Intervención de Teresa Ribera

El Gobierno, como bien señalaba a la ministra portavoz, quiere velar por los consumidores, sobre todo por los consumidores domésticos e industriales, y asegurarnos que aquellas medidas que impulsemos permitan que los consumidores cuenten con un precio de la energía razonable.

Es obvio que también es importante velar, trabajar, porque nuestro país mantenga el enorme atractivo que tiene para los inversores, a quienes consideramos actores clave en la modernización de nuestro sistema energético. Quizá como ningún otro, un sector sistémico para el conjunto de la economía, por el bienestar y la necesidad de emplear energía a la hora de producir bienes y servicios. Por tanto, queremos un sistema energético bien remunerado, sostenible, rentable, pero que, sobre todo, evidentemente repercuta en beneficio de todos los españoles, como decía antes, en particular los consumidores domésticos y los industriales.

Es lógico que las compañías busquen maximizar su beneficio, es importante, es legítimo, pero nosotros como Gobierno debemos velar por los españoles y asegurar la compatibilidad de ese legítimo interés de las compañías con el bienestar de los consumidores.

Por eso traemos dos anteproyectos de ley, uno ya convertido en proyecto de ley que remitimos al Congreso de los Diputados, y otro que inicia su andadura con plenas garantías, buscando la máxima participación, observaciones y alegaciones e informes a los que prestaremos especial interés para poder tomar las decisiones más acertadas en esta tramitación.

¿Cuál es el impacto acumulado de estos dos proyectos de ley, una vez estén plenamente efectivas las medidas que incorporan?, pues nuestra estimación es que supondrá una reducción del 15% de la factura en los consumidores domésticos e industriales, y, permítanme que les explique las líneas maestras de cada una de las dos iniciativas.

La primera, el ya proyecto de ley, remitido al Congreso, por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Queremos que todos los vectores energéticos contribuyan, incluidos gas y petróleo, al despegue histórico de las energías renovables y el apoyo de la cogeneración. Lo hagan en función del volumen de energía que vendan en el mercado, pero también creemos que es importante que esta transformación, dado que hasta la fecha no habían contribuido a dar cobertura con generaciones o a renovables, se haga de manera ordenada. Esto significa que en el proyecto de ley hemos incluido exenciones y bonificaciones, exenciones y bonificaciones para aquellos consumidores que pueden tener más complicada esta adaptación, a gasóleo agrícola, gasóleo profesional, gas en sectores industriales expuestos a la competencia internacional.

Segundo, creemos que es importante dar un plazo de adaptación en este proceso de transformación. Por tanto, vamos a ir incorporando estas medidas de manera paulatina, progresiva, hasta un plazo máximo de cinco años, un tiempo que por lo demás, tenemos que aprovechar para, con las medidas que incorporamos en el Plan de Recuperación, acelerar los beneficios positivos en todos los consumidores, impulsando autoconsumo y techos solares, impulsando eficiencia, tanto en la industria como en el sector residencial o el sector institucional, impulsando el almacenamiento no solamente a gran escala, también el almacenamiento a pequeña escala, en pequeñas instalaciones industriales en nuestros hogares, facilitando la movilidad eléctrica.

Creemos que, junto a esto, es importante acometer otra reforma significativa. Traemos una segunda a medida que creo que es fundamental para el conjunto de los consumidores. Una ley importante con la que queremos garantizar que los consumidores se vean también beneficiados por el precio al alza del CO2 y que los beneficios que hoy van directamente a las cuentas de resultados de las empresas puedan también generar un beneficio positivo en la factura eléctrica de los consumidores domésticos e industriales. Creemos que esto es importante hacerlo en un momento en el que observamos como en poco más de un año, el precio del CO2 ha crecido más de un 150%, sin que los costes de generación de más del 90% de nuestro parque eléctrico generen CO2. Por tanto, es un beneficio consecuencia de la regulación del mercado marginalista europeo, del que no participan en estos momentos los consumidores.

Por eso, pensamos que es importante que los inversores y el despliegue de las renovables esté en nuestro horizonte, con todas las garantías, pero al mismo tiempo, que esas garantías de la transformación de nuestro sistema eléctrico no redunden en perjuicio, sino al revés, en beneficio de los consumidores, que puedan facilitar ese acceso al dividendo de carbono que hoy por hoy es retribuido íntegramente a las compañías eléctricas.

Repito, es algo más de mil millones de euros al año que pasan directamente a las cuentas de los empresas y pensamos que una parte muy significativa de estos beneficios deben ir a aminorar la factura eléctrica de consumidores e industriales.

Es una medida que hemos tomado con la máxima la solvencia y el máximo rigor y cuidado, de forma congruente, en primer lugar, con la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya avaló algo muy parecido, diciendo que es compatible con el marco europeo, tanto de funcionamiento del mercado como de introducción de señales de CO2 en nuestro sistema.

En segundo lugar, se aplica exclusivamente a las plantas que estaban funcionando en el año 2005, que es cuando entró en vigor esta legislación sobre CO2. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que no hay ninguno de los inversores que haya tomado la decisión de poder activar esas plantas, que en sus cuentas, sobre la viabilidad de su decisión, hubiera podido tomar en consideración el precio del CO2. Todas son decisiones previas. Ninguna de las plantas afectadas ha visto, en ningún momento, dentro de su contabilidad este coste del CO2 como un elemento a la hora de tomar decisiones de inversión.

Todos los inversores posteriores al año 2005, quedan excluidos de la aplicación de esta ley. Es decir, no hay ninguna planta posterior, sea cual sea su régimen retributivo, que quede afectada por esta ley que hoy sometemos a información pública. Al revés, creemos que el conjunto del sector se ve beneficiado. Los nuevos inversores saben que la electrificación se impone y crece el volumen total de la electricidad en nuestro sistema.

Por tanto, nuevos y antiguos saben que tienen un margen de crecimiento, de expansión importante, en un sistema estable, solvente, que al mismo tiempo ofrece cobertura a los consumidores, hasta el punto de generar una reducción de la factura que hará que este proceso vaya más deprisa y en línea con algo que tenemos marcado en nuestro horizonte: crecer en más de 60 gigas nuevos de aquí al año 2030 nuestra planta de energías renovables.

Queremos que nuestra respuesta aborde todas las preocupaciones que tienen hoy por hoy los consumidores cuando ven que su factura va creciendo. Es una buena noticia que pensamos que afecta de modo positivo a consumidores y a inversores, que mantienen todas las vías abiertas, todas las opciones abiertas, para cualquiera que quiera producir y vender electricidad en nuestro país, en un momento de crecimiento de la electrificación, quien quiera puede acudir al mercado eléctrico, quien quiera, puede acudir a la contratación bilateral, donde vemos un crecimiento muy importante también en nuestro país, y, quien quiera puede acudir a los sistemas de subasta que hemos activado desde el año pasado.

Por tanto, la combinación de ambas medidas, como digo, tendrá un beneficio enormemente positivo para consumidores en un momento particularmente sensible, donde la recuperación económica no puede verse amenazada en las economías domésticas, en las economías industriales como consecuencia de variables que no dependen de la decisión del Gobierno español, como pueden ser la evolución del precio del CO2 en los mercados internacionales. Muchas gracias.