Intervención de Luis Planas

Muchas gracias, ministra Portavoz. Buenas tardes.

Efectivamente, en el curso del Consejo de Ministros de hoy, he presentado un Informe sobre la situación de la Mesa de Diálogo Agrario que ayer mismo se constituyó, dando respuestas a las movilizaciones que por parte de las Organizaciones Profesionales Agrarias se han venido efectuando, desde principios de la semana pasada, y que está previsto, según su calendario, duren en los próximos días, en las próximas semanas.

Lo primero que quiero decir es que la identificación del malestar, la inquietud, la preocupación de nuestros agricultores y ganaderos es bien clara: los precios y su volatilidad, la disminución de los márgenes comerciales ha supuesto, evidentemente, para ellos, un motivo de seria preocupación. Preocupación que comparte el Gobierno. Así como otros factores como, por ejemplo, la introducción de nuevas exigencias ambientales al calor y en la orientación de la nueva Política Agrícola Común.

Lo que está pasando en este momento, en España, es lo mismo que habrán ustedes tenido ocasión de contemplar, está ocurriendo las últimas semanas, y en los últimos meses en Países Bajos, en Francia y en Alemania. Y se puede decir, porque he mantenido contacto personal con el ministro francés, y la ministra alemana, que la problemática es exactamente lo mismo.

Por tanto, tenemos un problema y tenemos un problema que es de España, pero también es, sin duda, un problema europeo. Y, en ese marco, quisiera decirles y claramente lo evidencia la iniciativa que tomó el Gobierno, que tomé yo mismo de convocar esta Mesa de Diálogo Agrario ayer es la voluntad de que si no trabajamos de una forma coordinada a través de un diálogo de todas las partes implicadas, en relación con la problemática de los precios y de su volatilidad en el sector agrario y ganadero. Así como otros aspectos conexos a esta problemática, si no se produce ese diálogo y ese compromiso común va a ser muy difícil salir de esta situación.

El Gobierno lo tiene muy claro, y por eso hemos decidido llevar adelante esta iniciativa. Llevar adelante esta iniciativa que implica esta reunión que mantuve ayer con las Organizaciones Profesionales Agrarias, pero implica, también, el diálogo con todas las demás partes implicadas en el mundo agroalimentario.

Estoy pensando en las empresas agroalimentarias de España. Estoy pensando, evidentemente, en la industria agroalimentaria. Estoy pensando en la distribución agroalimentaria. Y, también, en los ciudadanos que en su decisión final de compra de un producto agroalimentario están dando una opción en precio y en elección que marca, al final, el rumbo, también del conjunto de nuestro sistema agroalimentario.

Por tanto, no va a ser un tema sencillo. No va a ser un tema fácil, pero el Gobierno está dispuesto a hacer el esfuerzo, también con las demás Administraciones Públicas implicadas, en particular, las Comunidades Autónomas. Y de tal forma que podamos responder a lo que supone el fondo de este problema que no es si no, la dispersión de la oferta existente hoy en España, respecto de la concentración de la compra, y, especialmente, por parte de la distribución dentro del sistema agroalimentario español.

Tenemos en España, aproximadamente, unos 800.000 productores agrícolas y ganaderos. Unas 4.000 cooperativas agrarias. Y siendo el cuarto país en por producción agroalimentaria de la Unión Europea, pues, no tenemos ninguna cooperativa entre las primeras 50 de Europa. Lo cual es, evidentemente, una anomalía. Una anomalía porque yo creo que evidencia la necesidad, desde el punto de vista de la competencia, de aumentar una dimensión significativa. Y hablo del mundo cooperativo, pero en general, de la organización de la oferta de todo nuestro sector productor, que permita ajustar mejor la oferta respecto de la demanda tanto en términos de cantidad, como en términos de calidad. Esto es fundamental. Y esa evolución que se ha producido en los últimos años, ha permitido, sin duda, ganar dimensión a algunos se los actores, lo cual les ha dado las mejores condiciones de competitividad, pero no a otros de tal forma que tenemos en estos momentos, una realidad del mundo agrario y ganadero español muy segmentada: grandes productores, con alto nivel de productividad, con una modernización de sus explotaciones que están a la punta de las exportaciones que llevamos a cabo a países terceros; después, pequeño agricultores cuyo medio de vida no depende exclusivamente de la agricultura y, por tanto, sus explotaciones tienen aún en ese sentido, un cierto futuro.

Y, después, lo que yo llamo, la inmensa clase media de la agricultura y de la ganadería españolas que esa es la que está pasando un mal momento y a la que tenemos que apoyar, especialmente, en sectores tales como el de la aceite de oliva, frutas y hortalizas.

Por darles un dato, si piensan ustedes, si a comienzo de la Transición, en 1977 teníamos en España un poco más del 20% de toda la población ocupada en el sector primario. Si nos vamos a 1986, con nuestra entrada en las Comunidades Europeas, habíamos ya descendido a una cifra ligeramente superior al 15%.

En el año 2000 estábamos ya dentro del euro, nos situábamos en un 6,6%. Hoy, nos situamos en un 4% del sector primario.

Es decir, ha habido una transformación evidente y muy intensa, pero esa transformación ha conducido, sin duda, a ganar competitividad y productividad en muchos casos, pero aún es necesario un esfuerzo mayor de apoyo a este cambio.

Como decía hace un momento: aceite de oliva, frutas y hortalizas y algún otro sector que se ha transformado radicalmente, en los últimos años, ganando dimensión, pero perdiendo explotaciones, como, por ejemplo, el sector lácteo.

Frente a todo ello, el Gobierno de España tiene claro que el apoyo a estos agricultores y ganaderos, a nuestra clase media de la agricultura y ganadería española es un elemento de futuro. Y es un elemento de futuro y por ello, propuse ayer en la Mesa de Diálogo Agrario una serie de iniciativas situadas en cuatro apartados o bloques.

El primero de ellos, en relación con el tema de precios. El tema de precios vinculado a dos factores: climatología y evidentemente, funcionamiento del mercado.

Climatología: Seguros agrarios, que es la mejor respuesta que tenemos ante ella. Es mi intención, en la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado incrementar la dotación pública al apoyo que efectuamos a los seguros agrarios que son, sin duda, frente al riesgo climatológico, el mejor instrumento de defensa.

En cuanto se refiere al funcionamiento del mercado: Evidentemente, el Gobierno no puede fijar precios, en una economía de mercado; lo prohíbe los Tratados de la Unión Europea y también, nuestra propia Constitución.

Está claro que tenemos que hacer algo, porque hay que hacer algo. Y, por eso, el Gobierno responde haciendo una propuesta de modificación de la Ley de Cadena Agroalimentaria del año 2013, situándose básicamente en torno a cuatro ejes:

El primero, una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas transponiendo de esa forma la directiva sobre prácticas comerciales desleales adoptadas el año pasado por el Consejo y por el Parlamento Europeo.

La segunda, una regulación contra la destrucción de valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena, lo que se conoce popularmente por venta a pérdidas que constituye un factor no solo de pérdida económica sino también, yo diría, que de sufrimiento y de pérdida de reputación por parte de los agricultores y ganaderos.

Lo tercero, la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios y, finalmente, la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos.

Por resumir, lo que constituye el núcleo de esta reforma que tendremos ocasión, sin duda, y ya la hemos empezado a hacer, de discutir con todas las partes interesadas organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y otros actores de cara a poderla, efectivamente, incluir en nuestra legislación.

Segundo punto. He dado instrucciones de que se reúna la próxima semana el Observatorio de la Cadena Alimentaria para hacer un examen pormenorizado en relación con la situación de los precios de la cadena sobre dos sectores, que ya he mencionado anteriormente, que son, en mi opinión, los más sensibles en este momento: el sector del aceite de oliva y el sector de las frutas y hortalizas.

En tercer lugar, he iniciado, inicio esta semana como ministro y, en nombre del Gobierno, un diálogo con las grandes empresas de la distribución en España. Esta es la gran novedad; no se ha llevado a cabo hasta ahora en nuestro país, y me parece un elemento fundamental porque todos los elementos de la cadena son necesarios: agricultores y ganaderos, industria, distribución y, sin duda, los ciudadanos en tanto que consumidores. Pero la distribución, que es en España una distribución eficiente y moderna es parte también de la solución del problema.

Y quiero significar que me parece muy importante que la distribución contribuya a valorizar desde un punto de vista económico, pero también reputacional, el trabajo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos.

Comprendo, y me lo transmiten, que les preocupan algunas campañas publicitarias que vienen a decir que el futuro es la espiral de las rebajas. Comprendo su indignación que yo, como ministro, comparto enteramente. No nos podemos permitir, no solo la pérdida de valor económico, sino también de reputación de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Por eso, yo estoy convencido de que la distribución será sensible, sin duda a ello, porque la evolución del pensamiento de nuestros ciudadanos, de nuestra opinión pública lo es a este respecto.

Cuarta medida: mejor estructuración vertical y horizontal de nuestra oferta. Las interprofesiones, que son un instrumento de la OCM de los mercados agrarios comunitarios supone la posibilidad de unir a organizaciones agrarias productores, industria en la estructuración de un sector. Les pongo un ejemplo: Este mismo año la OCM del Vino ha retirado del mercado las categorías, una categoría inferior del vino a granel para conseguir aumentar el valor del conjunto del sector del vino y de la venta de vino. Por tanto, tiene instrumentos legales para retiradas de mercado y también para acciones de promoción. Queremos estructurar mejor nuestras interprofesiones que no existen en el conjunto de los sectores y que algunas de ellas no son aún lo suficientemente eficientes, que es necesario.

Y en segundo lugar, desde el punto de vista horizontal: nuestras empresas en nuestras empresas cooperativas agroalimentarias han sido una de las claves de la supervivencia de nuestro mundo rural en la crisis ocurrida, a partir del año 2008; han conseguido fijar producción, fijar población y yo creo que hay que rendirles sinceramente, respeto, y homenaje. Pero también es verdad que el mundo gira, el mundo cambia y tenemos que ser capaces de afrontar esa situación, como he descrito al principio, desde el punto de vista de la profesionalización y el incremento de la competencia del sector.

Dos apuntes más en este apartado de precios: Pasado mañana jueves me reúno con la Mesa del Aceite de Oliva. Vamos a examinar la situación actual del sector y de los precios y, en particular, las medidas en materia de promoción para ampliación a mercados terceros de nuestras ventas. Saben ustedes que el año pasado tuvimos una cosecha récord de 1.800.000 toneladas. Son normalmente, suele ocurrir en el mundo agrario, gran producción, precios bajos; poca producción, precios altos.

Pues bien, creo que es muy importante para un producto del cual somos líder, el primer productor del mundo, el que podemos conseguir teniendo en cuenta que nuevas hectáreas van a entrar en producción en las próximas semanas, en los próximos meses, ampliar esos mercados fuera de la Unión Europea con acuerdos tales como los de Canadá, Japón y otros también en el seno de la Unión Europea, donde hay mercados que eran aún, evidentemente tienen posibilidades de desarrollo incluso en el propio mercado interno.

Desde el punto de vista de la autorregulación: Ahora, acabamos de concluir la tercera licitación del almacenamiento privado financiado por la Unión Europea. Hemos conseguido entre las tres retirar del mercado en estocaje, unas 160.000 toneladas. Queremos llegar en la cuarta licitación en torno a las 200.000 toneladas globales. Pero bien, esto es un instrumento que necesitamos de forma permanente para evitar los toboganes de precios de subida y bajada con que nos encontramos. Y para ello, es absolutamente necesaria la aprobación de una norma de autorregulación en la cual están trabajando cooperativas agroalimentarias con el apoyo del Ministerio y, con las gestiones que estamos efectuando tanto a nivel nacional, autoridades de competencia, como a nivel comunitario, la Comisión Europea.

Y, finalmente, la norma de calidad y trazabilidad que pasado mañana presentaré en la Mesa del Aceite de Oliva y que tiene que ser un factor de garantía y de tranquilidad para el sector. La semana próxima voy a reunirme con la Mesa de los Productores de Frutas y Hortalizas, ya el jueves pasado estuve en Almería reunidos con ellos de cara, efectivamente, a contemplar a ver qué posibilidades y qué actuaciones son necesarias en particular en un punto que evocaré brevemente después, la competencia proveniente de países terceros.

Segundo gran factor y bloque de preocupación de nuestro sector agrario y ganadero: La Política Agrícola Común y su reforma. Ya me han escuchado en esta misma sala rendirles cuenta de la posición del Gobierno de España y de las negociaciones en curso. Nos aproximamos al momento final de esa negociación, desde un punto de vista presupuestario y desde un punto de vista regulatorio. Desde un punto de vista presupuestario en Consejo Europeo el próximo 20 de febrero donde será la primera ocasión en la cual se abordará y, efectivamente, y el presidente del Gobierno ha tenido ocasión de decirlo en el debate de investidura, y también, en otros debates celebrados en el Congreso de los Diputados: para España la Política Agrícola Común, su dotación es una línea roja, dentro de la discusión de todo el Presupuesto comunitario.

Y una segunda parte muy importante ¿qué apoyamos? ¿Qué hacemos? Estamos elaborando preparando con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias, un Plan Estratégico Nacional de España donde estamos examinando cada uno de los sectores y subsectores. Y por primera vez, se puede decir, en los últimos 40 años, nos hemos visto obligados porque, además, es nuestro deber pero, también, nuestra obligación pública, analizar los márgenes y la situación, desde el punto de vista productivo de cada uno de los sectores, de cara a diseñar las necesidades y los apoyos de la Política Agrícola Común. Este es un Gobierno progresista y, por tanto, la aplicación que va a hacer de la Política Agrícola Común es la lógica, en ese sentido. Quien obtiene del mercado los rendimientos suficientes y los beneficios no necesita el apoyo de la Política Agrícola Común porque ese no es no es la razón de ser de la misma. Pero esa inmensa clase media del mundo rural, de la que hablaba antes, sí que lo necesita, porque se sitúa prácticamente en niveles límite o por debajo de esos márgenes de rentabilidad. Y ahí tenemos que saber identificar, mediante un proceso de discusión y de reforma y de consenso político, con las comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias, un modelo que nos permita apoyar al que lo necesita, que es para mí la clave de esa agricultura familiar y profesional, que es la clave del sector agroalimentario español.

Este cambio supondrá también nuevas obligaciones, desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático y de preservación del medio ambiente. Y, por eso, insistimos en la adecuada dotación de la misma.

Y en tercer lugar, una preocupación adicional de nuestro sector que compartimos, enteramente, deriva de los aranceles impuestos por la administración norteamericana, en relación con determinados productos, que tienen, evidentemente un alcance económico, pero también tienen, son un motivo permanente de preocupación. Iría más allá. Como ustedes saben, nuestro sector agroalimentario supone más de 100.000 millones de euros anuales, el 52% de esa cantidad son exportaciones. Exportamos más de lo que consumimos internamente. Somos unos grandes exportadores, el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios. Y, claro, queremos abrir los mercados -lo he explicado antes- y estamos en ello. Pero tenemos otra parte de nuestro sector, que no es el mismo, que sufre la competencia exterior; estoy pensando en el sector de frutas y hortalizas. Somos la huerta de Europa: el 80 % de nuestra producción es exportación a los mercados comunitarios. Pero también hay países terceros que nos exportan. Por tanto, ahí la cuestión es muy clara, y la posición del Gobierno: los estándares europeos son los más altos del mundo desde el punto de vista de seguridad alimentaria, de utilización de productos fitosanitarios de respeto del medio ambiente. Y esos estándares tienen que cumplirse, como tienen que cumplirse los precios de entrada pactados en determinados casos, respecto a los acuerdos con países terceros.

No nos equivoquemos la exportación no es de pequeños productores a la Unión Europea. En ocasiones, son de grandes inversiones en fondos exclusivamente porque existe una posibilidad de acceso al mercado comunitario. Por tanto, la obligación del Gobierno es pedirle y exigirle a la Comisión Europea que cumplamos lo que hemos aceptado; es decir, la normativa comunitaria.

Y ahora que estamos discutiendo el gran Pacto Verde de la Unión Europea, en cuyo marco van a incluirse definiciones más estrictas, desde el punto de vista de la utilización de productos fitosanitarios, de fertilizantes y de otros elementos de plaguicidas, y demás, es muy importante que lo mismo que los aplicamos a los otros lo apliquemos a quienes nos exportan a la Unión Europea. Para nosotros es una línea clara de discusión y de planteamiento por parte del del Gobierno para que no haya una competencia desleal.

Concluyó. Como ustedes ven, hay problemas económicos, pero yo creo que más allá de los márgenes comerciales, más allá de la volatilidad de los precios, nuestro sector agrario y ganadero, nuestros agricultores y ganaderos están pidiendo respeto y comprensión; respeto y comprensión por parte del conjunto de la sociedad. Y este Gobierno comparte ese sentimiento, de respeto y de comprensión y de apoyo. Porque, evidentemente, sin agricultores y sin ganaderos, sin medio rural no tendríamos la España que tenemos. Y, evidentemente si le queremos dar a esa España el futuro que este Gobierno quiere darle, desde el punto de vista de la igualdad, del progreso, del futuro necesitamos que nuestro medio rural, que nuestros agricultores y ganaderos estén apoyados y tengan un futuro. Ahora sufren una inquietud y esa inquietud lo manifiestan en las manifestaciones que están celebrando en las últimas semanas.

El Gobierno considera que es absolutamente legítimo por su parte el que ejerzan esta libertad de expresión y de manifestación de forma pacífica, como lo están haciendo, sin mezclarse con pequeños grupos que han intentado enturbiar políticamente lo que son unas justas reivindicaciones por parte del sector primario. Y el Gobierno, que es un Gobierno de diálogo y de compromiso, se declara abierto a trabajar con el sector, con el conjunto de los actores para lograr solucionar estos problemas -que lo decía antes- no serán de la noche a la mañana, pero que ciertamente van en una orientación que es la nuestra para el futuro de este país.

Perdón, ministra Portavoz, he sido un largo, incluso, un poco emocionado, pero es mi tarea, como ministro. Yo no soy el ministro del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Yo soy el ministro de los agricultores y ganaderos y por eso creo que mi tarea es defenderlos.

Muchas gracias.