Segunda intervención de María Jesús Montero

Muchas gracias, ministro y cinco flash de otros asuntos que hemos abordado, pero para no prolongar esta rueda de prensa, muy rápidamente.

El primero tiene que ver con el acuerdo por el que se establece el funcionamiento del que hemos llamado Fondo de Recapitalización de las empresas afectadas por el COVID19, recuerden, cuando pusimos en marcha el salvavidas que dirigíamos al tejido productivo eran 11.000 millones de euros a nuestras empresas, de los cuales 10.000 se gestionaban de una forma y otros 1.000 se gestionaban a través del Ministerio de Industria, concretamente, en ese Fondo de Recapitalización de empresas.

Se van a poder beneficiar de este Fondo aquellas empresas medianas que tengan un importe neto de facturación de entre 15 y 400 millones de euros, que tengan sede social en España y que estén atravesando dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia y que previamente a ella tuvieran una situación de solvencia.

La gestión va a corresponder a COFIDES, que tiene más de 32 años de experiencia en el sector financiero y que también las empresas beneficiarias tendrán todo el universo, es decir, podrán participar o estar en cualquiera de los sectores de la actividad económica para poder aspirar a tener estos Fondos.

El plazo de extinción del Fondo es de 8 años y yo diría que los instrumentos financieros que promueve son inversiones de capital, préstamos participativos, este será el instrumento prioritario, o deuda como complemento a los instrumentos anteriores.

Como decía, lo que pretendemos es que estas empresas sigan siendo viables después de que terminemos y demos definitivamente por cerrada la crisis sanitaria y las consecuencias económicas que de ella se ha derivado.

El segundo acuerdo es por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos y disposiciones de la Ley de Vivienda de Cataluña, en concreto la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de renta, de contratos de arrendamiento o de modificación de otras leyes relativas a la protección del derecho de la vivienda.

En concreto, hemos solicitado la impugnación de los artículos 1, del 6 al 16, las disposiciones adicionales, de la primera a cuarta, la impugnación de la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta letra B, porque entendemos que vulnera las competencias estatales en esta materia.

No se solicita suspensión cautelar de la medida, puesto que, en paralelo a la resolución del Tribunal Constitucional, se va a tramitar por este Gobierno la Ley de Vivienda, que incorpora muchos de los elementos que ahora, por competencia, se recurren ante el Constitucional.

También decirles que esta decisión se produce después de intentos de alcanzar un acuerdo con la Generalitat en el marco de la comisión bilateral por un espacio de seis meses. Y también quiero recordarle que el Consejo de Garantías Estatutaria de Cataluña estableció en su dictamen por unanimidad, criterios relativos a la inconstitucionalidad de distintos preceptos de esta misma ley que se impugna. Igualmente lo ha hecho el Consejo de Estado, entendiendo que la norma era contraria a la Constitución en las materias de distribución competencial y, por tanto, procedemos a la interposición, con una finalización que tenía el plazo del día 21 de junio, y, es por eso que se lleva ya la medida al Consejo de Ministros.

El tercero es un acuerdo por el que tomamos conocimiento de la memoria anual sobre política de endeudamiento del Tesoro Público para el año 2020 y su remisión a las Cortes.

Yo diría que este año 2020, por las consecuencias obvias de la situación sanitaria y, por tanto, el declive económico, el Tesoro ha hecho frente a mayores necesidades de financiación para poder mantener los servicios públicos y cubrir las necesidades adicionales que se han puesto en marcha con motivo de las medidas sanitarias, económicas o sociales.

Es por ello que el año 2020 se cerró con una emisión neta de deuda de 109.922 millones de euros, una cifra por debajo de la previsión inicial, fundamentalmente por el mejor comportamiento de la recaudación y por la buena acogida en los mercados de deuda de nuestra emisión, por el menor coste de financiación de la propia deuda.

Quiero destacar que también durante este año 2020 se aumentó la vida media de la deuda en circulación, pasando de 7,75 años a los 7,55 de 2019. Es decir, venimos del 7,55 y nos vamos al 7,75 y también hemos reducido el riesgo de refinanciación y de vulnerabilidad de la carga financiera ante una subida futura hipotética de estos tipos de interés.

El coste medio de la deuda del Estado en circulación se ha reducido, pasando de 2,19 al 1,86 a cierre 2020, siendo el nivel más bajo de la historia del Tesoro y el coste medio de las nuevas emisiones también alcanzó mínimos históricos, pasando del 0,23 en el 19 al 0,18 en 2020.

En definitiva, es importante trasladar que la política de emisión del Tesoro Público ha mostrado una gran resiliencia en un año de importantes desafíos, porque a pesar del incremento de las necesidades de financiación, el Tesoro ha continuado financiándose en los menores costes de su historia.

El cuarto tema que quería trasladarles tiene que ver con el acuerdo por el que aprobamos Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para los año 2021-2023, una estrategia que centra sus objetivos prioritarios en sectores estratégicos para el Gobierno, como son la salud, la transición ecológica y la digitalización. Es decir, promueve acciones de investigación que se dirijan también hacia estos sectores.

Se avanza, por otro lado, en el desarrollo y la consolidación de la carrera científica y también incorpora actuaciones para la innovación y el liderazgo empresarial con especial atención a la participación de las PYMEs.

El plan se dirige a todos los agentes del conocimiento, incluido los centros privados y, evidentemente, los centros públicos, e integra todas las actuaciones que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y pone en marcha diferentes instrumentos, subvenciones, ayudas no reembolsables o parcialmente reembolsables, préstamos, contratación pública o mecanismos de inversión.

De lo que se trata es de impulsar un relevo generacional impulsando una carrera científica estable, en fases más tempranas de la que se comienza ahora, se apuesta, en segundo lugar, por la salud y la medicina de vanguardia, se ofrece un mayor protagonismo a la ciencia en el Espacio Europeo de Investigación, se refuerza el vínculo entre investigación y transferencia del conocimiento y, por último, permite un diseño complementario con los planes de comunidades autónomas como herramienta de coordinación y de cogobernanza.

Y el último de los acuerdos simplemente se lo numero, es la prórroga de la limitación de los vuelos entre Brasil y Sudáfrica con los aeropuertos españoles con motivo de la COVID19. Entrará en vigor desde las 00:00 horas del día 21 hasta las 00:00 horas del 6 de julio, ambas, horas peninsulares.

Con esto, si te parece, Miguel Ángel, nos ponemos los tres a su disposición para cualquier pregunta que haya podido surgir.