Intervención de María Jesús Montero

Bueno, pues si os parece, comenzamos esta rueda de prensa con retraso sobre la hora habitual, pero creo que el tema lo merecía, así que buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos como todas las semanas a esta rendición de cuentas tras la reunión del Consejo de Ministros, una reunión en la que el presidente ha podido transmitir en su declaración institucional, probablemente ha sido en la que hemos adoptado una de las decisiones políticas más trascendente, más importantes que un ejecutivo puede impulsar, como era la de intentar abrir una nueva etapa en Cataluña y en España. Una etapa que deja atrás todo el dolor, todo el sufrimiento, que creo que el conjunto de los ciudadanos hemos vivido en primera persona. Un conflicto, el catalán, que saben todos ustedes que dura ya demasiado tiempo y que ha causado una ruptura en el interior de la sociedad catalana y por tanto necesita que la palabra, que el diálogo, la convivencia, la capacidad de reencuentro cobren un protagonismo que nunca se tuvo que perder al interior de Cataluña y de Cataluña con el resto de España.

Ustedes han podido ser testigos de que la declaración institucional del presidente ha intentado, ha permitido explicar al conjunto de la ciudadanía los motivos que nos han llevado a aprobar esta decisión. Básicamente, yo lo resumiría en la necesidad de tender puentes, de anudar lazos y de reconstruir todo aquello que se dinamitó entre la sociedad española y la catalana.

Esa recuperación del espíritu de concordia que guio la transición, la pluralidad y el reconocimiento a esa pluralidad, política, social y cultural de la que podemos sentirnos orgullosos, ha sido, digamos, que el elemento común sobre el que ha pivotado la declaración del presidente amparando la discrepancia de ideas siempre dentro de la legalidad y del marco constitucional.

Yo diría que todos los gobiernos tienen la obligación de responder ante los retos que le plantea el día a día y que se sitúan en el marco del Gobierno, donde cada uno tenemos que intentar arreglar problemas que afectan a la ciudadanía.

De otro lado, hay algunas personas que piensan que no hacer nada, que esconder la cabeza, que simplemente mirar para otro lado o ponerse de perfil es una respuesta ante la realidad, pero yo creo que los acontecimientos, sobre todo, vividos en Cataluña, han demostrado que lejos de intentar paliar esa situación, ese tipo de actitudes a lo que conduce es básicamente enquistar problemas que se tendrían que haber resuelto hace ya muchos años y que por desgracia, como digo, han dejado un desencuentro que es el que ahora queremos intentar resolver.

La situación, además de la pandemia, ha agudizado toda esta parálisis que se ha vivido en Cataluña. Es evidente que la mayoría de los esfuerzos políticos se han dirigido a combatir el virus, pero tenemos que salir de ese bucle, de ese lugar en donde no se encuentran las aspiraciones de los ciudadanos, del día a día, de su cotidianeidad, y, por tanto, es afán de este Gobierno contribuir, en la medida de sus posibilidades, a intentar que el diálogo, el reencuentro, sean las herramientas en la que los gobiernos nos dotemos y, por tanto, las palancas para posibilitar los avances en la sociedad.

También el presidente del Gobierno ha expresado en primera persona que es muy consciente de que esta medida puede generar incomprensión o rechazo de una parte de la población. Pero diríamos a quienes no la entienden o a quienes no la consideran útil, que realmente deben de confiar en que a través de la palabra es la única manera que tienen las sociedades avanzadas, las sociedades democráticas para poder seguir caminando en un destino común. Y es evidente que necesitamos coser las heridas y también restaurar esa confianza perdida.

Y esto no va a ser de la noche a la mañana. No somos ingenuos, lo sabemos perfectamente. La situación llevará tiempo, pero confiamos en que este paso que estamos dando con altura de miras, con el espíritu constitucional, sea el primero de una nueva etapa, de una nueva era, por tanto, de un nuevo comienzo para todos.

A las personas que rechazan esta medida desde lo más profundo de sus convicciones, les trasladamos, desde luego, nuestro respeto, porque la convivencia de la que se forjó este país ya en el año 1978, la que heredamos, digamos, como sociedad ya madura en esta democracia, avanza justamente en eso, en tolerar a quienes piensan distinto, en ser capaces de entender que un país se construye entre todas y todos, sin excepciones y sin exclusiones.

La discrepancia, por tanto, siempre que esté dentro del marco legal, dentro del marco constitucional, es legítima, de la misma manera que lo es la apropiación del Gobierno de España. Pero esa discrepancia nunca puede ser una excusa para la parálisis, y no vamos a renunciar como Gobierno a hacer aquello que pensamos que es lo mejor para nuestro país y para su convivencia, la estabilidad y su progreso.

Los medios de comunicación habéis podido asistir también durante este mediodía al briefing informativo a, digamos, el intercambio informativo que hemos organizado para explicar con detalle todas las cuestiones jurídicas y técnicas que acompañan en esta decisión. Por eso, en esta comparecencia solo abundaré en una idea que me parece central, muy importante recordar, y es que, los indultos, son una medida de gracia contemplada en la Constitución y que respeta de forma fiel y escrupulosa la separación de poderes en nuestro país.

Al margen de esa cuestión, por supuesto, es el momento de la política, no estamos ni validando, ni cuestionando, ni discutiendo las resoluciones jurídica, todo lo contrario, la justicia terminó su trabajo y ahora es el momento de la política y la política que desarrolla este Gobierno de progreso considera que es de utilidad pública conceder estos indultos, y con esa confianza, con ese espíritu de concordia, hacemos y acordamos, en el día de hoy, todas estas cuestiones que hemos podido explicar y, por tanto, que creemos que son imprescindibles para que nuestra sociedad pase página y podamos avanzar en España, en Cataluña, todos juntos y unidos en pos del bienestar general.

Otras materias que se han abordado en el Consejo de Ministros de forma breve, las voy a referir a continuación.

Pero antes de entrar en ellas, me tenéis que permitir trasladar nuestra enhorabuena al conjunto de la comunidad educativa, a los profesores, a las familias y especialmente a nuestros más pequeños.

Hoy acaba justo el curso escolar en un año que ha estado marcado por la pandemia y tenemos que felicitarnos porque España ha sido de los pocos países que han mantenido abiertas las escuelas con una extraordinaria seguridad. Prueba de ello son los datos que tenemos de transmisión de contagio prácticamente inexistente en nuestros centros educativos, sabiendo que ha sido una tarea que ha ocupado principalmente a los profesores, que además de impartir el currículum, han tenido que estar atentos a cuestiones de prevención, de precaución, en definitiva, de poder hacer eficaz que nuestras escuelas fueran seguras.

Yo creo que ello habla de que las administraciones públicas y sobre todo la educativa, ha sabido ir sorteando esta pandemia con un resultado sobresaliente y por tanto, expresa también en primera persona la fortaleza de nuestro Estado del bienestar.

Otros asuntos que hemos acordado en el Consejo de Ministros han sido varios que encontrarán en la reseña, pero solamente voy a enunciar seis de ellos que son de especial interés.

El primero es que se ha autorizado en el día de hoy al IMSERSO la contratación de los servicios para la organización del Programa de Turismo Social para personas mayores, así como las posibles prórrogas que pudiera contemplar. Espero que esta reactivación de los viajes sea una gran noticia para las personas mayores, que son las que más han sufrido durante esta pandemia, sobre todo, más miedo o más situación de incertidumbre, y, este paso supone un avance hacia la normalidad tan importante para este colectivo. El IMSERSO va a relanzar este programa en el mes de octubre, incorporando a su vez, medidas y protocolos para que se permita la prevención contra el virus.

El volumen de la campaña se acercará a los 280 millones de euros y se van a convocar, inicialmente 816.000 plazas, que van a suponer más de 6 millones de estancias.

El segundo acuerdo que quiero comentar es el que se ha establecido para ampliar el número de dosis de la vacuna contra la COVID de Pfizer BioNTech que España va a recibir entre los año 2021-2023. Se trata de un acuerdo por el que recibiremos 2 millones más de dosis, más de las prevista pasando de los 94, que ya se han autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de mayo, a los 26 millones de vacunas compradas y solicitadas. Este aumento se debe a que algunos de los Estados miembros, en concreto Hungría, ha renunciado al tercer acuerdo de compra que tenía con Pfizer, lo que posibilita un mayor reparto entre el conjunto de Estados miembros que se han sumado a este tercer contrato.

En virtud de este acuerdo, España va a recibir 6,4 millones de dosis de esta vacuna en 2021, 41,6 en 2022 y 48 millones en 2023. Esta medida consolida, por tanto, el suministro de esta vacuna para toda la población y garantiza dosis suficiente de cara al futuro, por si fuera necesaria su utilización.

La inversión prevista en los distintos contratos que ha formalizado el Gobierno de España para este período 2021-2023 asciende a 4.462 millones de euros de gasto del Gobierno de España en las vacunas que se suministran por parte de las comunidades autónomas y ha supuesto una adquisición de 292 millones de dosis.

Recordarles que las vacunas, aunque sus suministro sean competencia de las comunidades autónomas, los recursos y la propia contratación se ha realizado desde el Gobierno de España, lo que ha supuesto un ahorro, como ven ustedes, de más de 4.400 millones de euros a las arcas públicas, también de las propias comunidades autónomas.

El tercer acuerdo del Consejo de Ministros ha sido para una inversión de cerca de 400 millones de euros dentro del plan de inversiones de equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud, en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

400 millones de euros que van dirigidos a la modernización de nuestro sistema sanitario, a aplicar prácticas y políticas innovadoras que permitan que los últimos tratamientos se puedan practicar, se puedan realizar en los hospitales públicos de nuestra red pública y por tanto, también reducir la obsolescencia del Parque Tecnológico de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es el que más se ha repercutido a la baja por los ajustes que se realizaron en años previos por parte del Partido Popular.

Con ello vamos a elevar la tasa de densidad de equipos de alta tecnología en el conjunto de comunidades autónomas, incrementando la supervivencia y la calidad de vida de las personas que se pueden beneficiar de este tipo de terapias, de tecnologías, que va sobre todo dirigida a enfermedades crónicas, oncológicas, neurológicas o enfermedades raras.

Este plan comenzará en el año 2021, continuará en 2022 con una inversión, con una dotación similar, y lo que queremos conseguir renovar 845 equipos de alta tecnología que se incorporarán, como digo, al sistema público.

Esta tensión que ha soportado el sistema sanitario en la lucha contra la pandemia tiene que permitir ser inteligentes en términos de sostenibilidad, y por tanto, invertir, prevenir y afrontar posibles amenazas globales, con toda la inversión que se requiere, como digo, después de años donde realmente era importante relanzar la adquisición de equipos de alta tecnología que son muy costoso, que son muy caros y que el Gobierno de España, a través de los Fondos Europeos, pone a disposición 400 millones en el conjunto de la geografía.

El cuarto tema que quería comentarles también ha sido la aprobación de una declaración institucional con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBI, que se va a celebrar el próximo 28 de junio, un día que, como recordarán, fue el Gobierno de España, el actual Gobierno de España, el que elevó a categoría institucional esa fecha para celebrar concretamente este Día del Orgullo.

En esta declaración institucional, donde han participado más de cinco ministerios, se reivindica desde el Ejecutivo la relevancia del Día Nacional del Orgullo LGTBI como una fecha en la que tenemos que festejar y poner en valor algunos de los fundamentos sobre los que se asienta la convivencia española y que aparecen recogidos en nuestra propia Constitución.

Porque cuando los colectivos LGTBI reclaman "ama quien quieras" o "que nadie te diga quién eres", lo que en realidad ponen de manifiesto es la defensa de los artículos 14 y 10.1 de nuestra Constitución y reconocen el derecho en plena igualdad a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.

Esta declaración hace en esta ocasión especial hincapié en la dificultad que ha supuesto para el conjunto de la sociedad esta pandemia de la COVID19 y también para las personas LGTBI, profundizando en la idea de que no queremos dejar a nadie atrás y por tanto, queremos seguir avanzando en los derechos civiles de esta comunidad, sin que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, o sus características sexuales, vayan en detrimento de lo que recoge nuestra Carta Magna.

Además, constatamos algo que nos enriquece como personas, como sociedad, que todos somos diferentes, somos diversos y reafirmamos el derecho de toda a la ciudadanía a vivir una vida plena sin encontrar en su camino ningún tipo de discriminación.

El Gobierno con esta declaración quiere expresar su compromiso firme con el objetivo del desarrollo legislativo que ampare los derechos de las personas LGTBI y que nos sitúen de nuevo, como siempre hemos querido estar, a la vanguardia europea e internacional, alineando el ordenamiento español con la estrategia de igualdad de la Comisión Europea y ofreciendo una posición de condena rotunda a la LGTBIfobia.

Esta declaración la tienen ustedes disponible en la reseña una vez termine esta rueda de prensa.

El quinto tema también que quiero comentarles es la aprobación en primera vuelta de un anteproyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y el uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo, necesaria para la prevención, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.

Un anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio del Interior, que tiene como objetivo incorporar a la legislación española, transponer la directiva europea, que regula la normativa sobre la persecución de estos comportamientos delictivos y la ampliación del acceso de las autoridades competentes a los registros de las cuentas bancarias o de los pagos, cuando sea indispensable con motivo de una investigación penal que esté abordando un delito grave.

Y por último, decirles que el Consejo de Ministros, también ha aprobado en el día de hoy otro anteproyecto de ley, de modificación de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional.

El objeto justo de este cambio legislativo es reforzar los mecanismos, los instrumentos de los que dispone el Estado para acceder a los recursos necesarios que permitan gestionar una situación de crisis, una cuestión que ya fue abordada en la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional, que se celebró con comunidades autónomas el pasado día 19 de mayo.

La modificación establece, entre otras cuestiones, la necesidad de regular la producción industrial de España en función de las necesidades que se dictan por la situación de crisis y otras cuestiones que tienen que ver, cómo digo, el acceso en condiciones de seguridad a información que hasta ahora podría estar reservada.

La norma ha contado con toda la información aportada por comunidades autónomas en el seno de esa Conferencia Sectorial y ahora pasaría a las Cortes Generales para su debate y aprobación.

Esto, como digo, son las materias que hemos abordado en el día de hoy, que han sido profusas, a la vez que sea sustanciado la más importante, como ha sido la aprobación de los indultos, y, por tanto, Miguel Ángel, si te parece, quedamos a disposición de la prensa por si hay alguna cuestión que yo pueda aclarar