Intervención de Carmen Calvo

Muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todos, a todas.

El Gobierno ha tenido hoy conocimiento mediante el informe que he trasladado al mismo, de un asunto que para este Gobierno estaba pendiente, que significa un paso de colaboración continua con las Cortes Generales, de Transparencia y de información puntual de nuestras obligaciones.

Es sabido en la opinión pública de nuestro país que desde el año 96, con el Gobierno del presidente Aznar, se produjo una modificación en la Ley Hipotecaria que hizo posible que la Iglesia Católica pudiera inscribir a título de propiedad una lista de inmuebles que hoy hemos remitido el listado completo y hemos remitido al Congreso de los Diputados, cumpliendo un acuerdo del año 2017, que instaba al Gobierno a que hiciera el trabajo primero de confección de esa lista de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que afectan a todo el territorio de nuestro país y a diversas tipologías de bienes, que remitiera a la Cámara, para información de la misma, a partir de una proposición no de ley instada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Hubo también un momento previo en el año 2015, donde mediante modificación normativa desapareció la modificación del año 96, en la que trae causa este período de inmatriculaciones, y por tanto, es en ese período que va desde el año 96 al 2015 donde se producen esta lista de bienes, que hoy el Gobierno ha tenido conocimiento, que ha sido un trabajo prolijo, riguroso, por cuanto ha habido que trabajar desde la Administración General del Estado con el conjunto de los registros del territorio, para poder ofrecer lo que el Congreso de los Diputados pedía.

Ese listado que hoy ya tiene el Congreso de los Diputados tiene unos números, unas cifras que paso a detallar.

Se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuales 20.014 se refieren a templos de la Iglesia Católica o a dependencias complementarias afectas a obligaciones, su objetivo completamente armonioso, con la presencia de una confesión religiosa como es la católica en nuestro país y 14.947 inmatriculaciones que no se relacionan con estos usos, que son terrenos, solares, viviendas locales, otro tipo de tipología diferente de las más de 20.000 que son titularidades inscritas y que tienen que ver con el culto, con la tarea educativa que desarrolla la confesión religiosa católica, y por tanto afectas a esos fines.

El conjunto de estas inmatriculaciones que está en todo el territorio de nuestro país, tiene una intensidad diferente según comunidades autónomas, según diferentes territorios de nuestro país, pero arrojan también un dato segundamente importante, 30.335 lo han sido en virtud de certificación eclesiástica, lo que la modificación del año 96 permitía en la Ley Hipotecaria, en lo que ha hecho posible que con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente, se pudieran hacer estas inmatriculación al amparo de la legalidad de la Ley Hipotecaria desde el año 96 hasta el 2015.

Y por otro lado, en una cifra mucho menor, 4.626 constan la inmatriculación a otro título distinto, es decir, a título bastante insuficiente, también en este caso, para la demostración de la propiedad en este registro.

El listado completo está en el Congreso de los Diputados. Con ello, como decía al principio, damos cuenta de un mandato del que no hemos querido ni podemos hacer caso omiso, sino todo lo contrario, arrojar transparencia sobre esta situación.

Se inscribe, por otro lado, este listado, que forma parte de estas decisiones normativas que no son relativas a este Gobierno. A este Gobierno corresponde el cumplimiento de esta información transparente, una situación que forma parte de las relaciones con la propia Iglesia Católica, que a partir de este momento es pública y que a partir de este momento forma parte también de las diferentes circunstancias en las que se pueda mover, tanto personas físicas o jurídicas, en relación al conocimiento de todo este listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en nuestro país.

Finalmente, hay que reconocer que el mandato del 2017 instruía y mandaba al Gobierno a que se produjera este listado. No es un listado fácil de conformar, lleva la complejidad del tiempo que ha requerido, pero finalmente, con conocimiento del propio Consejo de Ministros, ya ha sido hoy trasladado al Congreso de los Diputados.