordada, trabajada con los colegios profesionales, con el sector, con los consumidores. Sabemos que con ello mejoramos la información disponible para los usuarios y propietarios de edificios, para que éstos puedan optar por soluciones más eficientes. De tal modo que todos los edificios de más de mil metros cuadrados, edificios de administración, edificios comerciales, deberán informar, dar publicidad a sus clientes y usuarios sobre el consumo energético en este edificio durante los últimos años, así como el origen de la energía que consumen. Los edificios con grandes consumos, como los hoteles, los centros comerciales, los grandes edificios de oficinas tendrán que dar el primer paso hacia la conversión en smart building, en edificios inteligentes en consumo energético.

Todos los edificios sujetos a una reforma deberán contar con un informe técnico en el que proponer instalaciones alternativas de alta eficiencia y proponer el reemplazo de equipos de consumo de energía fósil por otros de energías renovables.

Se introduce la digitalización en los edificios no residenciales de más consumo, con más de 290 kilovatios de potencia térmica. Se trata de facilitar la automatización y el control, por ejemplo, con sistemas de control de temperatura mediante la digitalización, por tanto, facilitando la eficiencia.

La reforma impulsa la incorporación de renovables en los edificios. Facilita los criterios que deben cumplir las bombas de calor para computar como renovable según la normativa europea, y que se realicen mejores técnicas sobre el diseño de instalaciones renovables. Además, todas las instalaciones técnicas de los edificios, cuando sean instaladas, sustituidas o mejoradas, deben evaluar su eficiencia energética.

Los proyectistas que trabajen en esta componente de los edificios deben instalar en edificios, que quieran, que opten por instalar en edificios sistemas convencionales, por ejemplo, calderas de gas con radiadores estarán obligados a justificar por qué descartan sistemas más eficientes y sostenibles, como por ejemplo la bomba de calor geotérmica, con suelo radiante o la hibridación con energía solar térmica o calderas de gas natural.

Cuestiones que si no son prescriptiva y obligaciones, facilitan el que los expertos, el que los técnicos vayan incorporando en sus mejores prácticas soluciones cada vez más eficientes, más renovables y, por tanto, para mayor confort de los usuarios. Todo ello con el objetivo de fomentar ahorro energético y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

El segundo Real Decreto al que quería aludir es el que aprueba el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, un organismo autónomo creado al inicio de esta legislatura, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es heredero del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras.

De este cambio, centrarse exclusivamente en las comarcas mineras a trabajar para la transición justa, se deriva la necesidad de actualizar el Estatuto, un instituto que nació para garantizar un tratamiento equitativo y solidario para trabajadores y territorios afectados por la transición, y, por tanto, que necesitaba contar con una habilitación explícita para poder gestionar fondos presupuestos, más allá de lo estrictamente asociado a la minería del carbón.

Por último, me gustaría indicar que hoy, que es el Día Meteorológico Mundial que dedica este año a la Organización Meteorológica Mundial, a la relación que existe entre tiempo, océanos y clima, hemos autorizado la participación y contribución de España con más de 350.000 euros en el programa de satélites metodológicos de altimetría oceánica para el seguimiento del cambio climático. De nuevo, una recuperación que necesita consolidar la capacidad de observación, el entendimiento del clima. Son satélites que permiten evaluar el ritmo del calentamiento global y proporcionan datos sobre la altura del oleaje y la velocidad del viento, que es una información de gran valor para las actividades de predicción y meteorología marina.

Así que, como pueden ver, ha sido un día cargado de buenas decisiones en materia de transición ecológica. Muchas gracias.