Intervención de Teresa Ribera

Muy bien, muchas gracias, ministra portavoz. Quiero empezar mi intervención subrayando la trascendencia del proyecto del Plan Estratégico que acaba de presentar mi compañera, ministra de Educación, ministra portavoz, fundamental en un ámbito como la Transición Ecológica, agua, energía y eficiencia en el uso de los recursos, edificación, combinación con las enseñanzas, con los aprendizajes digitales para optimizar el empleo de los materiales y, por tanto, confiamos en que pueda hacerse realidad pronto, y trabajamos en esa capacidad de trabajo colegiada a la que aludía la ministra.

Pero, mi presencia hoy aquí tiene que ver, sobre todo, con la aprobación de un decreto ley que encaja dentro de las necesidades de transformación de nuestro modelo energético, una transformación de nuestro modelo energético que está en plena ebullición y que debe atender simultáneamente a la capacidad de integrar un enorme potencial nuevo, más eficiente, más renovable, dar estabilidad, predictibilidad a los inversores, generar confianza o, mejor dicho, recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados cuando en el año 2013 cambiaron las premisas de rentabilidad, de retribución de un sistema que reconocía las inversiones en energías renovables como fundamental para nuestro país y que habían hecho sus cálculos de inversión y endeudamiento asociadas a esas premisas.

Este decreto ley era imprescindible que estuviera en vigor antes del 31 de diciembre de 2019 si queríamos, por un lado, mantener la regularidad en la revisión de los parámetros retributivos por períodos --como está previsto en la legislación actual--, si no se hubiera mantenido linealmente sin ningún tipo de cambio en algunos casos la rentabilidad existente pero, sin embargo, existían enormes dudas con respecto a si no aplicaba automáticamente también una revisión a la baja dramática para muchos inversores. Por tanto, nos abocaba una situación de incertidumbre, de inseguridad jurídica nada deseable por nadie, ni por el Gobierno, ni por los inversores preexistentes, ni por aquellos que tuvieran la tentación, el interés en dedicar sus ahorros, su inversión a un sector en el que nuestro país tiene un gran potencial.

Por tanto, a pesar de que la tramitación viene de largo nos hemos visto obligados a adoptar esta medida a través de un decreto ley para que pudiera estar convalidado, publicado en el BOE, y perfectamente previsible antes de fin de año.

¿Qué hemos hecho? En primer lugar, reducir la rentabilidad actual del 7,39% al 7,09% de conformidad con toda la tramitación de un procedimiento previo de revisión que culminó en diciembre de 2018 y que fue sometido a información pública a través de la correspondiente norma con rango de ley, un anteproyecto de ley que fue conocido por todos, recibió alegaciones y, por tanto, era perfectamente previsible; sin embargo, el desarrollo de la vida institucional en este año, la disolución de las Cámaras hizo imposible que pudiera ver la luz, y dado que el 31 de diciembre está a la vuelta de la esquina entendemos que será imposible, también, que pueda ser aprobado a través de una norma legislativa adoptada por las Cámaras.

Junto a esta reducción del 7,39 al 7,09, hemos querido ofrecer una alternativa a las inversiones que se vieron afectadas por la modificación del año 2013, un cambio significativo en la regulación que redujo enormemente las previsiones de recuperación de la inversión previa y que generó una enorme conflictividad --como decía antes--, falta de confianza. De hecho, calculamos que más de 64.000 plantas se vieron afectadas por esta modificación, lo que ha supuesto un desgaste importante en la proyección de la apuesta de nuestro país por las energías renovables, además de una situación crítica para un porcentaje importantísimo de pequeños ahorradores locales, sobre todo aquellos que están ubicados en zonas con alta radiación solar: Levante, Andalucía, Castilla-La Mancha, donde vieron cómo tenían que afrontar decisiones de coste asociado al endeudamiento en el que habían incurrido para hacer la apuesta para sacar adelante sus plantas.

Por tanto, el Real Decreto-ley por una parte reduce esa rentabilidades y de 7,39 a 7,09 y, por otra parte, incorpora una medida que fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados en mayo de 2018. Una medida que lo que hace es ofrecer la opción a las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos que se vieron afectadas por el cambio en el marco retributivo en el año 2013, la alternativa de que su valor de rentabilidad razonable quede fijada en el nivel actual, 7,39 para los dos próximos períodos regulatorios.

Lo normal, la tendencia por la reducción de costes de estas tecnologías es que la rentabilidad vaya bajando, vaya reduciéndose con ocasión de la revisión de cada uno de los periodos. Nos parecía una medida paliativa importante, como digo, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción en aquel momento del Partido Popular y que, sin embargo, ha sido presentado en el anteproyecto de ley de hace un año siendo bien acogida es mantener el 7,39 para estas instalaciones por dos períodos regulatorios; es decir, hasta el año 2031.

Los titulares de estas instalaciones tienen, por tanto, ante sí la posibilidad de elegir. Se acogen a esta opción y siguen con la normativa que les ha sido de aplicación hasta la fecha sin que varíe a la baja su rentabilidad, o bien, se mantienen en la revisión de esa rentabilidad a la baja que es la regla general. Para acogerse a esta posibilidad las instalaciones tienen que renunciar a los procesos arbitrales o judiciales que estén en marcha, o renunciar a la percepción de las compensaciones e indemnizaciones que se les pudieran haber reconocido. Procesos judiciales, arbitrales, tanto a nivel nacional -los menos-- como internacionales.

Es, por tanto, una propuesta a los inversores internacionales que han iniciado en la mayor parte de los casos procedimientos de arbitraje internacional y que nos gustaría puedan contar con una propuesta que palíe, que mitigue el impacto de aquella decisión y quieran renunciar a sus litigios en curso manteniendo la estabilidad, la previsibilidad de la retribución por los próximos 12 años.

Junto a estas medidas, el decreto ley incorpora otra que también es muy importante en el contexto de la profunda transformación que estamos viviendo, y a sabiendas de que de aquí al 30 de junio 8 de las 14 plantas termoeléctricas, plantas centrales de generación a partir de carbón cerrarán, cesará su actividad, el Gobierno entiende que es importante introducir una regla especial para que dos activos con importante contenido económico que quedan liberados con ocasión del cierre: el punto de conexión y evacuación de electricidad a la red eléctrica, y el volumen de agua, la concesión de agua para refrigerar la central puedan ser adjudicados, no con arreglo a la regla general, el primero que pide y está en la lista se lo lleva, sino aquellos proyectos que destinen su inversión a generar empleo de calidad en la zona; es decir, es una medida que pretende generar atractivo para que aquellas zonas que se ven afectadas por un cierre de la actividad más importante de la comarca puedan resultar suficientemente atractivas para que se activen los procesos de reactivación industrial, de generación de empleo, de generación de actividad económica en la zona.

En las próximas semanas --tal y como venimos trabajando desde hace meses-- tenemos la intención de ir firmando los protocolos correspondientes para asegurar estos procesos de transición justa y, de este modo, creemos que es más sencillo, más fácil el poder ir activando proyectos que serán fundamentales para que en las zonas afectadas por los cierres no se produzca un apagón sino una transformación de la actividad industrial y económica, lo que requiere, evidentemente, dar las señales oportunas, facilitar los instrumentos de planificación, y facilitar que a través de las disposiciones de las que el Gobierno puede dotarse los potenciales interesados trabajen o encuentren suficiente atractivo para garantizar empleo e industria de manera conforme a las necesidades del clima, del medio ambiente y de la regulación europea.

Esta es en esencia el núcleo fundamental de las disposiciones incluidas en este Decreto-ley. Y con esto quedo yo, también, a su disposición para cualquier aclaración con respecto a esta cuestión o las relativas a la COP, el comentario inicial que hacías.