Intervención de Félix Bolaños

Les voy a dar cuenta de la Ley de Memoria Democrática que hemos aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, en segunda vuelta para ya enviarla al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Recordarán que la primera vuelta se aprobó en Consejo de Ministros el 15 de septiembre del 20 y a partir de ahí se ha hecho la tramitación ordinaria con todos los informes que son preceptivos, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, etcétera, que han mejorado la ley, que han mejorado el anteproyecto que hoy el Gobierno aprueba y que envía al Congreso de los Diputados.

Los objetivos fundamentales de la Ley de Memoria Democrática que hoy hemos aprobado son dos.

El primero es la recuperación, la salvaguarda y la difusión de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, de su historia y de su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea.

El segundo objetivo de la Ley es el reconocimiento de todas las víctimas del Golpe de Estado de julio del 36 y de la posterior dictadura.

Por eso esta Ley es la primera ley en la que se condena y se repudia expresamente el Golpe de Estado de julio del 36 y la dictadura posterior, que han supuesto el período más negro de nuestra historia contemporánea.

Saben ustedes que hay una Ley que se aprobó en 2007, la que se llamó la Ley de Memoria Histórica, que necesitaba ser actualizada y necesitaba ser actualizada porque hay organismos internacionales que nos lo han venido exigiendo y nos lo han medio recomendando desde hace tiempo.

Hay informes de un relator de la ONU o de Pablo de Greiff que en el año 2014 ya pidió actualizar la Ley de Memoria Democrática española y el grupo de trabajo de Desapariciones Forzosas e Involuntarias, que también ha pedido a España que actualice su normativa en esta materia.

Hay leyes autonómicas, hay iniciativas parlamentarias en el Congreso y el Senado, y lo que hacemos con esta Ley es actualizar la ley del 7, dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, y desde hoy, desde el momento en el que se apruebe la Ley y entre en vigor, España tendrá una Ley que será homologable a los países de su entorno.

Esta ley tiene tres ejes fundamentales.

El primer eje es poner a las víctimas en el centro de la acción política del Gobierno, de tal manera que se declaran injustas las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el Golpe de Estado, la Guerra y la posterior Dictadura, y se consideran ilegítimos a aquellos tribunales de excepción que dictaron sentencias. Todas ellas, todas esas sentencias se declaran nulas en esta ley de Memoria Democrática.

Ponemos al centro a las víctimas porque queremos que las miles de familias que todavía hoy siguen buscando los restos de sus familiares y de sus antepasados, sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión. Personas que solo quieren saber dónde yacen los restos de sus antepasados, a veces quieren darles una subcultura digna, otras veces, únicamente conocer qué ocurrió. Y eso cuenta con el apoyo del Gobierno, y con esta Ley lo hacemos posible.

Por eso las víctimas son el eje fundamental de esta Ley y queremos hacerlo de manera humanitaria, queremos que esas miles de familias, cada vez menos por el simple paso del tiempo, sepan que van a contar con nosotros con esta Ley, una herramienta para que puedan descansar en paz y conseguir los restos de aquellas personas que sufrieron la represalia de la Dictadura y de la Guerra.

Creamos dos días de las víctimas para homenajearles.

Es una será el 31 de octubre que será el día de todas las víctimas de la Guerra Civil, del Golpe de Estado y de la Dictadura.

Y otro día será el 8 de mayo. El 8 de mayo será el día de las personas exiliadas, aquellos españoles y aquellas españolas que tuvieron que abandonar nuestro país porque no podían vivir en la Dictadura franquista.

El segundo eje de la Ley es poner en valor el papel de las mujeres como protagonistas principales de la vida política, de la vida cultural y también de la recuperación de la democracia para nuestro país. Las mujeres que sufrieron la misma represión que sufrieron los españoles y las españolas durante la Dictadura, pero agravada por su condición de mujeres. Algunas fueron represaliadas simple y llanamente por ser mujeres, compañeras, hijas o madres de personas que se habían significado políticamente y otras muchas fueron condenadas por adulterio o por interrumpir voluntariamente embarazos. Queremos que esta Ley también sea para ellas un homenaje.

Y el tercer eje de esta Ley es que damos importancia al movimiento memorialista, un movimiento que ha reivindicado durante años el papel y la necesidad de esta Ley, y, por fin, con este anteproyecto damos satisfacción a algunas de sus reivindicaciones y ponemos en valor todo su trabajo con la democracia española para reivindicar la memoria democrática.

Los principios fundamentales de esta Ley son cuatro, los cuatro principios que establecen los organismos internacionales de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos que ocurrieron.

Cada uno de los principios se traducen algunas de las medidas de la Ley, que les explicaré de manera muy sucinta.

El principio de verdad se traduce en que es el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero de manera constante en la recuperación de restos de personas que fueron represaliados en su momento.

También se crea un Banco Nacional de ADN para facilitar esa búsqueda y poder satisfacer a familias indicándoles dónde estaban los restos humanos de sus familiares o antepasados.

Y por último, se facilitará el derecho de acceso a los archivos y a los fondos de consulta para que los historiadores, los investigadores, la universidad, la academia, las OPIs (Organismos Públicos de Investigación) puedan conocer la verdad de lo que ocurrió en aquellos años tristes para nuestro país.

El segundo principio es el principio de justicia. Por eso garantizamos con la Ley que se investigarán todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron desde el Golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución. Y para ello se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática. Esta Fiscalía de Sala investigará, impulsará, practicará diligencias para investigar todas las violaciones de los derechos humanos e impulsará la búsqueda de las víctimas.

El tercer principio es el principio de la reparación. Es una reparación histórica, moral, porque la propia Ley establece que no habrá responsabilidad patrimonial del Estado ni habrá indemnizaciones económicas más allá de las que ya se han venido compensando durante la época democrática. Se hará una auditoría y un inventario de la incautación de bienes que fueron expoliados por el régimen franquista, por razones políticas, de conciencia, ideológicas.

El último de los principios de la Ley es el deber de memoria, la obligación de no repetir esos hechos nunca más en nuestro país ni en ningún otro lugar del mundo.

La memoria democrática será un contenido curricular en la educación tanto en el bachillerato, como en la ESO, como en la Formación Profesional. Se estudiarán los valores democráticos y se reivindican los derechos fundamentales como eje fundamental en cualquier currículum. Se fomentará la investigación.

Vamos a resignificar también el Valle de los Caídos, así lo establece la Ley. No podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante del Valle de los Caídos.

Y también vamos a crear un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca, con la vocación de acumular todos los fondos y los archivos documentales generados desde el Golpe de Estado del 36 hasta la promulgación de la Constitución en el año 78.

También vamos a afianzar aquellas medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil, del Golpe de Estado y de la Dictadura, retirando símbolos, distinciones y también títulos nobiliarios a todas aquellas personas a las que se les concedió por ser protagonistas de la Dictadura o de la Guerra Civil.

Modificaremos la Ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezca a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio. Será causa de extinción de las fundaciones. Y también se modificará la Ley para que no puedan ser consideradas en ningún caso de utilidad pública aquellas asociaciones que cumplan con estos requisitos de apología del franquismo.

Concluyo con algunas otras novedades que creo también de interés para todos ustedes, por ejemplo, se establecen dos nuevos supuestos de nacionalidad para optar a la nacionalidad española, uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la Dictadura y que por tanto, perdieron la nacionalidad. Esos hijos y esas hijas podrán optar a la nacionalidad española y también los hijos mayores de edad, de aquellos que ya se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley de 2007 y que solo afectó a los hijos menores. Ahora abrimos también la posibilidad a los hijos mayores de edad en aquella fecha.

Se crea un Consejo Interterritorial para que exista cooperación entre las distintas administraciones local, autonómica y estatal. Se crea un Consejo de Memoria Democrática en el que participarán asociaciones memorialistas para asesorar al Gobierno y al resto de las administraciones.

Se extingue la fundación del Valle de los Caídos, perdón, de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se extingue la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que proviene de un Real Decreto Ley del año 57, que es por completo contrario a la Constitución y a los valores democráticos, y se aprobará un nuevo Real Decreto que establezca el nuevo régimen jurídico aplicable en el Valle de los Caídos.

En definitiva, con esta Ley conseguimos que España tenga un régimen asimilable al resto de los países europeos y de nuestro entorno que han sufrido dictaduras, como Alemania. Conseguimos con esta Ley que seamos un país más digno porque atiende más a las víctimas y que seamos un país más humanitario, porque no se olvida de los familiares, de personas que perdieron la vida luchando contra una Dictadura o luchando por la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales.

Por todo ello, creo que es una Ley necesaria y es una Ley que nos hace mejores como país. Gracias ministra.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro. A continuación, el ministro de Consumo tiene la palabra.