Intervención de Luis Planas

Muchas gracias ministra portavoz. Buenas tardes a todos ustedes. Estoy encantado de estar de nuevo en este período con ustedes aquí en esta sala de prensa, para darles cuenta de la primera lectura que ha efectuado hoy el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley por el cual se modifica la Ley 12/ 2013 de 2 de agosto, sobre la cadena alimentaria.

Es un tema de gran importancia.

Lo decía la ministra portavoz en su intervención al principio. La cadena agroalimentaria ha tenido un comportamiento excelente durante toda esta crisis. Durante todo el Estado de Alarma agricultores, ganaderos, pescadores, industria, cooperativas, distribución, empresas y trabajadores se ha comportado de una forma yo diría que ejemplar y creo que el mejor reconocimiento que el Gobierno puede hacer es intentar abordar algunos de los temas de fondo que se plantean en relación con una cadena alimentaria, como os decía, que es moderna y que es competitiva, pero que no está desprovista de problemas estructurales.

Yo diría que son básicamente tres. Por un lado, el desequilibrio de la propia cadena. Este no es un fenómeno exclusivamente español, es un fenómeno sin duda europeo. Nos encontramos con que la cadena alimentaria suele, en su formación de precios, no situarse de abajo a arriba, sino en muchas ocasiones de arriba abajo, y desde luego, está desequilibrada entre distintos elementos de la propia cadena. El segundo es la falta de transparencia en la propia formación de los precios y el incremento del valor en la cadena alimentaria. Y el tercero, que es especialmente preocupante, es la debilidad del elemento, yo diría más frágil de la cadena, que son agricultores y ganaderos de cara a su capacidad de negociación con los demás eslabones de la cadena. Particularmente, yo creo que fenómenos tales como la atomización de la oferta, la volatilidad de los precios en los mercados, unido a otros factores como lo pueden haber sido los aranceles introducidos por la administración norteamericana o bien los factores climáticos, ciertamente condicionan mucho el funcionamiento y, por tanto, la posición negociadora de agricultores y ganaderos.

Respondiendo a esta situación y en reivindicación de unos precios justos, vivimos en los meses de enero y febrero de este año una intensa movilización a lo largo y ancho de España, que realmente llevó al conjunto de la población la preocupación que tenían no solo agricultores y ganaderos, por percibir unos precios justos, por su trabajo y por los productos que producían y que ponían a nuestra disposición. Yo mismo, como ministro y en nombre del Gobierno, manifesté la comprensión y la simpatía del gobierno hacia estas reivindicaciones, que dieron lugar el día 25 de febrero a la adopción en Consejo de Ministros de un Decreto Ley para responder a esta preocupación, modificando la ley de la cual hablaba hace un momento, la Ley 12/2013 de Cadena Alimentaria. Particularmente ustedes recordarán, introduciendo la obligatoriedad del contrato escrito, haciendo referencia en este contrato, tenía que estar suscrito siempre, con referencia a los costes de producción y que éstos debían ser inferiores al precio de venta y asimismo, dejando fuera de la ley determinadas prácticas que constituían pérdida de valor a lo largo de la cadena alimentaria o prácticas comerciales de quienes acreditaban el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos.

Pues bien, hoy damos cuenta de la segunda fase en la modificación de la ley, que es una continuación del compromiso de este Gobierno no solo por mejorar la cadena alimentaria, sino por responder a la preocupación de nuestros agricultores y nuestros ganaderos.

Este anteproyecto de ley, cuya primera lectura ha efectuado el Consejo de Ministros, incluye como aspectos más importantes los siguientes: en primer lugar, la ampliación del marco de la referencia espacial. La ley del año 2013 era una ley exclusivamente española. Esta nueva ley, en la medida en que está basada en una directiva europea, la Directiva 2019/633 de 17 de abril, de cuyo texto se transpone con este proyecto de ley, supone el hecho de que cualquier transacción en el ámbito de la cadena alimentaria, uno de cuyos elementos sea español o tenga lugar en España, automáticamente quedará con una cobertura no sólo española, sino también comunitaria.

En segundo lugar, la ampliación del ámbito material. La lista de productos objeto de cobertura no sólo son los productos agrícolas o ganaderos primarios, sino también los transformados, añadiendo al anejo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a la lista allí planteada.

Segundo apartado. El relativo a los contratos, había indicado antes del Decreto Ley, los convirtió en obligatorios. Es un elemento fundamental y a partir de aquí ampliamos el número de supuestos y también el contenido de los mismos.

Un tercer elemento es que ampliamos el número de las prácticas comerciales consideradas desleales en base a la Directiva Comunitaria que acabo de mencionar en un doble sentido: la denominada lista negra, es decir, prácticas que están en todo caso prohibidas y la denominada lista gris, es decir, aquellas que pueden ser toleradas en la medida en que hayan sido objeto y contenido en el reflejo contractual correspondiente. Por ejemplo, las prácticas de la lista negra, es decir, las definitivamente prohibidas, está la cancelación de un contrato de productos perecederos en un plazo inferior a 30 días, lo cual convierte en imposible para el productor el buscar un nuevo mercado o un nuevo comprador. A este respecto, en otro ejemplo, en relación con la segunda lista, la lista gris, la posibilidad de que por parte de comprador y vendedor se pacten determinadas condiciones en relación con los costes o soporte de la publicidad de la venta de un producto determinado.

Cuarto y quinto aspecto. El cuarto se refiere a la tipificación y a las sanciones que incorporan la legislación europea y finalmente, la AICA, La Agencia de Información y Control Alimentario es considerada por este proyecto de ley como la autoridad nacional de referencia a los efectos del conjunto de la Unión Europea. Como ustedes saben, la AICA es una agencia que, vinculada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hace una labor tremendamente interesante desde el punto de vista del seguimiento, justamente de todo lo que se refiere a la cadena alimentaria, la formación de precios, pero también tiene una capacidad de investigación y una capacidad sancionadora en relación con todos los elementos que puedan suponer infracciones relativas a la ley y a la legislación en materia de cadena alimentaria. La AICA en ese sentido es el elemento central que coordina a su vez a las instituciones de control y de seguimiento y de inspección de las comunidades autónomas en la misma materia. Como ustedes saben, hoy, cuando una transacción en el marco de la cadena alimentaria se celebra en todos sus eslabones en el seno de la comunidad autónoma, es esa comunidad autónoma la plenamente responsable de la aplicación de la ley. Pero, como suele ocurrir en la mayor parte de los casos, lógicamente las diversas transacciones tienen lugar en diferentes territorios de España. Ahí, lógicamente, las comunidades autónomas tienen competencias que ejercen también en esa labor inspectora y, en su caso, sancionadora en la materia. En este caso, además, este proyecto de ley, anteproyecto de ley amplía no sólo a España, sino al marco de la Unión Europea la aplicación de la misma.

Pues bien, después de esta primera lectura que efectuamos en el día de hoy iniciará su trámite. Esta primera lectura ha venido precedida, y es un buen ejemplo, ministra portavoz, del funcionamiento de la Administración durante este Estado de Alarma. Desde el día 1 al 29 de abril, lo sometimos a exposición pública, tuvimos 87 aportaciones por parte de los interesados en la materia. El día 15 de junio reunimos al Observatorio de la Cadena Alimentaria. Hoy hemos pasado el documento, ha sido objeto de lectura en el Consejo de Ministros y a partir de aquí será objeto de informe por parte de las comunidades autónomas, por parte de la Comisión de los Mercados y de la Competencia, por parte del Consejo Económico y Social y también del Consejo de Estado, y esperamos que pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros en el próximo otoño.

Es un paso adelante muy importante, aparte de la propia textualidad, muy importante del contenido legal de la ley. Quiero significar que constituye, junto al Decreto Ley aprobado en el mes de febrero, un proceso de transformación estructural de nuestro sector primario y de nuestro sector agroalimentario que supone, en definitiva, yo diría que un elemento fundamental por la contractualización desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pero también de la planificación empresarial y, en definitiva, de la capacidad de competencia y de buen funcionamiento del sector.

Ministra portavoz, dos referencias muy breves a dos temas que traigo también en el índice verde del día de hoy. Se refieren uno de ellos, a la transferencia a las comunidades autónomas por importe de 10 millones de euros en el sector del ovino y el caprino, en acciones de apoyo en relación con la crisis desatada por el coronavirus y las repercusiones sobre el sector. Se añaden a los 168 millones que percibe el sector de ovino y caprino en el marco de las ayudas acopladas del primer pilar, y en segundo lugar, un importe de 3387772 euros para las paradas temporales de la flota en Golfo de Cádiz y en Mediterráneo. Igualmente, hemos aprobado hoy otro decreto en materia del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola español el PASVE.

Y finalmente un comentario. La ministra portavoz ha presentado hace un momento un decreto que yo considero tremendamente interesante, del cual, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y quiero rendir homenaje a mi colega la ministra ha hecho un excelente trabajo, en relación con la mejora de las condiciones en el sector de trabajo en el sector pesquero. Ha sido un trabajo por apoyo, lógicamente, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Ministerio de Transportes y también del Ministerio de Inclusión Social.

Y además de transponer, como se refería hace un momento a esta directiva, supone un elemento muy importante desde el punto de vista tanto, de la de la modificación del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los contratos escritos de los tripulantes a bordo de los barcos pesqueros, como elementos tan importantes como la repatriación o el seguro de repatriación, cuando aquel tripulante se encuentre en un país tercero en un caladero o en un puerto determinado. Y como indicaba muy bien la ministra portavoz, resumiendo este decreto, lo referente a las condiciones de trabajo y habitabilidad, condiciones en las cuales este Gobierno es particularmente sensible y respecto de las cuales estamos trabajando en el marco de la reforma actual que estamos discutiendo, ayer mismo en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, de la reforma del Fondo Europeo Marítimo y la Pesca, para que se puedan mejorar las condiciones de seguridad, las condiciones de trabajo, de habitabilidad y la eficiencia energética de nuestros buques de pesca. Muchas gracias.