Intervención de Luis Planas

Muchas gracias, ministra portavoz.

Efectivamente, el Consejo de Ministros, en su reunión del día de hoy, ha aprobado el proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Cadena Alimentaria del año 2013.

Como ustedes recordarán, en los pasados meses de enero y febrero se produjeron una serie de movilizaciones de agricultores y ganaderos en nuestro país, en que protestaban por una serie de temas, incluido su retribución en relación con las ventas, en relación justamente con su participación en la cadena alimentaria y como consecuencia de ello, el Gobierno reaccionó y aprobamos en Consejo de Ministros a mi propuesta un decreto ley, el Decreto Ley 5/2020, donde se establecía una reforma, una primera reforma de esta ley de cadena alimentaria, introduciendo elementos tales como que el precio no pueda ser inferior a los costes de producción, prohibiendo determinadas campañas de publicidad que pudieran ser en menoscabo del valor de los productos y en definitiva, estableciendo como principio general el que no se podía destruir valor a lo largo de la cadena.

Pues bien, en aquel momento ya anuncié que habría una segunda reforma que producíamos por vía de un proyecto de ley de transposición de la Directiva Europea 633 / 2019, de 17 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre prácticas comerciales desleales, justamente para ponernos a nivel y situarnos dentro del marco comunitario a este respecto, dar cumplimiento a la directiva comunitaria y asimismo reformar algunos aspectos no cubiertos, los que eran menos urgentes en relación con el Decreto Ley en el mes de febrero.

Quizás se plantearon ustedes por qué es necesario en este contexto reformar la ley de la cadena alimentaria. Y digo esto porque los últimos datos que tenemos en relación con el funcionamiento del sector primario y de la cadena alimentaria son excelentes.

Y si me permiten, aprovecho esta comparecencia para decir una vez más que todo el conjunto de la cadena, y muy especialmente agricultores y ganaderos, cooperativas, industria agroalimentaria y también la distribución, empresas y trabajadores han hecho un trabajo excelente en estos siete meses, lo cual nos ha permitido disponer de alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente y también, evidentemente, de continuar exportando y nutriendo a nuestros mercados exteriores.

El crecimiento del PBI agrario, tomando los datos al final del pasado del tercer trimestre, según el pasado viernes nos informaba el INE ha sido de un crecimiento los últimos 12 meses de un 6,9 %.

Es el único sector que ha crecido. Se contrapone, lógicamente, en la situación que estamos viviendo por la pandemia a la industria, la construcción o de los servicios.

Y es ciertamente un dato excelente, como lo es el de las exportaciones a la Unión Europea y mercados terceros por un valor de 15. 600 billones de euros, lo cual supone un crecimiento del 5,5% respecto de los doce meses anteriores del período, digo anterior.

Igualmente, como consecuencia de ello, el balance de nuestro saldo de nuestra balanza agroalimentaria 16.900 millones de euros, el segundo país en un saldo positivo después de Países Bajos en la Unión Europea, con un crecimiento del saldo neto de un 25 por ciento.

Si tenemos estos datos más, por ejemplo, los existentes en materia de inscripción de maquinaria agrícola en el mes de septiembre 1.017 tractores inscritos en total 3.199 unidades de maquinaria agrícola suponen un 20 % de crecimiento respecto del año anterior y por tanto, son una buena muestra de que efectivamente, el sector está funcionando, está funcionando bien. Y de cara y de cara al futuro.

Pero esto no hace que no tengamos, al igual que nos planteaban agricultores y ganaderos en el mes de enero y febrero, algunos desequilibrios estructurales que tenemos que corregir.

Por tanto, esta reforma que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, pretende tres cosas:

En primer lugar, dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena alimentaria y a la formación de los precios.

En segundo lugar, un equilibrio del funcionamiento de la cadena en todos sus eslabones.

Y en tercer lugar, evidentemente, y es el sentido mismo de la norma y también de la directiva europea, proteger al eslabón más débil, en este caso a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos.

Y esto lo hace el proyecto de ley y son las novedades sobre la legislación vigente y también el decreto ley del mes de febrero.

En primer lugar, ampliando el ámbito espacial. Ya no es una ley exclusivamente española, sino que también la transposición de la directiva implica que ahora el conjunto de la Unión Europea es objeto de aplicación del contenido de la de la directiva.

Pongo el ejemplo un exportador español de frutas y hortalizas, podrá ser protegido por la directiva en sus transacciones con cualquier comprador, en cualquier mercado o centro europeo, Francia, Alemania, Países Bajos o cualquier otro país comunitario.

En segundo lugar, una extensión del ámbito material. La lista del anejo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son los productos agrarios y ganaderos, se amplía al conjunto de los productos alimentarios objeto de transformación. Estoy pensando en el pan, en el chocolate o en la cerveza, o cualquier otro elemento que evidentemente será objeto de consideración.

Segundo aspecto fundamental ampliamos la aplicación de los contratos escritos, elemento fundamental para el trabajo del sector, su modernización y la transparencia de su funcionamiento a todos los efectos, incluyendo nuevos datos en el contrato y declarando su obligatoriedad por encima del mínimo legal fijado por la normativa en materia vigente en esta materia está actualmente 2500 euros, pero podría producirse en función de la tramitación del proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Parlamento, su rebaja a 1000 euros. Por tanto, la referencia será la que fije finalmente la ley sobre esta materia.

Y quiero subrayar en este aspecto la obligatoriedad por parte de las cooperativas agroalimentarias, no sólo como ahora ya lo tienen que cumplir la ley, sino una posibilidad de que, teniendo en cuenta que el productor, agricultor y ganadero es a su vez socio de la cooperativa, la posibilidad de sustituir al contrato escrito por una prescripción clara y transparente de los plazos de pago y de la referencia de pago de las cantidades y los precios a pagar por parte de una decisión adoptada por el Consejo Rector o la Junta General con la publicidad suficiente.

Igualmente, se amplía el número, según la directiva europea, de situaciones consideradas en la llamada lista negra, de actuaciones absolutamente prohibidas por ser contrarias a las prácticas comerciales legales y aquéllas que deben ser reguladas de forma específica en los contratos.

Se modifica también toda la normativa en materia de infracciones y sanciones, ajustándolo a la nueva situación y se declara a la Agencia de Información y Control Alimentario a la AICA como autoridad nacional de referencia en esta materia.

Y este es un elemento importante porque la semana pasada, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, incrementamos justamente la dotación de la AICA en un 32 %, hasta 8, 26 millones de euros, justamente en previsión de estas nuevas tareas que deba afrontar en cumplimiento de la ley.

Se compatibiliza el denominado paquete lácteo con el contenido mismo de este proyecto de ley, declarando la primacía del contenido a las normas del paquete lácteo y la subsidiariedad de las de aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria y de este proyecto de ley.

Y finalmente, pensando que se puede concluir su tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado, pues en el primer período de sesiones del año 21 y para cumplir con el plazo previsto por la directiva europea, se determina su posible entrada en vigor en el proyecto el 1 de noviembre del año 2021, lo cual permitirá una adaptación de todos los operadores en la materia.

Por tanto, este es un proyecto de ley que tiende a fomentar la innovación y la competitividad del conjunto de nuestra cadena alimentaria.

También un reparto más justo del valor y de cómo se retribuye a cada uno de los elementos de la cadena. Y es evidentemente un paso adelante en un sector que es altamente competitivo en todos sus extremos, del cual el Acuerdo del Consejo Europeo del 21 de julio sobre la próxima política agrícola común.

Así como el fondo de recuperación los 47.724 millones de euros más el acuerdo adoptado por el Consejo de Agricultura hace dos semanas en Luxemburgo, en el equilibrio entre el apoyo a la renta y la arquitectura verde de la nueva PAC, así como los Presupuestos Generales del Estado y el Fondo de Recuperación a qué me he referido, y especialmente el apoyo a los seguros agrarios, a la renovación de maquinaria y a todos los aspectos en materia de innovación y sostenibilidad muestran claramente el compromiso de este Gobierno con agricultores, ganaderos, el sector de la alimentación y todo el mundo rural para su transformación.

Y concluyo indicando que tenemos intención para completar esa legislación de aprobar, de llevar al Consejo de Ministros en el primer trimestre del próximo año, un proyecto de ley, justamente para que se refiera a la evitación de pérdidas y el desperdicio alimentario, que es el complemento necesario para que efectivamente, el conjunto de nuestro sistema alimentario funcione de forma eficiente y correcta.

Muchas gracias.