Intervención de Isabel Rodríguez

Si me permiten, antes de entrar al contenido de los asuntos abordados, les diré que la reunión de la mañana ha estado marcada por un hecho importante. Como todos ustedes saben, nos hemos reunido el presidente del Gobierno con los sindicatos para celebrar el acuerdo alcanzado en el día de ayer, que viene a garantizar las pensiones de mañana. Un encuentro en el que hemos puesto en común, hemos puesto de acuerdo lo que es una prioridad para este Gobierno, que es la defensa de un sistema público de pensiones, que avanzamos ya en el mes de julio, en un acuerdo con sindicatos y empresarios, que íbamos a incrementar las pensiones, que íbamos a subir las pensiones que quedaron congeladas en legislaturas pasadas y que hemos avanzado un paso más, en ese compromiso del Gobierno de España con un pacto intergeneracional de rentas, en el sentido de que no nos conformamos solo con dar tranquilidad a los pensionistas de hoy, sino que queremos también dar tranquilidad a los pensionistas de mañana. Y para eso hemos acordado este pacto, por el cual vamos a completar y volver a llenar la hucha de las pensiones.

Lo enmarco dentro de ese acuerdo, de pacto de rentas de intergeneracional, en el sentido de que lo que está haciendo este Gobierno es avanzar en una recuperación justa para todos, y de esta recuperación justa nadie se queda atrás, ni los jóvenes, ni los más mayores que cobran suspensiones hoy, ni los que las cobrarán mañana. Es una recuperación justa donde se atiende también a los más vulnerables. Es una recuperación justa en la que este acuerdo de pactos tiene que ver con la subida del ingreso Mínimo Vital, perdón, con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la subida del 3,7% del salario a los empleados públicos y la cobertura de ERTEs y otro tipo de prestaciones a aquellas personas más vulnerables.

Como les decía, es un acuerdo importante que revierte la situación anterior.

El Partido Popular recortó las pensiones y vació la hucha y nosotros hemos subido las pensiones y vamos a garantizar las pensiones de mañana. Esto es lo que ha hecho este Gobierno, cumplir con el compromiso del sistema público de pensiones y garantizarlas.

El mecanismo de equidad intergeneracional que se ha puesto en marcha es un mecanismo importante para ese mantenimiento de las pensiones, del que les ha dado cuenta el ministro Escrivá, pero que creo que es un mecanismo equitativo en el sentido de que sería mucho peor el no afrontarlo ahora y entregarnos a una pérdida de poder adquisitivo en las pensiones de mañana, que se estimaba en un 20%, que traduciéndolo a los ingresos mensuales estaríamos hablando del entorno de los 300 euros, cuando ahora de lo que hablamos es de una aportación por parte del trabajador de 2 euros.

Y entrando en los acuerdos del Consejo de Ministros, en primer lugar, quiero darles cuenta de un acuerdo importante por la atención social que recibió el caso y por las consecuencias también para las personas afectadas, fundamentalmente para la mujer afectada, que tiene que ver con la concesión del indulto parcial a Juana Rivas, lo que supone la rebaja de la actual pena de prisión de 2 años y 6 meses a una pena de prisión de 1 año y 3 meses. Hemos conmutado la pena actual de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

En definitiva, lo que ha hecho el Gobierno otorgando esta pena de gracia prevista en la Constitución española y en la ley, es tomar en consideración, fundamentalmente, el interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales a las que tuvo esta mujer que afrontar esas decisiones por las que fue condenada por la Justicia. Lo hemos hecho, como siempre, atendiendo al protocolo, al procedimiento y a los informes, tanto del Tribunal sentenciador como de la Fiscalía.

Han venido también al Consejo de Ministros 2 proyectos de ley, uno de ellos en primera lectura y otro ya para enviar al Congreso de los Diputados.

El primero de ellos tiene que ver con la protección de los consumidores y de los usuarios. Es una ley que se ha promovido desde el Ministerio de Consumo, que regula los servicios de atención al cliente, los regula para garantizar nuestros derechos como consumidores y consumidoras, para obtener de los prestadores de servicios una atención personalizada, una atención gratuita, una atención que sea eficaz, accesible e inclusiva, no discriminatoria, que se pueda incluso evaluar. Yo creo que todos los que estamos en esta sala, y seguramente la inmensa mayoría de los españoles, nos hemos visto en un momento u otro tratando de defendernos ante alguna prestación de los servicios que contratamos a través de un contestador automático, ante la desesperación de no ser atendidos en tiempo razonable y desde luego, ante la desesperación de no poder ser atendidos por una persona física a la que manifestar nuestro malestar, nuestro interés por cambiar los contratos o los servicios contratados. Esta ley profundiza en esa atención que ha de recibir el cliente de manera personalizada, de tal forma que incluso se tiene derecho, proclama el derecho, a ser atendido por una persona física y no por un robot a través de los contestadores automáticos.

Las empresas tienen que garantizar esta accesibilidad y está también acotada la ley para empresas de cierta entidad para no sobrecargar tampoco a pequeñas y medianas empresas por las que siempre velamos también, sabiendo que esto supondría un esfuerzo importante para ellas. En este caso tienen que adaptarse a esta normativa las empresas que tengan más de 250 trabajadores, que tengan un negocio anual de más de 50 millones de euros o un balance superior a 43 millones de euros. En definitiva, es una ley novedosa, que por fin ve la luz, y que esperamos además, que pueda ser enriquecida en este trámite de audiencia que comienza ahora.

El siguiente texto legal es la Ley de Telecomunicaciones, es la modernización de la antigua Ley de Telecomunicaciones, para adaptarlas a las tecnologías del momento actual. Fundamentalmente se trata de incentivar la inversión en redes de telecomunicaciones e impulsar la coordinación de todas las administraciones, garantizar también e igualar los derechos de los españoles al entorno europeo, armonizar con la normativa europea. Se trata de unificar también los contratos con distintos servicios relacionados con las telecomunicaciones, servicios que en la anterior ley no existían, servicios de acceso a internet o de portabilidad con otras líneas telefónicas, y, es una ley que quiere avanzar en el despliegue de obra civil, en relación con las redes de alta capacidad y en la reducción de trámites administrativos para este tipo de gestiones.

Es una ley que regula los servicios de comunicaciones electrónicas, que garantiza la integridad y la seguridad de los servicios que se prestan y donde también se incrementa la transparencia.

Es una ley que se enmarca en las reformas comprometidas con la Unión Europea en nuestro plan de recuperación y en ese hub de interconexión digital del sur de Europa, para el que hemos dispuesto una cantidad importante de dinero, 4 mil millones de euros que van dirigidos a extender la conexión y la conectividad del 100% de la población española, es nuestro compromiso en el año 2025.

Hay que destacar, en cualquier caso, el orgullo de país, destacando que nuestro país es el tercer país con mejor conectividad de Europa, con una de las terminales más extensas y resistentes de la Unión Europea.

Y para completar esta dirección que enmarca la ley, también en el día de hoy hemos aprobado un Real Decreto para poner a disposición de las comunidades autónomas una cuantía muy importante de fondos europeos, concretamente 360 millones de euros, dirigidos a la digitalización, que van a llevar a cabo las comunidades autónomas con fondos europeos para 3 aspectos fundamentales, para impulsar la conectividad de centros de interés, fundamentalmente en centros donde se prestan servicios públicos, hospitales, centros educativos, polígonos industriales, centros logísticos.

En segundo lugar, una iniciativa también importante en un Gobierno que no pierde de vista la recuperación justa y que tiene que ver con facilitar bonos de conectividad a colectivos vulnerables, hasta 240 euros al año, para que puedan contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija.

Y, en tercer lugar, la adaptación de las infraestructuras de telecomunicaciones a edificios que estuvieran construidos antes del año 2020.

En definitiva, se trata de avanzar y de acelerar la universalización del acceso a la banda ancha, a la banda ultra rápida en todo el territorio español, incluso acercando el 5G a las zonas rurales.

También en el ámbito del apoyo a la investigación se ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, otros 134 millones de euros, de nuevo, para que las comunidades autónomas puedan desarrollar planes de investigación conjuntos con el Gobierno de España, en cooperación con el Gobierno de España, en ámbitos que consideramos trascendentales en la modernización de nuestro país, en la mejora de nuestro sistema productivo, y se concretan en acuerdos de colaboración con las distintas comunidades autónomas para áreas estratégicas para el Gobierno y para las comunidades, que tienen que ver con la ciencia, con la bio-técnica aplicada a la salud, con las ciencias marinas, con la comunicación cuántica y también con la energía y el hidrógeno renovable.

En definitiva, estos 134 millones de euros es un avance más en la cooperación con las comunidades autónomas, en la recuperación que ha de ser con una cohesión social y territorial.

Y también en el ámbito de la colaboración con las comunidades autónomas y la transformación y modernización de nuestro país hemos aprobado otro Real Decreto, este destinado a mejorar la flota, la movilidad del transporte en nuestro país, del transporte de viajeros y del transporte de mercancías. Me estoy refiriendo a transporte pesado para adaptarlo a un transporte sostenible desde el punto de vista medioambiental, concretamente 174 millones de euros que se van a gestionar de nuevo a través de las comunidades autónomas, 174 millones de euros, insisto, que van destinados a las comunidades autónomas, enfocados a una nueva movilidad más sostenible y atender también un sector importante para nosotros, como el sector del transporte.

Y estos han sido los acuerdos económicos y las 2 normas más importantes que hemos aprobado en el día de hoy, además de las otras cuestiones que les da la cuenta, en primer lugar la vicepresidenta y después la ministra de Educación.