Intervención de Teresa Ribera

Es verdad que es un cierre del curso político, que de alguna manera representa el compromiso de este Gobierno por facilitar la transformación del sistema económico, modernizarlo, utilizar los recursos disponibles del Plan de Recuperación para acelerar de manera justa, de manera inclusiva, reformas que sabemos van en beneficio de todos.

Una recuperación que debe facilitar también la transición energética, hasta el punto de que hemos querido en este Consejo de Ministros hacer explícito con algunas de las intervenciones que se suman a las que se han ido adoptando en consejos anteriores nuestro compromiso, no solamente con la transición energética, sino también con los territorios, con la voluntad de favorecer la disminución de la brecha en términos de cohesión territorial, social, económica, entre la España urbana y la España rural, pensando en los pequeños municipios y sus habitantes, facilitando el acceso a los beneficios de la transición energética, la modernización de vivienda y la agenda urbana.

Ha sido, yo creo, una medida que se suma al esfuerzo que, sin precedentes por su cuantía, por su intensidad, está permitiendo esa facilitación capilar en todo el territorio para hacer posible una transformación, un ahorro, una modernización que nos beneficia a todos.

Sabemos, además, que la reforma del sistema eléctrico requiere de muchas medidas y muy variadas. Requiere una visión estratégica de medio y largo plazo, pero también de intervenciones regulatorias que nos ayuden a corregir algunos de los desajustes que se producen en estos años de transformación en el sistema energético en todos nuestros países. Y sabemos que no solamente son razones ambientales, son también razones económicas y razones sociales.

Tenemos que pensar en aquellas medidas que permitan aliviar el bolsillo de los consumidores. Este no es un momento para maximizar beneficios, sino que es un momento para facilitar la equidad, la respuesta ante la vulnerabilidad de necesidades de sectores, de personas, particularmente vulnerables.

Estamos trabajando en un proceso sin precedentes en términos de transición justa en nuestro modelo económico y sustentándolo con inversión pública que queremos que llegue a todos, a los pequeños, a los pequeños ahorradores, a las pequeñas familias, a las PYMEs, a los operadores en sectores muy diferentes. Y por eso hoy hemos aprobado algunas medidas que pasaré a comentar inmediatamente en el ámbito energético, acompañadas de algo también sumamente importante, un paquete verde que pone el énfasis en el mejor conocimiento en materia de biodiversidad, en el mejor conocimiento por parte de una sociedad educada, educada en términos ambientales y en términos de sostenibilidad, que sea exigente, que sea crítica a través del Plan de Educación Ambiental para la sostenibilidad.

Algunas de las medidas que en este ámbito verde hemos tomado hoy son, en primer lugar, el fondo, la aprobación de las reglas que rigen el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, diseñado para gestionar la cantidad de recursos que debe estar utilizada, que debe ser empleada por la Secretaría de Medio Ambiente, de modo que puedan ser ejecutadas las partidas destinadas a inversiones en agua, costas, cambio climático, prevención contra la contaminación, residuos, meteorología, climatología, con un sistema de control que nos permita, no solamente ser eficaces en la gestión de los recursos, sino también garantizar que todas estas inversiones cumplen con todos los requerimientos nacionales y europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia.

Hemos tratado, además, dos informes importantes que hacen hincapié, precisamente, en la necesidad de redoblar el esfuerzo en políticas de conservación de la biodiversidad.

El primer informe sobre el estado del patrimonio natural y la biodiversidad, algo que incluía la ley del año 2007 y que todavía no se había materializado, cómo está el patrimonio natural en un país tan rico en biodiversidad como es el nuestro. Un acopio sistémico de conocimiento científico que nos permite identificar aquellos indicadores de evolución del patrimonio natural que muestran dónde y cómo debemos prestar atención.

Hemos visto algunas medidas, algunos resultados interesantes con respecto al cumplimiento de algunos de los objetivos internacionales o nacionales marcados en términos de conservación de especies emblemáticas, como el águila imperial, el quebrantahuesos, el oso pardo o el lince ibérico, pero también observamos cómo se ha producido pérdidas o deterioro importante en nuestro capital natural.

Observamos como hay una superficie, que presenta un tercio de la superficie terrestre, presenta excesos en cargas críticas de nitrógeno, como el uso de productos fitosanitarios, supone también una fuente importante de contaminación de nuestros suelos. Como el riesgo de desertificación que se viene materializando, hace que el 18% de nuestro territorio esté en riesgo alto o muy alto de desertificación. Incendios, desertificación, fragmentación de hábitats, sequías, bosques, turberas, humedales que se ven amenazados y que requieren acciones específicas.

Al mismo tiempo, hoy hemos adoptado un acuerdo importante en materia de biodiversidad. Hemos aprobado la ampliación del área marina protegida El Cachucho, en el Cantábrico, en frente de las costas de Ribadesella, un área marina protegida, adoptada en el año 2011, que hoy ha visto ampliar su superficie como consecuencia del mejor conocimiento científico de sus valores naturales.

Por otra parte, junto con el Ministerio de Educación, señalaba antes, hemos elevado al Consejo de Ministros el plan de acción en materia de Educación Ambiental para la sostenibilidad, sabiendo que una sociedad informada, consciente, es una sociedad exigente, que entiende el valor de la naturaleza, de los ecosistemas, de la sostenibilidad, pero entiende también el coste de la pérdida, las amenazas, y esto requiere, no solamente la correcta integración en términos curriculares en la enseñanza reglada, en la educación formal, también el facilitar el mejor conocimiento de la sociedad en su conjunto, acceso a información y transparencia, pero madurez en los debates que se puedan sostener en términos de opinión pública colectiva.

Por otra parte, hemos adoptado un paquete de medidas importantes en el ámbito de la energía. Los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables. Cada una de las medidas coyunturales, cada una de las propuestas de cambio estructural del modelo energético y del sistema eléctrico deben tener presente estos principios.

Por eso, como bien señalaba la ministra, hemos contribuido a las aportaciones que se incluyen en el escudo social extendido hasta el 31 de octubre en lo relativo a los cortes de suministros básicos de agua, electricidad y gas. Sabemos que es importante también trabajar en los proyectos que se incluyen en los programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pensando no solamente en los ciudadanos más vulnerables, también en clases medias, y hoy, como decía, con particular énfasis, en los municipios pequeños.

En primer lugar, hemos adoptado el programa de rehabilitación de edificios existentes en municipios con menos de 5.000 habitantes, impulsando la rehabilitación de viviendas o la integración, la sustitución, de algunos de las soluciones térmicas con combustibles fósiles en favor de soluciones más eficientes o menos emisoras, o buscando el mejor aislamiento térmico de los edificios.

Un programa distribuido territorialmente entre las comunidades autónomas que deberán hacer convocatorias abiertas en los términos que ha sido acordado con ellas, para permitir que aquellos ciudadanos que quieran aspirar a este tipo de subvenciones puedan hacerlo rápidamente. Un programa que será respaldado y extendido en términos económicos en aquellas comunidades autónomas que pudieran agotar el conjunto de los recursos disponibles.

El segundo es el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible, algo que se ha venido ensayando en grandes áreas metropolitanas, en grandes ciudades y que en esta ocasión está pensado, de nuevo, para municipios de menos de 5.000 habitantes.

Proyectos singulares que permitirán el impulso de soluciones de energía limpia en edificios municipales, en alumbrado, en edificios e infraestructuras públicas en municipios de menos de 5.000 habitantes, permitiendo que una cantidad notable de recursos, 75 millones ampliable a 150, puedan ser aplicadas de forma inmediata.

Las ayudas destinadas a familias y pequeños negocios son las más numerosas. Queremos diseminar los beneficios de las soluciones respetuosas con el medio ambiente y dinamizar la economía con este tipo de ciudadanos en el corto plazo, de forma inmediata, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A corto plazo, tendremos un buen ejemplo de la eficiencia de las medidas en cuanto los ciudadanos puedan disfrutar de ellas en sus hogares.

Sufrimos, como muchos otros países, un escenario de precios altos del gas y precios altos del CO2, que se reflejan inmediatamente en el coste de la factura energética. Hemos querido seguir impulsando las medidas estructurales de transformación de nuestro modelo energético. Hemos querido también, como saben, paliar el efecto de estas consecuencias, con las rebajas de los impuestos a la generación, la suspensión, perdón, del impuesto a la generación o la rebaja temporal del IVA, permitiendo con ello una reducción de la factura de los hogares de más de un 12%.

Pero esto no puede bastar por sí solo. Tenemos que seguir acometiendo reformas, y hoy, en el Consejo de Ministros hemos aprobado el proyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico.

Se trata de una norma que recorta en el momento de la liquidación a las plantas de generación eléctrica, el importe equivalente a los ingresos que reciben las centrales eléctricas anteriores al nacimiento del mercado europeo de derechos de CO2, es decir, esencialmente nucleares e hidroeléctricas, cuando el precio del CO2 supera un determinado umbral.

Son centrales diseñadas para obtener un nivel razonable de beneficios cuando no había necesidad de internalizar un precio de CO2 que se aprueba definitivamente en el ámbito de la Unión Europea en el año 2005.

En un momento en el que al carbono se ha encarecido más de un 60% en un año, es importante que, visto el modo en el que se configuran los precios del mercado mayorista, podamos facilitar el acceso al dividendo de carbono a todos los consumidores.

Con respecto a este proyecto de ley, quiero destacar que se han introducido algunas modificaciones como consecuencia de la tramitación desde su primera lectura por parte del Consejo de Ministros, atendiendo a las observaciones, sugerencias, comentarios de los distintos actores que nos hicieron llegar estos comentarios en los plazos, en los contextos de información pública habilitados, como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, como consecuencia de las recomendaciones del Consejo de Estado.

Básicamente se han introducido tres modificaciones importantes que garantizan la solvencia, el rigor de este proyecto de ley.

Por una parte, el establecer, como acabo de comentar, ese umbral mínimo del precio del CO2 a partir del cual se activa esta medida. Un umbral mínimo que garantiza el que nunca, cuando esté por debajo de 20 euros la tonelada de CO2, es decir, el precio medio de la tonelada de CO2 en los últimos cinco años, se llegue a producir este descuento.

De esta manera aseguramos la rentabilidad, la viabilidad de las plantas. Ninguna planta puede alegar que quede por debajo de la rentabilidad que haga viable su funcionamiento.

Por otra parte, establecemos una pequeña modificación con respecto a la fecha de referencia de las plantas antiguas o las plantas nuevas, y trasladamos al momento en el que se determina a qué plantas les es aplicable desde la fecha en la que se aprobó la Ley de Comercio de Derechos de Emisión en el sistema español, a dos años antes, el momento en el que esta norma quedó aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La reducción de ingresos será de unos 200 millones anuales con la tonelada de CO2 a 30 euros de casi 1700 millones de euros con la tonelada de CO2 a 100 euros. Con la situación actual, calculamos que obtendríamos unos 625 millones que irían directamente al sistema eléctrico, en particular a la cobertura de los mecanismos de capacidad, en un 90% de los ingresos obtenidos por esta vía, y un 10% al incrementar las partidas disponibles para proteger a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social. La cantidad resultante en cada ejercicio se destina, por tanto, a cubrir costes del sistema eléctrico y rebajar la factura final de todos los consumidores.

Si lo aplicáramos hoy, los hogares y las PYMEs pagarían un 2,5% menos y en función del tipo de tarifa al que están acogidos los distintos consumidores, variaría ligeramente por debajo de este porcentaje.

El Gobierno remite el proyecto de ley a las Cortes por la vía de urgencia, con la voluntad de que pueda discutirse y aprobarse lo antes posible para que también, con todas las garantías de tramitación, pueda aliviarse cuanto antes los bolsillos de los ciudadanos. Confiamos en contar con el apoyo de las distintas fuerzas parlamentarias, de hecho, una muy buena parte de los grupos parlamentarios ha manifestado su respaldo a esta iniciativa, incluido en el caso del Grupo Parlamentario Popular, que a finales de mayo nos pidió expresamente que presentáramos una iniciativa como ésta en un plazo máximo de tres meses.

Esta norma coincidirá en el Congreso con otro proyecto de ley, el que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que retirará más de 6 mil millones de cargos de la parte regulada de la factura de un modo progresivo en los próximos cinco años.

Hoy, el Consejo de Ministros ha acordado también, a propuesta de la ministra instructora, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, autorizar, con condiciones, la inversión de la sociedad australiana IFM Global Infrastructure Fund sobre la sociedad Naturgy Energy Group.

Esta operación es probablemente una señal de confianza de los inversores exteriores en la economía española y la sólida ambición de nuestro marco para facilitar la transición energética.

Pero el Gobierno es plenamente consciente de que esto debe hacerse con todas las garantías, con todas las cautelas. Queremos inversión exterior estable, con vocación de permanencia en el capital social de las empresas españolas, porque es fundamental para apuntalar la recuperación, para favorecer la creación de empleo, la modernización en clave verde de nuestra economía. Es también, fundamental, el buscar que en relación con este proceso se garanticen parámetros fundamentales, básicos, en un sector clave, sistémico, para la economía, como es el de la energía, para una empresa clave en el sector de la energía, como es Naturgy.

En relación con la tramitación de este expediente, les recuerdo brevemente que el 25 de febrero de 2021 IFM solicitó la autorización previa del Gobierno a la oferta pública de adquisición, que supone la adquisición de una participación en Naturgy entre el 17 y el 22,68%.

Esta solicitud de autorización preceptiva del Consejo de Ministros se fundamenta en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, dado que Naturgy desempeña su actividad en el sector eléctrico y de hidrocarburos y ostenta la titularidad de infraestructuras críticas que afectan al orden, la seguridad y la salud pública, tal y como establece en el ámbito de aplicación de esta ley su artículo 7 bis.

Siguiendo el procedimiento legalmente establecido, la operación fue notificada a la Comisión Europea, que no hizo observaciones al respecto.

El 27 de julio de 2021, la Junta de Inversiones Exteriores informó favorablemente el expediente de esta operación, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de determinadas condiciones que paso a relatarles.

Naturgy desempeña un papel esencial en el sistema energético español, tanto en el sector eléctrico como en el del gas natural, prestando actividades en régimen económico regulado y en libre competencia. Es designado como operador crítico y es clave en el aprovisionamiento de gas natural de nuestro país. Su concurso, por tanto, es fundamental para la consecución de los objetivos de transición energética y justa en España.

Por ello, a la vista del expediente, el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación con condiciones para garantizar la estabilidad de la compañía objeto de adquisición, la protección y buena gestión de los activos regulados y las infraestructuras críticas, la consecución de los objetivos en materia de transición energética justa, el mantenimiento del empleo y la estabilidad económica financiera de la compañía.

Estas condiciones implican que durante los cinco años siguientes a la fecha de liquidación de la OPA y IFM, en el ejercicio de sus derechos de voto en el Consejo de Administración o en la Junta General de Accionistas, deberá apoyar la inversión de la sociedad en proyectos vinculados a la transición energética en España, que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en términos de rentabilidad y perfil de riesgo.

El mantenimiento del domicilio social de la sede efectiva de gestión y dirección de los negocios en España.

El mantenimiento de una parte significativa de la plantilla del grupo en España.

Una política de dividendos prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética y una política de endeudamiento externo encaminada a mantener la calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad y permitir que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España no sean superiores a las recomendadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su comunicación 1/2019, de 23 de octubre.

La difusión al mercado de información financiera, anual y semestral, que será puesta a disposición de los inversores de manera fácilmente accesible, así como la elaboración y difusión del informe anual de gobierno corporativo y del informe anual sobre remuneración del Consejo.

Se introducen también las condiciones de no apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las que ya puedan estar reflejadas en el Plan Estratégico 2022-25 de la sociedad, que se presente al Consejo de Administración o a la Junta General de Accionistas de la Sociedad y que impliquen que esta última pierda el control de las filiales, que pueda poner en peligro el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en España.

No podrán apoyar tampoco ninguna propuesta de exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas españolas, salvo que dicha negociación no alcance la difusión, frecuencia o volumen de contratación suficientes para una correcta formación del precio.

Esta última condición queda afectada por una vigencia de tres años frente a las anteriores que era de cinco.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar, en su caso, a la revocación de la autorización de inversión extranjera y constituirá una infracción muy grave en los términos previstos en el artículo 8-2b de la Ley 19/2003, todo ello sin perjuicio del resto de autorizaciones preceptivas y controles aplicables a esta toma de participación extranjera.

En definitiva, como indicaba al inicio de mi intervención, se trata de una operación singular que afecta a una empresa estratégica, en un sector estratégico. Su concurso, en la próxima década, es imprescindible para la consecución de los objetivos de política energética. Por tanto, dando la bienvenida a la inversión extranjera como un factor incuestionable de crecimiento, de modernización, de nuestras economías, también es importante que las oportunidades que ofrecen nuestro sector, nuestra economía, nos ayuden a consolidar con robustez el marco normativo, el proyecto de transición ecológica y las condiciones de viabilidad económica, financiera y sociales y laborales de esta empresa.

Y nada más. Muchas gracias.