Segunda intervención de María Jesús Montero

Muchas gracias ministro. Y aunque ha sido la materia que más tiempo nos ha ocupado en el Consejo de Ministros, también hemos abordado otras cuestiones de las que paso a darles cuenta.

De hecho, en el día de hoy hemos aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico, que hace, en realidad, uno de los compromisos de este Gobierno de Coalición, la ampliación de la protección a personas que encontrándose en situación de vulnerabilidad no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de su hipoteca y se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario. Esta medida extiende la protección a los más vulnerables, con un ámbito de aplicación superior al que se había producido hasta la fecha.

De hecho, en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de los lanzamientos sólo se hacía por dos años, y en el Real Decreto-ley que hemos aprobado esta mañana se extiende a cuatro años de modo que hasta 2024 ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar porque que se ejecute su hipoteca.

Adicionalmente, en el mismo texto se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir a la familia monoparentales, incluso con un solo hijo. Y además, el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse, como es lógico, por el número de hijos que se tiene en el hogar, y por tanto, establece un coeficiente multiplicador en función del número de hijos que tiene la persona o que tiene la pareja.

El Real Decreto prevé por último, la suspensión del lanzamiento, con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o si se adjudica a un tercero, y por tanto, extiende, la protección y amplía a los más vulnerables, con independencia, de dónde se adjudique el bien que, en ese caso, se suspende el lanzamiento.

De esta manera, el Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan y, por tanto, son el compromiso de atender una realidad social. Una realidad que vino sobre todo agudizada, con motivo de la crisis económica, pero en donde todavía aunque la recuperación empieza a notarse algo más dentro de la familia, todavía no alcanza a muchas de ellas que continúan encontrándose en esta situación de especial vulnerabilidad y que, por tanto, necesitamos proteger.

Estimamos que de no extenderse la suspensión se podrían haber visto afectadas más de 29.000 familias, sin contar las que en el futuro se puedan beneficiar de esta medida. Todas estas tareas complementan las ya tomadas en 2019, como recuerdan con respecto al mercado del alquiler, y que introdujeron importantes mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio de vivienda, derivados de los contratos de arrendamiento. De hecho, entre otras novedades se introdujo un trámite obligado de comunicación a los servicios sociales y en caso de que se determinará la situación de vulnerabilidad se establecía una suspensión del procedimiento hasta que se adoptaran las medidas que los servicios sociales consideraran oportuna, por un plazo máximo de un mes o de tres meses, cuando el demandante fuera persona jurídica.

Yo creo que esa norma también clarificó los procedimiento, introdujo mayor seguridad jurídica y medida específica para atender aquellas situaciones que demandaban una mayor protección social.

En todo caso, también quiero comunicarles que es preciso continuar abordando los problemas de acceso a la vivienda y de protección de los ciudadanos. Y como se anunció en el día de ayer, la intención del Gobierno es continuar tomando medidas para proteger a los más vulnerables, en el caso del mercado del alquiler y medidas que se van a adoptar como también se comunicó en el día de ayer, en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbano en la que ya se viene trabajando.

Este Real Decreto-ley introduce dos modificaciones de interés que les señalo también de forma breve. Por un lado, se regula el régimen de causa de disolución de la Sareb, de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, una cuestión que viene motivada por el hecho de que, según la normativa actual, que regula la Ley de Sociedades de Capital, la reducción del patrimonio neto es una causa de disolución para estas sociedades. Una medida que no sería aplicable al caso de la Sareb, por su propia naturaleza. Debido a esa particularidad era preciso adaptar su régimen jurídico a las causas de disolución previstas, con carácter general, para las sociedades y esta adaptación se realiza modificando concretamente la redacción de la disposición adicional séptima de la ley.

Por otro lado, se amplían los tipos de entidad financiera que puedan solicitar su transformación en banco y, por tanto, esta nueva disposición amplía la posibilidad de transformarse en banco a las sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrónico que se suman a las que ya estaban considerada hasta ahora como eran las cooperativas de crédito y los establecimientos financieros de crédito.

Esta misma legislación es la que también incorpora la modificación que ha comentado el ministro de Sanidad, respecto a la habilitación que se le da al Ministerio de Sanidad para poder considerar la posibilidad de la compra de productos sanitarios y de otras materias, de otros instrumentos, que no estaban previamente contemplados dentro del catálogo de productos sanitarios, y el objetivo, como bien decía, es garantizar la distribución en todos los rincones donde se requiera en función de las necesidades.

De otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley para la Protección de los Datos Personales en la Prevención y en la investigación de infracciones penales. De hecho, uno de los principales objetivos de este proyecto es garantizar el pleno derecho, el respeto a la intimidad y al principio de proporcionalidad, en el tratamiento de los datos cuando estos se requieren para labores de investigación de delito y de prevención de amenazas que se pudieran producir contra la seguridad pública.

Se trata de un proyecto de ley orgánica, a través del cual, el Gobierno inicia estos trámites legislativo para incorporar a nuestra legislación la directiva de la Unión Europea, respecto a esta materia. Una directiva que forma parte del denominado paquete de protección de datos, que se impulsa por la Comisión Europea.

De este modo, se crea un marco regulador nacional en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, por parte de las autoridades competentes, principalmente, policías, fiscales y autoridades judiciales en la prevención persecución y enjuiciamiento de delito. En la ley queda expresamente excluido de este ámbito, el terrorismo y la delincuencia organizada para desestabilizar que se seguirá rigiendo por su legislación específica.

Y, por último, a propuesta del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola que busca actualizar los registro de estos equipos y mejorar, sobre todo, la seguridad para los operadores de este tipo de maquinaria. Por ejemplo, dentro de la medida se incluyen cuestiones como prohibir el cambio de titularidad de tractores de más de 40 años, sin estructura de protección homologada, con el fin de reducir los accidentes que se producen en la agricultura.

Junto con otras actuaciones, esta norma también contribuirá a una progresiva adaptación del parque de maquinaria agrícola nacional, a los compromisos medio ambientales y climático de nuestro país.

Y el Consejo de Ministro, como último punto también ha acordado la ratificación por parte de España del convenio del Consejo de Europa, sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos. Es un convenio que se ha firmado por 25 países y que sea ratificado por otros nueve. España, desde la posición de liderazgo mundial que ostenta en el trasplante de órganos humano, ha desarrollado un amplísimo programa de cooperación internacional a través de organismos internacionales de acuerdos bilaterales, apoyando a otros países para la creación de marco legislativo, en materia de trasplante, para también transferir la experiencia acumulada que como país hemos acrecentado y hemos asentado a lo largo de los últimos años. Y, también, para contribuir a la creación de la construcción de sistemas sólidos de donación y de trasplante de órganos. Por ello, era importante la ratificación también, de este convenio por nuestro país.

Y se ha acordado remitir a las Cortes Generales, convenios entre el Reino de España y Rumanía, por un lado. Y también, entre las Repúblicas de Cabo Verde y España por otro, que contemplan la eliminación de la doble imposición y la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

En el capítulo de asuntos elevados por el Ministerio de Asuntos Exteriores también se ha aprobado un acuerdo de asociación entre los Estados miembro de la Unión Europea y la República de Armenia para reforzar la colaboración y la cooperación con este país, en línea con la política europea de vecindad. Estos son los elementos nucleares que hemos abordado en el Consejo de Ministros y a partir de ahí quedamos a disposición de vuestras preguntas para cualquier cuestión que se haya podido suscitar. Muchas gracias.