Intervención de Pablo Iglesias

Muchísimas gracias portavoz, buenos días a todos y a todas. Hace 20 años, casi, vi una película que me marcó y creo que como a mí a mucha gente en este país, una película de Achero Mañas protagonizada por un jovencísimo Juanjo Ballesta "El Bola", que hablaba de la violencia contra los niños y niñas. A mí esa película me revolvió las tripas y creo que fue capaz de poner encima de la mesa una gran tarea pendiente de nuestras sociedades. Han sido muchos movimientos sociales, muchos activistas, los que han insistido en la necesidad, junto a muchos organismos internacionales de que las democracias avanzadas se doten de instrumentos para proteger a niños niñas y adolescentes de la violencia, por eso para mí es un enorme honor, como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 de este Gobierno presentar hoy el Anteproyecto de Ley Integral de la infancia y la adolescencia frente a todo tipo de violencias.

Mucha gente llama a esta nueva Ley la Ley Rhodes por el trabajo que ha hecho este pianista, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales durante su niñez, el trabajo que ha hecho para que una norma así fuera posible. Junto al trabajo de James querría dar las gracias, insisto, a todas las ONGs, a todos los activistas, a todos los que han puesto su granito de arena para que hoy podamos presentar aquí este este Anteproyecto.

Se trata de una Ley que va a ser fundamental para proteger, por fin, los derechos de la Infancia y la Adolescencia en nuestro país. Como ustedes saben se tenía que haber presentado un poco antes, estaba prácticamente acabado el Anteproyecto antes de que comenzara la pandemia, por la pandemia hemos tenido que retrasarla hasta el día de hoy.

Quiero destacar que es una Ley cuyo desarrollo se ha producido a lo largo de varios Gobiernos de distinto signo político, y nos vamos a esforzar mucho, también, en el trámite parlamentario para que sea una Ley de amplio consenso. Las ideologías no tienen que separarnos a la hora de contar con una normativa que proteja a los niños y niñas y adolescentes en España de la violencia, y me voy a esforzar mucho para que así sea.

El paso que hemos dado ha sido gracias al trabajo coordinado de la vicepresidencia social con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Interior, también con el Ministerio de Educación, hemos recibido muchas aportaciones, también, del Ministerio de Igualdad y como decía para mí es un orgullo impulsar esta Ley que presentamos y como les decía tenemos el compromiso de mejorar en el trámite parlamentario.

Como saben en 2018 el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas reiteró la necesidad de que España aprobara una ley integral frente a la violencia contra niños y niñas análoga a la aprobada contra la violencia machista. Esta Ley responde a una amplia demanda social y con ella nuestro país se va a colocar al nivel de los estándares internacionales más altos en lo que se refiere a la protección de la infancia y nos ponemos al día respecto a las obligaciones que nos impone la Convención sobre los Derechos del Niño, el Tratado de Lisboa, nuestra propia Constitución y por supuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Permítanme que les dé algunos datos, se pueden imaginar que no es fácil tener datos globales fiables y sistemáticos de la violencia contra los niños, porque es un problema muchas veces invisibilizado, porque se da en ámbitos muy privados, pero hay algunas cifras que quiero que ustedes conozcan. Según la estadística oficial del Ministerio del Interior en España hubo 38.000 personas menores de edad que fueron víctimas de algún ilícito penal, los datos oficiales sobre medidas de protección a la infancia en 2018 arrojan un total de casi 50.000 niños niñas y adolescentes atendidos por las entidades públicas de protección de menores de las comunidades autónomas, la macroencuesta de Violencia Contra la Mujer del Año 2015, llevada a cabo por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, estableció que dos de cada tres mujeres entrevistadas afirmaban que sus hijos presenciaban episodios de malos tratos y de ellas el 92,5% aseguraba que sus hijos tenían menos de 18 años cuando se producían los hechos. Dentro de este porcentaje, ya elevadísimo, el 64,2% de las víctimas que tenían hijos menores de 18 años manifestaban que la violencia también había recaído directamente sobre los niños. Según datos de Save the Children en España el 9,3% de los alumnos declara haber sufrido acoso y un 7%declara haber sido víctima de ciberacoso.

La envergadura y el carácter multifacético de este fenómeno es lo que explica que la Ley que presentamos hoy tenga un enfoque integral. Qué quiere decir que es un enfoque integral que interviene en el ámbito educativo, en el preventivo, que establece nuevas tareas y obligaciones para las instituciones públicas, también en el apoyo familiar, en los servicios sociales, en la manera en la que puede actuar la publicidad, en las redes sociales y por supuesto también en el terreno específicamente del derecho penal. En concreto esta norma busca establecer un nuevo paradigma de protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de los Derechos del Niño, poniendo como prioridad fundamental de esta norma la prevención. Se trata de establecer barreras de protección más amplias para los niños niñas y adolescentes en nuestro país, les detallo algunos aspectos cruciales de la Ley.

La ley establece el deber para cualquier ciudadano de comunicar a las autoridades, de manera inmediata, cualquier indicio de violencia ejercida sobre niños niñas y adolescentes. También esto es muy importante cuando lo haya cometido el cónyuge o familiares cercanos y esta obligación incumbe especialmente a colectivos profesionales que trabajan con niños y niñas de lo que se trata es de implicar a toda la sociedad y acabar de una vez con la impunidad que permitía la invisibilización de este tipo de delitos y situaciones. De esta forma estamos enmarcando la violencia contra la infancia no como un problema del ámbito privado, porque no es un problema privado, sino como un problema social. Esta ley va a garantizar el acceso universal de niños niñas y adolescentes a los servicios sanitarios de tratamiento y de rehabilitación; en coordinación con el Ministerio de Educación se establece una nueva figura para el ámbito escolar, el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, todos los centros educativos tendrán que tener un coordinador o una coordinadora de bienestar y protección, asimismo tendrán que tenerlo las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio y se establecerán, lógicamente, protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, de ciberacoso, de acoso sexual, de violencia de género, de suicidio, de autolesión o de cualquier otra forma de violencia. Era ya necesario en España abordar de una vez el problema del "bullying", que se da en muchos centros escolares y, también, la discriminación y violencia que sufren muchos niños niñas y adolescentes que pertenecen a colectivos vulnerables por razón de su orientación o su identidad sexual o de género. Hay que afrontar, también, con instrumentos nuevos lo que significa el ciberacoso, el acoso a través de redes sociales, como una nueva forma de violencia contra la infancia y la adolescencia que requiere una respuesta específica por parte de los poderes públicos. Para ello se regula un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar el derecho a la protección de los datos personales y sobre todo la rápida retirada de Internet de los contenidos que atenten gravemente contra el mismo. Se crean nuevos tipos delictivos para evitar impunidad en las violencias ejercidas por medios tecnológicos y comunicación, que como todo el mundo sabe, producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores de edad, como las que promueven el suicidio, la autolesión o trastornos alimenticios entre niños niñas y adolescentes.

Otro ámbito fundamental de esta Ley tiene que ver con la formación. Con esta ley se van a garantizar la formación específica en derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia para los profesionales, para todos los profesionales, que tengan un contacto habitual con niños y niñas y al mismo tiempo se va a exigir, se va a asegurar, la existencia de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel estatal autonómico y local y también se van a dar nuevos espacios de formación en derechos de la infancia y de la adolescencia para jueces y fiscales. Se reconoce además el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los menores de edad y como ocurre de manera similar con las víctimas de violencia sexual, pues como saben ustedes muchas víctimas de violencia en la infancia tienen miedo a denunciar por el problema que tiene la revictimización cuando tienen que declarar muchas veces cuando se les somete a situaciones, digamos, regulares en otro tipo de procedimientos pero que tratándose de niños crean muchísimas dificultades psicológicas. Para eso se va a trabajar, específicamente, en la formación tanto de policías, jueces y fiscales y se va a evitar que las víctimas menores de 14 años o con discapacidad tengan reiteradamente que declarar y así revivir varias veces el horror que han podido sufrir un colectivo de niños niñas y adolescentes que precisan una atención específica con muchísimo cuidado son los menores tutelados.

Esta Ley integral establece la obligación de fijar protocolos de prevención en todos los centros de protección de menores, con instrumentos concretos y específicos para la prevención y detección precoz ante posibles casos de abuso explotación sexual y de trata de personas menores de edad. Como saben ustedes la semana pasada supimos que un niño de nueve años que vivía en un piso tutelado en Navarra se había quitado la vida. Es fundamental establecer mecanismos de prevención para evitar que situaciones como estas se puedan producir.

Otro elemento muy importante de esta Ley es una nueva regulación de los delitos de odio, incorporando la edad como criterio de discriminación, tanto sobre niños, niñas y adolescentes, pero también sobre personas de edad avanzada, incluyendo la fobia, el odio a las personas mayores y la exclusión, perdón, a las personas pobres y la exclusión social dentro de estos tipos penales.

Uno de los aspectos claves, también, en el ámbito penal, y esto era crucial, era cambiar los plazos de prescripción. Los delitos graves contra menores no empezarán a correr los plazos hasta que la persona, ya adulta, que fue víctima en su infancia o en su adolescencia de violencia cumpla los 30 años porque lo que ocurría es que muchos adultos que fueron niños y niñas víctimas de malos tratos y de violencia necesitaban un proceso de maduración para enfrentarse a su propio pasado y presentar las denuncias. Bueno, pues hasta que no cumplan 30 años no empieza a correr el plazo de prescripción en estos delitos, para evitar así situaciones de impunidad conocidas por todo el mundo que han sido escandalosas.

Otro punto que quiero destacar mucho es que la Ley marca como obligatoria la privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o asesinato en caso de que el agresor y la víctima tuvieran un hijo en común o cuando la víctima fuera hijo del agresor. Por decirlo en román paladino, un asesino machista jamás puede ser un buen padre y por lo tanto no puede tener derecho, hasta ahora esto quedaba a discreción de los jueces, la patria potestad. A partir de ahora la posibilidad de que esa situación se produzca se elimina con esta Ley.

La Ley establece también la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia como órgano de cooperación entre las diferentes administraciones y se establece al mismo tiempo una Comisión de seguimiento.

Por último, también, hay cambios, como decía inicialmente, lo relativo a la publicidad se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad niños y niñas la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre terceros así como la publicidad que integre una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, homófobo o transfóbico.

Quería terminar esta exposición haciendo algunas consideraciones de fondo. El maltrato infantil es una causa de enorme sufrimiento para niños y niñas, que tiene consecuencias a largo plazo que implica problemas de conducta, problemas físicos, problemas mentales muchas veces que condicionan la vida de estas personas cuando son adultas. Garantizar que en una sociedad avanzada como la nuestra estas situaciones se evitan y hay unas instituciones y unos poderes públicos que trabajan para proteger a niños y niñas es asegurar un país mejor y una sociedad más avanzada. James Rhodes escribía que si comparásemos la vida con correr un maratón los abusos sexuales en la infancia tienen el efecto de quitarte una de las piernas y cargarte con una mochila llena de ladrillos. Quiero dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales cuya labor ha sido fundamental para que se tomara conciencia de que era necesaria una Ley como ésta, gracias a todos los colectivos, ONGs y organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas defendiendo los derechos de la infancia, y también quiero, para terminar, pedir perdón, pedir perdón en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia execrable para los que hemos llegado tarde, ojalá sus historias sirvan para que nunca más les vuelva a suceder a otros niños niñas y adolescentes en España lo que les pasó lo que les pasó a ellos y ellas. Les pido perdón y al mismo tiempo les manifiesto el compromiso de este Gobierno para que lo que les ocurrió no le vuelva a ocurrir nunca más a los niños y niñas de nuestro país.