Segunda intervención de María Jesús Montero

Muchas gracias ministra, y les comento brevemente cinco materias adicionales que han sido objeto de aprobación en el Consejo de Ministros.

La primera tiene que ver con la estrategia de almacenamiento energético, un paso más en la línea que está siguiendo el Ministerio de Transición Ecológica en la arquitectura que está construyendo para el nuevo paradigma, en relación con el cambio climático y con las posibilidades para nuestra economía de toda esta área, que son emergentes en términos de creación de empleo, de valor añadido, de capacidad de impulsar la investigación en nuestro país. Por tanto, digamos que forman parte de toda esa arquitectura que el Ministerio de Transición lleva desde el principio de esta legislatura, trasladándose a todos ustedes.

De lo que se trata, en este caso, es justamente de mejorar el servicio que se presta al ciudadano, haciéndolo compatible con la protección justamente del medio ambiente. De hecho, la estrategia va a dotar de mayores y mejores herramientas al conjunto del sistema productivo, para aportar flexibilidad y garantizar la estabilidad de la red, minimizar los vertidos que se puedan ocasionar y garantizar la calidad, la economía, la seguridad de este suministro.

Puedo decir que esta estrategia es un paso más para hacer real, para hacer viable, la estabilización de los precios de la luz en el medio plazo, que saben ustedes, que era una cuestión que en el mes de enero fuimos trasladando y comentando a raíz del pico de subida de la luz, en el sentido que el Ministerio estaba trabajando en transformaciones de profundidad que iban a permitir en el medio plazo que no se produjera esta situación por la falta de entrada en el sistema de las energías renovables.

Pues bien, hoy justamente lo que se empieza es a poner esos cimientos para que haya una fórmula de almacenamiento de esta energía renovable que puedan entrar y hacer frente a las brechas que puedan surgir en un momento determinado entre la generación de la demanda y la oferta que se pueda plantear de este tipo de energía y que se almacene cuando haya excedentes, cuando haya una mayor capacidad de producción para tenerla reservada en los momentos en donde más se necesita o cuando existan déficit de generación, bien por la situación del viento o por las condiciones climatológicas que están muy asociadas a este tipo de energía.

El almacenamiento, por otra parte, nos va a permitir contribuir a una mejor gestión de las redes eléctricas, a lo que llamamos habitualmente plena integración de las renovables y generación distribuida, de manera que se fomente también la participación de la ciudadanía en el cambio de este modelo energético. Sin duda, la estrategia está perfectamente alineada y forma parte del desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que marca, digamos, que el paraguas de todas estas actuaciones, pero también de la estrategia de descarbonización a largo plazo, en la que nuestro país está aportando datos muy esperanzadores y que se suman al resto de los esfuerzos que están haciendo los países de la Unión Europea. El objetivo que se marca es que en 2030 podamos disponer de unos 20 gigavatios de almacenamiento energético y alcanzar los 30 gigavatios en el año 2050.

Por último, respecto a esta estrategia de almacenamiento, es importante subrayar, así lo hemos hecho en el Consejo de Ministros que hay numerosas oportunidades que se identifican justamente con el impulso de este área. Y lo que queremos decir, es que probablemente, la generación de empleo, la recuperación económica, la transición justa, el desarrollo de otros modelos de negocio en el largo plazo, de toda la cadena de valor de lo que hoy por hoy constituye la industria, la I+D+i, la industria nacional, en definitiva, nuestro tejido productivo, se va a haber fortalecido con este tipo de iniciativas, pero también serán nuevos nichos de empleo que permitirán, acreditando y por tanto, compatibilizando las competencias de nuestros jóvenes, de forma paralela, que podamos ser vanguardia en el futuro sobre este tipo de cuestiones, dada las excelentes condiciones que reúne en nuestro país en materia climática y en materia geopolítica.

El segundo tema que les quería comentar ha sido una propuesta del Ministerio del Interior para la modificación y por tanto, un nuevo proyecto de ley orgánica que regule la protección de los datos personales que se utilizan en la prevención, en la detección, en la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales. Y todo ello para la protección y la prevención frente a las amenazas del exterior contra la seguridad pública.

De hecho, el proyecto que hoy hemos discutido en el Consejo de Ministros conjuga un doble objetivo, de un lado, favorecer la cooperación internacional ineludible para conseguir una mayor eficiencia de todos los países en la persecución de este tipo de delito, pero hacerlo compatible con la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente el derecho a la intimidad, que consagra nuestra Constitución.

En este sentido, lo que incorpora la ley como novedad, es un nuevo régimen sancionador que, digamos, especialmente diseñado para aquellos que hagan o tengan algún tipo de incumplimiento sobre otros preceptos y que oscilan en un grado de sanción que va de los 6.000 a los 240.000 euros. Como ven, cantidades actualizadas para poner en valor la importancia de cumplir con todos los requisitos de las leyes.

El proyecto de ley, a su vez, transpone una directiva europea que llevaba sin trasponer desde el año 2016 y por tanto, un notable retraso, y lo que hemos hecho es agilizar todo el tipo de trámite para que la ley pueda ser aprobada en el menor plazo de tiempo posible, de ahí que el Consejo de Ministros haya solicitado la tramitación parlamentaria por vía de urgencia, tanto en el Congreso como en el Senado.

El tercer tema que quería comentarles ha sido una propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en donde nos ha compartido un informe sobre la situación del aceite de oliva, como saben, de una extraordinaria importancia para nuestro país, aprobando un decreto que permite aplicar mejoras que han sido largamente demandada por este sector, entre ellas la autorregulación de este cultivo.

Conocen ustedes que España es un país líder en la producción y en la exportación del aceite de oliva, con una producción anual media de en torno a 1,4 millones de toneladas. El valor de las ventas de nuestro aceite supera, o está extendida a más de 100 países, superando, como digo, los 2.800 millones de euros. Este cultivo está presente, ni más ni menos que en 15 de las 17 comunidades autónomas, 350.000 agricultores se dedican a esta actividad y se genera además más de 32 millones de jornales con 15.000 empleos relacionados. Les doy estos datos porque creo que nos permiten colocar en su justa dimensión a qué nos referimos, cuántas personas, cuántas familias, están concernidas cada vez que hablamos del aceite de oliva.

Sin duda, aparte de la aportación específica que hace a la economía, no hay que olvidar que suma también este área de actividad, el acervo paisajístico cultural del sector olivareros, que tiene una alta penetración social y desempeña un papel clave en la economía de nuestras zonas rurales.

Siendo conscientes desde el Gobierno de que las dos últimas campañas han derivado en situaciones que desde esta mesa ha comentado el ministro Planas, realmente difíciles para muchos agricultores de este sector, básicamente por la variabilidad, la volatilidad de los precios, lo que ha dificultado la viabilidad de muchas de las áreas de explotación. Es por ello que, en este contexto, el Consejo de Ministros apoya y aprueba este Informe, en donde se desarrolla muchas materias relacionadas con la organización común de los mercados, el Reglamento de la Transición de la nueva PAC, tal y como también planteaba el Gobierno español y por tanto, creo que una norma que va a dar satisfacción a una parte de las reivindicaciones de este sector, en donde la autorregulación del cultivo se caracteriza también por campañas de producciones muy altas, alternadas con otra de rendimiento bajo, y esta variabilidad es la que necesitamos estabilizar en el medio plazo.

Lo que va a permitir en concreto al Ministerio de Agricultura es que, ante situaciones de riesgo de este desequilibrio del mercado, se pueda determinar una retirada temporal del producto de manera obligatoria, para todos los operadores y ello hasta la campaña siguiente, incluso determinando el destino a su uso no alimentario. Con ello se pretende favorecer la recuperación de los precios que se perciben por los agricultores en las situaciones de crisis, como insisto, se han padecido en las dos campañas anteriores.

Esta es solo una medida más que se incorpora a las diez que se están trabajando por parte del Ministerio de Agricultura para este sector oleícola y que se presenta por el ministro Planas en el mes de junio pasado, de manera que irá dando cuenta, este propio ministerio, del avance de cada una de estas medidas.

El cuarto tema que les quería comentar es que también hemos aprobado esta mañana la licitación para la compra de 175.000 ordenadores con conectividad, dirigido a alumnos vulnerables de la Comunidad Autónoma de Andalucía que estudien en centros públicos, facilitando, garantizando que la educación se pueda desarrollar desde el hogar o de forma presencial.

Creo que son ustedes conscientes de que una de las obsesiones de este Ejecutivo durante toda esta pandemia ha sido que no se provoquen, que no se agudicen situaciones de desigualdad, respecto a aquellas familias que tienen que permanecer en casa o que cuyos hijos han tenido que percibir las clases online y que el acceso a la tecnología, la disposición de la misma, la conectividad de los hogares, no supusiera una brecha añadida de desigualdad sobre las características socioeconómicas que ya pesaban sobre estos hogares.

Es por ello que se enmarcó esta compra de material dentro de un programa que lleva desarrollando el Ministerio de Educación, Educa en Digital, un programa que se inició el pasado mes de junio y cuyo objetivo es justamente apoyar esta transformación digital que se está produciendo en nuestro país, en el sector de la educación y cerrar la brecha social tecnológica que pudiera existir en este momento, insisto, y se pudiera haber intensificado con motivo de esta pandemia.

Quiero decirles que se suman a esto 175.000 ordenadores que hoy licitamos, una compra que ya se han venido desarrollando dentro de este programa, para más de 435.000 estudiantes de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es decir, prácticamente, casi la totalidad de nuestras comunidades autónomas.

El importe de las compras que hoy aprobamos asciende a 100 millones de euros de los que la empresa pública Red.es, dependiente del Ministerio de Economía, aportarán 80 millones a través de fondos FEDER y el resto será financiado, al igual que en las demás comunidades autónomas, por la Comunidad Autónoma, en este caso, de Andalucía. Los primeros equipos estarán a disposición de los alumnos ya este próximo mes de marzo.

Y el último tema tiene que ver con la morosidad del transporte de mercancías en carretera y concretamente, una parte de reivindicación en un sector esencial para nuestro país y para la sostenibilidad del conjunto de la economía de nuestro país, porque es un sector transversal a todo el sector industrial, sea de la procedencia que sea, y que justamente en este último año ha tenido que luchar contra la morosidad que está realmente amenazando a las pequeñas empresas que se dedican justamente al transporte de mercancías por carretera.

Estas PYMEs, que son el tipo de empresas que mayoritariamente componen este sector, han tenido que trabajar de forma incansable para hacer todo el suministro de elementos básicos, tanto de paquetería como de alimentos al conjunto de la sociedad, y su labor ha sido calificada, en la mayoría de las normas y en la mayoría de las ocasiones como actividad esencial.

Por ello, el Gobierno quiere reducir, con estas actuaciones, la morosidad que perjudica a estas pequeñas empresas como consecuencia de incumplimiento en los plazos de pago que se intensifican en estos tiempos de crisis económica. Como ustedes entenderán, estas empresas, al ser pequeñas, si tienen dificultades en el cobro, les afecta en tensiones de liquidez y también a su rentabilidad y a su propia competitividad.

Lo que aprobamos hoy es una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre, justamente para incorporar un régimen sancionador para la morosidad que se pudiera producir en este sector. De hecho, se incorpora un nuevo tipo infractor, por el incumplimiento de lo que se ha determinado plazo máximo legal del pago para estas empresas, que se constituye en 60 días, en los contratos, insisto, de transporte de mercancías por carretera, en línea de otros sectores económicos que tienen características similares en su impacto económico.

Se prevé la publicidad de estas resoluciones sancionadoras, si se produjeran, como sucede también en otros sectores y en el derecho comparado, con fines disuasorios, puesto que la propia reputación empresarial tiene que jugar también un papel importante para combatir prácticas que se pueden producir desde competencia desleal en este mercado.

Este proyecto de ley, por último, decirlo, es fruto del compromiso que se adquirió con el Departamento de Mercancía del Comité Nacional del Transporte por Carretera por parte del ministro Ábalos. Este órgano, que acabo de mencionar, es el que representa a este sector y ha sido la interlocución habitual que se ha mantenido con el Ministerio y que ha permitido hoy traer esta norma y en el futuro, aportar otras, que seguro, sin duda, van a permitir afrontar los importantes retos que tiene el transporte de mercancías por carretera.

Estos son los temas más importantes, y si te parece director, pasamos y damos paso a los medios de comunicación para que la ministra y a mí misma nos puedan formular las preguntas.