Intervención de María Jesús Montero

Como pueden ver, hoy me acompaña el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y él les va a informar sobre un anteproyecto muy importante que se ha presentado al Consejo de Ministros, en concreto, la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa que pretende adecuarse a la normativa, a este tiempo presente, al tiempo contemporáneo.

Pero, como es habitual, antes de comentar los detalles de asuntos tratados en el Consejo de Ministros, me gustaría también comentar algunos de los temas de actualidad que creo que requieren una valoración por parte del propio Consejo de Ministros después del desarrollo de estas semanas.

En concreto, quería decirles que estamos ya en la recta final de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, una tramitación que empezó en el día de ayer, en el debate a la totalidad sobre los vetos que se planteó en el Pleno del Senado, y que posteriormente, como ustedes pudieron ser informados, se decidió en la votación que el proyecto de ley continuara su tramitación de manera que ahora hay abordar todo el periodo de enmiendas, por lo que esperamos, deseamos que este proyecto, como tenía previsto el Gobierno, esté ya listo para que se publique en el BOE antes del mismo día 1 de enero, por lo que tendremos ya, contaremos con la herramienta indispensable para el impulso económico de nuestro país y por otra parte, para canalizar la importante cuantía de fondos europeos que contemplan esta cifra del proyecto de presupuestos.

Es importante resaltar también que un grupo, un grupo de formaciones políticas en concreto con alguna que se sumó en el día de ayer en el Senado, hasta doce formaciones políticas están apoyando estas cuentas públicas y creo que es la mejor expresión cara al mercado interior y exterior, que España está gozando de una estabilidad y una fortaleza imprescindible en este momento de la pandemia.

En segundo lugar, quería informarles que mañana el presidente del Gobierno va a comparecer ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de dos cuestiones muy relevantes. La primera, informar sobre los últimos Consejos europeos que se han celebrado, especialmente hacer hincapié en el de la semana pasada, que saben que culminó con una magnífica noticia como fue el desbloqueo de los fondos del mecanismo de recuperación y también del presupuesto europeo para los próximos siete años.

Estamos hablando de una cantidad inédita, del mayor paquete de estímulo financiero que se haya puesto a disposición de los países a través del presupuesto de la Unión Europea. Ni más ni menos que 1,8 billones de euros para dar respuesta a esos grandes retos en la recuperación y en la transformación que necesitamos en nuestro conjunto, Europa en su conjunto para poder competir en el mundo globalizado. El objetivo es que todos seamos más fuertes, que entre todos los países, construyamos una Europa más digital, más ecológica, más feminista, más resiliente, en definitiva, más adaptada a los retos que tenemos en el presente y en el futuro inmediato.

Es una noticia, desde luego, que estaba siendo muy esperada, no solo por los Estados miembros, sino también por los mercados de inversión para activar toda la preparatoria del mecanismo de recuperación NextGeneration, que en el caso de nuestro país supone, como recordarán, 140.000 millones, imprescindible tanto para reactivar la economía como para modernizarla tras los efectos que haya dejado la pandemia.

En segundo lugar, el presidente va a exponer también en el Congreso de los Diputados las gestiones y la situación que está íntimamente relacionada con la pandemia y con el actual Estado de Alarma que sigue vigente. Saben que sobre todo estamos muy pendientes de todas las novedades que se van produciendo en el marco de autorización de la vacuna. Un asunto que nuevamente será tratado en el día de mañana por el Consejo Interterritorial de Salud.

La previsión es que las primeras vacunas lleguen a España muy pronto, lleguen a principios de año, aunque hay que seguir insistiendo en que mientras que no exista un porcentaje de la población que esté ya cubierto por esta vacuna, es fundamental, imprescindible, no bajar la guardia y seguir poniendo en marcha con más ahínco, si cabe, las recomendaciones que se dictan por parte de las autoridades sanitarias.

La prudencia tiene que ser, por tanto, la tónica con la que nos movamos en los próximos días, y tenemos que extremarla en esta semana, si no queremos desandar un camino que hemos recorrido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio por parte del conjunto de españoles y de españolas.

Y ya entrando en el detalle del Consejo de Ministros, les quiero comentar cinco temas.

El primero es que el Consejo ha aprobado en el día de hoy un proyecto de ley para crear un fondo nacional para la transición energética que financie tanto esta transición como el sostenimiento del sistema eléctrico. Es un proyecto en el que el Gobierno lleva trabajando ya más de dos años en el desarrollo de un marco estratégico, también normativo para toda la política de energía y clima. Un marco que tiene que generar certidumbre, confianza al conjunto de los inversores de nuestro país y del exterior, y lo que es más importante, sobre todo un marco que proteja a los ciudadanos, a las ciudadanas y al conjunto del tejido productivo.

Por eso, lo que me gustaría destacar hoy es que este proyecto de ley aborda algo tan sensible, tan importante como la factura de la luz que se dirige a las familias y a las propias empresas. De hecho, se trata de un nuevo mecanismo que nos va a permitir reducir esta factura de la electricidad, al tiempo que garantizamos la solvencia de nuestro sistema eléctrico, algo indispensable, primordial para cumplir con los objetivos que nuestro país tiene marcado en relación con la descarbonización.

El sistema actual, de 2012, ya no es válido, ya no es de utilidad. Se diseñó bajo unas premisas, pensando en precios altos de mercado y demanda creciente de electricidad. Hoy, afortunadamente, la situación es totalmente distinta. La eficiencia energética, en las familias, en los edificios, en los electrodomésticos ha logrado estabilizar la demanda y también la creciente penetración de renovables nos lleva a precios de electricidad cada vez más bajos.

Si a todo ello le unimos la situación coyuntural derivada del COVID19, de la pandemia sanitaria, que ha supuesto de hecho una reducción de ingresos del conjunto del sistema, una menor demanda de electricidad por parte de las PYMEs, tendrán ustedes que ver que el escenario, como decía, es absolutamente distinto y obliga a tomar medidas. Porque si no hacemos nada, esta menor recaudación se va a traducir necesariamente en un aumento de los costes fijos de los consumidores de electricidad, justo la señal contraria a la que deseamos. Estamos hablando, por tanto, que en caso de inactividad, de inacción por parte del Gobierno, este se vería obligado por ley, a subir la parte regulada de la factura eléctrica entre un 10 y un 15%. Y está claro también que en un momento de reactivación, de recuperación, de búsqueda de soluciones, de protección de las personas vulnerables, esta medida, esta subida, sería económica y socialmente inviable y por tanto, este Gobierno no la llevaría a cabo

Es por ello, que el anteproyecto propone un mecanismo nuevo, la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Energético, que nos va a permitir justamente cubrir parte de esos costes fijos que se asocian al recibo de la luz, el llamado Recoren. Hasta hoy, el coste de financiación de este coste fijo forma parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores y entre ellos, tanto los ciudadanos como las empresas. De hecho, con este nuevo mecanismo que se ha presentado hoy en el Consejo de Ministros, el Fondo no se financiaría cargo al recibo de la luz. Por tanto, no vendría del bolsillo de los consumidores de electricidad, sino que se financiará con aportaciones de todas aquellas empresas que venden energía.Estas empresas tendrán que hacer sus aportaciones según sus ventas de energía y con esa financiación se contribuirá, se retribuirán los costes regulados tanto de la renovable como de cogeneración y de residuos.

Es importante aclarar que para aquellos sectores que tienen más difícil esta adaptación, el mecanismo contempla en sí mismo exenciones y también bonificaciones.

Por tanto, de lo que hablamos es de un mecanismo gradual que será progresivo, de hecho, se implementará en los próximos cinco años y que en ningún caso supone incrementar la presión fiscal o recaudatoria, sino que redistribuye lo que hasta ahora pagaban los consumidores en su factura entre las empresas que venden energía.

Es algo que se ha propuesto desde los sectores independientes, sectores académicos, desde los organismos reguladores y desde diferentes partidos políticos, acercándonos a sistemas como los vigente tanto en Francia como en Alemania.

El impacto será positivo para los consumidores domésticos, que van a ver reducida su factura eléctrica al menos un 13% en estos próximos cinco años gracias a esta disminución de los cargos. De no crearse este fondo, los costes fijos de este recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incluso incrementarse un 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% en solo un año. Como decía, algo intolerable para este Gobierno, por lo que adopta esta medida. El impacto del nuevo sistema será socialmente progresivo y esto significa que va a beneficiar especialmente a los hogares vulnerables y a aquellos que están expuestos a la pobreza energética. Estos son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta, dedican más parte de sus ingresos a la factura eléctrica.

También quiero, por último, trasladar que da solución a las pequeñas y a la mediana instalaciones, a los pequeños promotores de renovables, a los que el déficit de ingresos del sistema les supone realmente grandes dificultades para acometer nuevas inversiones. Dará previsibilidad y confianza en nuestro sistema eléctrico, manteniendo y yo diría que consolidando a España como un país serio, solvente, en el que conviene, es oportuno invertir en nuevos proyectos de renovables o que se ligan a la transición energética, por lo que es importante para el mantenimiento tanto de la actividad como del empleo.

La estabilidad y la previsibilidad que el nuevo mecanismo aporta al sistema eléctrico supone un refuerzo importante en toda la cadena de valor para toda la industria asociada, como aquella que trabaja en los bienes equipo, en la electrónica de potencia, fabricación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, solo por poner algunos ejemplos de los sectores más beneficiados.

En definitiva, hoy aprobamos este anteproyecto que va a dar una respuesta obligada, necesaria al sistema eléctrico, abaratando la factura de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables y de los consumidores domésticos, y complementando un marco energético estable, predecible, que mejora la competitividad de nuestro país y es una garantía para el conjunto de los inversores.

El segundo tema que quería trasladarles, también relacionado con esta materia, es que el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el estatuto de los consumidores electro-intensivos. Es un instrumento gracias al cual las empresas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, muy importante, van a disponer de un marco normativo con nuevos instrumentos para una mejor estabilidad, seguridad y certidumbre en el precio de la energía. Se trata, además de un modelo equivalente al que ya existen en algunos países de la Unión Europea.

Este estatuto de consumidores electro-intensivo va a beneficiar en torno a 602 empresas con más de 60 actividades industriales y comprendiendo a un conjunto de 300.000 trabajadores. Junto con las ayudas compensatoria por coste de emisiones indirectas CO2 y también junto con el Fondo Español de Reserva para Garantía de Entidades Electro Intensiva, este nuevo estatuto supone un apoyo permanente para esta gran industria. Gracias a la concesión de estas ayudas, de hecho, esta parte de la industria puede mitigar los efectos adversos de los altos costes energéticos que tienen y reducir de esta manera la factura eléctrica.

Es importante también saber que se orienta a la industria, para acometer proyectos que vayan en las líneas transformadoras que promueve este Gobierno, en concreto, tendrán que cumplir ciertos requisitos en materia energética, en inversión, en investigación, desarrollo e innovación y en sustitución de fuentes contaminantes, igualmente tendrán que comprometerse a mantener la actividad productiva durante un período de al menos tres años a partir de la fecha de concesión. Será justamente el Ministerio de Industria el encargado de certificar esta condición de consumidor electro-intensivo que se inicia a solicitud del interesado, ajustándose a las condiciones que marca el propio Estatuto.

A las medidas recogidas en los tres instrumentos que acabo de comentar se suma también la subasta de renovables publicada el pasado sábado en el propio BOE.

Yo creo que es importante destacar que con todo este compendio de iniciativas, a medida que se vayan incorporando en el sistema eléctrico las nuevas plantas renovables, va a bajar el precio de la luz en España y se va a equiparar al resto de países europeos. Por eso esta bajada de la luz va a repercutir tanto en la gran industria como en los consumidores domésticos, como hemos comentado en el apartado anterior.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado también el Primer Plan General de Emergencia del Estado. Se trata de la primera vez que se integran todos los planes que existen en nuestra articulación territorial, tanto de emergencias autonómicas como estatales, compendiada va en un mismo mecanismo.

De esta manera se refuerza, en este Plan General, el sistema de colaboración entre las administraciones públicas, porque simplificamos los procedimientos de gestión de emergencias, la ordenación de las redes de comunicación del propio Estado y el impulso de la interconexión con los centros de emergencia estatales y autonómicos.

De hecho, el plan va a permitir atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multi riesgo, a la que los planes ordinario no dan una respuesta específica, incluidas aquellas que tienen realmente baja probabilidad que sucedan, pero que supondrían un alto impacto, si así ocurriera. Precisamente, yo creo que hemos sido testigos de que la crisis sanitaria COVID19 es un ejemplo de ese tipo de emergencia y la experiencia adquirida durante la pandemia, tengo que decirles que ha sido muy útil para la elaboración de este plan.

Como principal novedad, destacaría que se crea un mecanismo nacional de respuesta en emergencias para movilizar todos los recursos que estén a disposición del sistema entre comunidades autónomas en situaciones que no se hayan declarado de interés nacional.

También el plan representa un avance importante, porque se sitúa en el top organizativo, en la cúspide organizativa del Sistema Nacional de Protección de Salud. Y esto significa que se convierte en un instrumento general esencialmente operativo, facilitando la integración conjunta del Sistema Nacional de Protección Civil con otros sistemas nacionales. La experiencia, como digo, ha supuesto también un aprendizaje imprescindible para la elaboración de este plan.

En cuarto lugar, quería trasladarle que el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estadístico Nacional de vigencia 2021-2024, que se constituye como el principal instrumento para ordenar todas las cifras, todas las estadísticas que se realizan en la administración del Estado durante este período interanual. Saben que las estadísticas son imprescindibles como indicadores, índices, proyecciones y todo tipo de estudios para la toma de decisiones en el ámbito del Gobierno o en los ámbitos expertos, académicos, que requieran de esta información.

Estamos hablando, por ejemplo, de grandes estadísticas, como los censos o los índices que publica el INE, que son hasta más de 300, y que además tiene previsto realizar otros tantos con los departamentos ministeriales en sus diversos ámbitos.

Se consolida, por tanto, la elaboración de un indicador estratégico, estadístico, para diferentes cuestiones, entre ellas, como novedad, se va a incorporar la de los precios de alquiler, que va a complementar las propias estadísticas que elabora el Ministerio de Vivienda, Transporte y Agenda Urbana. También se van a consignar nuevos indicadores de movilidad que son imprescindibles, como decía, para la toma de decisiones.

El plan se adapta a los tiempos actuales, contemporáneos, planteando un salto de modernización, por ejemplo, con la utilización del Big Data y otras fuentes básicas de información que aumentan el nivel de detalle, facilitan el trabajo a los analistas, permiten desagregación de algunos de los indicadores, y dan respuesta, por tanto, a las demandas de información de los usuarios. Abordará la puesta en marcha de operaciones estadísticas y mejoras de otras, como resaltable, los indicadores que alimentan la agenda 20/30 para el desarrollo sostenible.

En quinto lugar, el Consejo de Ministros ha acordado también la declaración de la línea de navegación de interés público a la conexión marítima Melilla-Motril, una decisión que implica garantizar la conectividad entre Melilla y la península.

Debido a los efectos negativos de la pandemia, las empresas que venían prestando este servicio comunicaron hace semanas su imposibilidad de continuar con la labor si no recibían una contraprestación. El Gobierno tramitó entonces un contrato de emergencia para salvaguardar la importante ruta de contacto con los melillense y ahora se da un paso adelante declarando esta conexión, la línea Melilla-Motril como línea de navegación de interés público, permitiendo incorporar a esta ruta los contratos que licite el Ministerio de Transporte, garantizando un mejor servicio y garantizando, sobre todo, el futuro de esta conexión.

Y por último, como les decía, también el Consejo de Ministros ha aprobado varias medidas para el funcionamiento del llamado sistema de acogida.

En primer lugar, porque se ha dado luz verde a 53 millones de euros que vienen a cubrir las necesidades del sistema de acogida de personas solicitantes y beneficiarias de la protección internacional.

Por otro lado, también se ha concedido una subvención de 30 millones de euros a Cruz Roja Española por la gestión de diversos recursos de acogida para las Islas Canarias.

Al mismo tiempo, hemos declarado la emergencia de las obras para la instalación de campamentos provisionales para personas migrante, dentro también del Plan Canarias.

Todas las medidas esperamos que contribuyan al mejor funcionamiento de nuestro sistema de acogida, que está teniendo un importante desafío, un enorme reto debido al incremento de la llegada a nuestras costas, a Canarias, en esta situación de pandemia, de personas que según los convenios podrían ser devueltas a sus países de origen, estando en nuestro sistema de acogida debido al cierre de fronteras.

Por tanto, queremos contribuir de una manera decisiva a poder mejorar la situación de estas personas, y a ordenar los flujos migratorios que siempre trasladamos, que es imprescindible para que el funcionamiento de estos flujos sea absolutamente correcto y no esté sujeto a ningún tipo de fraude ni a ningún tipo de interés externo.

Estas son las materias fundamentales, y ahora paso la palabra al ministro de Justicia que va a dar cuenta del anteproyecto de ley que se ha aprobado esta mañana.