Intervención de Nadia Calviño

Muchas gracias vicepresidenta. Y, efectivamente, como se recordaba al inicio, el pasado día 21 se publicó ya en el BOE la Orden de elaboración de los Presupuestos por lo que hoy damos un paso más adelante para llevar al Congreso de los Diputados lo más rápidamente posible, un Proyecto de Presupuesto absolutamente necesario para nuestro país. Un Proyecto de Presupuesto que esperemos cuente con el apoyo de la gran mayoría de las formaciones políticas y que nos permita acometer los grandes retos, las grandes transformaciones que tenemos por delante, porque es evidente que la capacidad de seguir exprimiendo los Presupuestos prorrogados ya no es posible. Y tenemos que alimentar unas nuevas Cuentas Públicas que estén alineadas con el conjunto de los retos de la Unión Europea y los propios que el Presidente marcó en el discurso de Investidura.

Por eso, en el proyecto de senda, que se presenta hoy para su presentación en el Congreso de los Diputados, hemos intentado reflejar, condensar prioridades económicas, políticas sociales y, también, fiscales del Gobierno. De alguna manera, la Ley de Presupuestos es la que el Ejecutivo plasma de una forma más clara el contenido del proyecto de país, que tiene este Gobierno de progreso y, también, la identidad que queremos trabajar para el futuro.

Los Presupuestos que vamos a remitir al Congreso y votan sobre el refuerzo del Estado del bienestar, la apuesta por la transición ecológica justa, la reducción de desigualdades y la defensa de los intereses de clase media y clase trabajadora. Por eso, se aborda todo con la perspectiva de estabilidad presupuestaria, teniendo muy claro lo que decía la vicepresidenta económica, que la corrección del déficit y la deuda pública es una condición necesaria para mantener y defender un Estado del bienestar fuerte y, a su vez, cohesionado.

Pero también sabemos que la credibilidad de un Gobierno pasa por establecer objetivos realistas y, si me permite la expresión, no vender humo.

La senda de estabilidad vigente es la que aprobó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, carece de principio de realidad. De hecho, nada más aprobarse, los organismos internacionales y nacionales, ya alertaron que los objetivos eran completamente inasumibles. Por este motivo, en julio de 2018, el anterior Gobierno, liderado por nuestro presidente, llevó al Congreso de los Diputados, una nueva senda realista y en sintonía con la situación económica. Recordarán que, lamentablemente, Partido Popular y Ciudadanos vetaron la aprobación de esta senda en el Congreso y en el Senado, perjudicando claramente a CCAA y a la propia Seguridad Social.

Por eso, hoy, apenas un mes de la formación de este Gobierno, volvemos a aprobar un nuevo objetivo de estabilidad que garantizan que España siga reduciendo su déficit, siga haciéndolo también la deuda pública a un ritmo que, como decía la vicepresidenta, no dañe ni el crecimiento ni la creación de empleo.

La senda de estabilidad que les presentamos y que confiamos aprobar en el Congreso de los Diputados son la garantía de que España sigue alineada en el respeto a las reglas fiscales de la Unión Europea. Por eso, como pueden ver en la presentación, el Consejo de Ministros ha aprobado objetivos del año 2020; es decir, transformación o reforma del actual senda vigente que incorporaba este ejercicio presupuestario, y ya, la senda de estabilidad para el periodo 2021-2023.

De hecho, para el año en curso, el objetivo para el conjunto de la Administración Pública queda fijado en el 1,8%. Para la Administración Central, el límite es el 0,5%, CCAA, 0,2%; Seguridad Social, 1,1%, y los Ayuntamientos seguirán con el objetivo del 0,0%.

Y si bien, aún no tenemos todos los datos de cierre del año 2019, sí que puedo lanzarles que estos objetivos marcan una pendiente más suave para las CCAA y la Seguridad Social, de la que se autoimpone la Administración General del Estado.

El mayor esfuerzo que se contempla en esta senda corresponde a la Administración Central, algo que se va a repetir a lo largo de los siguientes años. Y como les digo, aunque no conozcamos los datos del cierre hasta finales del mes de marzo, cuando publiquemos y remitamos a Bruselas el cierre presupuestario puedan ustedes comprobar que el esfuerzo anual que se exige a cada subsector pone también de manifiesto la prioridad política de apoyo a CCAA y a la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

Si tomamos como referencia los últimos datos de cierre, que corresponden a 2018, se ve de forma clara que la Administración Central es la que asume un mayor esfuerzo; en concreto, tiene que reducir su déficit del 1,32 del año 2018 al 0,5 en el año 2020. Supone un esfuerzo de 8 décimas.

La Seguridad Social, por su parte, tiene la obligación de bajar su déficit en tres décimas. El esfuerzo también a CCAA es menor, y entre 2018 y 2020 es suficiente que reduzcan en una décima su déficit para cumplir con el objetivo de estabilidad. Por tanto, 0,8 décimas; Seguridad Social, 0,3, y CCAA, 0,1.

Obviamente, estamos hablando en el subsector conjunto, aunque la situación, por ejemplo, en cada Comunidad Autónoma es diferente, cuando se comparan o cuando tienen contrastes internamente. No citamos Ayuntamientos, porque como sabéis, se encuentran en situación de superávit, pero comprobarán que su beneficio, con motivo de esta senda, procede del incremento de la regla de gasto, a lo largo de los próximos años.

El pasado viernes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que reúne a los responsables de Hacienda de Comunidades, dio el visto bueno y votó favorablemente a la senda de estabilidad para este subsector. Y, también, ayer mismo, la Comisión Nacional de Administración Local avaló para los Ayuntamientos y Entes Locales, la hoja de ruta presupuestaria que ha diseñado este Gobierno.

Como pueden ver, en esta presentación, nuestro compromiso es ir bajando anualmente el déficit público hasta alcanzar un déficit inferior al 1% del PIB, en el año 2023. Por eso decía que se trata de una senda creíble y realista que demuestra el compromiso del Gobierno con el saneamiento de las Cuentas Públicas.

Yendo ya a la senda proyectada de 2021 a 2023, el déficit público se prevé que baje 3 décimas, pasando del 1,8 al 1,5 en 2022, reduciendo otras 3 décimas hasta el 1,2; y en 2023 cae nuevamente 3 décimas, alcanzando el 0,9%. En este periodo, insisto, el mayor esfuerzo en la corrección de este desequilibrio corresponderá a la Administración Central.

Respecto a la deuda pública, el objetivo, como no podía ser de otra manera, es seguir reduciendo la ratio sobre el PIB. La deuda pública cerrará este año por debajo del 96%, y el compromiso es rebajar nuestro deber de endeudamiento a lo largo de los próximos cuatro años. Al final de nuestra legislatura, pretendemos y esperamos que la deuda pública esté por debajo del 90%.

La senda de reducción para 2020 y para 2023 es la que pueden ver en esta transparencia. El pasivo bajará al 94,6%, en 2020; a 93,4, 2021; 91,7, en 2022; y al 89,8, en 2023.

Y, por último, el parámetro de la regla de gasto, compatible con estos objetivos, se sitúa el 2,9, en el año 2020, una décima más que la senda que, actualmente tenemos vigente. Para los siguientes años, el límite será del 3%, 3,2% y 3,3%, respectivamente.

Por último, el Consejo de Ministros también ha dado en el día de hoy el visto bueno al techo de gasto no financiero para el año 2020 que, como saben, es un elemento determinante en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Este Gobierno está demostrando que con una gestión responsable es posible compaginar la reducción del déficit con la aprobación de medidas en beneficio de los ciudadanos. Así lo pondrá de manifiesto el incremento de las pensiones, de los sueldos de los funcionarios, del Salario Mínimo Interprofesional o la subida de las prestaciones por hijo a cargo. Entre otras muchas medidas, de calado social, que como saben, hemos ido adoptando a lo largo de los pasados meses.

En esta misma línea, el límite de gasto no financiero 2020 es suficientemente adecuado para mantener nuestra apuesta por el fortalecimiento de políticas sociales, al mismo tiempo que compatibilizamos una senda de estabilidad en línea con la Unión Europea, como acabo de anunciar.

Por eso, el techo de gasto va a quedar fijado en 127.609 millones, un 3,8% más que el Presupuesto base del año 2019.

Como recordarán, el año anterior no fue posible aprobar unas nuevas cuentas públicas y, por eso, ha sido necesario calcular un presupuesto base que recoja la realidad del Presupuesto prorrogado 2019 y que, además, nos permita una comparación homogénea.

Como decía al principio de mi intervención, el techo de gasto hará que España avance en temas prioritarios como la reducción de la desigualdad, la apuesta por la transición ecológica justa, el reto digital, la lucha contra la pobreza -especialmente la infantil- y la mejora de los pilares de nuestro Estado del bienestar.

Confiamos, desde el Gobierno, en que el Congreso de los Diputados y el Senado den el visto bueno a estos nuevos objetivos de estabilidad y, por tanto, avancemos en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2020.

Como decía, España no puede permitirse seguir con unas Cuentas prorrogadas que perjudican al conjunto de los ciudadanos, que lastran la inversión pública. Y, por tanto, a las empresas y a los proveedores del servicio público.

Confío en que todos los partidos políticos estén a la altura de las circunstancias y podamos lograr que España tenga el Presupuesto que merece.

Y ahora sí, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que se plantee.