Intervención de la ministra de Justicia, Dolores Delgado

Sra. Delgado.- Muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todos y a todas.

Como bien decía la ministra portavoz y, en su última intervención, la ministra de Educación, hemos llegado al final de un proceso, un proceso que se inició con una decisión política. Una decisión política e iríamos un poco más, una decisión de Estado, porque cuando el Gobierno tomó posesión con el presidente Sánchez había un proyecto evidentemente de Estado y un proyecto de España y un proyecto político, había una decisión de memoria histórica. Al final, la memoria histórica --como bien saben ustedes-- es una cuestión de memoria democrática, es también una cuestión de organismos internacionales y de colocar, seguramente, a España en ese espacio internacional donde otros países ya han arribado, y a nosotros nos faltaba un camino por recorrer.

El presidente Sánchez tomó la firme determinación de, en ese espacio de memoria histórica, cumplir con la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, porque la significación que tiene el Valle de los Caídos era una escenificación de dignificación y de recuerdo de algo que ocurrió y que, además, no contribuye ni ayudaba a la convivencia de los españoles. Como les decía, se inició desde el minuto uno un proceso con una decisión política y hemos alcanzado la culminación de este proceso con los pasos que ahora mismo les voy a exponer rápidamente.

Como bien saben, el Consejo de Ministros del 24 de agosto fue un Consejo de Ministros muy importante porque se acordó un Real Decreto-ley. Era un Real Decreto-ley que modificaba la Ley de Memoria Histórica del año 2007, introduciendo un artículo que era fundamental, que era la modificación del artículo 16.3, diciendo: en el Valle de los Caídos no puede estar enterrado nadie que no haya sido víctima de la Guerra Civil. Esto nos conducía necesariamente, con la aprobación de este Real Decreto-ley, a que Franco no cumplía esos requisitos porque el dictador, Francisco Franco, murió en el año 1975 --como es público y notorio-, y, por tanto, estaba enterrado indebidamente conforme a la Ley de Memoria Histórica en el Valle de los Caídos. El siguiente paso era proceder a la exhumación de los restos de Franco. ¿Por qué? Porque había que cumplir la ley. ¿Qué ley? La Ley de Memoria Histórica. ¿Qué artículo? El 16.3 que aprobamos en el 24 de agosto.

En esta misma línea y siguiendo este ítem de actividades del Gobierno fue el 31 de agosto, en nuestro Consejo de Ministros, se inició un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo tenía como principal función, y como principal objetivo, desarrollar un procedimiento con todas las garantías legales, siendo absolutamente escrupulosos con el ordenamiento jurídico. Y, ¿por qué era importante? Porque éste era un acto de Estado, éste era un acto histórico y, como tal acto de Estado, histórico, político, y, además, para la convivencia de todos los españoles, de todos los españoles, tenía que hacerse bien, y para hacerse bien necesitaba la escrupulosidad del procedimiento. Les repito, el día 31 de agosto en nuestro Consejo de Ministros se acordó iniciar ese procedimiento, un procedimiento que --ya les adelanto-- ha sido difícil, ha sido complicado, porque hemos adaptado la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Procedimiento Administrativo, dando entrada a todos los interesados, no solamente a la familia sino a otros interesados --que pudieran estar interesados-- en esta exhumación de Franco, en este cumplimiento de la norma.

En el procedimiento --pueden imaginar ustedes--, había una serie de objetivos, que eran: obtener las licencias correspondientes del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para realizar las obras; que era, también, contar con las autorizaciones pertinentes de la Comunidad de Madrid en cuanto a los actos mortuorios, porque estábamos hablando de la exhumación de unos restos cadavéricos y, luego, atender a todas las demandas de los interesados; las demandas que --en muchos casos--, fueron no verdadero obstáculo pero lo tomamos como algo normal en el desarrollo de un expediente donde puede haber distintos interesados. Les aseguro que hubo recursos --como bien conocen--, hubo hasta 14 recusaciones de los instructores del expediente que fueron resueltos adecuadamente por el Consejo de Ministros dando audiencia, curso, y traslado de todos estos procedimientos, hasta que llegamos a este momento, llegamos a la culminación de un expediente -repito-, histórico, porque con él se da cumplimiento a algo, a lo que se había comprometido --no solamente con la sociedad española sino también con nuestra memoria democrática--, el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez.

Hemos llegado a este momento en el que, como ministra de Justicia, he tenido el honor de elevar al Consejo de Ministros el acuerdo para su aprobación en dos ámbitos fundamentales: el primero, hemos culminado un procedimiento administrativo con todas las garantías para exhumar a Franco, y así se ha acordado; se ha acordado realizar cualquier acto para la ejecución de ese acuerdo, la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos, y hemos acordado otorgar un plazo de 15 días --en este caso a la familia--, hemos reducido, o hemos restringido el concepto de interesado a la familia, porque es quien tiene que disponer de los restos mortales de su familia, y debe ser así, para que informen o comuniquen dónde procede la inhumación, una vez sean exhumados. Que indiquen el lugar. Eso sí, con una salvedad, o con una excepción que ahora paso a exponerles, que es la catedral de La Almudena.

Los restos de Franco no pueden ir a la catedral de La Almudena por dos razones fundamentales: una, por razón de orden público, así lo ha informado el Gobierno Civil en Madrid, podrían generarse problemas de orden público; y, en segundo lugar, porque también incumpliríamos la Ley de Memoria Histórica convirtiendo --de nuevo--, un lugar público en un lugar de dignificación de los restos del dictador. Por lo tanto, excluida la Catedral de La Almudena, se les pide a los familiares que indiquen dónde quieren enterrar los restos de Francisco Franco.

También, en este acuerdo hemos expuesto la posibilidad de que: uno, no hubiera acuerdo entre la familia, o bien, es decir, que no sea unánime el acuerdo de donde deben de ir los restos de Franco o que haya silencio, que no digan nada. En ese caso se reserva el Gobierno el lugar donde deben ser enterrados los restos de Franco pero, quiero decir, en primer lugar, desde luego, será la familia quien decida dónde quieren enterrar los restos de Franco y, subsidiariamente, el Gobierno. Quiero decirles que con esto hemos cumplido un acuerdo -repito-- de convivencia, de reencuentro, de conciliación con nuestra memoria histórica y se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, en el tiempo en el que se debía de hacer, con los requisitos que debían de seguirse, con la seriedad procesal y jurídica que esta decisión importante merecía, porque --y esto lo puedo trasladar, así era la decisión del presidente Sánchez--, esto es algo que va a proyectarse en el futuro, que ha sido una responsabilidad histórica de este Ejecutivo y que, en definitiva, nos marcará a todos como españoles, españoles en un momento de reconciliación con nosotros mismos, y una deuda de futuro con la historia.

Muchísimas gracias Y lo que quieran ustedes preguntar.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)