Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo

Vicepresidenta.- Buenas tardes. Gracias, como siempre, por estar aquí. Ustedes, y yo misma, hacemos los viernes a estas horas nuestro trabajo, que es dar cuenta a los ciudadanos y las ciudadanas de los asuntos tratados en el Consejo de Ministros en el día de hoy.

Quiero empezar, como ya ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, trasladando nuestro pesar, nuestra repulsa a la terrible matanza que se ha producido en Nueva Zelanda con 94 víctimas; una situación, nuevamente, completamente irracional, inaceptable, de violencia terrorista en el mundo. Somos un país que comprendemos muy bien estas situaciones y nos sentimos muy cerca hoy de las víctimas, de sus familiares, de sus amigos y, naturalmente, de las autoridades neozelandesas. Lo digo con conocimiento profundo de causa, como lo podríamos decir cualquier hombre o mujer de este país, justo en una semana, esta que va a terminar, en la que hemos estado recordando el 15 aniversario, tremendo aniversario del 11 de marzo, otra situación verdaderamente dantesca para nuestro país que aconteció hace ya 15 años. El Gobierno ha estado junto con los otros poderes del Estado y, sobre todo, con los ciudadanos de este país, muy cerca siempre, de las víctimas, de su dolor, de su memoria, y de su recuerdo. Recordarlas, sostenerlas en la memoria forma parte de nuestra dignidad, de su propia dignidad y en ese trabajo estaremos siempre.

Voy a dar cuenta de los asuntos que y hemos tratado y luego --como es lo habitual--, estaré a su disposición.

Hemos aprobado hoy una declaración institucional relativa al día 21 de marzo, que es el Día Internacional contra la eliminación de todo tipo de discriminaciones de carácter racial. Es el 21 de marzo es una fecha internacional y el Consejo de Ministros ha hecho un pronunciamiento rotundo contra este tipo de discriminación ancestral y que todavía, tristemente, nos acompaña en el mundo actual.

Hemos tomado una decisión importante que mejora, que va a mejorar con mucho, la banda ancha en nuestro país. Somos el país que tiene la mejor banda ancha y la tecnología 5G de Europa, pero la continuamos mejorando constantemente porque para nosotros es importante seguir acortando la brecha digital. Una brecha digital que afecta mucho a una cuestión de carácter mayor y que para este Gobierno es objeto de trabajo y de preocupación y es la que afecta a la diferencia en la vida entre el mundo rural y el mundo urbano de nuestro país. Las posibilidades, la calidad de vida, el acceso a todo tipo de nuevas tecnologías del conjunto de compatriotas que viven en el mundo rural con los problemas de despoblación y con todos los problemas de asimetría que para nosotros son, como ustedes saben, constantemente desde la llegada de este Gobierno un objeto principal de nuestro trabajo. Es una inversión de 150 millones que va a mejorar mucho, y a desarrollar nuevas posibilidades, nuestros formatos de vida, nuestra propia calidad de vida y es algo que --repito--, para el Gobierno es importante; el acortamiento de esta brecha digital entre el tipo de vida urbana y rural.

Hemos tomado, también, una decisión en el ámbito de la política industrial de este Gobierno, con un montante de 50 millones de inversión, que se suman a otra partida que ya se puso en marcha este verano --en total van a hacer unos 80 millones--, que están afectos a políticas de I+D+i y que tienen que ver con el Programa de Empresa Conectada 4.0. Tenemos pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a todo tipo de programas, de robótica, de bases de datos, tenemos que seguir mejorando y modernizando esa estructura empresarial que para nuestro país es capital --dada la estructura empresarial que tenemos--, y que para este Gobierno también significa mucho. Uno de los objetivos que nos trazamos era seguir profundizando la reindustrialización de nuestro país y esto significa estar cerca -repito--, de todas las mejoras, de modernización de una parte importante de nuestras empresas.

Hoy hemos acordado, también, en el Consejo de Ministros llevar al Tribunal Constitucional la impugnación del acuerdo del Parlament de Catalunya creando una Comisión de Investigación para la figura del Rey, que en una ocasión más impugnaremos por la radical discrepancia con toda ella, particularmente, por la inexistencia de competencia del Parlamento de Cataluña para el objetivo que se trazan y, en este caso, lo hacemos con un informe favorable del Consejo de Estado. Como ustedes saben, hemos planteado una situación parecida en otro momento anterior. Este Gobierno no puede aceptar que sin competencia alguna se trate de investigar la figura del Jefe del Estado, en este caso, por parte de un parlamento territorial, de un parlamento autonómico.

Hoy, también, en el Consejo de Ministros hemos recurrido una Ley Foral navarra, una Ley Foral que en su decisión adelanta la fecha en la que todo el conjunto de nuestro país tendrá que ir haciendo su parte de trabajo medioambiental y que tiene que ver con la fecha en la que tienen que desaparecer los plásticos --fundamentalmente las bolsas de plástico--, y es una Ley que adelanta el calendario en el marco de la legislación estatal y que, por tanto, consideramos absolutamente inconstitucional en el marco del reparto de competencias, además de la obligación fundamental que tiene, también, el Gobierno de proteger la unidad de mercado de nuestro país.

Hoy hemos sido, también, informados en el Consejo de Ministros, y luego en una reunión posterior que ha habido del Consejo de Seguridad Nacional, del Programa al que como país a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación nos incorporamos. Ustedes saben que hay una preocupación en las sociedades actuales, en España también, en nuestro país también, hay una cantidad ingente de ciudadanos que se siente preocupado por la circulación de falsas noticias, de situaciones que afectan a un derecho fundamental muy importante. El derecho a obtener información es una base sustantiva de cómo participamos en las sociedades democráticas los ciudadanos de todo punto de vista pero, también, fundamentalmente, nuestra participación en las posiciones políticas que cada uno mantenemos obteniendo información, que tiene que ser información veraz --como dice nuestra propia Constitución--.

Saben ustedes que en Europa hay un grupo de trabajo --desde hace ya tiempo-- que coordina, no solamente las decisiones en el marco del Derecho común, sino, también, en el marco de las preocupaciones que otros Gobiernos y otros países sostienen. Nosotros también tenemos esta preocupación y nos incorporamos a esta coordinación europea que nos va a permitir, que nos tiene que ir permitiendo, tener alertas rápidas suficientes para poder detectar noticias que sean falsas y que impiden el ejercicio profundo del derecho a obtener información verdadera y veraz, para poder participar libremente en sociedades plurales ideológicamente y de libertad, evidentemente, de pensamiento; y, por tanto, nos incorporamos como respuesta a la preocupación que --según los datos que tenemos--, mantiene un casi el 80% de españoles; es decir, la duda profunda acerca de la veracidad de las noticias que circulan y, por tanto, de la propia calidad de la información que recibimos.

Hemos adoptado, también, un Acuerdo importante en materia de tratados internacionales, en materia de acuerdos internacionales, entre el Reino de España y el Reino Unido en relación a un asunto que para este Gobierno también es importante: Gibraltar. Saben ustedes que forma parte de los Memorándum separados que ya habíamos trabajado en relación, también, a la situación de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, y es un tratado, un Acuerdo internacional entre ambos países en el que estamos buscando la protección de los intereses financieros de ambas partes en el marco de Gibraltar, del entorno y del propio Gibraltar, en relación, también, a la búsqueda de combatir el fraude fiscal. La claridad, también, del domicilio fiscal y las identidades fiscales en un territorio donde particularmente nos preocupan estos asuntos, y que tienen que ver finalmente con la protección --repito--, de los intereses financieros comunes de ambos países. Eliminar el fraude fiscal y evitar los conflictos sobre la residencia fiscal es algo verdaderamente importante y es un paso al frente que forma parte de los Acuerdos que ya habíamos alcanzado en relación a Gibraltar con el propio Reino Unido; y hoy tomamos esta decisión después del tiempo que habíamos determinado en trabajarla.

Junto con otros asuntos que tienen que ver también a las bases de reparto de fondos y de subvenciones para las mujeres en el mundo rural en el ámbito de las políticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hemos tomado, también, una decisión importante.

El Consejo de Ministros, hoy, ha concluido el procedimiento para la exhumación de los restos del dictador, para exhumar los restos de Franco y para reinhumarlos en la fecha que hemos determinado y en el lugar que hemos determinado. La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio, por la mañana, y el lugar al que irán será al panteón de Mingorrubio, de El Pardo, que es de titularidad estatal, que con arreglo a los criterios con los que hemos venido trabajando siempre reúne las condiciones idóneas de seguridad y de adecuación para recibir con decoro y con respeto unos restos humanos; que adoptamos esta decisión después de que la familia haya reiterado, a través de los instrumentos de discrepancia y de defensa procedimental que ha ido utilizando a lo largo del tiempo en el procedimiento que ustedes conocen, y en el último pronunciamiento de querer llevar los restos de Franco a un lugar que el Gobierno considera improcedente, tomamos esta última decisión que --repito--, concluye el procedimiento que inicia este Gobierno.

Debo recordar, y quiero recordar, que trae causa de la Ley de 2007 de Memoria Histórica, que trae causa de varios pronunciamientos entre los cuales están, no solamente el de 2011 con el grupo de expertos sino, también, del propio mayo de 2017, de la propia convalidación del Real Decreto de agosto del año pasado; estamos ejecutando una Ley de nuestro Parlamento, propia del esfuerzo de una democracia por atender, también, los informes y los pronunciamientos que ha hecho Naciones Unidas para que el dictador no esté en un sitio público, en una tumba de Estado, en un lugar de exaltamiento. Cumplimos con esto una Ley, lo hacemos desde el Gobierno en un procedimiento administrativo que se inició el 31 de agosto del año pasado, y que hoy tiene como decisión este último Acuerdo que es al que estábamos, evidentemente, abocados en todo el camino que ustedes han ido conociendo como medios de comunicación, como periodistas y, naturalmente, el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que han ido siguiendo, también, todo este procedimiento.

Así que esta será la fecha, éste será el lugar, contemplamos que la familia si decide y quiere estar pueda estar, contemplamos --evidentemente--, que la familia pueda querer y en el texto aparece una íntima ceremonia para la familia y está estrictamente contemplado, también, que no habrá comunicación, ni imágenes, ni --naturalmente--, convocatoria pública, para preservar, también, la intimidad de estos restos, no solamente a los propios restos del dictador sino, también, a la posible participación --si la familia lo desea-- en ese momento en el que sean exhumados de la basílica del Valle de los Caídos y trasladado al panteón de Mingorrubio, el Pardo, donde --he de decir algo que es sabido pero que, también, es oportuno que recordemos--, están los restos de Carmen Polo, de su esposa. Con esto el Gobierno concluye el procedimiento y la ejecución de una Ley de nuestro Parlamento y, por tanto, también, de una decisión del propio Gobierno a través del Real Decreto con el que modificamos la Ley de Memoria Histórica.

Estos son los temas importantes y estoy ahora a su disposición.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)