Intervención de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá

Portavoz.- Buenas tardes, o buenos días, señoras y señores.

Como ven ustedes, me acompaña la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha traído al Consejo de Ministros el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con el que se conseguirá, seguro, una mejor calidad de vida. Los objetivos para 2020-2030 son claros: reducir las emisiones contaminantes y lograr para nuestro país una mayor eficiencia energética, una combinación de anhelo y realidad que, desde hoy mismo, quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que se alinea completamente con los compromisos asumidos con la Unión Europea. De ello, enseguida les hablará la ministra Ribera.

Pero antes, lo que queremos es lamentar que la palabra desahucio vuelva a ser una dolorosa realidad en nuestro país. Como saben, hoy se han ejecutado cuatro desahucios en el barrio madrileño de Lavapiés, afectan a cuatro familias, con varios menores de edad, incluso un bebé. Hay varias personas detenidas, la Justicia ha actuado, y la Policía ha cumplido su deber, pero la política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo drama que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis.

Como ustedes saben, este Gobierno, a través de su Ministerio de Fomento, propuso un Real Decreto-ley sobre alquileres que no obtuvo la convalidación del Congreso. Entre las medidas que incluía ese Decreto, figuraba la de hacer obligatoria la comunicación al ciudadano con suficiente antelación, y la obligatoriedad de pedir a los Servicios Sociales un informe sobre la vulnerabilidad social. Medidas como estas hubieran dado mucha más seguridad jurídica a los afectados por estos procesos de desahucios, y, posiblemente, hubieran permitido tener una solución para ellos, antes de verse expulsados de sus hogares. Es decir, las propuestas de nuestro Gobierno hubieran hecho imposible, seguramente, imágenes y realidades como las que hoy se han vuelto a repetir.

Este Gobierno continúa trabajando para que no haya más casos como el de la calle Argumosa de Madrid.

En relación al enmarque de la semana, seguimos empeñados en un ejercicio de la política mucho más limpio. Mucho más limpio el ejercicio, y más responsable. Desgraciadamente, seguimos viviendo intoxicados por la crispación y por la falsedad. Este Gobierno viene demostrando a lo largo de estos ocho meses que tiene un proyecto inclusivo para España, que cree en un país que apuesta por la convivencia y por las normas que nos venimos dando todos sin exclusiones.

Pero frente a este propósito de moderación y responsabilidad, se nos viene levantando un muro de enfrentamiento. Y así ha quedado claro esta semana, una vez más, durante los plenos que se han celebrado en el Congreso y en el Senado. En ambos casos, la bronquedad y las insidias han ensuciado el legítimo debate político, de nuevo prevaleciendo el insulto sobre la dialéctica.

Por eso, frente a las falsedades del relato independentista, nosotros también hemos apostado por la sensatez. Y ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación, que sólo beneficia a los más radicales.

Que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo, es una insensatez. Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez va a seguir defendiendo el orden constitucional. No nos vamos a apartar ni un milímetro de ese principio: diálogo y ley, como dijimos desde el primer día. Por cierto, una apelación, que el Rey, nuestro jefe de Estado, nos ha recordado a todos esta misma semana, en el Mobile World Congress, cuando dijo que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho". Es esta una simple ecuación que comprenden todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Bien lo saben las fuerzas independentistas, que no han conseguido ni una sola de sus exigencias anticonstitucionales. Y, desde luego, bien lo saben también el resto de fuerzas parlamentarias, del arco parlamentario que no se puede aspirar, --lo saben perfectamente--, a una aplicación punitiva y perpetua de la ley contra quienes no piensan igual. Porque en un Estado de derecho ni la ley puede ser ilegal, ni la Justicia injusta.

Por eso, el Gobierno no se va a cansar de pedir sensatez y de buscar espacios de diálogo y de moderación. Esa es la línea que venimos siguiendo desde junio. Y ese camino no ha dejado de dar frutos en las Cámaras. Un último ejemplo lo tenemos en la aprobación, ayer mismo, en el Congreso, de varias cuestiones muy importantes: la reversión de los recortes educativos; la nueva ley de crédito inmobiliario, y el aumento de las pensiones de orfandad para los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género.

Una muestra de que la política es útil. Y de que los espacios de consenso son posibles. Los consensos, que seguiremos buscando desde este Gobierno. Y ese es el empeño: seguir gobernando de acuerdo a la ley y hasta donde permite la ley.

Pero este Gobierno no cierra, y, en todo lo que permita el marco normativo, vamos a seguir trabajando. La ciudadanía no quiere un Gobierno que no trabaje. Quiere un Gobierno que trabaje, que cumpla con su misión.

En España, además, no podemos perder el tiempo. España lo que quiere es avanzar con la Agenda del Cambio, con el Plan de Energía y Clima, con el trabajo digno, con planes de empleo juvenil, con la educación y la formación profesional, mejorando la sanidad, y, desde luego, luchando contra la violencia de género.

Entro a explicar brevemente, antes de ceder la palabra a la ministra Ribera, algunas de las cuestiones que han sido planteadas y aprobadas en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la regulación del Régimen Especial para las Islas Baleares, estableciendo medidas económicas y fiscales para compensar la insularidad de esta Comunidad.

Este Gobierno cree firmemente, y ustedes lo saben, en el sistema autonómico español, y trabaja en su fortalecimiento. Por eso, reconoce el hecho insular como una circunstancia a tener en cuenta para establecer el adecuado equilibrio económico entre las diversas partes del territorio nacional.

Así, hoy hemos aprobado un Real Decreto-ley con las medidas económicas más urgentes. El elemento más destacado es el factor de insularidad, que será el instrumento financiero para garantizar que Baleares reciba cada año inversiones estatales para situarse, al menos, en la media del conjunto de Comunidades. Su dotación se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado y servirá para financiar actuaciones en ámbitos especialmente afectados por la insularidad.

Por ejemplo, incluirá algunas medidas para el transporte, para compensar equitativamente el coste adicional en transporte. En el transporte marítimo y aéreo de personas se establecerá -se incluye en este Real Decreto-, un régimen de bonificaciones de hasta el 75% de las tarifas de los trayectos directos entre Baleares y el resto del territorio nacional, y se actualizarán las mercancías también, incluyendo como mínimo un 65% sobre el coste medio del flete para la exportación de productos.

En el ámbito energético, medidas que también se incluirán en ese Real Decreto-ley, el Gobierno promoverá las energías renovables en el Archipiélago, y la ejecución de una segunda interconexión con la península. Los precios de la energía eléctrica, del gas natural y de los gases licuados en Baleares serán equivalentes a los que se establezcan en la península.

En medidas fiscales, también se incluye una configuración normativa a través de un anteproyecto de ley. Como son medidas fiscales también se ha presentado juntamente con el paquete del Real Decreto-ley un anteproyecto de ley en el que se contemplan dos nuevos incentivos fiscales para las empresas que operan allí y que buscan compensar los inconvenientes que suponen la insularidad para el desarrollo de esta economía empresarial e industrial diversificada.

La primera se trata de la creación de una reserva general para inversiones que va a permitir un ahorro tributario en el Impuesto sobre Sociedades. Las empresas que destinen parte de sus beneficios obtenidos en las Islas Baleares a reservas para futuras inversiones en el territorio gozarán de una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de hasta el 90%. Este incentivo fiscal tendrá su equivalente, también, en el Impuesto sobre las Personas Físicas.

La segunda medida fiscal que contempla el anteproyecto consiste en una bonificación del 10% en el Impuesto sobre Sociedades, y el Impuesto sobre la Renta por los rendimientos derivados de los bienes producidos en Islas Baleares.

Así que, para aplicar esta bonificación se requerirá como condición el mantenimiento del empleo, y el beneficio se incrementará hasta el 25% en aquellos periodos impositivos en los que se haya producido un incremento de la plantilla media.

La bonificación de la que hablo es apta, sobre todo, para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. El turismo, como bien saben ustedes, lleva su propio impulso extraordinario.

Además, se ha presentado un Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero. De esto, luego podrán darles una cuenta más detallada. Si bien, he de decirles brevemente que se trata de un espacio controlado de pruebas llamado 'Sandbox'. Un espacio controlado de pruebas para la digitalización y de lo que se trata es de garantizar que las entidades financieras dispongan de instrumentos adecuados para la digitalización que den buenos resultados.

Por lo tanto, en este campo de pruebas, "Sandbox", esteremos un año, y a partir de ahí, se evaluará los resultados. En la evaluación estará el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones.

Asimismo, se ha presentado la Agenda Urbana. A instancias del Ministerio de Fomento se ha presentado la Agenda Urbana que forma parte también de la Agenda del cambio de este Gobierno, y que conecta plenamente con la Agenda 2030, y con la Agenda Urbana para la Unión Europea. Y tiene hasta diez objetivos estratégicos. Fundamentalmente, se trata de ordenar el territorio, reforzar la ciudad; prevenir y reducir los impactos del cambio climático; Mejorar la resiliencia, hacer un uso más sostenible; una movilidad, aparte de sostenible, más accesible en la ciudad; favorecer la proximidad. Es decir, se trata de intensificar, de reforzar los mecanismos de la ciudad. Y, efectivamente, pues, entra dentro de lo que es un marco, una proyección ya internacional con la Agenda 2030, y la Agenda Europea.

Además, se ha acordado establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Y quiero cederle la palabra a la ministra Ribera ya. Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)