Intervención de José Luis Ábalos

Muchas gracias ministro. Y por último, tomará la palabra el ministro de Transporte, Movilidad Sostenible, Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Sr. Ábalos.- Pues muchas gracias ministra. Muy buenas tardes a todas y todos.

Del mismo modo que el transporte y la movilidad fueron claves para contener la pandemia y mantener el suministro de bienes y servicios de primera necesidad, el transporte y la movilidad deben ser claves para afianzar la recuperación.

Hasta ahora este sector, lo hemos venido enfrentando sus necesidades, a través de diversos decretos, todos ellos que tenían que ver con economía, porque en definitiva, hemos tratado de atender sus necesidades de liquidez, bien a través de créditos ICO, bien a través de algunos beneficios tributarios o de seguridad social. En definitiva, como parte de empresas que son, han venido siendo también merecedoras de estos beneficios.

En esta ocasión, lo que presentamos es un decreto que atiende algunas cuestiones que se escapaban a lo ya regulado, y este decreto, que al final ha sido denso, responde, o está articulado en torno a tres ejes.

El primero, proteger la salud de los trabajadores y los viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales.

En segundo lugar, proporcionar liquidez a las empresas del sector para preservar su viabilidad, potenciar su actividad e impulsar la recuperación.

Y, por último, reducir las cargas administrativas, simplificando los procedimientos y trámites para la reactivación y agilizando el transporte de viajeros y mercancías.

El importe económico de las medidas para empresas privadas del sector del transporte y también con la reducción de tasas portuarias, asciende a 663 millones de euros. A este importe hay que sumarle 1000 millones de euros para aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe, con el que poder compensar la caída de la demanda, e impulsar la recuperación de los servicios. También hay que sumar 110 millones de euros que irían destinados a SEITTSA, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, como aportación extraordinaria para que pueda atender sus compromisos de obras públicas que tiene en curso. Estos fondos se suman a los 800 millones ya comprometidos y destinados al transporte público en las comunidades autónomas.

Lo que se refiere al sector aéreo, este decreto establece la obligatoriedad de las medidas que tomamos como recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de Europa, sobre las que se establecieron las recomendaciones y las directrices de seguridad para el transporte aéreo, bien en instalaciones aeroportuarias, bien también sobre las condiciones de viaje. Esas recomendaciones, este decreto lo que hace es que sean obligatorias y también, por lo tanto, el acceso a los propios aeropuertos, que como se sabe, básicamente son viajeros, o casos excepcionales o justificados. Creo que esto da más seguridad a los aeropuertos y por lo tanto damos un paso más allá de lo que nuestros propios socios europeos han dado al respecto.

En cuanto al transporte marítimo, mejoramos, porque reforzamos la reducción de tasas portuarias, se mejora la reducción de la tasa de ocupación y se amplía su alcance. También tomamos medidas para paliar los efectos de la crisis del COVID19, que ha tenido los tráficos regulares de pasajeros o de carga rodada en Baleares y Canarias, y también las ciudades de Ceuta y Melilla. Y también se toman medidas para facilitar las inspecciones que deben pasar los navieros españoles.

Estas deducciones portuarias, que ya adoptamos en su día por un importe, con un coste de 87 millones en aquel momento, ahora aportamos una deducción de 60 millones. Por lo cual, serían 60 millones más los 87 millones que tomamos en su momento, más otros 9 millones adicionales si contamos con las medidas establecidas para los tráficos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En el sector del transporte por carretera, regulamos los aplazamientos de los pagos del principal, de las cuotas, de los contratos de préstamos leasing y renting. Hasta ahora siempre se había hablado de leasing, de renting, en algunos casos, pero lo que hace este decreto es alargarlo a todos los préstamos para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos o para empresas del sector del transporte discrecional de viajeros, un sector muy castigado, es el sector que normalmente hace excursiones, viajes, que no está sometido a ninguna concesión, no tiene protección pública. Por lo tanto, esta medida va destinada a este sector, tanto de el servicio discrecional de viajeros, como el transporte de mercancías cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o de una facturación inferior al 40%. En estos casos, el beneficiario podrá optar por ampliar el plazo de su préstamo o bien redistribuir las cuotas que se demora sin que se amplíe el plazo. Esta medida implica un coste de 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y unos 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías.

Entendemos que los transportistas, lo hemos dicho siempre y en las comparecencias también, siempre he sido agradecido con ellos, han sido claves en los momentos más duros de la pandemia, como decía antes, para mantener el suministro de los bienes básicos. Justo es hora que cumplamos también con el compromiso que tenemos con ellos y reconozcamos a su vez su importancia estratégica.

Para el sector de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal, porque los de competencia autonómica deben acogerse a ese fondo de 800 millones que ya se aprobó, en este caso para los que tienen una concesión estatal, el decreto plantea un procedimiento de reequilibrio para compensar la reducción de ingresos y el coste que han tenido añadido, de carácter sanitario, como por ejemplo la desinfección de los vehículos, la adaptación de estos vehículos y teniendo en cuenta la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo, así como la disminución de costes por las expediciones no efectuadas. Por lo tanto, aquí hay una posibilidad de reequilibrio que deben presentar las empresas. El importe de ayudas que se destinan a esta línea de reequilibrio son unos 14 millones de euros. Este reequilibrio también se plantea en el ámbito concesional, también a la obra pública y también a las autopistas. Si bien todos están sometidos a los mismos principios que tienen que ver con las pérdidas. Por lo tanto, requisito fundamental es poder acreditar las pérdidas. En el ámbito administrativo, siempre nos definiríamos, estas pérdidas, obviamente al Estado de Alarma y a consecuencia del propio Estado de Alarma.

En el transporte por carretera, también hemos tomado algunas medidas administrativas muy demandadas por el sector y que tienen que ver con sus visados. Lo que hacemos es que los visados caducados van a validarse por un año más. De modo que las del 2020 servirán hasta el 21, las del 21 al 22, hasta conseguir la plena normalización en el 23 y evitar también un colapso en la gestión administrativa e incluso aquellas aquellos visados que estaban con problemas en su tramitación, se abre la posibilidad, no de que se superen, sino que puedan ser subsanadas y se vuelva al principio para que puedan ser tramitadas convenientemente.

Como algún detalle también que contempla el decreto. Por ejemplo, es el alargamiento de la vida de las ambulancias, que, como ustedes saben, tienen un periodo válido para ejercer y se las ampliamos un tiempo más a consecuencia de esta pandemia.

Lo mismo pasa con las inspecciones técnicas de vehículos, para las que establecemos una prórroga de tres meses de los certificados de ITV, cuyo vencimiento se haya producido entre el 21 de junio y el 31 de agosto. Y por supuesto, vamos a dar prioridad a los transportistas profesionales para que puedan pasar esta ITV.

En RENFE, como les decía, lo que hacemos es ampliar su capacidad de endeudamiento máxima hasta 1000 millones de euros para compensar la caída de ingresos y el mantenimiento de una parte sustancial de los servicios, tanto los servicios de obligaciones de servicio público como los comerciales. Este endeudamiento va a permitir a Renfe retomar algo que se nos está demandando con insistencia, pero que además es absolutamente necesario para ampliar, para llegar a esa normalidad deseada que es la ampliación de sus servicios, que va a ir en función de la demanda, pero yo creo que con esta línea de ayuda vamos a poder hacerlo más extensivo.

Y en cuanto SEITTSA, a la sociedad estatal que les comentaba antes, pues este crédito extraordinario, advierto, no confundirlo con la gestión de las autopistas radiales que también gestiona SEITTSA, no tiene nada que ver, SEITTSA también gestiona como medio propio de la administración, una serie de obras ferroviarias y en carreteras, ya no tantas como en su tiempo, pero aún gestiona algunas de estas obras y necesitaba este crédito extraordinario de 110 millones para que esas obras no se interrumpiera y, sobre todo, dado que tenemos todavía un presupuesto prorrogado de 2018. Esto era más que necesario para culminar con esas obras.

Y en el ámbito de la vivienda, además de lo que el vicepresidente ha destacado, quisiera simplemente dos medidas y con eso concluyo. Una importante, porque abre la posibilidad de un programa que en su día anuncié, pero que tenía algún obstáculo de carácter legal, que este decreto viene a subsanar y que tiene que ver con el canon para hacer uso del derecho de superficie, que nosotros contemplamos dentro de un programa de construcción de vivienda, en una fórmula de colaboración público-privada.

El problema es el siguiente en este caso. El Estado, el Gobierno de la nación, aporta a través de Sepes suelo público, lo saca concesión, una concesión que puede durar hasta 75 años, no tienen por qué durar 75 años, pero pueden llegar 75 años, en función de la necesidad, la ubicación, y a través de una licitación las empresas privadas pueden concurrir al uso de ese suelo por ese período a cambio de construir viviendas para alquiler social. Por lo tanto, el pago del canon tiene que ver también con las limitaciones de sus alquileres, y esta disposición, lo que nos permite, es que el canon pueda llegar a ser cero. Es lo que no se podía, no tiene por qué ser cero. Dependerá, como digo, de los precios, de lo que se construya donde se construya, pero que nos permite en un momento dado que incluso no tengan que pagar los constructores este canon. No solamente construirían, sino que tendrían que gestionar también ese alquiler social, por ese tiempo. Creo que es una medida muy centrifugadora que tiene además un propósito fundamental, dinamizar la economía, generar una expectativa al sector inversor comprometido con un derecho básico como es la vivienda y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública, que no tenemos en este país, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas y que lo tenemos en un nivel de 2,5% en España, cuando la media europea está en el 5. Esto a la larga, lo quiere decir que tendremos un parque de vivienda pública disponible. Por lo tanto, yo creo que es una medida que está en el decreto, pero que abre una etapa interesante.

Y la otra medida que tiene que ver con los convenios que tenemos con las comunidades autónomas para el Plan Estatal de Vivienda, es este refuerzo que hace el Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas, las competentes en materia de vivienda, que el Gobierno refuerza a través del Plan Estatal de Vivienda, que aquellas administraciones autonómicas que por lo que sea, no han ejecutado el convenio y les tocaría devolver el dinero a la Administración por no haberlo ejecutado, no lo tengan que devolver, sino que lo que les permitimos es la aplicación de esos remanentes en otros planes. Si no han podido llevar a cabo para los que estaban designados, pues los puedan realizar en cualquier otro plan que tenga que ver también con el acceso a la vivienda.

Eso es lo que hemos hecho y lo demás ya lo argumenta el vicepresidente, que efectivamente, era iniciativa de su área. Muchas gracias.