Intervención de María Jesús Montero

Bien, si les parece comenzamos esta rueda de prensa y buenas tardes en primer lugar a todos y a todas. Como veis me acompañan hoy la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y ella va a dar cuenta de un paquete de iniciativas que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros. Y de otro lado, como viene siendo habitual, me acompaña el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien va a informar sobre la situación de la pandemia y las novedades en relación con la desescalada y el Estado de Alarma.

Antes de cederle la palabra a ellos, como siempre, me gustaría recordar que nuestro país sigue de luto oficial y trasladar en nombre del Gobierno la solidaridad y el pésame por los fallecidos, todos ellos, como consecuencia del coronavirus y también a las personas hospitalizadas que se encuentran convalecientes. Todo nuestro aliento y nuestro ánimo. Mostrar, una vez más, el agradecimiento al conjunto de trabajadores público que nos están ayudando a toda la sociedad en unos momentos tan difíciles, no sólo a curarnos, sino también a superar las situaciones de duelo, al igual que quiero mostrar el agradecimiento del Gobierno al conjunto de la sociedad española, que en su inmensa mayoría y a diario, siguen dando un ejemplo de cómo afrontar esta situación, con sentido común, con responsabilidad y con prudencia, sin bajar la guardia, pero con las debidas precauciones, este es el elemento fundamental que nunca nos podemos olvidar, sólo de esta manera podremos avanzar con ese paso seguro hacia la nueva normalidad y no nos vamos a cansar de repetir que hay que guardar todas las cautelas, porque vamos por el buen camino. Los datos que conocemos día a día lo ponen de manifiesto, justamente los del día de ayer, con cero fallecimientos son una prueba de ello. Sólo quiero recordar que un paso en falso puede tener consecuencias indeseables y por tanto, ahora más que nunca, como repetimos hasta la saciedad tiene que imperar la cautela.

Los expertos siguen recomendando, en este sentido, que necesitamos una nueva prórroga del Estado de Alarma. Serán los últimos quince días para completar este proceso de desescalada, de manera gradual, de forma controlada en un entorno seguro y con las mejores garantías de que estamos preparados para seguir conteniendo este virus. Así lo puso de manifiesto y lo trasladó el propio presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes y también en la rueda de prensa posterior, que se produjo el domingo, donde también comunicó que la gestión de la desescalada de las comunidades que pasan a Fase III será asumida plenamente por las autoridades autonómicas. Entendemos que esta circunstancia es la más apropiada una vez que estamos acercándonos ya al final de este proceso y también con ello contribuimos a reforzar nuestra apuesta por un modelo de país que es descentralizado, territorial y competencialmente. Por eso el Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy solicitar al Congreso una nueva prórroga de este Estado de Alarma hasta las 00:00 horas del próximo día 21 de junio y ahora el ministro de Sanidad podrá dar más detalle sobre las cuestiones, nuevas innovaciones que plantea este nuevo texto legal. Sí quiero decirles que este Gobierno va a seguir apelando a la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas de la Cámara para que apoyen esta prórroga y queremos, también, mostrar nuestro agradecimiento a los partido que ya han manifestado su intención de votar a favor de la misma, y me gustaría, en este sentido, hacer un llamamiento al principal partido de la oposición, al Partido Popular, que ha gobernado este país durante muchos años y gobierna en comunidades autónomas y en ayuntamientos, porque volvemos a insistir que de lo que estamos hablando es de proteger la salud y salvar la vida de los españoles, no hablamos de nada más, se trata, por tanto, de que seamos, entre todos, capaces de articular el único instrumento que ha resultado eficaz en la lucha contra este virus. Por eso, una vez más, hacemos un llamamiento a que cada grupo sea consecuente, a que reflexione si su voto se está ajustando precisamente a esta premisa, que es la única que a nuestro criterio tiene que importar, o si prefieren evidenciar ante el conjunto de la sociedad que tienen otro objetivo. Por nuestra parte vamos a seguir haciendo, hasta el último momento, hasta que se aprieta el botón, un llamamiento a la sensatez y a la cordura, al debate por encima del ruido, a trabajar por el bienestar común. Por tanto, por el del conjunto del país creemos que eso es lo que nos piden y lo que nos demandan los españoles.

Un ejemplo de que esa es nuestra tarea es el Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno aprobó la semana pasada y que constituye un hito en la lucha contra la pobreza en España. Se trata de un nuevo derecho de ciudadanía que va a beneficiar a 850.000 hogares y a aproximadamente 2,3 millones de personas. El Ingreso Mínimo Vital no es una limosna, no es una paguita como algunos dicen. Se llama justicia social y confiamos en que los grupos político y también el principal partido de la oposición están a la altura de esta cuestión y apoyen un Decreto-ley que supone un antes y un después en la lucha contra la pobreza, principalmente la infantil, y en el conjunto de políticas sociales de nuestro país.

También junto a esta política social, prioridad del Gobierno, otra prioridad es la Transición Ecológica. El Gobierno, y también la Unión Europea, queremos impulsar una auténtica revolución verde de cara a la reconstrucción social y económica que seguirá a esta pandemia por tanto de lo que se trata es de reorientar nuestro modelo de crecimiento hacia estos ejes, para conseguir, no solo que seamos un país más competitivo y más eficiente, sino también más responsable respecto a nuestro planeta y a las generaciones futuras, se lo debemos a nuestros jóvenes.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, les dará los detalles de las medidas que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, entre las que se incluye el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que por primera vez limita el uso de plástico no reutilizables, también hemos dado el visto bueno a la Estrategia Española de Economía Circular que nos tiene que permitir avanzar en un modelo de consumo más responsable.

Antes de dar la palabra a mis colegas les voy a informar brevemente de otras decisiones que hemos adoptado en la mañana de hoy, de hecho el Ministerio de Transporte movilidad y Agenda Urbana ha elevado dos asuntos que merecen una mención en esta comparecencia. De un lado hemos aprobado un Real Decreto que mejora el marco normativo aplicable a la subvención del transporte aéreo y marítimo de mercancías agrícolas en las Islas Canarias. En términos generales la norma trata de agilizar la gestión reducir las cargas administrativas, optimizar los trámites asociados a estas subvenciones al transporte de mercancías agrícola, además se recogen nuevos costes subvencionable de manera que se puedan compensar de forma adecuada los sobrecostes que supone la insularidad para el transporte de estos bienes, también y en la misma línea, se ha aprobado otro Real Decreto para la regulación del ejercicio del buceo con seguridad. Era necesario actualizar esta normativa al tratarse de una actividad cuya tecnología ha ido avanzando a lo largo del tiempo y afectando a normas que eran de seguridad marítima, de hecho en este nuevo texto encontrarán definida una serie de limitaciones que tenemos que respetar en el ejercicio de estas actividades y que obedecen a motivos de seguridad nacional, protección medioambiental, o de interés histórico o arqueológico.

Por último el Consejo de Ministros ha acordado en el día de hoy comunicar al Congreso la propuesta del presidente, vicepresidente y tres consejero para la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un hecho que se produce tras haber vencido el mandato de seis años del anterior equipo. Se trata de Cani Fernandez como presidenta de la CNMC, Ángel Torres como vicepresidente y Pilar Sánchez, Carlos Aguilar y Josep María Sala como consejeros. Todas ellas personas con amplia trayectoria profesionales vinculadas a temas de competencia, regulación o sectoriales y también son reconocidos expertos en las áreas de actuación de la CNMC. Por destacar solo una pequeña línea biográfica de la persona propuesta para presidir este órgano, Cani Fernández, decir que es licenciada en Derecho, especialista en Derecho Comunitario y que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, 27 años, en el ámbito privado donde ha sido socia senior del Grupo de Derecho de la Unión Europea y de la Competencia en un reputado despacho de abogados a nivel nacional. Como saben estos candidatos tienen que comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados y una vez que se supere este trámite los nombramientos se aprobarán por Real Decreto del Consejo de Ministros.

También la candidatura española de la ciudad de León para acoger la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial Tecnológica y de Investigación en Seguridad. Se trata de una decisión que tienen que tomar las instituciones europeas y en la que mediante esta candidatura, España apuesta, una vez más, por una Europa digital que sea abierta, justa, diversa, democrática pero también más segura. Creemos que el Centro Europeo de Ciberseguridad, el principal instrumento de la Unión Europea en las investigaciones en materia de ciberseguridad, se puede constituir en un área en la que España pueda aportar, por tanto, ser y ocupar una posición de referencia, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, cuya sede se encuentra, precisamente, en León. Competimos con otros enclaves, con otros lugares, pero justamente entendemos que nuestro país se encuentra en condiciones adecuadas para disputar, porque justamente la sede se establezca en nuestro país.

Y sin más, a continuación pasa en primer lugar la palabra a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico para que nos informe sobre las cuestiones importantes que se han aprobado en el marco de su área.