Intervención de Pablo Iglesias

Sr. Iglesias.- Muchísimas gracias María Jesús, boas tardes, arratsalde on, bona tarda, buenas tardes En primer lugar quiero enviar mis condolencias a los familiares y amigos de todas las personas que han fallecido por el COVID-19. Quiero homenajear una vez más a todos los profesionales de la sanidad que se están dejando, literalmente, la piel, la salud y la vida para cuidar de nuestro pueblo, a los profesionales de los servicios sociales y a las fuerzas de seguridad y a todos los trabajadores y trabajadoras que muchas veces en condiciones muy precarias están en primera línea dando la cara para proteger a la gente. Hoy quiero tener unas palabras para los trabajadores de las Fuerzas Armadas, en especial para las mujeres y hombres de tropa y marinería, pues estamos viendo estos días cumplir su deber allí donde se les requiere y a veces se nos olvida que cuando cumplen 45 años muchos de sus soldados no tienen futuro. El Estado está en deuda con ellos desde hace mucho tiempo y este Gobierno también.

Comparecemos hoy para dar cuenta del nuevo paquete de medidas económicas y sociales que hemos aprobado en el Consejo de Ministros para reforzar la protección social, el escudo social, frente a la crisis del coronavirus. Precisamente hoy ha entrado en vigor, como decía la ministra de Hacienda y ministra portavoz, el Decreto que aprobamos este domingo para incrementar la efectividad del confinamiento. El confinamiento, como decía María Jesús, salva vidas, mediante un permiso retribuido que garantiza que se suspende toda actividad no esencial y que se protege a los trabajadores y a las empresas para que la actividad económica pueda reanudarse lo antes posible y con el menor perjuicio, tal y como explicó ayer la ministra de Trabajo y Economía Social.

Pero para poder pedirle a la gente como Gobierno que se quede en casa no basta con conciencia social y cívica, es imprescindible ofrecer seguridad. Es evidente que las medidas de restricción de movimientos y de suspensión de las actividades laborales no son viables socialmente si desde las instituciones y desde el Estado no se ofrece seguridad a la gente para que pueda afrontar con garantías un periodo excepcional como éste. El Decreto que aprobamos hoy va en esa dirección, la de seguir dando seguridad y protección a todas las personas para afrontar el impacto negativo de esta crisis que le ha tocado vivir a toda España y también a todo el mundo. Una crisis que no es solamente sanitaria es también social y económica.

En la tarea de construir ese escudo social en nuestro país tenemos la suerte de contar con un marco de referencia idóneo, la Constitución española, si existe un escudo social en España que puede informar tanto el espíritu como los elementos concretos de lo que debe ser un cinturón de seguridad para la gente, sobre todo ante situaciones de crisis excepcionales como la enfrentamos, ese instrumento es nuestra Constitución. Son días de un inmenso dolor para nuestra ciudadanía Como vemos cada día este virus está siendo especialmente mortífero con las generaciones que nos trajeron la democracia, hoy quiero reconocer a esa generación que peleó para que podamos tener los derechos sociales que recoge la Constitución, esos derechos sociales, en una situación de emergencia como ésta son la mejor garantía, la mejor garantía de seguridad para proteger y cuidar a nuestro pueblo. Artículos como el 35, el 40, el 41, el 43, el 47, el 50, el 51, o el 128 que protegen la seguridad económica de los trabajadores, de los hogares, el sistema de salud, el derecho a la vivienda, los derechos de los consumidores, son la base democrática para afrontar esta crisis. Si en algún momento cobra sentido la noción patriótica de la primacía del interés general del país tal y como la concibieron los padres y madres de nuestra Constitución es ahora. La Constitución es el mejor marco de referencia a la hora de construir los dispositivos de protección social que permitan que esta vez salgamos de esta crisis protegiendo a la gente, en particular a los más vulnerables. Unos dispositivos de protección social que ampliamos con medidas muy importantes, algunas de las cuales paso a explicarlas.

Quiero antes dar las gracias a los ministros y ministras y en particular a sus equipos de Transición Ecológica, de Hacienda, de Economía, de Transportes, de Consumo, de Trabajo, de Igualdad y a todos los que han trabajado en las medidas que anunciamos hoy aquí.

A propósito de los alquileres. Hoy tomamos medidas para proteger el derecho constitucional a la vivienda. La vivienda en estos momentos es un bien aún más imprescindible si cabe, porque es la trinchera desde la cual la gente resiste al virus. Si desde el Gobierno le decimos a la gente que se quede en casa debemos garantizar, ahora más que nunca, su derecho constitucional a la vivienda y ese es uno de los objetivos centrales de las medidas que aprobamos hoy. En concreto tomamos medidas para proteger a uno de los colectivos, que con toda la razón, más estaba reclamando en los últimos días una respuesta por parte del Gobierno, las personas que viven en régimen de alquiler. Quedan suspendidos desde hoy y hasta que cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables. Nadie puede ser expulsado de su casa. Quedan prorrogados automáticamente por seis meses todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer, una medida que en la práctica supone impedir que ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante los próximos seis meses. Ponemos en marcha, utilizando al Instituto de Crédito Oficial, un sistema de microcréditos públicos sin comisiones, de interés cero, para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. Los inquilinos que se beneficien de estos microcréditos públicos podrán devolverlos en un plazo de seis años, ampliables hasta diez años en casos de que tengan dificultades. Y sobre esta medida quiero destacar dos elementos. Por una parte la definición muy amplia que hemos hecho de los supuestos de vulnerabilidad para acogerse a este sistema de microcréditos públicos sumada a las facilidades para la devolución de los mismos permitirá que un gran número de personas inquilinas puedan acogerse a ellos. Por ejemplo podrán acogerse todas las personas en paro, los trabajadores afectados por ERTEs o reducciones de jornada, o los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos. Y por otro lado algo muy importante y que quiero dejar muy claro a todas las personas que nos están escuchando y que están preocupados por verse en dificultades para pagar el alquiler. Si hay inquilinos que aún así no puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda van a contar con el apoyo del Gobierno. El Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus que no logren salir de esa situación y finalmente no puedan hacer frente a la devolución de las ayudas públicas para el pago del alquiler.

Por último este paquete de medidas relativas a los alquileres incluye una distinción que es clave. No es lo mismo, como es evidente para todo el mundo, un pequeño propietario, que un fondo buitre, o u n gran tenedor de vivienda. No es lo mismo por ejemplo una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que viven gracias a que pueden complementar su pensión con una renta de un piso o de un local que han comprado tras toda una vida de trabajo, que alguien que tenga 15 o 20 viviendas alquiladas o un fondo buitre que pueda tener miles de viviendas y locales. Por lo tanto el decreto garantiza que todos los pequeños propietarios van a percibir íntegramente las rentas de sus viviendas y al mismo tiempo garantiza también que los grandes tenedores y los fondos de inversión van a asumir, como es normal, parte del impacto de parte del impacto de la medida efectuando quitas o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos. Para que todo el mundo lo entienda, si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda, o un fondo de inversión, éste tendrá que elegir entre dos opciones o bien llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o bien reestructurar esa deuda para que el inquilino pueda pagarla durante tres años. Se trata de proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios y al mismo tiempo garantizar que los grandes tenedores de vivienda tienen que arrimar el hombro para asegurar que en esta en crisis se hace efectivo el derecho constitucional a la vivienda.

En segundo lugar ampliación de la moratoria de hipotecas. Hoy ampliamos la moratoria de hipotecas, que habíamos aprobado recientemente, incluyendo en ella a los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el Estado de Alarma o cuando su facturación haya caído significativamente. Hasta el último día del mes en que finalice el Estado de Alarma la entidad acreedora no podrá exigirles el pago de la cuota hipotecaria, ni ninguno de los conceptos que la integran, tampoco los intereses.

En tercer lugar ampliación de la prohibición del corte de suministros básicos y bono social. Hoy tomamos medidas para garantizar los suministros básicos de los hogares de nuestro país, la semana pasada habíamos aprobado un primer paquete que establecía la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables, hoy hemos decidido extender esa prohibición al conjunto de la población. Por tanto, mientras esté en vigor el Estado de Alarma, las empresas suministradoras de electricidad agua y gas no podrán suspender el servicio a ningún ciudadano en su vivienda habitual. Además ampliamos la cobertura del bono social para que puedan acogerse a él los trabajadores afectados por despidos y los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis del COVID-19.

En cuarto lugar, prestación por desempleo temporal a trabajadoras del hogar. Este paquete de refuerzo del Seguro Social incluye nuevas prestaciones para colectivos especialmente vulnerables que no habían quedado cubiertos por las medidas aprobadas en el primer paquete de medidas económicas y sociales.

La Constitución establece en su artículo 35 que todos los hogares deben tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades vitales. Ponemos en marcha una prestación especial, consistente en el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, es decir, unos 440 euros al mes, para todos los trabajadores temporales a los que se les haya extinguido su contrato después de la declaración del estado de alarma y que no tenían el tiempo mínimo para acceder a la prestación por desempleo.

Esta medida pretende que los trabajadores temporales que se han quedado sin trabajo tengan un trato equivalente al de los trabajadores que han sido afectados por ERTEs y que han podido recibir su correspondiente prestación. Además el paquete que hoy aprobamos, incluye una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar servicios total o parcialmente como consecuencia de la crisis, o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Las personas trabajadoras del hogar, la gran mayoría mujeres, hacen un trabajo importantísimo y por desgracia muy poco reconocido, limpiando cocinando cuidando niños o a personas mayores. No puede ser que otra de las grandes olvidadas en lo que se refiere a los derechos sociales y la protección social sean las trabajadoras del hogar.

Si algo hemos aprendido a raíz de esta crisis es que es fundamental cuidar mejor a los que cuidan, porque son precisamente sus trabajos de cuidados, muchas veces invisibles precarios y poco reconocidos los más imprescindibles para la tarea que nos ocupa ahora que es el sostenimiento de la vida.

En quinto lugar, medidas de consumo.

El decreto incluye también medidas más específicas para la protección de los consumidores, como una moratoria de tres meses prorrogables en el pago de los créditos personales para personas vulnerables, la devolución de los viajes cancelados o medidas para restringir la publicidad de las apuestas en un contexto de confinamiento que hace aún más necesario proteger a las personas que tienen problemas con el juego.

El ministro de Consumo podrá explicar con más detalle estas medidas.

En sexto lugar, el decreto incluye también medidas en materia de igualdad. Por un lado medidas de protección a las víctimas de violencia machista de situaciones de convivencia forzosa con su agresor, agravadas a raíz del confinamiento por la emergencia sanitaria, y por otro, medidas de impulso a la ejecución del Pacto de Estado de la Violencia de Género en materia de fondos que se tienen que transferir a las comunidades autónomas.

El de hoy es un paquete de medidas muy importante que viene a reforzar el escudo social frente al coronavirus y que pone decididamente a nuestro país en la senda de una salida social a esta crisis opuesta a la que se aplicó en el pasado.

Seguimos trabajando la Vicepresidencia Social junto al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, estamos coordinados para que el ingreso mínimo vital sea una realidad que podamos anunciarle aquí cuanto antes.

Quiero recordar, sin embargo, que el camino del escudo social debemos recorrerlo en el conjunto de la Unión Europea. El discurso que hizo el presidente del Gobierno a este respecto hace dos días fue un discurso histórico. Quiero agradecerle su visión y su firmeza a la hora de defender la solidaridad como base del proyecto europeo. El egoísmo jamás podrá ser un valor que vertebre el proyecto europeo, que sólo será viable si se basa en la solidaridad, en el apoyo mutuo, en los derechos humanos y en un marco moral común.

Para terminar con toda la prudencia y con toda la humildad, creo que con medidas como las de hoy avanzamos en la dirección correcta. Sin duda también habremos hecho cosas mal y habremos cometido errores. Y cometemos errores. Y los ciudadanos, cuando pase todo esto, tendrán que juzgar el papel de cada uno. Pero en estas horas decisivas para nuestro país es un deber para este gobierno tender una vez más la mano a la oposición, con toda la humildad, para que se sumen y aporten su visión y sus ideas de forma constructiva al momento histórico que vive nuestra patria. El patriotismo no es otra cosa que defender lo común: es ser capaces de poner el interés general del país por delante de los intereses particulares. Defendamos juntos lo común haciendo efectiva nuestra Constitución, que es el escudo social que nos une a todos. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, vicepresidente. Y ahora sí, le paso la palabra a la vicepresidenta económica, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Agenda Digital.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)